Raymunda Sopeña Estudillo

Expediente 1209/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1209/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
22/11/2021

Partes del expediente

  • Raymunda Sopeña Estudillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, agréguense a los autos para que obren como corresponda, el oficio con anexo signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, por el que remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada dentro del recurso de queja 278/2021, en la que en su único punto resolutivo determinó: ".ÚNICO. Es infundado el recurso de queja.". Sin que haya lugar a acusar el recibo correspondiente, ello por el motivo que expone la autoridad oficiante. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de ser destruido, toda vez que se desechó la demanda, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, en términos del citado precepto 21, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe. CARLOS C. O.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial levantada en autos, en la cual el fedatario adscrito a éste Órgano Jurisdiccional, hace constar su imposibilidad legal para notificar la resolución de veintisiete de julio y el acuerdo de nueve de septiembre ambos del año actual, dictados en el juicio de amparo en el que se actúa, a la parte quejosa Javier Hernando Romero Ulloa; en consecuencia de lo anterior, y con fundamento en lo previsto por el artículo 29 de la Ley de Amparo, se ordena que la notificación a la parte quejosa de dichos acuerdos, del presente proveído y las subsecuentes, se efectúen por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime Cesar Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA LAS SIGUIENTES DETERMINACIONES: (RESOLUIÓN DE 27 DE JULIO DEL 2021) R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Javier Hernando Romero Ulloa solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Rubén Jasso Díaz y Rafael Jiménez Jiménez, en su calidad de Presidente y Secretario General de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos. Acto reclamado. ".el contenido del Oficio número RJD/JUNTA ADMON/2188/2020 de fecha tres de diciembre de dos mil veinte, en el cual niegan al suscrito el pago de mis salarios, aguinaldo, vacaciones y otras prestaciones mismas que se especificarán en el capítulo de hechos correspondiente." SEGUNDO. El veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 105/2021, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: El oficio RJD/JUNTA ADMON/2188/2020, por medio del cual se le informa lo resuelto en la sesión ordinaria de tres de diciembre de dos mil veinte, en la que se niega su petición para que le sean pagadas diversas prestaciones durante el tiempo que se dejó sin efectos su nombramiento. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las responsables, pues así se advierte del contenido de los informes justificados, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña a su informe justificado; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número 226, consultable en la página 153, del Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, del rubro y tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las invoquen o las advierta el órgano de control constitucional, cuyo estudio es preferente conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Se apoya lo anterior en la Jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553 del Tomo VI, Parte TCC, cuyos datos de identificación son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Causas de improcedencia fundadas. Este Juzgado de Distrito, estima en términos del artículo 5 fracción II de la Ley de Amparo, sólo podrá ser designado con el carácter autoridad la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trate de ejecutar la ley o acto reclamado. Ahora bien, el Secretario General de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado, carece de las facultades de decisión e imperio, pues sus funciones se limitan a autorizar y dar fe de las resoluciones que se tomen en el órgano administrativo en cuestión, de modo que no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio que se siga, en mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5 fracción II, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto de la citada autoridad y el acto que se le atribuye. Sobre el particular tiene aplicación por analogía, la tesis III.2o.C. J/21, con Registro digital: 180248, de rubro y texto siguientes: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Por disposición del artículo 27, fracción III (vigente hasta el 26 de julio de 1994, de contenido similar al artículo 112, fracción II, de la ley que entró en vigor el 2 de julio de 1997), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el secretario de Acuerdos de los Juzgados de lo Civil está facultado, entre otras cuestiones, para autorizar las diligencias y resoluciones que emita el titular, tarea ésta que de ninguna manera involucra de su parte, actos de decisión, pues solamente significa dar fe o confirmar que las determinaciones en que va puesta su firma fueron real y efectivamente pronunciadas por el funcionario de quien es subalterno. De lo anterior se desprende que el referido servidor público, al no estar investido de atributos decisorios en el desempeño de sus funciones, no puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio constitucional."Causas de improcedencia infundadas. Sostiene el Magistrado Rubén Jasso Díaz, en su calidad de Presidente de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, que el quejoso carece de interés jurídico para acudir al juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues sostiene que al declararse improcedente el pago de salarios, aguinaldo, vacaciones y demás prestaciones, sin que los hubiere devengado, fue atendiendo a las disposiciones legales arriba citadas, de ahí que tal determinación no le depare perjuicio al quejoso. Es infundada la causal invocada por la responsable, ya que del contenido de los argumentos relatados, se advierte que en realidad aduce cuestiones que involucran el fondo del asunto, razón por la cual no sea dable estudiarlas en el presente considerando. Además, tampoco le asiste la razón, al sostener que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues considera que al tratarse del pago de prestaciones burocráticas, el quejoso debió promover juicio ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Es infundada dicha causal de improcedencia, por las razones que se exponen a continuación. Entre el quejoso, en su calidad de Juez de Primera Instancia, y la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, no existe una relación laboral, con las características de subordinación, jornada y salario. Lo anterior, en razón de que los juzgadores no son trabajadores de ese órgano del Poder Judicial del Estado de Morelos, sino que integran un Poder del Estado, el Judicial, pues tienen la alta encomienda de impartir justicia en términos del artículo 17 Constitucional, con plena independencia para dictar y ejecutar sus fallos. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía de razón, la tesis aislada P. LV/2009, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada el diecinueve de octubre de dos mil nueve, que dice: "JUECES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. NO TIENEN ORDEN, DEPENDENCIA O SUMISIÓN CON EL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL, NI ENTRE ELLOS EXISTE UNA POSICIÓN SUBORDINADA O RELACIÓN DE MANDO O DOMINIO. Del artículo 64, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California se advierte que el Consejo de la Judicatura Local es un órgano auxiliar en las tareas administrativas del Poder Judicial de esa entidad, porque realiza las funciones de vigilancia, administración, supervisión y disciplina, de ahí que los Jueces no tienen orden, dependencia o sumisión con él, ni entre ellos existe una posición subordinada o relación de mando o dominio, en atención a que en cada ámbito llevan a cabo atribuciones diferenciadas, porque la función jurisdiccional corresponde ejercerla a los Jueces locales, conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, para el buen funcionamiento del Poder Judicial, los quehaceres administrativos se encomiendan al Consejo referido" Aunado a lo anterior, el artículo 73, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, establece que son obligaciones de los jueces de primera instancia proponer al personal que deba trabajar a sus órdenes, con sujeción a lo dispuesto sobre la materia en esta ley, y tomarle la protesta respectiva. De lo que se infiere que los jueces, como titulares de los órganos jurisdiccionales, no son trabajadores, antes bien, tal titularidad les permitiría subordinar a los demás servidores públicos adscritos a su juzgado, pero por las funciones que desempeñan relativas a la impartición de justicia no tienen subordinación respecto de persona alguna y la única sujeción a la que están constreñidos son a las disposiciones del derecho. Tal línea de pensamiento quedó plasmada en la tesis aislada P. XLIX/2009, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de la controversia constitucional 32/2007, aplicable por analogía de razón, que dice: "MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS. SON TITULARES DEL ÓRGANO QUE ENCABEZAN Y NO TRABAJADORES. Los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados son los órganos que realizan la función normativa propia de los Poderes Judiciales de cada entidad federativa y sus titulares son los Magistrados que los integran. Esa titularidad les permite subordinar, a través de las líneas de mando contenidas en la normatividad aplicable, al resto de los servidores públicos. En consecuencia, es claro que aquéllos no están subordinados al órgano, puesto que lo encabezan, ya que la subordinación en materia burocrática es una relación jurídica compuesta por una facultad jurídica del titular en virtud de la cual puede dictar los lineamientos, instrucciones u órdenes que juzgue convenientes para la obtención de los fines del órgano público, y una obligación igualmente jurídica del servidor público de cumplirlos al prestar sus servicios. Lo anterior supone que la subordinación puede predicarse respecto de todos los servidores públicos, con excepción de los titulares de los órganos. Por otra parte, de los titulares aludidos se exige la independencia judicial que implica que sus decisiones se basen exclusivamente en el derecho. De este modo, como la independencia judicial es lógicamente incompatible con la noción de subordinación, es posible afirmar que quienes ejercen la función jurisdiccional dentro del órgano que encabeza uno de los poderes públicos son funcionarios públicos sui géneris ya que, a diferencia del resto, ejercen su función sin más subordinación que la que se tiene ordinariamente ante el derecho, es decir, sin depender de alguna voluntad humana para llevar a cabo su función esencial. Otros elementos que contribuyen a la caracterización de este tipo de funcionarios son la forma de su designación, la duración en el cargo (inamovilidad judicial), la irreductibilidad salarial y los regímenes disciplinarios y de responsabilidad. Todos estos factores permiten afirmar que la naturaleza jurídica de la función que realizan los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados no permite que sean considerados como trabajadores o empleados". Además, sirve de sustento por el contenido que la informa, la jurisprudencia 2a./J. 14/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido literal siguiente: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ES IMPROCEDENTE LA VÍA LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN CUANDO LA DESTITUCIÓN, CESE O SUSPENSIÓN CONSTITUYE UNA SANCIÓN POR FALTAS ADMINISTRATIVAS. Es improcedente la vía laboral para demandar la reinstalación, o bien, la indemnización de ley por despido o suspensión injustificados, cuando este despido o suspensión constituyen una sanción impuesta al servidor público por faltas administrativas, en virtud de que en este supuesto no se está frente a un acto del patrón Estado que suspende o despide a un trabajador en los términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; estrictamente, no existe un acto de naturaleza laboral que genere un conflicto entre el trabajador y el patrón Estado, sino que se trata de la suspensión o destitución como sanción administrativa impuesta por el Estado por faltas de carácter administrativo conforme a lo previsto en el título cuarto de la Constitución denominado "De las Responsabilidades de los Servidores Públicos" y en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que reglamenta dicho título. Si bien las acciones de reinstalación y pago de salarios caídos persiguen finalidades esencialmente iguales, tanto en el ámbito asimilado al laboral que es propio de los burócratas, como en el ámbito administrativo que acaba de señalarse, no deben confundirse entre sí, porque reconocen génesis jurídicas diferentes, ya que la primera se halla fincada en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (en competencia federal), o en las leyes locales que rigen las relaciones entre los Estados y Municipios con sus servidores (en la esfera estatal), mientras que la segunda deriva de la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos o de las leyes locales respectivas. La distinción es fundamental y de gran trascendencia, porque reconociendo ambos regímenes normativos -el asimilado al laboral y el administrativo-, diferentes causales de suspensión y remoción, distintos procedimientos y diferentes defensas, las acciones a que dan lugar no pueden, válidamente, confundirse, porque no son optativas ni intercambiables, de tal manera que cada una sigue su propio curso. Por tanto, aunque a través de una acción laboral se demande la reinstalación, el pago de salarios caídos o aun la indemnización, alegando despido injustificado, si la suspensión o el cese constituyen una sanción administrativa, la vía laboral es improcedente porque no se trata de un acto laboral sino administrativo; tanto es así, que los tribunales del trabajo no podrían decidir sobre la procedencia de las prestaciones laborales exigidas, sin examinar y decidir sobre la legalidad de la sanción administrativa, lo cual queda fuera de su competencia material." (Énfasis añadido). En ese orden de ideas, si el ahora quejoso es Juez de Primera Instancia y como tal impartió justicia, no se colocó en un plano de subordinación o sumisión, frente a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, por lo que no existió relación laboral entre ambos. Ahora bien, no pasa inadvertida la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 28/2011, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL, MEDIANTE LA CUAL SON CESADOS O SEPARADOS DE SU CARGO, POR HABER INCURRIDO EN FALTAS DE ASISTENCIA INJUSTIFICADAS, ES DE NATURALEZA LABORAL. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los regímenes laboral y administrativo de los servidores públicos del Estado no deben confundirse entre sí, porque tienen génesis jurídicas diferentes, reconocen distintas causales de suspensión y remoción, e implementan disímiles procedimientos. En la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos se distinguen esos sistemas, a los que están sujetos los servidores públicos judiciales, conocidos como personal de la administración de justicia, entre los que se encuentran los secretarios de acuerdos, actuarios y empleados de oficinas administrativas; resultando aplicables supletoriamente, las Leyes del Servicio Civil y Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ambas del Estado de Morelos, respectivamente. Ahora bien, el examen comparativo de ambos regímenes jurídicos permite afirmar que las faltas de asistencia sin causa justificada, por determinado número de días en un periodo definido, en que incurra el personal de la administración de justicia del Tribunal Superior de Justicia, constituyen un hecho que se despliega en el ámbito laboral de la relación jurídica que une al servidor público con el Poder Judicial, al encontrarse vinculado a la obligación que tiene todo trabajador de prestar un trabajo personal y subordinado. Por tanto, la resolución del Consejo de la Judicatura Estatal, mediante la cual decreta el cese o separación de un servidor público, por haber incurrido en faltas de asistencia sin causa justificada, constituye un acto jurídico de naturaleza laboral; de donde se sigue que la vía para impugnarla es el juicio laboral ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje." Sin embargo, dicha tesis no es aplicable en el presente asunto, en razón de que, de su lectura se colige hace referencia a secretarios de acuerdos, actuarios y empleados de oficinas administrativas y no a los juzgadores. Así, al ser desestimado el argumento expuesto por la citada autoridad responsable y sin advertir la necesidad de analizar diversa causa de improcedencia, se procederá a examinar la constitucionalidad de los actos reclamados. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. El impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Previo al análisis de los conceptos de violación, procede hacer una breve reseña de los antecedentes del acto reclamado, mismos que se desprenden como hecho notorio, de las constancias que obran en el juicio de amparo 1870/2011, del índice de este Juzgado de Distrito: 1.- Se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el aludido juicio de amparo, en la que el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, mediante ejecutoria de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, modifica la sentencia recurrida y determinó sobreseer y conceder el amparo a la parte quejosa en cuyos puntos resolutivos determinó lo siguiente: ".PRIMERO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto 1870/2011 y sus acumulados del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 11, todos de la norma en cita, respecto de las autoridades señaladas como responsables Instituto Nacional de Ciencias Penales, Doctor Javier Jiménez Martínez y Centro de Asesoría y Formación en el Sistema Adversarial, sociedad civil, en términos del considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Miguel Ángel Bahena Santana, Fabián Gómez Peralta, Agustín Villalobos Salgado, Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, Arnaldo Sánchez Sandoval, Laura Gabriela Chang Marroquín y Roberto Soto Castor, en los términos considerados en la sentencia recurrida.". Para mayor conocimiento, se hace necesario precisar los efectos de la sentencia recurrida, los cuales en su mayor parte fue confirmado, por tanto, los efectos de la sentencia fueron los siguientes: ".procede conceder el amparo solicitado por Miguel Ángel Bahena Santana, Fabián Gómez Peralta, Agustín Villalobos Salgado, Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, Arnaldo Sánchez Sandoval, Laura Gabriela Chang Marroquín y Roberto Soto Castor, para el efecto de que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, en el ámbito de sus atribuciones, restituya a los aquí quejosos en el pleno goce de sus garantías violadas, de conformidad con el numeral 80 de la Ley de Amparo, para lo cual deberán realizar lo siguiente: A) En el ámbito de sus facultades, deje insubsistentes las circulares CJE/SG/65-11 y CJE/SG/69-11, única y exclusivamente por lo que respecta a los peticionarios de amparo, a fin de ceñirse al principio de relatividad de los fallos de amparo. B) En su lugar, con plenitud de facultades, dé a conocer a los quejosos las causas o motivos, así como los fundamentos que tuvo para su descalificación y no designación como jueces, respectivamente, en el concurso de oposición para designar a trece Jueces de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones con jurisdicción en el Estado y competencia en alguno de los distritos judiciales en materia penal, que según las circulares CJE/SG/65-11 y CJE/SG/69-11, están contenidos en los acuerdos de dieciséis de noviembre de dos mil once, y de doce de diciembre de dos mi once, continuado y concluido el catorce de ese mes y año. Amparo que se hace extensivo a las diversas autoridades que intervinieron en el concurso de oposición relativo." 2. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable mediante oficio JUR/ABA/0051/2020, remitió copia certificada del Acta de sesión extraordinaria de ocho de enero de dos mil veinte, de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, mediante la cual entre otras cuestiones se advierte, que deja sin efectos las circulares CJE/SG/65-11 y CJE/SG/69-11, y procede a resolver a su consideración sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 3. Por acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veinte, y con base en las constancias que remitió la autoridad responsable, este Juzgador determinó que la ejecutoria de amparo no había sido cabalmente cumplida, pues si bien, la autoridad responsable dejó sin efectos las circulares CJE/SG/65-11 y CJE/SG/69-11, mediante Acta de sesión extraordinaria de ocho de enero de dos mil veinte, la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, procedió a emitir una serie de consideraciones y, tabla de evaluación; sin embargo, no se desprendió una debida valoración como se determinó en la ejecutoria de amparo, tan es así, que determina pronunciarse sobre otras personas, lo cual no fue del alcance de la ejecutoria de amparo, por lo que se advierte que la autoridad responsable dejó de observar los lineamientos emitidos en la ejecutoria de amparo. 4. Mediante sesión extraordinaria de veintiocho de agosto de dos mil veinte, la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, en cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado Federal, dejó insubistente el acta de ocho de enero de dos mil veinte, y en lo que aquí interesa, adscribió al quejoso Javier Hernando Romero Ulloa, como Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones con jurisdicción en el Estado en materia Penal, en la Sede Judicial de Cuautla, Morelos. 5. Mediante escrito presentado el dos de diciembre de dos mil veinte, el quejoso Javier Hernando Romero Ulloa, solicitó a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, el pago de diversas prestaciones, entre ellas vacaciones y aguinaldo, al considerar que la interrupción de su labor jurisdiccional no fue atribuible a su persona. 6. A través del oficio RJD/JUNTA ADMON/2188/2020, por medio del cual se le informa lo resuelto en la sesión ordinaria de tres de diciembre de dos mil veinte, en la que se niega su petición para que le sean pagadas diversas prestaciones durante el tiempo que se dejó sin efectos su nombramiento. Determinación que corresponde al acto reclamado. Ahora bien, en dicho determinación, esencialmente la responsable argumenta que la designación del quejoso como Juez a partir del uno de enero de dos mil doce, fue con base en el acuerdo tomado por motivo de las evaluaciones practicadas en las distintas etapas de que constó el concurso de oposición convocado por las circular CJE/SG/26-11; acuerdo que contiene la circular CJE/SG/69-11. Sin embargo, sostuvo que la misma "se ordenó dejar sin efectos a través de la ejecutoria pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito". Además, refiere que el nombramiento del quejoso estaba vinculado al acuerdo en que se le designó, de acuerdo a los resultados obtenidos en el concurso de oposición convocado por cicrular CJE/SG/26-11, y que al haber sido impugnado a través del juicio de amparo 1870/2011 (del índice de este Juzgado), y al haberse concedido el amparo a los allá quejosos, tuvo como alcance dejar sin efectos el citado acuerdo, lo cual estima que no es imputable a dicha autoridad responsable. Es decir, estableció que la "consecuencia determinada en plenitud de jurisdicción por la anterior integración de este ente- en su sesión de ocho de enero de dos mil veinte- fue dejar sin efectos su nombramiento, por lo que ello no puede en modo alguno equipararse a un despido o destitución." Bajo esa línea de pensamiento, la responsable estimó que si el quejoso dejó de desempeñar su cargo durante el periodo mencionado EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA MULTICITADA, es inobjetable que no se afecta su esfera jurídica por no haberse devengado el pago que reclama (aguinaldo) durante el periodo que no fungió como juzgador. Finalmente, sostuvo que el origen de haber dejado sin efectos su nombramiento proviene del procedimiento de ejecución de un amparo, en donde su estabilidad en el encargo se encuentra bajo la determinación de la autoridad federal y no bajo la potestad de dicha autoridad, por lo que no puede tenerse la obligación de restituirle derechos durante el tiempo que dejó de laborar para el Poder Judicial del Estado de Morelos, si la determinación no fue por causa propia (de la responsable), sino de diversa autoridad. Ahora bien, una vez analizados los motivos de disenso, este órgano de control constitucional estima que los mismos devienen fundados y suficientes para otorgar la protección constitucional solicitada, atendiendo a la causa de pedir. Al respecto, se hace necesario traer a colación el contenido del artículo 14 constitucional, que establece: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho." Del precepto constitucional anteriormente reproducido, se obtiene que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Las formalidades esenciales en un procedimiento, consisten en otorgar al interesado, las oportunidades de defenderse y de probar lo que a su interés convenga. De modo que la sentencia que se dicte en un procedimiento de cualquier índole, en su carácter de acto jurídico público unitario, no puede adolecer de la falta de dichas formalidades. A su vez, el diverso numeral 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo." Del contenido del precepto constitucional trascrito, deriva que todo acto de autoridad que pretenda incidir válidamente en la esfera jurídica de un gobernado, debe reunir los siguientes requisitos: a) Ser emitido por autoridad competente; y, b) Que se encuentre debidamente fundamentado y motivado. Por cuanto hace a la fundamentación y motivación, indistintamente se deben reunir los extremos a exponer: I. Expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso (fundamentación); II. Señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto (motivación); y, III. Existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Así, para cumplir con el imperativo constitucional, la autoridad debe expresar con precisión los preceptos legales que apoyan la emisión del acto, las razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración y justificar la adecuación entre los motivos aducidos en el acto de autoridad y las normas aplicadas. La finalidad de dicho dispositivo constitucional estriba en no dejar al gobernado en estado de indefensión, en virtud de no conocer la disposición que faculta a la autoridad para emitir la resolución que le afecta y el carácter con que la emite, pues es evidente que ante su falta no se le daría oportunidad de examinar si la actuación de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo y si es conforme o no a la Constitución Federal o a la ley aplicable al caso concreto. Así, para estimar satisfecho el derecho constitucional a la debida fundamentación que consagra el artículo 16 constitucional (por lo que hace a la competencia del acto de molestia) es necesario que en el documento que se contenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora. En esa intelección, las resoluciones que emitan las autoridades que causen molestia a los gobernados deben cumplir con la garantía de legalidad contenida en el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Encuentra sustento la jurisprudencia 1a./J. 139/2005 aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, diciembre de 2005, visible en la página 162, registro 176546, cuyo rubro y texto dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandad o , resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". Debe señalarse que la falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. Así, se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos esenciales, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada inconsistencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.3o.C. J/47, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia(s): Común, página: 1964; de rubro siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR." En ese orden de ideas, de la lectura al acto reclamado, se advierte que la autoridad responsable parte de una premisa falta, lo que se traduce en una indebida motivación de la resolución emitida. Se explica. La Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, al emitir el acto reclamado, estableció que el acto reclamado no afecta el principio de estabilidad en el encargo, ya que la determinación emitida en sesión extraordinaria de ocho de enero de dos mil veinte, no obedeció a una potestad de esa autoridad, sino en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativas de este Circuito. Sin embargo, como ya ha quedado referenciado, esta autoridad estimó que en la sesión de ocho de enero de dos mil veinte, la autoridad responsable no dio debido cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo 1870/2011, e incluso del contenido íntegro de dicha determinación (veinticinco de febrero de dos mil veinte), se desprende que existió por una parte exceso en el cumplimiento de la sentencia y por otra defecto en la misma, y que no debió ocuparse de personas ajenas a los quejosos, como se advierte de la siguiente transcripción: "tan es así, que determina pronunciarse sobre otras personas, lo cual no fue del alcance de la ejecutoria de amparo, por lo que se advierte que la autoridad responsable dejó de observar los lineamientos emitidos en la ejecutoria de amparo." En ese tenor, se considera, que un acto de molestia emitido por autoridad competente se encuentra fundado cuando en él se citan con precisión los preceptos legales aplicables al caso, y para razonar que se encuentra motivado la autoridad debe exponer todas aquellas circunstancias o hechos que estimó al momento de emitir el acto reclamado, siendo necesario, además, que los hechos aducidos por la autoridad encuadren en la hipótesis normativa citada, si por el contrario, la autoridad no cumple con dicho requisito, daría cabida entonces a declarar la inconstitucionalidad del acto. Como ya ha quedado establecido, la autoridad basa su estudio al sostener que la determinación de dejar sin efectos el nombramiento del quejoso en la resolución de ocho de enero de dos mil veinte, no es una causa imputable a ésta, y por ende no afecta los principios de estabilidad en el empleo del Juez Javier Hernando Romero Ulloa; sin embargo, como ya ha quedado expuesto, de la multicitada ejecutoria se desprende que en ningún momento se estimó que los alcances del cumplimiento del fallo constitucional podían modificar la situación jurídica de personas ajenas a los quejosos. Además, tampoco es válido el argumento planteado, por el cual sostiene la responsable que al dejarse sin efectos la convocatoria y la circular materia del concurso de oposición, es que se dejara sin efectos el nombramiento del quejoso Javier Hernando Romero Ulloa, pues estimar lo anterior, implicaría haber dejado sin efectos el nombramiento de todos los concursantes, incluyendo los que obtuvieron su designación, situación que evidentemente no fue así, puesto que constituye un hecho notorio que únicamente se dejó sin efectos el nombramiento del aquí quejoso y una diversa juez. Por lo hasta aquí expuesto, es que el acto reclamado afecta los derechos sustantivos del quejoso, ya que no es dable negar lo peticionado por éste, bajo el argumento de que la determinación para que dejara de fungir como juzgador, fue en cumplimiento a lo ordenado en el juicio de amparo 1870/2011, y que por ende, la responsable no afectaba los principios de estabilidad y seguridad en el cargo de Juez del Tribunal Superior de Justicia. SEXTO. Efectos de la sentencia de amparo. Con fundamento en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, debe precisarse que en virtud de lo relatado en el considerando que antecede, procede otorgar la protección federal solicitada, contra el acto reclamado a las autoridades responsables, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente el inicio de procedimiento de cinco de marzo de dos mil veinte. b) En su lugar, emita otro en el que, con libertad de jurisdicción, pero siguiendo los lineamientos precisados en el fallo, de manera debidamente fundada y motivada, dé contestación a lo peticionado por el quejoso, pero se abstenga de estimar que la determinación de dejar sin efectos su nombramiento, fue con motivo de lo ordenado en la ejecutoria dictada con motivo del juicio de amparo 1870/2011 del índice de este Juzgado Federal y su posterior análisis en el recurso de revisión por la Superioridad. c) Notifique personalmente al quejoso la determinación correspondiente. Por lo antes expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Javier Hernando Romero Ulloa, contra el acto y autoridades precisadas en el resultando segundo, para los efectos señalados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy veintisiete de julio de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe. (ACUERDO DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021) Cuernavaca, Morelos, a nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio de ********************, en su carácter de delegado de la autoridad responsable Magistrado Presidente de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución dictada en autos; al respecto se provee lo siguiente:Con fundamento en los artículos 80, 81 fracción I inciso e, 84, 86, 88 y demás relativos de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene a diversa autoridad responsable, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia resuelta en el presente juicio de amparo.En mérito de lo anterior, se ordena distribuir entre las partes la copia del oficio de cuenta y en su oportunidad remitir al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en turno del Décimo Octavo Circuito, con domicilio en esta ciudad, los autos del juicio de amparo, así como el original y copia del oficio de expresión de agravios para el agente del Ministerio Público adscrito a dicho Tribunal, para lo que tenga a bien determinar la Superioridad en relación con la admisión o desechamiento, y en su caso la substanciación del referido recurso. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime Cesar Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio del Apoderado Legal del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual, está dando cumplimiento al requerimiento que obra en autos; atento a lo anterior, se tiene por hecha la comunicación aludida, así como satisfecho el requerimiento formulado a la autoridad de cuenta. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime Cesar Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido y se ordena agregar a los presentes autos, el oficio signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, en el que obra transcripción del proveído de tres de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se acordó archivar los autos del toca 50/2021, de su índice; al respecto, téngase por hecha la comunicación de mérito, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Jacobo Jaimes Brito, que autoriza y da fe. Doy fe

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