Raymundo Valle Perez

Expediente 144/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 21 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
144/2019
Año
2019
Actuaciones
21
Última actuación
30/10/2019

Partes del expediente

  • Raymundo Valle Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por el Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en Angostura, mediante el cual acusa recibo del oficio 2347-4A de once de octubre del año en curso, con el que se le remitieron los discos versátiles digitales, relativos a las copias autorizadas de los audios y videos de la audiencia inicial y su continuación de quince y veinte de febrero de dos mil diecinueve, respectivamente, así como de la audiencia de acuerdo reparatorio de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, verificadas en la causa penal 474/2018 de origen; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que la parte quejosa no realizó alguna manifestación respecto al acuerdo de seis de septiembre de dos mil diecinueve, en el cual se declaró que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, no obstante que dicha determinación se le notificó el doce siguiente; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En ese contexto, considerando que el presente expediente está definitivamente concluido, acorde a la fracción IV del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, pues mediante sentencia de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, se concedió la protección constitucional al quejoso. De acuerdo a lo anterior, deberán conservarse la demanda y resolución inherentes al juicio de amparo y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo cual deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá una vez transcurridos más de tres años de ordenado su archivo, el que deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes. De igual modo, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo noveno, capítulo tercero, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Por otro lado, glósese al expediente principal el cuaderno original del incidente suspensional, el cual es susceptible de depuración, conforme a la fracción I del apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes judiciales, motivo por el cual, deberán conservarse el auto en el que se concedió la suspensión provisional y la resolución interlocutoria mediante la cual, por una parte, se negó y, por otra, se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo cual deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirán tanto el juicio de amparo como el original del incidente de suspensión en forma separada, una vez transcurridos más de tres años de ordenado su archivo, el que deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes. En la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde a la fracción III del apartado vigésimo del Acuerdo General reseñado. En diverso orden de ideas, del análisis de este asunto se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, que no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este juzgado federal el doce de marzo de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquellos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. Además, una vez transcurrido el plazo de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia constitucional, así como del auto en el que se concedió la suspensión provisional y la resolución interlocutoria mediante la cual, por una parte, se negó y, por otra, se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, estos últimos dictados en el cuaderno original del incidente relativo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este juzgado. Por último, en virtud de lo acordado en líneas precedentes, resulta innecesario conservar los discos versátiles digitales, relativos a las copias autorizadas de los audios y videos de la audiencia inicial y su continuación de quince y veinte de febrero de dos mil diecinueve, respectivamente, así como de la audiencia de acuerdo reparatorio de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, verificadas en la causa penal 474/2018 de origen, los cuales fueron remitidos por el Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en Angostura; de ahí que, acorde al artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse mediante oficio dichas documentales al Juez responsable y requiérase el acuse de recibo correspondiente.

  3. Principal

    Visto el estado procesal de los autos, se advierte que el quejoso no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo de veintiséis de agosto del año en curso, en relación con el oficio y las documentales remitidas por el Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado, con residencia en Angostura, Sinaloa, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación se le notificó el treinta siguiente; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En ese sentido, se precisa que por sentencia de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, por una parte, se sobreseyó en el presente juicio de amparo y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Reymundo Valle Pérez; resolución que causó ejecutoria el veintiséis de agosto del año en cita, al no ser impugnada por las partes. La concesión del amparo se realizó para lo siguiente: "OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo: El juez responsable deberá dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado el veinte de febrero de dos mil diecinueve en la causa penal 474/2018; proveído donde deberá precisar que se inicia de nuevo con el plazo constitucional ampliado a ciento cuarenta y cuatro horas por el imputado y su defensa; y, Deberá señalar nueva fecha para la continuación de la audiencia inicial, donde debe admitir los elementos de prueba ofertados por la defensa del imputado ahora quejoso, de manera concreta, los testimonios del agente de tránsito autor del parte de accidente Luciano Favela Román, asimismo, los testigos de cargo de Oscar Andrés Burgos Angulo, Luis Ramiro Verduzco Contreras y Sergio de Jesús Rentería Camacho, y en caso de que se logre su comparecencia, recepcionar sus declaraciones o testimonios ante su presencia judicial; asimismo, dentro del plazo constitucional ampliado resuelva si procede o no vincular a proceso al imputado Raymundo Valle Pérez. En la inteligencia de que debe prevalecer vigente la solicitud de vinculación a proceso en los términos expuestos por el fiscal solicitante en la audiencia de quince de febrero de dos mil diecinueve.". Cabe mencionar que mediante oficio 1904/2019 presentado el catorce de agosto de dos mil diecinueve -fecha previa a la del acuerdo en el cual causó ejecutoria la sentencia constitucional-, la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado, con residencia en Angostura, Sinaloa, informó que en la causa penal de origen se dictó auto de sobreseimiento total a favor del imputado, aquí quejoso, Reymundo Valle Pérez, por el hecho que la ley señala como delito de daños culposos, cometido contra el patrimonio económico de Fernando Camacho Gutiérrez, con fundamento en los artículos 327, párrafo segundo, fracción VI, 328 y 329, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por el cumplimiento del acuerdo reparatorio celebrado entre la víctima e imputado, en términos de los numerales 186 y 189, último párrafo, en relación con el 485, fracción X, todos del citado Código Nacional, con efectos de sentencia absolutoria, y allegó las documentales para sustentarlo; de ahí que, en auto de diecinueve de agosto del año en curso, se estableció que una vez que causara ejecutoria la sentencia constitucional, se acordaría lo conducente. En ese contexto, al transcurrir el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia constitucional, sin que presentaran promoción alguna al respecto, el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, se declaró que dicha resolución causó ejecutoria y se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el oficio y documentales remitidas por la responsable. Determinación que se notificó a la parte quejosa el treinta de agosto de dos mil diecinueve, sin que realizara manifestación alguna, como se precisó. En consecuencia, si la concesión del amparo se hizo para el efecto de que el juez responsable dejara insubsistente el auto de vinculación a proceso de veinte de febrero de dos mil diecinueve, dictado en la causa penal 474/2018; precisara que se iniciaría de nuevo con el plazo constitucional ampliado a ciento cuarenta y cuatro horas por el imputado y su defensa; señalara nueva fecha para la continuación de la audiencia inicial, en la cual debía admitir diversos elementos de prueba ofrecidos por la defensa del imputado, ahora quejoso; asimismo, dentro del plazo constitucional ampliado resolviera si procedía o no vincular a proceso al quejoso Raymundo Valle Pérez; y, por su parte, el juez responsable informó que en la causa penal de origen se dictó auto de total sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria, al haberse cumplido el acuerdo reparatorio celebrado entre la víctima e imputado; es claro que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, restituyéndose al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO RAYMUNDO VALLE PEREZ, EL AUTO DE SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Visto el estado procesal de los autos, se advierte que el quejoso no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo de veintiséis de agosto del año en curso, en relación con el oficio y las documentales remitidas por el Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado, con residencia en Angostura, Sinaloa, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación se le notificó el treinta siguiente; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En ese sentido, se precisa que por sentencia de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, por una parte, se sobreseyó en el presente juicio de amparo y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Reymundo Valle Pérez; resolución que causó ejecutoria el veintiséis de agosto del año en cita, al no ser impugnada por las partes. La concesión del amparo se realizó para lo siguiente: "OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo: El juez responsable deberá dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado el veinte de febrero de dos mil diecinueve en la causa penal 474/2018; proveído donde deberá precisar que se inicia de nuevo con el plazo constitucional ampliado a ciento cuarenta y cuatro horas por el imputado y su defensa; y, Deberá señalar nueva fecha para la continuación de la audiencia inicial, donde debe admitir los elementos de prueba ofertados por la defensa del imputado ahora quejoso, de manera concreta, los testimonios del agente de tránsito autor del parte de accidente Luciano Favela Román, asimismo, los testigos de cargo de Oscar Andrés Burgos Angulo, Luis Ramiro Verduzco Contreras y Sergio de Jesús Rentería Camacho, y en caso de que se logre su comparecencia, recepcionar sus declaraciones o testimonios ante su presencia judicial; asimismo, dentro del plazo constitucional ampliado resuelva si procede o no vincular a proceso al imputado Raymundo Valle Pérez. En la inteligencia de que debe prevalecer vigente la solicitud de vinculación a proceso en los términos expuestos por el fiscal solicitante en la audiencia de quince de febrero de dos mil diecinueve.". Cabe mencionar que mediante oficio 1904/2019 presentado el catorce de agosto de dos mil diecinueve -fecha previa a la del acuerdo en el cual causó ejecutoria la sentencia constitucional-, la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado, con residencia en Angostura, Sinaloa, informó que en la causa penal de origen se dictó auto de sobreseimiento total a favor del imputado, aquí quejoso, Reymundo Valle Pérez, por el hecho que la ley señala como delito de daños culposos, cometido contra el patrimonio económico de Fernando Camacho Gutiérrez, con fundamento en los artículos 327, párrafo segundo, fracción VI, 328 y 329, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por el cumplimiento del acuerdo reparatorio celebrado entre la víctima e imputado, en términos de los numerales 186 y 189, último párrafo, en relación con el 485, fracción X, todos del citado Código Nacional, con efectos de sentencia absolutoria, y allegó las documentales para sustentarlo; de ahí que, en auto de diecinueve de agosto del año en curso, se estableció que una vez que causara ejecutoria la sentencia constitucional, se acordaría lo conducente. En ese contexto, al transcurrir el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia constitucional, sin que presentaran promoción alguna al respecto, el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, se declaró que dicha resolución causó ejecutoria y se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el oficio y documentales remitidas por la responsable. Determinación que se notificó a la parte quejosa el treinta de agosto de dos mil diecinueve, sin que realizara manifestación alguna, como se precisó. En consecuencia, si la concesión del amparo se hizo para el efecto de que el juez responsable dejara insubsistente el auto de vinculación a proceso de veinte de febrero de dos mil diecinueve, dictado en la causa penal 474/2018; precisara que se iniciaría de nuevo con el plazo constitucional ampliado a ciento cuarenta y cuatro horas por el imputado y su defensa; señalara nueva fecha para la continuación de la audiencia inicial, en la cual debía admitir diversos elementos de prueba ofrecidos por la defensa del imputado, ahora quejoso; asimismo, dentro del plazo constitucional ampliado resolviera si procedía o no vincular a proceso al quejoso Raymundo Valle Pérez; y, por su parte, el juez responsable informó que en la causa penal de origen se dictó auto de total sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria, al haberse cumplido el acuerdo reparatorio celebrado entre la víctima e imputado; es claro que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, restituyéndose al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

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