Raul Tavares Aguirre

Expediente 943/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 33 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
943/2018
Año
2018
Actuaciones
33
Última actuación
08/11/2019

Partes del expediente

  • Raul Tavares Aguirre
  • Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Dstrito XXXVI

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil diecinueve. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ARTÍCULO 1/2009 En consideración a lo anterior y que de la certificación que antecede se advierte que obra no en autos documento original alguno y que no existe en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado billete de depósito relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el presente juicio de amparo, encuadra en las hipótesis contenidas en el punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto, del aludido acuerdo, en razón de haberse SOBRESEÍDO el juicio de amparo, por lo que se estima que el mismo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha. No ha lugar a pronunciarse respecto de los incidentes de suspensión, toda vez que los mismos no fueron formados. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Notifíquese. Así lo acordó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy Fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de octubre de dos mil diecinueve. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIAS. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de doce de septiembre del año en curso, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. SE ORDENA DEVOLVER CONSTANCIAS A SU LUGAR DE ORIGEN. Devuélvanse a la autoridad responsable, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, con residencia en esta ciudad, la documental que remitió en apoyo de su informe justificado consistente en copia certificada del expediente 712/2018; solicitándole el acuse recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Acta relativa a la reanudación de la audiencia constitucional ordenada en proveído de quince de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo 943/2018, que se celebra de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las diez horas con treinta minutos del doce de septiembre de dos mil diecinueve, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declaro abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. SECRETARIO: Juicio de amparo 943/2018, promovido por Raúl Tavares Aguirre, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; se hace saber que la presente diligencia corresponde a la reanudación de la audiencia constitucional cuya celebración inició el catorce de enero de dos mil diecinueve y fue suspendida con motivo del incidente de objeción de firma promovido por la tercera interesada María Tavares Blas, por sí y en cuanto apoderada del diverso tercero interesado Raúl Tavares Zavala, al considerar que la firma que obra en el escrito de demanda no corresponde al quejoso. JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. En continuación de la audiencia constitucional, al haberse agotado la etapa probatoria, se pasa al período de alegatos. SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de las partes hizo manifestaciones en esta vía. JUEZ: Al no haber alegatos por reproducir, se da por concluida la presente audiencia y se procede al dictado de la sentencia. Se levanta la sesión. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto IX-943/2018; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el siete de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, Raúl Tavares Aguirre, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, a quienes reclamó la determinación judicial que precisó en su demanda y su ejecución. Actos que el quejoso consideró violatorios en su perjuicio de los derechos humanos reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. De dicha demanda correspondió conocer al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; sin embargo, dicho órgano jurisdiccional remitió el asunto a este juzgado, en vía de returno, por conocimiento previo de un diverso juicio de amparo cuyos actos reclamados derivaron del mismo expediente de origen. Mediante acuerdo de doce de noviembre de dos mil dieciocho, este juzgado se avocó al conocimiento del asunto y admitió a trámite la demanda en cuestión; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio intervención a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual fue celebrada en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito resulta competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48, en relación con el 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Punto Cuarto, fracción XI, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tener ejecución material dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez." En ese sentido, los actos reclamados por el quejoso son los siguientes: Del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, con sede en esta ciudad, el auto de cinco de octubre de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio agrario 712/2018. Del resto de las autoridades que señaló como responsable, el cumplimiento de dicha determinación. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, se advierte que aceptó la existencia del acto reclamado. QUINTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. En este caso, se advierte la actualización de una causa de improcedencia, la cual debe ser previamente examinada por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la ley de la materia, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "[.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: "I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. "El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. "El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. "Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; "La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." La actualización de la causa de improcedencia referida obedece a que, dentro del incidente de objeción de firma promovido por la tercera interesada María Tavares Blas, por sí y en cuanto apoderada del diverso tercero interesado Raúl Tavares Zavala, el perito oficial Josué Perales Palma, emitió y ratificó el dictamen pericial en materia de grafoscopía que le fue encomendado (fojas 206 a 219), en el que llegó a la conclusión siguiente: "Única: No corresponde por su ejecución del Sr. RAÚL TAVARES AGUIRRE, la firma plasmada a su nombre, en el escrito inicial de demanda del presente juicio, tomando en consideración las firmas auténticas aportadas como base de comparación de dicha persona y por las razones técnicas vertidas y expuestas en el cuerpo del presente estudio. De igual manera, el perito José Alfredo Álvarez Alfaro, perito designado por la parte tercera interesada emitió y ratificó el dictamen pericial en materia de grafoscopía que le fue encomendado (fojas 226 a 243), en el concluyo: ".PRIMERA. COMO RESULTADO DEL ESTUDIO PERCIAL PRACTICADO EN MATERIA DE GRAFOSCOPÍA Y DOCUMENTOSCOPÍA, Y UNA VEZ ANALIZADAS EN FORMA TÉCNICA COMPARATIVA LAS CARÁCTERISTICAS GENERALES, MORFOLÓGICAS Y ESTRUCTURALES DE LA FIRMAS DIBITADA QUE SE PRETENDEN ATRIBUIR A RAÚL TAVARES AGUIRRE, QUE APARECE ESTAMPADA EN EL DOCUMENTO SEÑALADO COMO DUBITADO O PROBLEMA CORRESPONDIENTES A:  ESCRITO DE DEMANDA DIRIGIDO AL C. JUEZ DE DISTRITO EN TURNO, DE FECHA CINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO 208 DOS MIL DIECIOCHO, EXPEDIDA EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN. ES FALSA POR NO PROVENIR DEL MISMO ORIGEN GRÁFICO ÚNICO, PROPIO E INDIVIDUAL DE LAS FIRMAS AUTENTICAS DE COMPARACIÓN DE RAÚL TAVARES AGUIRRE, ES DECIR, QUE LA FIRMA DUBITADA O PROBLEMA NO PROVIENE AL PUÑO Y LETRA DE RAÚL TAVARES AGUIRRE, POR TAL MOTIVO, SE REUNIERON LOS ELEMENTOS TÉCNICOS-PERICIALES PARA CONCLUIR QUE LA FIRMA DUBITADA APRECIADAS EN EL DOCUMENTO CUESTIONADO, CORRESPONDE A UNA FALSIFICACIÓN DE FIRMA QUE POR SUS CARÁCTERISTICAS CORRESPONDE A UNA FALSIFICACIÓN POR ASIMILACIÓN DE GRAFÍA DE PRÁCTICA REITERADA CON MODELO A LA VISTA.". Ahora, este órgano de control constitucional estima que los dictámenes en comento tiene el soporte suficiente y la motivación adecuada para dilucidar la cuestión planteada, tomando en cuenta que la función de los expertos se limita a ilustrar el criterio del juzgador, al servirle de guía y facilitarle los conocimientos técnicos de que carece, siendo el propio juez quien, a la postre, debe decidir fundada y motivadamente si acoge o no sus conclusiones. Así es, de la consulta de las opiniones profesionales se desprende que los peritos explicaron la metodología utilizada en el caso concreto; efectuaron un análisis de las características generales y los gestos gráficos de las firmas indubitables (base del cotejo) y la dubitable (cuestionada), las cuales esquematizaron en diversos cuadros, apoyándose además con imágenes fotográficas, lo cual les permitió identificar las características generales de las firmas cotejadas y sus elementos; posteriormente, mediante cuadros comparativos pudieron identificar y señalar las diferencias particulares entre ellas. De los dictámenes anteriores se advierte que los peritos realizaron un análisis comparativo de las firmas dubitable e indubitables, que les permitió concluir que la firma plasmada en el escrito inicial de demanda de amparo no proviene del mismo y común origen gráfico de las firmas auténticas recabadas del quejoso Raúl Tavares Aguirre, tanto de las muestras caligráficas como de los documentos que obran en el expediente. Luego, este órgano jurisdiccional estima que las conclusiones a las que arribaron los citados profesionistas crean convicción en el sentido de que la firma de la demanda de amparo no corresponde al puño y letra del aquí quejoso Raúl Tavares Aguirre. En efecto, las conclusiones contenidas en dichos dictámenes resultan ilustrativas en el caso concreto, ya que la pericial grafoscópica se basó en un estudio comparativo o cotejo entre la firma estampada en la demanda de amparo y las firmas indubitables, recabadas del quejoso Raúl Tavares Aguirre, tanto de las muestras caligráficas como de los documentos que obran en el expediente, ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 140, fracción V, del Código Federal de Procedimientos Civiles , aplicado supletoriamente al tenor de lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con la tesis aislada de rubro y texto siguientes: "FIRMAS INDUBITABLES EN EL AMPARO INDIRECTO. TIENEN ESTE CARÁCTER PARA EL DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL CALIGRÁFICA O GRAFOSCÓPICA, LAS PLASMADAS EN PRESENCIA DEL SECRETARIO DEL TRIBUNAL, CON INDEPENDENCIA DE LA FECHA EN QUE SE IMPRIMAN. El artículo 140, fracción V, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con su artículo 2o., al establecer como indubitables para el cotejo, las firmas o huellas digitales puestas en actuaciones judiciales, en presencia del secretario del tribunal, o de quien haga sus veces, por aquel cuya firma, letra o huella digital se trate de comprobar y las puestas ante cualquier otro funcionario investido de fe pública, permite concluir que en la tramitación del juicio de amparo indirecto las firmas plasmadas en presencia del secretario del tribunal devienen indubitables, precisamente en atención a la fe pública de que se halla revestido ese funcionario, lo que determina la certeza de que el indicado signo gráfico se estampó ante él y que la autoría de quien lo realizó no está a discusión, con independencia de la fecha en que se ejecute el correspondiente ejercicio caligráfico; sin que para ello resulte óbice que el autor de tales firmas, enterado del objeto de esa diligencia, pretendiera disimular el grafismo habitual con el que firma, con el ánimo de obtener, en su oportunidad, un dictamen favorable; pues esa es precisamente la misión que tienen encomendada los peritos en grafología o grafoscopía, cuyos conocimientos permitirán establecer si hay o no coincidencia entre dos firmas, a pesar de que intencionalmente pretendiera su autor ocultar o alterar algunos de sus rasgos, dado que los esenciales se conservan incólumes y con métodos científicos puede detectarse tal alteración." (Época: Novena Época; Registro: 177960; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXII, Julio de 2005; Materia(s): Común; Tesis: VI.2o.C.221 K; Página: 1432). Con base en lo hasta aquí expuesto, si bien la prueba pericial en materia caligráfica o grafoscópica no obliga al juzgador a resolver en el sentido que refieren los dictámenes, sí constituye un medio para ilustrar su criterio, al servirle de guía y facilitarle los conocimientos técnicos de que carece, extremos que en la especie se estiman cubiertos con los dictámenes de los expertos, por lo cual este órgano de control constitucional reconoce eficacia demostrativa a sus conclusiones, lo que permite definir que la firma del escrito de demanda de amparo, no corresponde al puño y letra del aquí quejoso Raúl Tavares Aguirre. De ahí que, como se adelantó, debe sobreseerse en el juicio constitucional, al quedar evidenciado que la firma plasmada en el escrito inicial de demanda no proviene del mismo y común origen gráfico de las firmas auténticas del quejoso Raúl Tavares Aguirre, lo cual equivale a la ausencia de firma de la parte interesada en dicho ocurso, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación el diverso 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, de manera analógica, la jurisprudencia que dice: "DEMANDA DE AMPARO. AL SER LA FALSEDAD DE LA FIRMA DEL ESCRITO RELATIVO UN CASO ANÁLOGO AL DE LA AUSENCIA DE ÉSTA, LA ACCIÓN DE AMPARO ES IMPROCEDENTE. Si bien la falta de firma en el escrito de demanda de amparo torna improcedente la acción de tutela constitucional, ante la ausencia de voluntad para instar al órgano jurisdiccional, resulta un caso análogo al anterior el hecho de que durante la tramitación del juicio de garantías se sustancie la objeción de falsedad de la firma que calza el ocurso inicial de amparo, y éste resulte fundado, porque en ese supuesto no puede tenerse como válida la expresión de voluntad de quien acude ante el aparato jurisdiccional; por tanto, sobreviene la improcedencia del juicio en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 4o., ambos de la Ley de Amparo. (Época: Décima Época; Registro: 2001096; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro X, Julio de 2012, Tomo 3; Materia(s): Común; Tesis: VI.2o.C. J/5 (10a.); Página: 1594). En consecuencia, lo conducente es sobreseer en el juicio de amparo, lo cual impide a este órgano de control constitucional realizar el estudio de los conceptos de violación. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." (Época: Séptima Época; Registro: 394465; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apéndice de 1995; Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación; Materia(s): Común; Tesis: 509; Página: 335). Sin que en el caso, resulte aplicable el contenido del numeral 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, que señala: "Artículo 64. [.] Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga." Lo anterior, toda vez que dicho supuesto se refiere de manera específica a las causas de improcedencia analizadas de oficio por un órgano jurisdiccional de segunda instancia en materia de amparo, sin que hayan sido estudiadas en primera instancia. Es aplicable, en su parte conducente, la jurisprudencia sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal Constitucional del País, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN. El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad." (Época: Décima Época; Registro: 2008790; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 17, Abril de 2015, Tomo I; Materia(s): Común; Tesis: P./J. 5/2015 (10a.); Página: 8). Finalmente, cabe precisar que los criterios invocados en este fallo -anteriores a la Décima Época- resultan aplicables, en razón del artículo Sexto Transitorio de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en la segunda sección del Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, que señala: ".Sexto. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Raúl Tavares Aguirre, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de agosto de dos mil diecinueve. SE DIFIERE REANUDACIÓN DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que aún no comienza a transcurrir el plazo de tres días, que se concedió a las partes en proveído de trece de agosto actual, para que se impongan del contenido de los dictámenes periciales en materia de grafoscopía emitidos por Josué Perales Palma, perito oficial designado por parte de este juzgado y José Alfredo Álvarez Alfaro, perito designado por la parte tercera interesada María Tavares Blas, por sí y en cuanto apoderada del tercero interesado Raúl Tavares Zavala, y manifiesten lo que a su interés convenga; consecuentemente, para dar margen a lo anterior, se difiere la reanudación de la audiencia constitucional señalada para este día, fijándose las diez horas con treinta minutos del doce de septiembre de dos mil diecinueve, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/2924/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.ROVE

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