Refugio Aida Almeida Ayala
Expediente 569/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 29 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 569/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 23/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Refugio Aida Almeida Ayala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
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Los Mochis, Sinaloa, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, de los que se advierte que en acuerdo del pasado catorce de agosto, se ordenó el archivo del presente juicio, sin valorarse el duplicado del incidente de suspensión relativo; por tanto, de conformidad, con el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la orden de archivo definitivo.
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Los Mochis, Sinaloa, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de catorce de julio del año en curso, mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En esa virtud, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se precisa que este asunto es susceptible de conservación, dado que en resolución constitucional de veintitrés de febrero del año en curso, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno Electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. Por otra parte, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el incidente de suspensión es susceptible de conservación, dado que se concedió a la quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados. En el entendido, que una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la orden de archivo, con apoyo en los artículos 26, 27 y 28 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase el presente juicio de amparo y su incidente de suspensión al depósito documental que sea designado por el Área Coordinadora de Archivos, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que elabore el Área Coordinadora de Archivos.
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Cuenta. En catorce de julio de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Auto. Los Mochis, Sinaloa, catorce de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la quejosa Refugio Aida Almeida Ayala, no desahogó la vista ordenada mediante auto de seis de julio de dos mil veintitrés, en relación al oficio y documentales allegadas por las autoridades responsables Director General y Representante Legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa y por el Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales con sede en Culiacán Sinaloa, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación le fue notificada por estrados el siete de julio de dos mil veintitrés, por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, se precisa que en sentencia de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se concedió a la quejosa Refugio Aida Ayala, la protección constitucional contra los actos que reclamó de las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, Director General y Jefe y Departamento de Prestaciones Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores de la Educación del Estado con residencia en Culiacán, Sinaloa, para el efecto de que esa autoridad realizara lo siguiente: "1) Cesen los descuentos reclamados realizados a sus percepciones que recibe como jubilada. 2) Se restituya el descuento realizado, a partir de la fecha en que aduce la quejosa tuvo conocimiento el acto reclamado, a saber, del treinta de julio de dos mil veintidós." La anterior sentencia, causó ejecutoria el cuatro de abril de dos mil veintitrés, en virtud a que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión, y se ordenó requerir a las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, Director General y Jefe y Departamento de Prestaciones Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores de la Educación del Estado con residencia en Culiacán, Sinaloa, a fin de que otorgaran el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Posteriormente, mediante oficio 1677/2023 y anexos signados por el Director General y Representante Legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa y por el Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales con sede en Culiacán Sinaloa, informó a este Juzgado de Distrito el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en el sentido de que el tres de julio de dos mil veintitrés se realizó la restitución ordenada a favor de la quejosa Refugio Aida Almeida Ayala, contabilizándose el total de las quincenas descontadas desde el día treinta de julio de dos mil veintidós, hasta la quincena del quince de octubre, también de este año. Ahora bien, el amparo y protección de la Justicia de la Unión se otorgó como se vio, para el efecto de que una vez que causara ejecutoria la sentencia de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, cesaran los descuentos reclamados a la responsable, realizados a las percepciones de la quejosa que recibe como jubilada y --como consecuencia-- se le restituyera lo descontado a partir de que tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es, a partir del treinta de julio de dos mil veintitrés. Ahora, de las constancias remitidas por las autoridades responsables Director General y Representante Legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa y por el Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales con sede en Culiacán Sinaloa, se advierte que ello ya se llevó a cabo, por lo que se tiene CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. En consecuencia, de conformidad con los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, se puede concluir se ha restituido a la peticionaria del amparo, en el pleno goce de las garantías violadas, por tanto, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, sin exceso, ni defecto alguno.
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, seis de julio de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado por el Director General y Representante Legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de le Educación del Estado de Sinaloa y por el Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales con sede en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual comunican el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, informando que el tres de julio de dos mil veintitrés se realizó la restitución ordenada a favor de la quejosa Refugio Aida Almeida Ayala, contabilizándose el total de las quincenas descontadas a partir del día treinta de julio de dos mil veintidós a la quincena del quince de octubre de dos mil veintidós, y para tal efecto remite documentales para acreditarlo; agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales conducentes. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la quejosa con el escrito y documentales de cuenta, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que no de hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.
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