REGINA ALANIZ RAMIREZ y Otros.

Expediente 628/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
628/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
21/11/2019

Partes del expediente

  • REGINA ALANIZ RAMIREZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que, hasta este momento procesal, la parte quejosa, no ha interpuesto el recurso de queja, contra el proveído de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, emitido en el presente juicio de amparo número 628/2019-2A, por el que se desechó su demanda de garantías, por tanto, al haber transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, con apoyo además, en los numerales 2° y 214 de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes, de modo que, una vez notificado el presente acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como definitivamente concluido. Luego, tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción I, del Apartado Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de destrucción, dado que, por auto de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, se desechó su demanda de garantías; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del punto noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha quince de octubre de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    se notifica por medio de lista de acuerdos a Regina Alaniz Ramírez, Orlando Gutiérrez López, Jesús Cecilio Pardini S., Franklin Pérez Vázquez, Carlo Antonio Saracho Sandoval, Osvaldo Saracho Sandoval, José Luis Valverde López, José Iván Verdugo Camargo y Víctor Manuel Rodríguez Verduzco el proveído dictado el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, que dice: Visto el escrito de cuenta, signados por Regina Alaniz Ramírez, Orlando Gutiérrez López, Jesús Cecilio Pardini S., Franklin Pérez Vázquez, Carlo Antonio Saracho Sandoval, Osvaldo Saracho Sandoval, José Luis Valverde López, José Iván Verdugo Camargo y Víctor Manuel Rodríguez Verduzco, mediante el cual dan cumplimiento a la prevención que se le hizo en proveído de dieciséis de octubre del año que transcurre; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el párrafo cuarto, de la fracción I, del numeral 5, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, concatenados con la fracción I, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones que a continuación se explican. Los artículos en comento son del tenor siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.) De los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Por tanto, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Asimismo, en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5° de la Ley de la Materia , se aprecia como requisito de procedencia de los juicios de amparo: a) Que el quejoso acredite tener interés jurídico o legítimo (individual o colectivo), salvo para los asuntos en que se reclamen actos de tribunales en que se continúa exigiendo contar con el primero; y b) Que ese interés legítimo o jurídico se vea agraviado. Ahora bien, por agravio debe entenderse de forma general toda afectación real y actual; empero, tratándose de interés jurídico es menester que además sea personal y directo como estaba antes de la reforma; en cambio, para el interés legítimo no se requieren dichas exigencias pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y además provenir de un interés individual o colectivo. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el interés legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo; salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. En apoyo de lo expuesto, se cita la tesis de jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), del Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro: 2003293, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa." Ahora, en el presente caso, los impetrantes señalaron como actos reclamados los siguientes: "De las autoridades señaladas como ordenadoras le reclamo el mandamiento (auto y/o acuerdo) de embargo a la cuenta 92002079337 Banco Santander (México), S.A Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander. A nombre de nuestra empleadora la persona moral AGRÍCOLA DOÑA ARCELIA" SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD ILIMITADA. De la autoridad señalada como ejecutora Banco Santander (México), S.A Institución de Bana Múltiple, Grupo Financiero Santander, reclamamos la ejecución y el bloqueo de la cuenta a nombre de nuestra empleadora AGRÍCOLA DOÑA ARCELIA" SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD ILIMITADA, así como también le reclamo la indebida trasferencia de la referida cantidad económica a la cuenta del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Sinaloa, que para estos efectos realizo actos como autoridad y como tal debe comparecer al presente juicio. "Época: Décima Época Registro: 2014171 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 41, Abril de 2017, Tomo II Materia(s): Común Tesis: XI.1o.A.T. 34 K (10a.) Página: 1747 INSTITUCIONES DE CRÉDITO. LA CANCELACIÓN DE UNA CUENTA BANCARIA EMBARGADA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.". Del fondo auxiliar para la administración de justicia reclamo la ejecución de las órdenes dadas por el C. Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa y el indebido aseguramiento de la cuenta a nombre de AGRÍCOLA DOÑA ARCELIA" SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD ILIMITADA. Considero que los actos reclamados imputados a los autoridades responsables violan y restringen en nuestro perjuicio derechos humanos tutelados en Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José" y Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San Salvador". Por lo que hace a los antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, manifestaron: "Los suscritos somos trabajadores de AGRÍCOLA DOÑA ARCELIA" SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD ILIMITADA, tal y como lo acreditamos con la impresión digital del listado de registro patronal que anexamos a la presente para acreditar el interés jurídico. Con fecha 01 de octubre del año 2019, los suscritos reclamamos nuestro pago quincenal a nuestro jefe directo el C. Carlo Saracho Aguilar, pero se nos informo que no podia hacer los pagos porque se había embargado la cuenta bancaria que tenía el dinero para pagar la nomina. Se nos informo de manera personal que la empresa tiene un adeudo con NUEVAS AGROINDUSTRIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.y que habían congelado la cuenta bancaria 92002079337 Banco Santander (México), S.A Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander. A nombre de nuestra empleadora la persona moral AGRICOLA DOÑA ARCELIA" SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD ILIMITADA. Es por tal motivo que acudimos ante este órgano de control constitucional porque se nos está privando del ingreso salarial de manera indirecta y con esta actuación vulnera el derecho al mínimo vital de los suscritos y nuestras familiar.". En su escrito aclaratorio de demanda, precisaron como ampliación de antecedentes es: "MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS SUSCRITOS NO TENEMOS LA INTENCIÓN DE RETARDARA, ENTORPECER, O PERJUDICAR, a las partes dentro del proceso radicado bajo número de expediente 275/2019 ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, nuesta intención es que la autoridad responsabe tome las medidas pertinentes para que sus determinaciones no afecten los derechos laborales de los suscritos, dicho de otra forma, puede autorizar embargo siempre y cuando no ponga en riesgo el pago salarial de los trabajadores que laboramos para la parte DEMANDADA "AGRICOLA ARCELIA S.P.R. DE R.I.". En cuanto a lo requerido en el primer punto MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: A).- El hecho que constituye el acto reclamado es la actuación del Juzgado Cuarto de primera Instancia del ramo Civil de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, específicamente el embargo sobre cuenta bancaria de la fuente de trabajo identificada como 92002079337 Banco Santander (México), S.A Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, reiterando que tenemos conocimiento de estos hechos por que nos lo informo el C. CARLO ANTONIO SARACHO AGUILAR. B).- El proceso que se siguen ante la autoridad responsable se encuentra bajo expediente 275/2019 siendo las partes los mencionados como terceros interesados: NUEVAS AGROINDUSTRIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., persona moral que tiene su domicilio ampliamente conocido, ubicado por carretera a El Dorado, numero 4625 Sur, Campo El Diez, Culiacán, Sinaloa, IDENTIFICADO COMO PARTE ACTORA. AGRICOLA DOÑA ARCELIA" SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD ILIMITADA, con domicilio por Boulevard Romualdo Ruiz Payan S/N, colonia Del Bosque de la ciudad de Guasave, Sinaloa, IDENTIFICADO COMO PARTE DEMANDADA Tenemos conocimiento que el proceso se encuentra en trámite y aun no se ha dictado sentencia, solo hay mandamientos de embargo. C).- Manifestamos a su señoría que los suscrito no somos parte dentro del expediente 275/2019, radicado ante el Juzgado Cuarto Civil, sin embargo acudimos a esta autoridad porque consideramos que la actuación de las autoridades responsables nos está ocasionando afectaciones a nuestros derechos. Repetimos a su señoría que somos ajenos a cualquier problema que exista entre los terceros perjudicados y si existen derechos de la parte actora de embargar bienes a la demandada lo respetamos siempre y cuando se tomen medidas por parte de la autoridad responsable de no perjudicar trabajadores con sus determinaciones. D).- Manifestamos que no hemos demandado a la fuente de trabajo por nuestros salarios, toda vez que se nos informo que el dinero que tienen para pagarnos se encuentra embargado y que no pueden disponer de la cuenta por esa razón, sin embargo esto no es óbice para demandar en lo futuro por los pagos y prestaciones que tengamos derechos. E).- De la narrativa de los actos reclamados y concepto de violación consideramos que queda patente la afectación que sufrimos de manera indirecta a nuestros derechos de percibir un sueldo por los trabajos desempeñados para el patrón AGRICOLA DOÑA ARCELIA" SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD ILIMITADA. La autoridad responsables antes de autorizar el embargo a la cuenta de la demandada debió ponderar que la moral es fuente de trabajo y las afectaciones que pudo haber ocasionado a los trabajadores de esta. No pretendemos que se limiten derechos a embargar bienes de la demandada, única y sencillamente ponemos en consideración que con la medida tomada salimos perjudicados los suscritos. Consideramos que queda acreditado el interés legitimo en términos de lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Amparo y con lo cual nos faculta para poder acudir ante esta autoridad judicial, para solicitar el amparo y protección de la justicia federeal contra los actos de las autoridades señaladas como responsables.". Como se ve los quejosos aducen que tienen un interés legítimo para reclamar el respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, al señalar que el acto impugnado trasciende a su esfera jurídica, ya que el embargo de la cuenta bancaria a nombre de la empresa Agrícola Dona Arcelia, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada, los esta privando del derecho al mínimo vital para ellos y su familia, pues la cuenta bancaria embargada en el juicio de origen es donde su empleadora tiene el dinero para pagar la nómina y por tanto, no les puede pagar sus ingresos y los priva de adquirir alimentos, vestidos y las necesidades mas vitales de subsistencia. Afirman los quejosos que tal circunstancia los faculta para instar la acción constitucional, por el hecho de haberse embargado la cuenta bancaria en la cual su empleadora tiene los ingresos para el pago de nómina. De lo anterior se desprende que los quejosos aducen tener un "interés legítimo" para instar la presente vía constitucional en contra del embargo de cuenta bancaria decretado en el juicio 275/2019. No obstante que los quejosos aduzcan tener un interés legítimo para promover el presente juicio de aemparo, sin embargo como se precisó en líneas anteriores para la promover el juicio de amparo contra actos de tribunales, como en el caso acontece, los quejosos deben demostrar contar con un derecho subjetivo protegido por alguna norma general, el cual se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad, ocasionando un perjuicio en sus derechos o intereses (interés jurídico), lo cual no acontece, pues solo hacer derivar su interés del hecho de que la cuenta bancaria embargada corresponde a la cuenta bancaria en la cual su empleadora tiene los ingresos para el pago de su nómina. De ahí que los quejosos no demuestran su interés jurídico para promover el juicio de amparo, pues no son titulares de la cuenta bancaria embargada en el juicio natural, por lo que los quejosos no pueden ser considerados parte en el referido expediente 275/2019, ni mucho menos terceras extrañas al referido procedimiento. Al aplicar esas ideas al caso que nos ocupa, se concluye que los quejosos no acreditan su interés jurídico para instar la presente vía constitucional, pues por el solo hecho de ser trabajadores de la empresa demandada en el juicio natural Agrícola Dona Arcelia, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada, no puede estimarse que estos guarden un interés cualificado, real o actual que los hayan colocado de manera alguna, en una situación especial frente al orden jurídico, tal como lo exige el primer párrafo de la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo; por lo que este tribunal considera que el interés que aducen los quejosos, es simple, lo cual no les otorga la facultad de instar el presente juicio constitucional, por lo que se afirma que los quejosos únicamente alegan un interés simple, el cual no es objeto de tutela en términos del artículo 5° de la Ley de Amparo. Ahora bien, como tal circunstancia no sería susceptible de ser alterada o modificada de manera alguna con el material probatorio allegado al juicio de amparo durante su eventual tramitación, vergibracia los informes justificados y demás constancias provenientes de las autoridades responsables, es decir, los quejosos no podrán demostrar su interés jurídico durante la tramitación del juicio de amparo; entonces desde este momento se sostiene la manifiesta, notoria e indudable causal de improcedencia, lo que conduce a desechar de plano la demanda de amparo que se provee, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, por actualizarse la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo en vigor, esto en relación con la fracción IV, del diverso numeral 63, de la propia ley de la materia, por lo que se desecha la demanda de garantías por notoriamente improcedente.

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