Reunel Benítez Rodríguez
Expediente 1261/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1261/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Reunel Benítez Rodríguez
- Director General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán.
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de enero de dos mil veintitrés. 1. Se recibe ejecutoria. Por recibido el oficio suscrito por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que anexa testimonio autorizado de la ejecutoria emitida el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, en el recurso de queja 231/2022, a través de la que se declaró infundado dicho medio de impugnación, hecho valer en contra del auto que desechó la demanda interpuesta por la parte quejosa, Reunel Benítez Rodríguez; háganse las anotaciones respectivas, agréguese la determinación de mérito y acúsese el recibo correspondiente. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada, hecho lo anterior, deberá ser entregado al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
- Principal
Morelia, Michoacán, primero de diciembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene al actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, acusando recibo del recurso de queja interpuesto contra el acuerdo de quince de noviembre de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo, el cual se registró con el número 231/2022; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales procedentes. Cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Mayra Stephany Medel Hernández.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. 1. Recurso de queja. Agréguese a los autos copia del escrito del autorizado de la parte quejosa; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja contra el proveído de quince de noviembre de dos mil veintidós, pronunciado por este juzgado, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. 2. Atento a lo anterior, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, el original del escrito de expresión de agravios y la copia de éste, a fin de que provea lo conducente. De igual manera, en vía de informe con justificación sobre la materia del recurso de queja interpuesto, hágase saber al órgano colegiado que le corresponda conocer que es cierto que el quince de noviembre de dos mil veintidós, se emitió el proveído que constituye el acto impugnado, constando en él los motivos y fundamentos legales que se tomaron en cuenta para emitirlo en el sentido en que se hizo, lo que sustenta su legalidad, por lo que se estima no se han violado derechos humanos del promovente del amparo. Para justificar lo anterior, adjúntese al indicado informe copia del expediente en que se actúa, con la atenta solicitud del acuse de su recibo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Mayra Stephany Medel Hernández.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil veintidós. 1. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Reunel Benítez Rodríguez, por propio derecho, contra actos de la Encargada de la Dirección del Plantel Número 27 de San Pedro Jácuaro, Maestra María Esmeralda Melchor Peñaloza, del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, con sede en el poblado San Pedro Jácuaro, municipio de Hidalgo, Michoacán, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1261/2022. 1.2. Consideraciones previas. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. De igual modo, el citado precepto señala que el desechamiento de plano de una demanda de amparo requiere, necesariamente, un motivo de improcedencia del juicio constitucional. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Apoyan lo expuesto, las jurisprudencias I.13°.A. J/6 y I.60.C. J/19, emitidas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil, ambos pertenecientes al del Primer Circuito, cuyos rubros son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". 1.3. Actualización de causa de improcedencia. Ahora, del análisis integral del libelo constitucional revela que el acto reclamado se hace consistir en: La separación del puesto sin goce de sueldo dentro del oficio SPJ/390/2022, emitido el veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte un motivo manifiesto de improcedencia, que impone desecharla de plano, de conformidad con lo establecido en los artículos 61 fracción XXIII, 107, fracción II, en concordancia con el diverso 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo únicamente es procedente contra actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; teniendo el carácter de autoridad, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de diversos criterios jurisprudenciales ha puntualizado como características distintivas que debe tener una autoridad a fin de ser considerada como tal para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 2ª.CCCIV/2001, visible en la página 39, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto indican: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Entonces, para efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por los que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, de la confrontación de lo anterior, con el acto que se le atribuye a la autoridad señalada como responsable, así como de la constancia anexa al libelo constitucional, se advierte que el acto del que se duele el quejoso no es susceptible de ser reclamada en la vía de amparo por la parte promovente, en razón a que, dicho acto deriva de una relación laboral preexistente por el que la parte inconforme le resulta el carácter de trabajador y la responsable que funge como su patrón. En efecto, el acto reclamado por la parte inconforme no deriva en una relación de supra a subordinación como las que se deben suscitar entre la autoridad responsable y un particular, sino en un plano de carácter laboral, pues el solicitante del amparo manifestó desempeñarse como Analista Especializado en el Plantel Número 27 de San Pedro Jácuaro, perteneciente al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECYTEM) desde el uno de diciembre de dos mil cinco, y el acto que reclama lo hace consistir en la separación del puesto sin goce de sueldo dentro del oficio SPJ/390/2022, emitido el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, por la Encargada de Dirección de dicho Plantel. De lo anterior, se puede advertir que el acto aquí reclamado, no contiene las características distintivas para ser considerado como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues como quedó precisado en líneas anteriores, éste deriva de una relación de trabajador-patrón, que existe entre el quejoso y la que señala como autoridad responsable como su patrón; por lo que no puede ser materia de análisis constitucional. Resulta importante señalar que el artículo 123, apartado "B", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la existencia de una relación laboral entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores. En similares términos el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal, dispone: "Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: (.) VI. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias." Así, de dichos numerales se obtiene que los titulares de las dependencias tienen el carácter de patrón respecto de sus empleados y, por ende, no actúan como autoridad en lo que se refiere a cualquier conflicto individual, colectivo o intersindical surgido con sus trabajadores, sino como un particular susceptible de ser llamado a juicio con el carácter de patrón demandado. En mérito de lo expuesto, el acto reclamado en esta instancia no encuadra en la hipótesis legal contenida en la fracción ll, del artículo 107, de la Ley de Amparo; por consiguiente, resulta manifiesta la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo. 2. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones el ubicado en la calle Sierra Madre Occidental número 455, colonia Lomas del Tecnológico, y autorizando para tal efecto a las personas que nombra, en el entendido de que únicamente Eric López Villaseñor y Eulalio Bazán Bazán, gozarán de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tiene su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a las demás personas únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten estar legalmente facultados. 3. Usuario. Como lo pide el quejoso y con apoyo en los artículos 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se le autoriza la consulta del expediente electrónico, para lo cual, el personal relativo deberá dar de alta vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), los usuarios "EricLopezVillaseñor" y "LOVE780416HMNPLR09" que proporciona. 4. Notificación electrónica. Asimismo, como lo solicita, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza que las notificaciones de carácter personal se realicen por la vía electrónica. 5. Correo electrónico. De igual forma se tiene proporcionado correo electrónico a fin de que el personal de actuaría de este órgano jurisdiccional establezca contacto; por tanto, manténganse bajo resguardo ese dato a fin de que sea utilizado como medio especial y expedito de contacto, de tal forma que solo deba acudirse físicamente este órgano jurisdiccional cuando resulte estrictamente indispensable, evitando el riesgo sanitario que representa la concentración de personas. 6. Pruebas. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba de su parte las documentales que anexa, mismas que por su propia naturaleza se tienen por rendidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y tenerlas por recibidas en ese acto. 7. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente, y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.
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