Raul Villalba Cruz

Expediente 1340/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1340/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
26/05/2022

Partes del expediente

  • Raul Villalba Cruz
  • Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Morelos

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Cabe señalar que no se formó cuaderno del incidente de suspensión en el juicio en que se actúa. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como el auto por el cual se ordenó dar vista a las partes con el cumplimiento por parte de la autoridad responsable y con el escrito signado por Isaías Ricardo Navarrete Barrientos, autorizada de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista ordenada en autos; por lo anterior, antes para proveer sobre el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se acuerda lo siguiente: Atendiendo al estado que guardan los autos y las manifestaciones que vierte la parte quejosa, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a Iván Hernández Flores, Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que, en el término de tres días, contados a partir del momento en que queda legalmente notificada del presente proveído, dé cumplimiento a la siguiente: Informe y acredite con las constancias idóneas haber notificado a las partes el auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, en el expediente laboral 02/28/14. Así también indique el estado procesal que guarda dicho juicio laboral. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. No obstante a lo anterior, dígase a la parte quejosa que las manifestaciones que vierte en su escrito de cuenta tiene que presentarlas ante la junta competente, toda vez que es la rectora del juicio natural de donde emana el acto reclamado, ya que en el estado en que se encuentra, este órgano jurisdiccional carece jurisdicción para proveer lo conducente en dicho juicio, por ello debe de atender a la vista que le formuló dicha Junta a las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Al haber transcurrido el término concedido a la parte TERCERA INTERESADA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído y/o resolución en cuestión; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: SENTENCIA DE FECHA DIECIOCHOH DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciocho de febrero de dos mil veinte, ante la autoridad responsable, Roberto Carlos Cruz Sánchez, promovió juicio de amparo directo, en contra de la autoridad señalada como responsable, y en la cual señaló como acto reclamado, la resolución de veintitrés de enero de dos mil veinte, dictada dentro del toca civil 802/2019-18, formado con motivo de la controversia familiar 631/2018-1. SEGUNDO. De dicho juicio correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, quien por acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veinte, dictado dentro de los autos del expediente 173/2020, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo, al establecer que en contra de la resolución reclamada, no era procedente la vía directa. TERCERO. Con motivo de lo anterior, el dos de marzo de dos mil veinte, se recibió la demanda de amparo, este Juzgado radicó el asunto con el número de expediente 284/2020, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la Sala responsable: La resolución de veintitrés de enero de dos mil veinte, dictada en los autos del toca civil 802/2019-18-17, por medio del cual ordena la reposición del procedimiento en la controversia del orden familiar 631/2018-1. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Magistrada Presidenta de la Tercera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado; lo que se corrobora con diversas constancias que acompañó; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61, de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de estudio oficioso, de conformidad con el numeral 62 del citado cuerpo normativo. QUINTO. Estudio del asunto. El quejoso expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2 J 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." En parte de su primer concepto de violación, adminiculado con los diversos que intitula como "violaciones a las leyes del procedimiento", sostiene el quejoso que la Sala responsable fue omisa en dar contestación a los agravios formulados, mientras que en diversa parte de su demanda de amparo, refiere diversas violaciones procesales que a su consideración se generaron durante la substanciación del juicio de origen. Lo anterior, atendiendo a la causa de pedir, resulta fundado y suficiente para conceder la protección de la justicia federal solicitada, pues el motivo de disenso relativo a que la resolución impugnada transgrede los principios de congruencia y exhaustividad. Bajo ese contexto, previo a demostrar la aseveración que antecede, es pertinente precisar el contenido del segundo párrafo del referido artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: "Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." La porción normativa transcrita regula el derecho humano de acceso a la justicia, también denominado "tutela jurisdiccional", que consiste en el derecho público subjetivo que tiene toda persona para exponer una pretensión o a defenderse de ella, ante tribunales independientes e imparciales, quienes de manera expedita, dentro de los términos y plazos que fijan las leyes, seguirán un proceso en el que se resuelva sobre dicha exigencia o defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia 1 J 42/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que dice: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." En ese contexto, es necesario indicar que el derecho humano en comento está conformado por varios principios que deben ser observados por las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, como en el caso lo es la Sala del Tercer circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. De esta manera, los aludidos principios son: Justicia pronta, que consiste en la obligación de las autoridades de resolver las cuestiones sometidas a su potestad dentro de los plazos y términos que fijan las leyes. Completa, relativo a que se emita una determinación sobre los puntos debatidos, en la que se aplique la ley al caso concreto y se puntualice si les asiste la razón o no. Imparcial, inherente a que la resolución que se dicte debe estar apegada a derecho y sin favoritismo sobre alguna de las partes. Gratuita, estriba en que los funcionarios encargados de impartir justicia no cobrarán emolumento alguno por dicho servicio. Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia 2/J 192/2007 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Bajo esa perspectiva, conforme al principio de justicia completa previsto en el aludido artículo 17 de la Constitución Federal, toda resolución judicial debe cumplir con los subprincipios de congruencia y exhaustividad. De esta manera, por el segundo de los mencionados, debe entenderse la obligación del juzgador de atender todas las pretensiones, excepciones o agravios, en el caso de los recursos, que hagan valer las partes, esto es, resolver todos los puntos que le son sometidos a su conocimiento sin dejar ninguno pendiente de solucionar. Por otro lado, la congruencia en una resolución judicial se subdivide en dos aspectos: El primero de ellos, denominado interno, implica que la sentencia no contenga afirmaciones o resoluciones contradictorias entre sí. El aspecto externo, estriba en que la sentencia debe ser emitida en concordancia con la litis planteada por las partes, sin omitir ni añadir cuestiones que no hicieron valer aquéllas. Tiene aplicación la Jurisprudencia I 1 A J/9 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el epígrafe y texto que a continuación se transcriben: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos." Asimismo, es aplicable el criterio aislado XXI 2 12 K sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, la cual es del rubro y texto siguientes: SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA. El principio de congruencia que debe regir en toda sentencia estriba en que ésta debe dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, y en que no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo, la interna. En la especie, la incongruencia reclamada corresponde a la llamada interna, puesto que se señalan concretamente las partes de la sentencia de segunda instancia que se estiman contradictorias entre sí, afirmándose que mientras en una parte se tuvo por no acreditada la personalidad del demandado y, por consiguiente, se declararon insubsistentes todas las promociones presentadas en el procedimiento por dicha parte, en otro aspecto de la propia sentencia se analiza y concede valor probatorio a pruebas que específicamente fueron ofrecidas y, por ende, presentadas por dicha persona; luego, esto constituye una infracción al principio de congruencia que debe regir en toda sentencia. Por otro lado, para cumplir con el principio de justicia completa que regula el artículo 17 constitucional, debe atenderse a lo dispuesto en los artículos 569, 582 y 586 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, que disponen: "ARTÍCULO 569.- OBJETO DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el Tribunal Superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia en los puntos relativos a los agravios expresados". "ARTÍCULO 582.- EXPRESIÓN DE AGRAVIOS. Dentro de los diez días siguientes al auto de admisión de la apelación, ya sea en el efecto devolutivo o en el suspensivo, la parte apelante tendrá obligación de ocurrir ante la sala a quien corresponda conocer del recurso, formulando por escrito la expresión de los agravios que en su concepto le cause la resolución apelada. Igual obligación corresponderá al apelante adhesivo. El escrito de expresión de agravios deberá contener una relación clara y precisa de los puntos de la resolución recurrida, que en concepto del apelante le causen agravio, y las leyes, interpretación jurídica y principios generales de derecho que considere que han sido violados por aplicación inexacta o por falta de aplicación. Igualmente será motivo de agravio el hecho de que la sentencia haya dejado de estudiar algunos puntos litigiosos o pruebas rendidas y no sea congruente con la demanda y la contestación y las demás cuestiones debatidas en el juicio. Si hubiere apelación preventiva deberán también expresarse los agravios que correspondan a la resolución apelada preventivamente, e igual regla se seguirá cuando exista otra apelación por resolución diversa que se haya dejado para decidirse junto con la apelación de la sentencia definitiva, en los casos autorizados por la ley. En el escrito de expresión de agravios deberá además, indicarse si la parte apelante desea ofrecer pruebas, con expresión de los puntos sobre que deberá versar, que nunca serán extraños a la cuestión debatida." "ARTÍCULO 586.- SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA. La sentencia de segunda instancia se sujetará a lo siguiente: I. Se limitará a estudiar y decidir sobre los agravios que haya expresado el apelante, sin que pueda resolver sobre cuestiones que no fueron materia de éstos o consentidos expresamente por las partes, a menos de que se trate de revisión forzosa o cuestiones que afecten los intereses de los menores o incapacitados;." De lo anterior, se desprende, que el recurso de apelación tiene por objeto resolver sobre la legalidad de la resolución impugnada a la luz de los agravios que formulen las partes, esto es, verificara si en la primera instancia se aplicó correctamente la legislación o valoró adecuadamente las pruebas ofrecidas por las partes, pero siempre bajo el límite de los motivos de disenso que formulen las partes. Sin embargo, el propio legislador estableció como una excepción a dicho principio, cuando se traten cuestiones que afecten los intereses de los menores o incapacitados. Es decir, contrario a lo establecido por el quejoso, la Sala responsable, no solo estaba facultada, sino constreñida a analizar de manera completa las actuaciones acaecidas en primera instancia, para así estar en aptitud de corroborar que no se hubiesen violentado los derechos del menor involucrado, y en su defecto ordenar la reparación de éstos, como en el caso, ordenando la reposición de procedimiento para que la Juez de origen se allegara de diversos medios de convicción y contara con mayores elementos para resolver los puntos sometidos a su jurisdicción. No obstante ello, del escrito de expresión de agravios signado por el quejoso, se desprende la formulación de diversos motivos de disenso relacionados con la substanciación del juicio en primera instancia, esto es, lo que se denomina como violaciones procesales, mismas que no fueron atendidas en el acto reclamado. Bajo ese contexto, la falta de exhaustividad destacada en las líneas anteriores, estriba en que la Sala responsable no atendió en los agravios formulados por el recurrente encaminados a sostener diversas violaciones procesales que a su consideración se dieron durante la sustanciación del juicio de origen. Esto es así, pues en realidad únicamente se concretó a analizar las violaciones procesales que a su consideración dejaron sin defensa los intereses del menor, pero no se ocupó de aquellas planteadas por el quejoso como motivo de agravio, lo cual evidentemente deja en estado de indefensión a la parte recurrente, sin que además quien ahora resuelve pueda sustituirse en la responsable para dar contestación a los mismos. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía al presente asunto, la jurisprudencia XXI 1 J/2, con registro digital 203126, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que establece: "AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. SU FALTA DE ESTUDIO ES VIOLATORIA DE GARANTÍAS Y HACE INNECESARIO RESOLVER ACERCA DE LOS DEMÁS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Si el fallo combatido es omiso en el estudio de los agravios formulados al respecto, y nada se dice para declararlos infundados o inoperantes, se advierte una franca violación al artículo 364 del Código Federal de Procedimientos Penales, en su primera parte, en la que establece que la segunda instancia se abrirá a petición de parte legítima para resolver sobre los agravios que estima el apelante le cause la resolución recurrida. Ahora bien, si conforme al artículo ya citado y lo dispuesto además por el diverso 363, el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine si en la sentencia recurrida se aplicó inexactamente la ley, si se violaron los principios que regulan la valoración de las pruebas o si se alteraron los hechos, es obvio que el fallo de segunda instancia tiene que abordar el estudio completo de los agravios hechos valer por el apelante, pues constituyen éstos la materia de la alzada, no siendo legalmente suficiente con que el fallo del ad quem exprese que la resolución de primer grado debe confirmarse, sin que antes funde y motive el desechamiento de los aspectos y problemas jurídicos planteados en los agravios, con mayor razón si en el pliego respectivo el apelante pretende desincorporarse del tipo delictuoso en que fue comprendido, asegurando, que éste fue mal clasificado atenta su conducta delictuosa, si es que la hubo. Por estas razones, se estima que la sentencia así dictada es violatoria de garantías contra el quejoso y, sin que sea necesario el estudio de los demás conceptos de violación, procede que se le conceda el amparo a aquél, para el efecto de que el tribunal responsable deje insubsistente su fallo y dicte uno nuevo, previo el estudio de todos los agravios hechos valer en la apelación, resolviendo en consecuencia lo que estime legalmente procedente." Asimismo, el criterio aislado III 2 C 36 K emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, cuyo rubro y texto son: "CONGRUENCIA EXTERNA Y EXHAUSTIVIDAD. EL TRIBUNAL RESPONSABLE INCURRE EN INFRACCIÓN A DICHOS PRINCIPIOS, SI AL RESOLVER LA APELACIÓN PRINCIPAL, NO SE PRONUNCIA SOBRE LA ANUNCIADA COMO ADHESIVA, Y EN EL JUICIO DE AMPARO HAY EVIDENCIA DE QUE EL ESCRITO RESPECTIVO FUE PRESENTADO CON ANTERIORIDAD A QUE EL JUEZ DE ORIGEN REMITIERA LOS AUTOS A LA ALZADA. En atención a los principios de congruencia y exhaustividad que rigen a las resoluciones judiciales, la autoridad jurisdiccional está obligada a resolver cualquier controversia, ya sea definitiva o interlocutoria, en concordancia y respuesta de todos y cada uno de los planteamientos materia del debate que las partes hagan valer para sostener sus derechos, sin incurrir en contradicciones por cuanto ve a las declaraciones, consideraciones y afirmaciones en ella expresados, sin omitir el análisis de alguno por lo que, deberá tomar en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en la contestación y demás pretensiones hechas valer en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado. Por tal motivo, tratándose de una sentencia de segunda instancia que dirima la apelación interpuesta contra la sentencia definitiva de primer grado, el tribunal ad quem debe analizar y responder la totalidad de planteamientos de las partes; de manera que, si juntamente con la apelación principal se promueve apelación adhesiva, deberá analizar tal recurso, ya sea que lo desestime o haga suyos los argumentos ahí contenidos, para lo cual, necesariamente debe pronunciarse con antelación si admitió o no el recurso. En el anterior contexto, aun cuando en las actuaciones que integran la alzada no exista evidencia de que la quejosa hubiese planteado apelación -adhesiva o principal-, o escrito alguno con posterioridad al de apelación presentado por su contraparte, si en el trámite del juicio de garantías, para acreditar su dicho, allega documentales que contienen sellos oficiales y sendas razones de recibo que justifica su presentación ante la Oficialía de Partes Común del Consejo General del Poder Judicial del Estado, es evidente que tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Luego, si de tales escritos se advierte, que fueron presentados con fecha anterior a que el Juez natural remitiera los autos al tribunal de alzada para la sustanciación del recurso de apelación principal, la omisión injustificada del Juez primario impidió a la Sala responsable pronunciarse sobre la procedencia de la apelación adhesiva lo que trascendió a la sentencia definitiva y en ese orden, debe concederse el amparo por violación a los principios de congruencia y exhaustividad para que la responsable en primer término, se pronuncie en cuanto a la admisión o desechamiento del recurso de apelación y en caso de admitirlo, efectuar el examen de todas las cuestiones controvertidas." No pasa desapercibido para quien ahora resuelve, que la sentencia reclamada se centró en analizar distintas violaciones procesales en perjuicio del menor involucrado, lo cual evidentemente no podrá variar con motivo del cumplimiento a la presente ejecutoria de amparo; sin embargo, la Sala responsable, ponderando el principio de acceso efectivo a la justicia, y que ésta sea pronta y expedita, sí estaba constreñida a analizar los agravios sobre violaciones procesales esgrimidos por Roberto Carlos Cruz Sánchez, o en su defecto justificar sobre su falta de análisis, aduciendo que dichas cuestiones procesales pudieran llegar a cambiar, de acuerdo a lo resultante con motivo de la reposición ordenada al suplir la deficiencia de la queja en beneficio del menor. Situación esta última que en caso de considerarlo así, se debe exponer de manera fundada y motivada. Esto es, la Sala responsable podía analizar los agravios sobre cuestiones procesales reclamadas por el quejoso, o señalar que no serían materia de estudio por que tales situaciones pudieran variar de acuerdo a los efectos de la reposición, pero de ser este el caso, justificar con argumentos de hecho y de derecho tal falta de estudio Por tanto, si en la resolución reclamada, la Sala responsable estimó ordenó la reposición del procedimiento sin analizar los agravios formulados sobre cuestiones procesales del juicio de origen, dejando de observar lo ordenado en el precitado artículo 17 de la Constitución Federal, es inconcuso, que actuó en forma incorrecta infringiendo en perjuicio de la parte solicitante de amparo, el derecho fundamental de acceso a la justicia de manera completa. Por consiguiente, dado que la concurrencia de los vicios anotados aquéllos trae como lógica consecuencia que se constriña a la autoridad responsable a emitir un nuevo fallo en el que analice la agravios hechos valer por el quejosa, relacionados con las violaciones procesales que refiere se suscitaron en su perjuicio en primera instancia, o justificar de manera fundada y motivada el por qué no era dable tal situación, para que esté en aptitud de conocer los motivos que condujeron a aquélla a dictar la resolución en el sentido en el que lo hizo y defender sus derechos fundamentales que le asisten, es innecesario atender a las cuestiones de fondo alegadas. Sustenta lo anterior, el criterio I 6 C 3 K (10) emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA SU VIOLACIÓN. La violación al principio de congruencia, en términos generales, da lugar a conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la responsable deje insubsistente la sentencia o resolución que constituyan el o los actos reclamados, y se dicten las nuevas resoluciones o sentencias correspondientes, en las que se repare la violación en que haya incurrido la autoridad responsable de que se trate; empero, la restitución se constriñe a realizar el estudio que, en su caso, se hubiera omitido y no así, a resolver la controversia, necesariamente, en un determinado sentido, toda vez que en ese aspecto la autoridad responsable goza de plenitud de jurisdicción y arbitrio judicial. En consecuencia, lo procedente es conceder a Roberto Carlos Cruz Sánchez, el amparo y protección de la justicia de la Unión solicitado contra el acto reclamado consistente en la resolución emitida el veintitrés de enero de dos mil veinte, dictada en los autos del toca civil 802/2019-18-17, para los efectos siguientes: Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deje insubsistente la determinación reclamada En su lugar, dicte una nueva resolución en la que, dejando intocada la parte relativa a la reposición del procedimiento relacionada con el menor, con plenitud de jurisdicción, pero purgando los vicios formales precisados que afectaban la anterior determinación, se pronuncie respecto a los agravios formulados por el recurrente Roberto Carlos Cruz Sánchez encaminados a aducir violaciones procesales en el sumario de origen y resuelva lo que en derecho corresponda. Finalmente, al ser fundado el concepto de violación en cita, resulta innecesario el estudio de los restantes motivos de inconformidad, en atención a que no podría variar el sentido del presente fallo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 683, sustentada por el Segundo Tribunal del Sexto Circuito, que dice: "CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMÁS. Cuando el amparo se va a conceder al considerarse fundado uno de los conceptos de violación, lo que va a traer como consecuencia que quede sin efecto la resolución que constituye el acto reclamado, es innecesario hacer el estudio de los demás conceptos de violación expresados por la quejosa y que tienden al fondo de la cuestión propuesta, porque los mismos serán objeto del estudio que realice la autoridad responsable al emitir el nuevo fallo en cumplimiento de la ejecutoria, ya que de hacerlo la potestad federal, se sustituiría a la responsable, siendo que dicho análisis corresponde a la misma al haber reasumido jurisdicción." También resulta aplicable la jurisprudencia 110 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN POR VICIOS DE FORMA DEL ACTO RECLAMADO. SU PROCEDENCIA EXCLUYE EL EXAMEN DE LOS QUE SE EXPRESEN POR FALTAS DE FONDO (AUDIENCIA, FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO EN CITA).Cuando se alegan en la demanda de amparo violaciones formales, como lo son las consistentes en que no se respetó la garantía de audiencia o en la falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, y tales conceptos de violación resultan fundados, no deben estudiarse las demás cuestiones de fondo que se propongan, porque las mismas serán objeto ya sea de la audiencia que se deberá otorgar al quejoso o, en su caso, del nuevo acto que emita la autoridad; a quien no se le puede impedir que lo dicte, purgando los vicios formales del anterior, aunque tampoco puede constreñírsele a reiterarlo." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a Roberto Carlos Cruz Sánchez, respecto del acto y autoridad precisados en la parte considerativa de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy dieciocho de junio de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por María Magdalena kabsch Vela, Presidenta de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual informa las gestiones que realiza para efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a María Magdalena kabsch Vela, Presidenta de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que en el término de tres días de cumplimiento a lo siguiente: Informe y acredite con las documentales idóneas si ya tuvo por legalmente desahogada la prueba pericial de medicina del trabajo a cargo del doctor Elías Aramburo Rodríguez, señalada en el expediente 512/15, de su índice, o en su caso informe las gestiones que se encuentra realizado para dar cumplimiento a la ejecutoría de amparo. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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