Raymunda Sopeña Estudillo
Expediente 544/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 29 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 544/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 17/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Raymunda Sopeña Estudillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase desapercibido el hecho de que no se cuenta con el acuse de recibo dirigido al Regidor de Asuntos de la Juventud, Protección Civil, Protección Ambiental, Desarrollo Sustentable y Desarrollo Económico del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, mediante el cual se le comunicó la sentencia dictada en los presentes autos, toda vez que dicha situación no es obstáculo para que la resolución cause estado en términos del artículo 87 fracción segunda de la Ley de Amparo; no obstante lo anterior, remítasele copia de la sentencia dictada en autos, para que este en posibilidades de dar cumplimiento a la misma. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que en caso de ser procedente se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que en su caso se hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Asimismo, cabe destacar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. De los anexos En mérito de lo ordenado en este auto, devuélvase a la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos los dos anexos que remitió como complemento de su informe justificado, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de abril de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial levantada en autos, en la cual el fedatario adscrito a éste Órgano Jurisdiccional, hace constar su imposibilidad legal para notificar la resolución de siete de abril de dos mil veintidós dictada en el juicio de amparo en el que se actúa, a la parte quejosa Raymundo Sopeña Estudillo; en consecuencia de lo anterior, y con fundamento en lo previsto por el artículo 29 de la Ley de Amparo, se ordena que la notificación a la parte quejosa de dicho auto, del presente proveído y las subsecuentes, se efectúen por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA LA RESOLUCIÓN DE FECHA SIETE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIDOS EN LA QUE SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Raymunda Sopeña Estudillo solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Presidente Municipal Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, Síndico del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, Regidor de Educación Cultura y Recreación, Relaciones Públicas y Comunicación Social: Igualdad y Equidad de Género del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, Regidor de Bienestar Social, Asuntos Indígenas, Ciencia, Tecnología e Innovación, Colonias y Poblados del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, Regidor de Coordinación de Organismos Descentralizados; Planificación y Desarrollo y Protección del Patrimonio Cultural del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, Regidor de Asuntos Migratorios, Turismo Derechos y Humanos, y Gobernación y Reglamentos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, Regidor de Asuntos de la Juventud, Protección Civil, Protección Ambiental, Desarrollo Sustentable y Desarrollo Económico del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, Ayuntamiento Municipal Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, Tesorero Municipal del Ayuntamiento Municipal de Puente de Ixtla, Morelos y Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Actos reclamados. ".Del Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del H. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos se reclama: a).- La omisión y/o abstención de ejecutar las medidas legales necesarias, procedentes y efectivas para hacer cumplir la sentencia definitiva de fecha ocho de mayo del año dos mil diecinueve, dictada por el Pleno del H. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos dentro del juicio de nulidad TJA/5ºS/162/2017. b).- La imposibilidad de hacer cumplir la sentencia definitiva de fecha ocho de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Pleno del H. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dentro del juicio de nulidad TJA/5ºS/162/2017; lo anterior al no contar con los medios legales eficaces para hacer cumplir sus determinaciones. c).- La transgresión de mis derechos humanos de tutela judicial efectiva y de ejecución de sentencia al omitir actuar de manera contundente y eficaz para hacer cumplir la sentencia definitiva de fecha ocho de mayo del año dos mil diecinueve, dictada por el Pleno del H. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dentro del juicio de nulidad TJA/5ºS/162/2017. d).- La omisión de actuar en términos de los establecido en los artículos 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, retardando las actuaciones procesales, prolongando de manera injustificada el proceso de ejecución de la sentencia. e).- Derivado de las omisiones antes precisadas, se reclama de la autoridad responsable la renuncia tácita a sus facultades de jurisdicción e imperio para hacer cumplir sus resoluciones en términos de lo dispuesto por el artículo 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 109-bis de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Morelos y 1, 3, 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa vigente en el Estado de Morelos. f).- El retardo injustificado de las actuaciones procesales. g) La imposición de requisitos gravosos y dilatorios para la emisión de los requerimiento tendientes al cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en autos del juicio de nulidad TJA/5ºS/162/2017, que hacen nugatoria mi garantía de acceso a la impartición de justicia. h).- La omisión de verificar de manera puntual y fehaciente la imposición de los medios de apremio que la misma autoridad impone, concretamente de las multas cuya aplicación se deriva de la rebeldía de los miembros del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos de cumplir la sentencia definitiva dictada en autos del juicio de nulidad TJA/5ºS/162/2017, transgrediendo con su actuar, mi derecho humano de ejecución de sentencia. .de las autoridades municipales .La negativa, abstención y omisión de dar debido e íntegro cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha veinte de marzo del año dos mil dieciocho, dictada por el Pleno del H. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos dentro del juicio de nulidad TJA/5ºS/162/2017, radicado en la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del H. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Omisiones que transgreden las obligaciones establecidas en el artículo 123 aparatado B fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 1º, 38 fracción VII y LXIV y 41 fracciones XXXIV, XXXVII y XXXIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de Morelos..." SEGUNDO. El trece de agosto de dos mil veinte, esta autoridad desechó parcialmente y admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 544/2020, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Mediante escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil veinte, la parte quejosa, interpuso recurso de queja en contra del auto de trece de agosto de dos mil veinte, por el que se desechó parcialmente la demanda de mérito. CUARTO. Mediante oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal Administrativa del Décimo Octavo Circuito, recibido el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, remitió testimonio de ejecutoria del recurso de queja 127/2021, en el que resolvió fundado el recurso de mérito. QUINTO. Por tanto, por auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda por cuanto hace a las autoridades municipales del ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, requirió a la responsable su informe justificado, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama: De las autoridades municipales precisadas: La omisión de dar cumplimiento a la sentencia definitiva de ocho de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de nulidad TJA/5ªS/162/2017, que condena a la demandada aquí responsable. Del Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos: La omisión de ejecutar las medidas legales necesarias, procedentes y efectivas para hacer cumplir la sentencia definitiva de fecha ocho de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos dentro del juicio de nulidad TJA/5ªS/162/2017. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Magistrado Presidente de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia del Estado de Morelos, negó la existencia del acto que se le reclama, aduciendo que al momento de presentarse la demanda de amparo no existía tal omisión en el juicio TJA/5aS/162/17, para acreditar su dicho allegó copia certificada del expediente aludido, la cual tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2. De las constancias remitidas por la responsable, así como de las manifestaciones vertidas en su informe justificado, mismas que no fueron desvirtuadas por el quejoso, se desprende que la Sala responsable ha dado continuidad y seguimiento a la etapa de ejecución, pues se han hecho efectivas diversas multas y por auto de trece de marzo de dos mil veinte, se tuvo a la parte demandada por exhibida su plantilla de liquidación, con la cual se le dio vista al quejoso (con antelación a la presentación de la demanda de amparo). Además de lo ya expuesto, la Sala responsable apercibió a las demandadas con imponérseles un arresto de seis horas (mismo que hizo efectivo) y que de continuar con la conducta omisiva, se procedería con su destitución. Por otra parte, mediante oficio TJA/5ªSERA/881/2021, la Sala responsable informó sobre las actuaciones más relevantes para efectos de lograr el cumplimiento de la sentencia dictada en autos, entre ellas, la publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, número 5963, de la resolución interlocutoria de fecha dieciséis de junio de dos mil veintiuno, dictada por el Pleno de Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos en el incidente no especificado de incumplimiento de sentencia ejecutoriada emitida el veinte de noviembre de dos mil dieciocho, en los autos del expediente TJA/2ªS/475/2016, el cual impuso la sanción de inhabilitación a diversas autoridades municipales. Máxime que en el caso, no puede pasar desapercibida la suspensión de labores con motivo de la contingencia por el virus Covid-19, que abarcó del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte, periodo en el cual no sería dable atribuir conducta omisiva a la autoridad responsable. Resulta aplicable la tesis de la Novena Época, Registro 196080, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Materia(s): Común, Administrativa, Tesis: 1a. XXIV/98, Página 53, que dice: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." De la tesis transcrita se desprende que para que se actualice la omisión que se reclama de una autoridad, es necesario que exista la obligación jurídica de actuar en la forma en que la quejosa indica, para lo cual, independientemente de lo afirmado por la impetrante y de lo manifestado por la propia autoridad, debe acudirse a las normas legales que regulan la actuación de ésta a fin de verificar si en realidad se encuentra constreñida a realizar determinada conducta, lo que en caso no sucede, pues como ha quedado expuesto, la responsable sí ha realizado las actuaciones tendentes a lograr el cumplimiento de la sentencia. Finalmente, debe indicarse que la quejosa no señaló de manera específica determinado acto u omisión por parte de la Sala responsable, es decir, se limita de manera genérica a reclamar la omisión de tomar las medidas legales necesarias y efectivas para hacer cumplir la sentencia definitiva. Por lo hasta aquí expuesto, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio por cuanto hace al acto reclamado al Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. CUARTO. Acto reclamado existente. Las autoridades municipales, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio TJA/5ªS/162/2017, lo que se corrobora con las constancias relativas al juicio de nulidad aludido, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Al respecto, es aplicable la tesis 226 Registro 394182, Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Causales de Improcedencia fundadas. Por ser las causales de improcedencia de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a analizar si se actualiza alguna. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Tal numeral establece como sigue: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Se expone tal aserto, ya que mediante oficio TJA/5ªSERA/176/2022, signado por el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, de fecha diez de febrero de dos mil veintidós, presentado el dieciséis del mismo mes y año, remitió copia certificada de diversas actuaciones realizadas dentro del expediente TJA/5ªS/162/2017, consistentes en el acta de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, mediante la cual se hizo constar la recepción del oficio signado por el Procurador Fiscal del Estado de Morelos, por el cual exhibe título de crédito denominado cheque número 0001699 que ampara la cantidad de $335,691.88 (TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 88/100 M.N.) a favor de la hoy quejosa Raymunda Sopeña Estudillo, documento que le fue entregado a través de José Francisco Torres Subpeña, en su carácter de apoderado legal; por lo que atendiendo a todo lo anterior, con base en la exhibición y comparecencia tanto del apoderado de la directa quejosa como su representante procesal Francisco Javier Salgado Guzman, se tuvo a las autoridades demandadas dando cabal cumplimiento a todas y cada una de las prestaciones condenadas en la sentencia definitiva en el expediente de donde emanan los actos reclamados en el presente juicio de amparo, ordenando el archivo correspondiente. Establecido lo anterior resulta evidente que, como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues la aquí quejosa reclama en la presente instancia constitucional la omisión de las autoridades señaladas como responsables de cumplir la sentencia definitiva de ocho de mayo de dos mil diecinueve, dentro del expediente de origen TJA/5ªS/162/2017, índice de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, sin embargo, con las actuaciones señaladas en el párrafo que antecede, la omisión reclamada quedó superada, de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener efectos al pronunciarse sobre su ejecución, por lo que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. Bajo esa tesitura, es evidente que en el presente caso, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que al momento de la presentación de la demanda de amparo, (once de agosto de dos mil veinte), las autoridades responsables no se habían pronunciado respecto al cumplimiento de la sentencia definitiva de ocho de mayo de dos mil diecinueve, respecto del expediente de origen TJA/5ªS/162/2017, índice de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Por tanto, si de manera posterior, se realizó dicho pronunciamiento y además las partes comparecieron para recibir en pago el cheque descrito en párrafos precedentes, y con eso se hizo constar el cabal cumplimiento de la multicitada sentencia y para dar conclusión a las pretensiones de la parte quejosa, es claro que los efectos del acto reclamado cesaron, y por tanto, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII - febrero de 1998, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, del referido ordenamiento legal. Sin que obste a todo lo anterior, que las constancias del oficio TJA/5ªSERA/176/2022, signado por el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, fueron recibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que fueron la base para el dictado de la presente determinación, lo cual constituye una facultad de quien ahora resuelve de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 25/2012 (10a.), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, página 1279, Décima Época, Materia Común, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy siete de abril de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Raymunda Sopeña Estudillo solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Presidente Municipal Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, Síndico del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, Regidor de Educación Cultura y Recreación, Relaciones Públicas y Comunicación Social: Igualdad y Equidad de Género del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, Regidor de Bienestar Social, Asuntos Indígenas, Ciencia, Tecnología e Innovación, Colonias y Poblados del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, Regidor de Coordinación de Organismos Descentralizados; Planificación y Desarrollo y Protección del Patrimonio Cultural del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, Regidor de Asuntos Migratorios, Turismo Derechos y Humanos, y Gobernación y Reglamentos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, Regidor de Asuntos de la Juventud, Protección Civil, Protección Ambiental, Desarrollo Sustentable y Desarrollo Económico del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, Ayuntamiento Municipal Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, Tesorero Municipal del Ayuntamiento Municipal de Puente de Ixtla, Morelos y Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Actos reclamados. ".Del Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del H. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos se reclama: a).- La omisión y/o abstención de ejecutar las medidas legales necesarias, procedentes y efectivas para hacer cumplir la sentencia definitiva de fecha ocho de mayo del año dos mil diecinueve, dictada por el Pleno del H. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos dentro del juicio de nulidad TJA/5ºS/162/2017. b).- La imposibilidad de hacer cumplir la sentencia definitiva de fecha ocho de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Pleno del H. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dentro del juicio de nulidad TJA/5ºS/162/2017; lo anterior al no contar con los medios legales eficaces para hacer cumplir sus determinaciones. c).- La transgresión de mis derechos humanos de tutela judicial efectiva y de ejecución de sentencia al omitir actuar de manera contundente y eficaz para hacer cumplir la sentencia definitiva de fecha ocho de mayo del año dos mil diecinueve, dictada por el Pleno del H. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dentro del juicio de nulidad TJA/5ºS/162/2017. d).- La omisión de actuar en términos de los establecido en los artículos 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, retardando las actuaciones procesales, prolongando de manera injustificada el proceso de ejecución de la sentencia. e).- Derivado de las omisiones antes precisadas, se reclama de la autoridad responsable la renuncia tácita a sus facultades de jurisdicción e imperio para hacer cumplir sus resoluciones en términos de lo dispuesto por el artículo 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 109-bis de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Morelos y 1, 3, 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa vigente en el Estado de Morelos. f).- El retardo injustificado de las actuaciones procesales. g) La imposición de requisitos gravosos y dilatorios para la emisión de los requerimiento tendientes al cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en autos del juicio de nulidad TJA/5ºS/162/2017, que hacen nugatoria mi garantía de acceso a la impartición de justicia. h).- La omisión de verificar de manera puntual y fehaciente la imposición de los medios de apremio que la misma autoridad impone, concretamente de las multas cuya aplicación se deriva de la rebeldía de los miembros del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos de cumplir la sentencia definitiva dictada en autos del juicio de nulidad TJA/5ºS/162/2017, transgrediendo con su actuar, mi derecho humano de ejecución de sentencia. .de las autoridades municipales .La negativa, abstención y omisión de dar debido e íntegro cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha veinte de marzo del año dos mil dieciocho, dictada por el Pleno del H. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos dentro del juicio de nulidad TJA/5ºS/162/2017, radicado en la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del H. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Omisiones que transgreden las obligaciones establecidas en el artículo 123 aparatado B fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 1º, 38 fracción VII y LXIV y 41 fracciones XXXIV, XXXVII y XXXIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de Morelos..." SEGUNDO. El trece de agosto de dos mil veinte, esta autoridad desechó parcialmente y admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 544/2020, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Mediante escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil veinte, la parte quejosa, interpuso recurso de queja en contra del auto de trece de agosto de dos mil veinte, por el que se desechó parcialmente la demanda de mérito. CUARTO. Mediante oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal Administrativa del Décimo Octavo Circuito, recibido el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, remitió testimonio de ejecutoria del recurso de queja 127/2021, en el que resolvió fundado el recurso de mérito. QUINTO. Por tanto, por auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda por cuanto hace a las autoridades municipales del ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, requirió a la responsable su informe justificado, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama: De las autoridades municipales precisadas: La omisión de dar cumplimiento a la sentencia definitiva de ocho de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de nulidad TJA/5ªS/162/2017, que condena a la demandada aquí responsable. Del Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos: La omisión de ejecutar las medidas legales necesarias, procedentes y efectivas para hacer cumplir la sentencia definitiva de fecha ocho de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos dentro del juicio de nulidad TJA/5ªS/162/2017. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Magistrado Presidente de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia del Estado de Morelos, negó la existencia del acto que se le reclama, aduciendo que al momento de presentarse la demanda de amparo no existía tal omisión en el juicio TJA/5aS/162/17, para acreditar su dicho allegó copia certificada del expediente aludido, la cual tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2. De las constancias remitidas por la responsable, así como de las manifestaciones vertidas en su informe justificado, mismas que no fueron desvirtuadas por el quejoso, se desprende que la Sala responsable ha dado continuidad y seguimiento a la etapa de ejecución, pues se han hecho efectivas diversas multas y por auto de trece de marzo de dos mil veinte, se tuvo a la parte demandada por exhibida su plantilla de liquidación, con la cual se le dio vista al quejoso (con antelación a la presentación de la demanda de amparo). Además de lo ya expuesto, la Sala responsable apercibió a las demandadas con imponérseles un arresto de seis horas (mismo que hizo efectivo) y que de continuar con la conducta omisiva, se procedería con su destitución. Por otra parte, mediante oficio TJA/5ªSERA/881/2021, la Sala responsable informó sobre las actuaciones más relevantes para efectos de lograr el cumplimiento de la sentencia dictada en autos, entre ellas, la publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, número 5963, de la resolución interlocutoria de fecha dieciséis de junio de dos mil veintiuno, dictada por el Pleno de Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos en el incidente no especificado de incumplimiento de sentencia ejecutoriada emitida el veinte de noviembre de dos mil dieciocho, en los autos del expediente TJA/2ªS/475/2016, el cual impuso la sanción de inhabilitación a diversas autoridades municipales. Máxime que en el caso, no puede pasar desapercibida la suspensión de labores con motivo de la contingencia por el virus Covid-19, que abarcó del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte, periodo en el cual no sería dable atribuir conducta omisiva a la autoridad responsable. Resulta aplicable la tesis de la Novena Época, Registro 196080, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Materia(s): Común, Administrativa, Tesis: 1a. XXIV/98, Página 53, que dice: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." De la tesis transcrita se desprende que para que se actualice la omisión que se reclama de una autoridad, es necesario que exista la obligación jurídica de actuar en la forma en que la quejosa indica, para lo cual, independientemente de lo afirmado por la impetrante y de lo manifestado por la propia autoridad, debe acudirse a las normas legales que regulan la actuación de ésta a fin de verificar si en realidad se encuentra constreñida a realizar determinada conducta, lo que en caso no sucede, pues como ha quedado expuesto, la responsable sí ha realizado las actuaciones tendentes a lograr el cumplimiento de la sentencia. Finalmente, debe indicarse que la quejosa no señaló de manera específica determinado acto u omisión por parte de la Sala responsable, es decir, se limita de manera genérica a reclamar la omisión de tomar las medidas legales necesarias y efectivas para hacer cumplir la sentencia definitiva. Por lo hasta aquí expuesto, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio por cuanto hace al acto reclamado al Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. CUARTO. Acto reclamado existente. Las autoridades municipales, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio TJA/5ªS/162/2017, lo que se corrobora con las constancias relativas al juicio de nulidad aludido, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Al respecto, es aplicable la tesis 226 Registro 394182, Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Causales de Improcedencia fundadas. Por ser las causales de improcedencia de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a analizar si se actualiza alguna. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Tal numeral establece como sigue: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Se expone tal aserto, ya que mediante oficio TJA/5ªSERA/176/2022, signado por el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, de fecha diez de febrero de dos mil veintidós, presentado el dieciséis del mismo mes y año, remitió copia certificada de diversas actuaciones realizadas dentro del expediente TJA/5ªS/162/2017, consistentes en el acta de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, mediante la cual se hizo constar la recepción del oficio signado por el Procurador Fiscal del Estado de Morelos, por el cual exhibe título de crédito denominado cheque número 0001699 que ampara la cantidad de $335,691.88 (TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 88/100 M.N.) a favor de la hoy quejosa Raymunda Sopeña Estudillo, documento que le fue entregado a través de José Francisco Torres Subpeña, en su carácter de apoderado legal; por lo que atendiendo a todo lo anterior, con base en la exhibición y comparecencia tanto del apoderado de la directa quejosa como su representante procesal Francisco Javier Salgado Guzman, se tuvo a las autoridades demandadas dando cabal cumplimiento a todas y cada una de las prestaciones condenadas en la sentencia definitiva en el expediente de donde emanan los actos reclamados en el presente juicio de amparo, ordenando el archivo correspondiente. Establecido lo anterior resulta evidente que, como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues la aquí quejosa reclama en la presente instancia constitucional la omisión de las autoridades señaladas como responsables de cumplir la sentencia definitiva de ocho de mayo de dos mil diecinueve, dentro del expediente de origen TJA/5ªS/162/2017, índice de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, sin embargo, con las actuaciones señaladas en el párrafo que antecede, la omisión reclamada quedó superada, de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener efectos al pronunciarse sobre su ejecución, por lo que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. Bajo esa tesitura, es evidente que en el presente caso, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que al momento de la presentación de la demanda de amparo, (once de agosto de dos mil veinte), las autoridades responsables no se habían pronunciado respecto al cumplimiento de la sentencia definitiva de ocho de mayo de dos mil diecinueve, respecto del expediente de origen TJA/5ªS/162/2017, índice de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Por tanto, si de manera posterior, se realizó dicho pronunciamiento y además las partes comparecieron para recibir en pago el cheque descrito en párrafos precedentes, y con eso se hizo constar el cabal cumplimiento de la multicitada sentencia y para dar conclusión a las pretensiones de la parte quejosa, es claro que los efectos del acto reclamado cesaron, y por tanto, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII - febrero de 1998, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, del referido ordenamiento legal. Sin que obste a todo lo anterior, que las constancias del oficio TJA/5ªSERA/176/2022, signado por el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, fueron recibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que fueron la base para el dictado de la presente determinación, lo cual constituye una facultad de quien ahora resuelve de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 25/2012 (10a.), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, página 1279, Décima Época, Materia Común, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy siete de abril de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de febrero de dos mil veintidós Agréguese a los autos el oficio enviado por el Magistrado titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual informa el estado procesal que guarda el juicio de nulidad de origen y remite diversas constancias para acreditar su dicho. Al respecto se tiene por hecha la comunicación anterior sin que pueda realizarse mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, en virtud de que el doce de enero de dos mil veintidós se celebró la audiencia constitucional de este juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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