René Gasca Esquivel

Expediente 368/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
368/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
24/05/2018

Partes del expediente

  • René Gasca Esquivel

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Acusa recibo. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso comunicado 11973/2018, sin que haya lugar a mayor trámite, lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictada en el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. III. Devolución de tomo de pruebas. En atención a que resulta innecesario conservar los tomos de pruebas que se formaron con las constancias que remitió la autoridad responsable, se ordena su devolución en dos cuadernos, solicitando acusar recibo de su recepción. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE DIDCE. Morelia, Michoacán, veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Se reciben autos. Por recibido el oficio 2086/2018 que remite el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primero Circuito, con residencia en esta ciudad, al que adjunta el juicio de amparo directo 329/2018, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Rene Gasca Esquivel, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad. Toda vez, que se declaró carecer de competencia legal para conocer de dicha demanda, ya que el acto reclamado no se encuentra en alguno de los supuestos de procedencia del amparo directo. Ante esa circunstancia, ordenó enviar la demanda en mención con sus anexos al Juez de Distrito en el Estado en turno, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo correspondiente de acuerdo a sus atribuciones. Asimismo, téngase adjuntado a la citada autoridad responsable, los autos originales del toca I-57/2018 y ordinario oral familiar 338/2017. Fórmense por separado dos cuadernos de prueba; que fueron enviados como complemento del informe justificado por las autoridades responsables; lo anterior, para tener un mejor manejo del expediente. AVOCAMIENTO. Con fundamento en los numerales 33, 35 y 45, del ordenamiento jurídico en consulta, este Juzgado Federal acepta la competencia y se avoca al conocimiento de la demanda de mérito; acúsese recibo de estilo. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 368/2018. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda, se desprende que la parte quejosa reclama del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, la resolución de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, pronunciada en el toca I-57/2018, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario oral familiar 338/2017, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Así las cosas, del escrito de demanda se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario; ambos de la Ley de Amparo que disponen: Artículo 61. "El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 107. "El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte .". La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Constitución General de la República, así como en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción V del numeral 107 antes referido establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. En relación con los "actos de imposible reparación", es oportuno traer a cuenta que en la anterior Ley de Amparo, es decir, la que estuvo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, no se definía el significado de esa connotación, como sí se hace en el nuevo ordenamiento legal que rige la promoción, tramitación y resolución de los juicios de amparo. Como consecuencia de esa falta de precisión, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su momento, tuvo la necesidad de interpretar el contenido de la anterior Ley de Amparo con el fin de delimitar los alcances del concepto relativo a la imposibilidad de la reparación, lo cual hizo sobre la base de dos referentes específicos, a saber: En el primero de dichos supuestos, identificó a los actos de imposible reparación, como elemento indispensable para la procedencia del juicio de amparo indirecto, como aquellos que afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos constitucionales del gobernado previstas en la Carta Magna, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera; al grado de que esa afectación no fuera susceptible de repararse por el hecho de que el quejoso obtuviera una sentencia favorable en el juicio, virtud a haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental respectivo. Por su parte, la segunda hipótesis de procedencia de amparo indirecto, se implementó para aquellos casos en los que existiera una violación a derechos adjetivos o en el procedimiento de origen, causando a las partes una afectación exorbitante en grado predominante o superior, en cuyo caso, tendría que valorarse de manera objetiva la institución procesal que estaba en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica en el juicio, tomando en cuenta si concurrían circunstancias de gran trascendencia que implicaran una situación relevante o de ventaja para alguna de las partes dentro del procedimiento, de cuya decisión dependiera la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respecto a las derechos esenciales del quejoso, o bien porque llevara inmersa la posibilidad de evitar su desarrollo ocioso e innecesario. En ambos casos -sostuvo el Pleno de la Corte- podía acudirse sin demora al amparo indirecto, sin tener que esperar a que se dictara el fallo definitivo en el procedimiento ordinario, pues las consecuencias de la violación cometida eran de tal magnitud que ni aun cuando el quejoso obtuviera sentencia favorable desaparecerían, según lo revelan las jurisprudencias de los rubros: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPAROINDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS" y "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO". Sin embargo, en la actualidad el concepto de imposible reparación ya no puede ser entendido de la misma manera, fundamentalmente, en lo que respecta a la posibilidad de impugnar mediante el amparo indirecto violaciones de naturaleza adjetiva o procesal, porque en la nueva Ley de Amparo se define a los actos de imposible reparación como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos consignados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual quiere decir que conforme al nuevo esquema regulatorio, para que los actos reclamados en un juicio de amparo revistan esa connotación, es indispensable que afecten o impidan de manera actual o inmediata el ejercicio de un derecho sustantivo. En efecto, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, pronunciada en el toca I-57/2018, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario oral familiar 338/2017, que declaró insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen, a partir del acuerdo de doce de junio de dos mil diecisiete, incluyendo el fallo definitivo, para que el accionante (aquí quejoso), de cumplimiento a los requisitos ahí señalados y ampliar su demanda en contra de Areli Atenea Gasca Reyes, dejando insubsistente el emplazamiento realizado a Ma. Alicia Álvarez Orozco, y una vez que el juicio siga por todos sus trámites legales, se dicte sentencia definitiva conforme a derecho; esto es, reponer el procedimiento hasta el auto que admitió a trámite dicha demanda y el quejoso amplíe su demanda respecto a la comodataria que tiene la posesión del inmueble en controversia, lo que se traduce en la figura de litisconsorcio pasivo. Por lo tanto ésta actuación, al margen de que se hubiese dictado ilegalmente, virtud a que esas violaciones en las que se hubiera podido incurrir solo constituirían transgresiones procesales, éstas pueden verse subsanadas si la parte quejosa al resolverse el fondo de la controversia obtiene un fallo favorable a sus intereses. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, emitió criterio en el sentido de que para determinar la viabilidad del amparo indirecto, cuando alguna de las partes que intervino en un juicio se ve obligada a litigar de nueva cuenta por efecto de la reposición del procedimiento ordenada en segunda instancia, debe establecerse casuísticamente si se producen efectos de imposible reparación. Lo anterior, en la jurisprudencia P./J. 17/91, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 25, Tomo VII, Mayo de 1991, de la octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 205810, que refiere: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOSEFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.'. En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo." De lo que se colige, que en el caso a estudio no exista alguna situación que sea de imposible reparación al ordenarse la reposición del procedimiento pues únicamente se ordenó requerir al actor ahora quejoso para que amplié su demanda respecto de Areli Atenea Gasca Reyes, quienes es actualmente la dueña y comodante a efecto de llamarla a juicio para integrar debidamente el litisconsorcio pasivo necesario. Apoya lo anterior y en lo conducente, la tesis (XRegión) 4o.2 C (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2015272, que a la letra dice: "LITISCONSORCIO NECESARIO.CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDAINSTANCIA QUE ORDENA REPONER ELPROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR A LOS LITISCONSORTES A LA RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO POR NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. A partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, existen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los cuales la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse efectivamente. Ahora bien, el litisconsorcio necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más personas tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllas están interesadas en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible resolver respecto de una parte, sin que lo decidido alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio necesario constituye un presupuesto procesal que, incluso, debe analizarse de oficio por el juzgador. Así, se considera que la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento a fin de que sean llamados a juicio los litisconsortes que originalmente no fueron llamados, no constituye un acto que sea de imposible reparación, pues en la resolución reclamada no se emitió pronunciamiento que hubiese causado una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, consistentes en el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión o la propiedad, ya que, aun cuando es adversa a sus intereses, sólo ocasiona que el procedimiento se reponga a fin de que se integre a la relación jurídica procesal con las demás partes involucradas y prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente lo que, en todo caso, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría nuevamente serle favorable y, en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente; por lo que se está en presencia de un acto cuya ejecución no es de imposible reparación para los efectos del amparo biinstancial, como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo." No pasa inadvertido la jurisprudencia 1a./J. 106/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO."; puesto que la misma ya no resulta aplicable al caso, ya que no es acorde a la interpretación que sobre actos de imposible reparación ha realizado el Máximo Tribunal, previsto en la Ley de Amparo vigente, pues se han superado las afectaciones predominantes o en grado superior, respecto de las cuales en la actualidad no procede la vía indirecta, a menos que exista una violación a derechos sustantivos, lo que ya se dijo, no ocurre en el caso. En esas condiciones, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y por consecuencia, SE DESECHA la demanda de amparo, promovida por Rene Gasca Esquivel, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil del supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. Para el adecuado despacho de los asuntos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, para lo cual basta la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en lo establecido por el artículo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. Se tiene como su autorizado con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Enrique García Marín, ya que acredita tener las facultades para ejercer la profesión de abogado, esto es, contar con el registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos a la diversa persona que señala por no contar con dicho registro. OFICIOS E INFORMES DUPLICADOS Y ACUSES. Para el caso de que se reciba por segunda ocasión algún oficio o informe que ya obre en el expediente, así como para los acuses de recibo, se ordena desde este momento agregarlos a este cuaderno de amparo sin necesidad de acuerdo expreso; pero se instruye a la secretaria o secretario encargado del expediente para que a más tardar, al día siguiente de la recepción, en términos del artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, realice la certificación sobre la llegada de aquellos y los glose a las actuaciones. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Susana Nidia Guillén Chávez, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Se reciben autos. Por recibido el oficio 2086/2018 que remite el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primero Circuito, con residencia en esta ciudad, al que adjunta el juicio de amparo directo 329/2018, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Rene Gasca Esquivel, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad. Toda vez, que se declaró carecer de competencia legal para conocer de dicha demanda, ya que el acto reclamado no se encuentra en alguno de los supuestos de procedencia del amparo directo. Ante esa circunstancia, ordenó enviar la demanda en mención con sus anexos al Juez de Distrito en el Estado en turno, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo correspondiente de acuerdo a sus atribuciones. Asimismo, téngase adjuntado a la citada autoridad responsable, los autos originales del toca I-57/2018 y ordinario oral familiar 338/2017. Fórmense por separado dos cuadernos de prueba; que fueron enviados como complemento del informe justificado por las autoridades responsables; lo anterior, para tener un mejor manejo del expediente. AVOCAMIENTO. Con fundamento en los numerales 33, 35 y 45, del ordenamiento jurídico en consulta, este Juzgado Federal acepta la competencia y se avoca al conocimiento de la demanda de mérito; acúsese recibo de estilo. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 368/2018. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda, se desprende que la parte quejosa reclama del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, la resolución de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, pronunciada en el toca I-57/2018, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario oral familiar 338/2017, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Así las cosas, del escrito de demanda se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario; ambos de la Ley de Amparo que disponen: Artículo 61. "El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 107. "El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte .". La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Constitución General de la República, así como en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción V del numeral 107 antes referido establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. En relación con los "actos de imposible reparación", es oportuno traer a cuenta que en la anterior Ley de Amparo, es decir, la que estuvo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, no se definía el significado de esa connotación, como sí se hace en el nuevo ordenamiento legal que rige la promoción, tramitación y resolución de los juicios de amparo. Como consecuencia de esa falta de precisión, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su momento, tuvo la necesidad de interpretar el contenido de la anterior Ley de Amparo con el fin de delimitar los alcances del concepto relativo a la imposibilidad de la reparación, lo cual hizo sobre la base de dos referentes específicos, a saber: En el primero de dichos supuestos, identificó a los actos de imposible reparación, como elemento indispensable para la procedencia del juicio de amparo indirecto, como aquellos que afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos constitucionales del gobernado previstas en la Carta Magna, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera; al grado de que esa afectación no fuera susceptible de repararse por el hecho de que el quejoso obtuviera una sentencia favorable en el juicio, virtud a haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental respectivo. Por su parte, la segunda hipótesis de procedencia de amparo indirecto, se implementó para aquellos casos en los que existiera una violación a derechos adjetivos o en el procedimiento de origen, causando a las partes una afectación exorbitante en grado predominante o superior, en cuyo caso, tendría que valorarse de manera objetiva la institución procesal que estaba en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica en el juicio, tomando en cuenta si concurrían circunstancias de gran trascendencia que implicaran una situación relevante o de ventaja para alguna de las partes dentro del procedimiento, de cuya decisión dependiera la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respecto a las derechos esenciales del quejoso, o bien porque llevara inmersa la posibilidad de evitar su desarrollo ocioso e innecesario. En ambos casos -sostuvo el Pleno de la Corte- podía acudirse sin demora al amparo indirecto, sin tener que esperar a que se dictara el fallo definitivo en el procedimiento ordinario, pues las consecuencias de la violación cometida eran de tal magnitud que ni aun cuando el quejoso obtuviera sentencia favorable desaparecerían, según lo revelan las jurisprudencias de los rubros: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPAROINDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS" y "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO". Sin embargo, en la actualidad el concepto de imposible reparación ya no puede ser entendido de la misma manera, fundamentalmente, en lo que respecta a la posibilidad de impugnar mediante el amparo indirecto violaciones de naturaleza adjetiva o procesal, porque en la nueva Ley de Amparo se define a los actos de imposible reparación como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos consignados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual quiere decir que conforme al nuevo esquema regulatorio, para que los actos reclamados en un juicio de amparo revistan esa connotación, es indispensable que afecten o impidan de manera actual o inmediata el ejercicio de un derecho sustantivo. En efecto, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, pronunciada en el toca I-57/2018, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario oral familiar 338/2017, que declaró insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen, a partir del acuerdo de doce de junio de dos mil diecisiete, incluyendo el fallo definitivo, para que el accionante (aquí quejoso), de cumplimiento a los requisitos ahí señalados y ampliar su demanda en contra de Areli Atenea Gasca Reyes, dejando insubsistente el emplazamiento realizado a Ma. Alicia Álvarez Orozco, y una vez que el juicio siga por todos sus trámites legales, se dicte sentencia definitiva conforme a derecho; esto es, reponer el procedimiento hasta el auto que admitió a trámite dicha demanda y el quejoso amplíe su demanda respecto a la comodataria que tiene la posesión del inmueble en controversia, lo que se traduce en la figura de litisconsorcio pasivo. Por lo tanto ésta actuación, al margen de que se hubiese dictado ilegalmente, virtud a que esas violaciones en las que se hubiera podido incurrir solo constituirían transgresiones procesales, éstas pueden verse subsanadas si la parte quejosa al resolverse el fondo de la controversia obtiene un fallo favorable a sus intereses. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, emitió criterio en el sentido de que para determinar la viabilidad del amparo indirecto, cuando alguna de las partes que intervino en un juicio se ve obligada a litigar de nueva cuenta por efecto de la reposición del procedimiento ordenada en segunda instancia, debe establecerse casuísticamente si se producen efectos de imposible reparación. Lo anterior, en la jurisprudencia P./J. 17/91, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 25, Tomo VII, Mayo de 1991, de la octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 205810, que refiere: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOSEFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.'. En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo." De lo que se colige, que en el caso a estudio no exista alguna situación que sea de imposible reparación al ordenarse la reposición del procedimiento pues únicamente se ordenó requerir al actor ahora quejoso para que amplié su demanda respecto de Areli Atenea Gasca Reyes, quienes es actualmente la dueña y comodante a efecto de llamarla a juicio para integrar debidamente el litisconsorcio pasivo necesario. Apoya lo anterior y en lo conducente, la tesis (XRegión) 4o.2 C (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2015272, que a la letra dice: "LITISCONSORCIO NECESARIO.CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDAINSTANCIA QUE ORDENA REPONER ELPROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR A LOS LITISCONSORTES A LA RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO POR NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. A partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, existen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los cuales la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse efectivamente. Ahora bien, el litisconsorcio necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más personas tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllas están interesadas en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible resolver respecto de una parte, sin que lo decidido alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio necesario constituye un presupuesto procesal que, incluso, debe analizarse de oficio por el juzgador. Así, se considera que la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento a fin de que sean llamados a juicio los litisconsortes que originalmente no fueron llamados, no constituye un acto que sea de imposible reparación, pues en la resolución reclamada no se emitió pronunciamiento que hubiese causado una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, consistentes en el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión o la propiedad, ya que, aun cuando es adversa a sus intereses, sólo ocasiona que el procedimiento se reponga a fin de que se integre a la relación jurídica procesal con las demás partes involucradas y prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente lo que, en todo caso, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría nuevamente serle favorable y, en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente; por lo que se está en presencia de un acto cuya ejecución no es de imposible reparación para los efectos del amparo biinstancial, como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo." No pasa inadvertido la jurisprudencia 1a./J. 106/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO."; puesto que la misma ya no resulta aplicable al caso, ya que no es acorde a la interpretación que sobre actos de imposible reparación ha realizado el Máximo Tribunal, previsto en la Ley de Amparo vigente, pues se han superado las afectaciones predominantes o en grado superior, respecto de las cuales en la actualidad no procede la vía indirecta, a menos que exista una violación a derechos sustantivos, lo que ya se dijo, no ocurre en el caso. En esas condiciones, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y por consecuencia, SE DESECHA la demanda de amparo, promovida por Rene Gasca Esquivel, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil del supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. Para el adecuado despacho de los asuntos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, para lo cual basta la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en lo establecido por el artículo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. Se tiene como su autorizado con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Enrique García Marín, ya que acredita tener las facultades para ejercer la profesión de abogado, esto es, contar con el registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos a la diversa persona que señala por no contar con dicho registro. OFICIOS E INFORMES DUPLICADOS Y ACUSES. Para el caso de que se reciba por segunda ocasión algún oficio o informe que ya obre en el expediente, así como para los acuses de recibo, se ordena desde este momento agregarlos a este cuaderno de amparo sin necesidad de acuerdo expreso; pero se instruye a la secretaria o secretario encargado del expediente para que a más tardar, al día siguiente de la recepción, en términos del artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, realice la certificación sobre la llegada de aquellos y los glose a las actuaciones. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Susana Nidia Guillén Chávez, secretaria que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,758 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano