Raymundo Antonio Hernandez Borboa
Expediente 444/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 15 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 444/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 17/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Raymundo Antonio Hernandez Borboa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, mediante la cual, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Así también, de conformidad con el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que el original del cuaderno de suspensión es susceptible de destrucción, dado que se negó al quejoso la suspensión provisional y definitiva. En la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión relativo es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General reseñado. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurará el presente expediente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los cuales se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo de veintinueve de octubre del año en curso, en relación con los oficios y documentales allegados por la Magistrada en Funciones por Ministerio de Ley, y la Secretaria de Acuerdos ambas de la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación le fue notificada por lista el ocho de noviembre siguiente; por tanto, se procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar debe indicarse que por resolución emitida el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se concedió la protección constitucional al quejoso Raymundo Antonio Hernández Borboa, solicitada para el efecto de que la autoridad responsable Magistrada de la Honorable Sala Regional de la Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, debe realizar lo siguiente: "1. De manera inmediata dicte resolución del juicio 515/2020, de su índice. 2. Una vez hecho lo anterior, conforme a los lineamientos que marca la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, esto es, cada etapa del juicio y dicte la sentencia que proceda, se la notifique al quejoso". Sentencia que causó ejecutoria el ocho de octubre del presente año, al no ser recurrida por las partes. En ese sentido, mediante oficio presentado el veintiocho de octubre del año en curso, la autoridad responsable Magistrada en Funciones por Ministerio de Ley, y Secretaria de Acuerdos ambas de la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, informaron que el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el juicio de nulidad 515/2020 de su índice y que se le notificó al aquí quejoso el veintisiete de agosto siguiente por conducto de su autorizado legal, y remitieron las constancias respectivas para acreditarlo. Del examen de las citadas documentales, las que de conformidad con el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable Magistrada de la Honorable Sala Regional de la Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, efectuó actos con los que se tiene por cumplida la sentencia, pues, en el caso particular, hizo lo siguiente: Dictó resolución el expediente de origen 515/2020, y, Notificó la anterior determinación al aquí quejoso por conducto de su autorizado legal el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Por tanto, es evidente que con ello se colma la garantía seguridad jurídica por cuya infracción se concedió el amparo solicitado, motivo por el cual se debe declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, por lo que así se declara para todos los efectos legales, y se ha restituido a la quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos. Hágase del conocimiento del quejoso este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201de la Ley de Amparo.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO QUE DICE: Los Mochis, Sinaloa, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los cuales se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo de veintinueve de octubre del año en curso, en relación con los oficios y documentales allegados por la Magistrada en Funciones por Ministerio de Ley, y la Secretaria de Acuerdos ambas de la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación le fue notificada por lista el ocho de noviembre siguiente; por tanto, se procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar debe indicarse que por resolución emitida el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se concedió la protección constitucional al quejoso Raymundo Antonio Hernández Borboa, solicitada para el efecto de que la autoridad responsable Magistrada de la Honorable Sala Regional de la Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, debe realizar lo siguiente: "1. De manera inmediata dicte resolución del juicio 515/2020, de su índice. 2. Una vez hecho lo anterior, conforme a los lineamientos que marca la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, esto es, cada etapa del juicio y dicte la sentencia que proceda, se la notifique al quejoso". Sentencia que causó ejecutoria el ocho de octubre del presente año, al no ser recurrida por las partes. En ese sentido, mediante oficio presentado el veintiocho de octubre del año en curso, la autoridad responsable Magistrada en Funciones por Ministerio de Ley, y Secretaria de Acuerdos ambas de la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, informaron que el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el juicio de nulidad 515/2020 de su índice y que se le notificó al aquí quejoso el veintisiete de agosto siguiente por conducto de su autorizado legal, y remitieron las constancias respectivas para acreditarlo. Del examen de las citadas documentales, las que de conformidad con el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable Magistrada de la Honorable Sala Regional de la Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, efectuó actos con los que se tiene por cumplida la sentencia, pues, en el caso particular, hizo lo siguiente: Dictó resolución el expediente de origen 515/2020, y, Notificó la anterior determinación al aquí quejoso por conducto de su autorizado legal el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Por tanto, es evidente que con ello se colma la garantía seguridad jurídica por cuya infracción se concedió el amparo solicitado, motivo por el cual se debe declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, por lo que así se declara para todos los efectos legales, y se ha restituido a la quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos. Hágase del conocimiento del quejoso este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201de la Ley de Amparo.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Visto el oficio y anexos, signado por la Magistrada en Funciones por Ministerio de Ley y la Secretaria de Acuerdos ambas de la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, mediante el cual refiere dar cumplimiento a la sentencia de amparo del presente procedimiento dictada en treinta y uno de agosto dos mil veintiuno, y remite copias certificadas de la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno dictada en el expediente 515/2020-IIB, de su índice; agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso con el oficio y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.
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