Raul Villalba Cruz
Expediente 1159/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1159/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Raul Villalba Cruz
- Junta Especial número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje en Morelos
Actuaciones
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Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase desapercibido el hecho de que no se cuenta con los acuses de recibo dirigido a la autoridad responsable, mediante el cual se le comunicó la sentencia dictada en los presentes autos, toda vez que dicha situación no es obstáculo para que la resolución cause estado en términos del artículo 87 fracción segunda de la Ley de Amparo; no obstante lo anterior, remítase a la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos, copia de la sentencia dictada en autos, para conocimiento. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión. Cabe señalar que no se formó cuaderno del incidente de suspensión en el juicio en que se actúa. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que en caso de ser procedente se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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VISTO, para resolver el juicio de amparo 1159/2021, promovido por Raúl Villalba Cruz por propio derecho, contra actos de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, ante la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito en el estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Raúl Villalba Cruz, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. Acto reclamado: "Lo constituye la omisión de la responsable a dictar el acuerdo correspondiente al escrito presentado el 14 de septiembre de 2020, registrado bajo el folio 003284, en el expediente laboral 01/749/14...". SEGUNDO. El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, esta autoridad radicó el asunto con el número de expediente 1159/2021, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que dispone: Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar la promoción presentada el catorce de septiembre de dos mil veinte, registrada con el número de folio 003284, en el juicio laboral 01/749/14, del registro de la autoridad responsable. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que se acompañaron al mismo. CUARTO. Improcedencia del juicio. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia y en consecuencia, el sobreseimiento a que se refiere el artículo 61 fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo, los cuales a la letra establecen lo siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de este, cesan los efectos del acto que se reclama. Asimismo, se advierte que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante su tramitación sobreviene alguna causal de improcedencia prevista en la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues a ninguna finalidad práctica llevaría el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, en el presente caso se estima que se está en presencia de la causal de improcedencia, y en consecuencia el sobreseimiento en el presente juicio, pues de las constancias que exhibió la autoridad responsable, se desprende que el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno emitió el acuerdo por el que se pronunció respecto de la petición formulada mediante escrito registrado con el folio 003284, la cual fue notificada a la parte quejosa -actora en el juicio laboral- el seis de julio del mismo año. De ahí que se afirme la existencia de la causal de improcedencia invocada, pues como se ha expuesto, la omisión reclamada quedó superada con la emisión del auto; por tanto, resulta ocioso examinar la constitucionalidad de una omisión que dejó de existir. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII - febrero de 1998, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" En tales condiciones, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Julián Pantaleón Suárez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del dieciséis al treinta de agosto de dos mil veintiuno, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el catorce de junio de este año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este juzgado mediante oficio número CCJ/ST/1594/2021, con la asistencia de Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, secretario con quien actúa. Doy fe.
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R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el siete de mayo de dos mil diecinueve, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Antonio Pastrana Sánchez solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: ".Inconstitucional resolución de fecha 05 de abril del 2019, por medio de la cual declara improcedente Recurso de Queja interpuesto en fase de ejecución de sentencia dentro del Toca Civil 135/2019-16. SEGUNDO. El nueve de mayo de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo, y se radicó el asunto con el número de expediente 609/2019, se requirió a la responsable su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. El treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, se terminó de engrosar la sentencia definitiva dictada en autos, en la cual se determinó sobreseer en el presente juicio. CUARTO. Inconforme con lo anterior, el quejoso interpuso recurso de revisión, mismo que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, bajo el número de expediente 333/2019, que por ejecutoria de dieciocho de mayo de dos mil veinte, revocó la sentencia dictada y ordenó la reposición de los autos, para efectos de recabar la totalidad de constancias que obran en el juicio de origen, en específico el escrito de cinco de abril de dos mil diecisiete y el acuerdo recaído a la misma. QUINTO. El diecinueve de agosto de dos mil veinte, este Juzgado tuvo por recibida la ejecutoria en mención, solicitó a la responsable las constancias respectivas y señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable la resolución dictada el cinco de abril de dos mil diecinueve, dentro del toca civil 135/2019-16. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestó al momento de rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que anexó al mismo, las cuales son valoradas en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Con base en lo anterior, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que el acto reclamado en este juicio de amparo deriva de otro consentido. Es oportuno destacar que el contenido de los numerales indicados es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." El criterio que se considera que se actualiza en la especie fue emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Primera Parte, página doce, que reza: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Al respecto, el Máximo Tribunal del País ha sostenido que para que un acto se repute como derivado de otro consentido deben satisfacerse los siguientes elementos: a) Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y, b) Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar del acto consentido expresa o tácitamente. Sirve de apoyo a lo precedente la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXXI, página novecientos veintidós, de rubro y texto: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Se entienden por actos derivados de otros consentidos, aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente, como el embargo lo es respecto del requerimiento de pago no acatado por el deudor, como el remate lo es respecto del embargo, etcétera, y contra los cuales no se expresan conceptos de violación específicos. Dos, son, pues, los elementos que se requieren para considerar a un acto derivado de otro consentido, a saber: 1o. Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y 2o. Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Ahora bien, el acuerdo que niega la nulificación de la orden de baja del quejoso, no surte el primer elemento, ya que no se dictó dentro del procedimiento en que se emitió esa orden, y, por lo mismo, no es una consecuencia natural y legal de ésta." Asimismo, es ilustrativa la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217-228, Primera Parte, página nueve, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." Con la finalidad de justificar lo anterior se estima oportuno destacar los antecedentes del acto controvertido en este juicio de derechos fundamentales, los cuales se relatan a continuación: a) Mediante escrito presentado el cinco de febrero de dos mil quince, BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, demando en la vía especial hipotecaria al hoy quejoso Antonio Pastrana Sánchez, diversas prestaciones, el cual quedó registrado con el número 35/2015. b) El seis de febrero de dos mil quince, el Juzgado Noveno en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, admitió la demanda en la Especial Hipotecaria, ordenando emplazar y correr traslado a Antonio Pastrana Sánchez, para que compareciera a su contestación. c) Por auto de doce de mayo de dos mil quince, se tuvo por acusada la rebeldía y por perdido el derecho del demandado, al no haber dado contestación a la demanda incoada en su contra dentro del plazo concedido para ello; se ordenó que las subsecuentes notificaciones se le hicieran mediante boletín judicial y se citó a las partes para oír sentencia. d) El diecinueve de mayo de dos mil quince, se dictó sentencia definitiva, en el que se condenó al hoy quejoso al pago. e) El nueve de junio de dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia emitida en autos del juicio natural. f) El catorce de noviembre de dos mil dieciséis, tuvo verificativo el remate en primera almoneda y dada la incomparecencia del demandado, y previa solicitud del actor, se declaró fincado el remate en primera almoneda, poniendo los autos a la vista para la resolución de mérito. g) Mediante resolución de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del expediente de origen 35/2015, se aprobó el remate en primera almoneda y se adjudicó libre de todo gravamen a favor de la parte actora el inmueble materia del juicio natural; en esa misma resolución se requirió al demandado su comparecencia para la firma de la protocolización de las actuaciones judiciales, con el apercibimiento que de no hacerlo lo haría el Juez de origen en su rebeldía. h) El uno de diciembre de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la resolución de aprobación del remate en primera almoneda, elevándose a categoría de cosa juzgada. i) Por auto de catorce de febrero de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de origen, se ordenó remitir los autos a la Notaría a efecto de proceder a tirar la escritura a favor de la actora, en la inteligencia que el titular firmaría en rebeldía de la demandada. j) El cinco de abril de dos mil diecisiete, el quejoso presentó escrito ante la responsable, por medio del cual solicita se le tenga por acogido al beneficio previsto en el numeral 754 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos. k) Por auto de siete de abril siguiente, la responsable ordena reservar el presente proveído hasta en tanto se cuente con el expediente original, ya que el mismo había sido remitido a la notaría pública, para efectos de protocolizar la escritura respectiva. l) Mediante auto de siete de enero de dos mil diecinueve, el Juez señalado como responsable tuvo por recibidos los autos del expediente principal 35/2015-2, donde el Notario Público número Dos de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, hizo del conocimiento de la formalización de la escritura 315,876, de tres de diciembre de dos mil dieciocho. m) Por escrito presentado el quince de enero de dos mil diecinueve, el hoy quejoso interpuso ante el juez de origen incidente de nulidad de actuaciones a partir de la protocolización de la escritura número 315,876, Volumen 12,316 de fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho, y actuaciones subsiguientes. n) El quince de enero de dos mil diecinueve, se admitió el incidente de nulidad planteado, ordenándose dar vista a la parte actora para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a su derecho conviniera; vista que tuvo por desahogada la autoridad de origen por auto de veinticuatro de enero del presente año. o) El treinta de enero de dos mil diecinueve, se dictó resolución interlocutoria respecto del incidente de nulidad de actuaciones descrito en párrafos precedentes, en el que el Juzgado Noveno Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por Antonio Pastrana Sánchez, quedando susbsistentes las actuaciones que se pretendía nulificar. p) Por escrito presentado el ocho de febrero del año en curso, José Gregorio Viveros Castillo, abogado patrono de la parte demandada en el natural, interpuso recurso de queja, contra la interlocutoria de treinta de enero de la presente anualidad. q) El cinco de abril de dos mil diecinueve, la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, dictó resolución en el toca civil 135/19-16, formado con motivo del recurso de queja, interpuesto por la demandada dentro del juicio especial hipotecario 35/15, por la que confirmó la resolución interlocutoria de treinta de enero de dos mil diecinueve. r) Por auto de ocho de mayo de dos mil diecinueve, la autoridad señalada como responsable Juez Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, ordenó turnar los autos al Actuario de la adscripción para efectos de requerir al demandado aquí quejoso la desocupación del inmueble materia de los actos reclamados. El anterior oficio constituye el acto reclamado en el presente juicio de derechos fundamentales. Ahora, es inconcuso que el auto de resolución dictada el cinco de abril de dos mil diecinueve, dentro del toca civil 135/2019-16, que constituye el acto reclamado en el presente asunto, y que a su vez confirmó la interlocutoria de treinta de enero de dos mil diecinueve en el expediente 35/2015, es un acto derivado de otro consentido, particularmente del acuerdo de siete de abril de dos mil diecisiete. Se explica. El ahora quejoso, presentó un escrito el cinco de abril de dos mil diecisiete por medio del cual solicita se lleve a cabo el procedimiento estipulado en el artículo 754 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, mismo que es del tenor siguiente: "Artículo 754. Pago por el deudor hasta antes de otorgada la escritura de adjudicación. Hasta antes de otorgada la escritura de adjudicación podrá el deudor librar sus bienes pagando principal y costas, y además, los gastos de la almoneda. Después de otorgada la escritura, la venta será irrevocable." Del precepto anterior, es dable colegir que el deudor podrá optar por librar el bien materia de la adjudicación, al pagar la condena principal, cosas y demás gastos generados con motivo de la almoneda, es decir, inherentes a la propia ejecución, que por dicho motivo ya no se llevaría a cabo, pero que si le pudiesen haber generado erogaciones a la parte ejecutante. No obstante, dicha figura está supeditada a que no se hubiese otorgado le escritura respectiva, pues de ser así, la venta será irrevocable. Ahora bien, en el caso en estudio, el quejoso solicitó se le tuviera por acogido al procedimiento previsto en el numeral 754 de la legislación adjetiva, a través del escrito presentado el cinco de abril de dos mil diecisiete, mismo que le recayó un acuerdo de siete de abril de ese mismo año, en el sentido siguiente: "Cuernavaca, Morelos; a siete de abril del año dos mil diecisiete. Se da cuenta con el escrito registrado ante la Oficialía de Partes de este Juzgado con el número 2986, suscrito por ANTONIO PASTRANA SÁNCHEZ, visto su contenido, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la petición del promovente, se ordena reservar el presente proveído, hasta en tanto se cuente con el expediente original, toda vez, que en el mismo fue remitido en fecha dos de marzo del presente año, a la Notario (sic) Público Número Dos de la Primera Demarcación Notarial en el Estado.- Lo anterior con fundamento en los artículos 10. 80, y 90 del ordenamiento legal antes invocado." De la anterior transcripción se advierte que si bien es cierto, el Juez de origen se reservó proveer su solicitud, lo cierto es que en esencia le negó la petición en ese momento procesal, pues el hecho de reservarse hasta en tanto se contara con el expediente original, implicaba que éste ya hubiese sido devuelto de la Notaría Pública respectiva, con motivo de haberse cumplido el objetivo de dicha remisión, esto es, elevar a escritura pública la adjudicación decretada en autos del juicio especial hipotecario 35/2015, lo cual tornaba consumado de manera irreparable dicha negativa tácita, pues al haberse otorgado la escritura, tal acto jurídico devenía irrevocable. Por lo tanto, el quejoso debió combatir por los medios legales conducentes (ordinarios y extraordinarios) dicho proveído, toda vez que si bien es cierto, en la etapa de ejecución de sentencia, no todas las resoluciones pueden ser combatidas vía ampara indirecto, lo cierto es que en la especie se desprende que dicho auto tenía autonomía propia y no tenía como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, sino todo lo contrario, es decir, liquidar la condena tanto en lo principal como accesoria decretada, y así poder liberar el bien materia de adjudicación, lo cual debía realizarse con anterioridad a la escrituración respectiva, pues se reitera, que una vez acaecida ésta, el legislador contempló que para otorgar seguridad jurídica a las partes, la misma devendría irrevocable para el caso de pretender llevar a cabo el procedimiento establecido en el artículo 754 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Morelos. En ese orden, si una vez consentido el acto la autoridad jurisdiccional posteriormente impugna otro que sea una consecuencia directa y necesaria del primero, sin que existan pretensiones por vicios propios (como acontece en la especie, al resolver el incidente de nulidad de escritura pública y posteriori recurso de queja en contra de dicha determinación), entonces el juicio de amparo se torna improcedente, en tanto que atiende a una cuestión lógica de respeto a la secuencia procesal, ya que es imposible abordar aspectos que tienen una vinculación estrecha con los que le dieron origen, partiendo siempre de la base de que el acto consentido no es solamente la fuente del derivado, sino el eje principal de la decisión en la emisión del ulterior que es el que se reclama y en relación sobre el que recae la citada causal de improcedencia. Sin que pase desapercibido para este órgano de control constitucional los diversos criterios emitidos por el Máximo Tribunal de la Nación, respecto a las determinaciones que pueden ser materia de análisis constitucional en la vía indirecta; no obstante, en el presente caso, la resolución interlocutoria mediante la cual aprobó el remate en primera almoneda, se ordenó adjudicar el bien inmueble hipotecado y se requirió al demandado su comparecencia para la firma de la protocolización de las actuaciones judiciales, fue con anterioridad a la presentación del escrito de cinco de abril de dos mil diecisiete, y por ende, no existía la violación que en este juicio pretende recurrir. Razón por la cual se robustece la premisa de que el auto de siete de abril de dos mil diecisiete, al guardar autonomía propia y no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, podía haber sido impugnado (una vez agotado el principio de definitividad en caso de así ser procedente) a través del juicio biinstancial, sin que fuese dable aguardar a que se efectuara la escritura pública respectiva y posteriormente reclamar su nulidad, ya que el artículo 754 de la legislación adjetiva aplicable, es claro al señalar que la escrituración será irrevocable, en caso de que el demandado quisiera optar por librar sus bienes pagando la condena impuesta. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia contemplada por los numerales 61, fracción XXIII, y 217 de la Ley de Amparo lo que procede es sobreseer en el presente juicio de derechos fundamentales, en términos del precepto 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Máxime que de acuerdo a los propios argumentos ya plasmados, se desprende que el acto reclamado fue consumado de manera irreparable, puesto que se reitera que el propio numeral 754 del Código Procesal Civil establece la prohibición de llevar a cabo el procedimiento previsto en dicho artículo para el caso de que ya se hubiera llevado a cabo la escrituración respectiva. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy veintiuno de julio de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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