Raúl Poblano Romero
Expediente 808/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 808/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 11/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Raúl Poblano Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
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Morelia, Michoacán, once de diciembre de dos mil diecinueve. SOLICITA COPIA CERTIFICADAS Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, mediante el cual el quejoso solicita copia simple de las constancias que indica en su ocurso; en tal virtud, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia y expídanse las copias solicitadas y ténganse como sus autorizados para recibirlas, a las personas que se indica, previa identificación y recibo que se deje en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Rcl
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NOTIFICACION PERSONAL
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Morelia, Michoacán, trece de febrero de dos mil diecinueve. CUENTA CON ESCRITO, RATIFICAR FIRMA. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta mediante el cual el quejoso manifiesta designa autorizados en el presente juicio; al respecto, el juez acuerda: Antes de proveer en cuanto al fondo el ocurso de mérito y toda vez que la firma que lo calza, difiere con la que obra plasmada en el escrito inicial de demanda, requiérase al promovente para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado de este proveído, comparezca ante el personal de este juzgado en horario de oficina y día hábil, con identificación oficial para que manifieste si ratifica en todas y cada una de sus partes el escrito de cuenta y si reconoce como suya la firma que lo calza; bajo el apercibimiento que de no hacerlo se entenderá que desconoce la firma que aparece al calce del escrito aclaratorio de mérito y se tendrá por no presentado. Es pertinente hacer saber al ocursante que, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, la manifestación que se le requiere en el párrafo anterior, la realiza con falsedad u omitiendo la verdad, incurrirá en responsabilidad, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Se invoca en apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido literal siguiente: "Tesis: 3a. 24 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 207437 Tercera Sala Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989 Página 385 Jurisprudencia (Común) FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." Contradicción de tesis 9/88. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 8 de marzo de 1989. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: Julio César Vázquez Mellado G.": Es necesario hacer del conocimiento al promovente, que en términos de los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la ley de materia, este órgano jurisdiccional tiene facultad, en cualquier etapa del procedimiento de amparo, para dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos que podrían ser constitutivos de alguno de los delitos previstos en la Ley de Amparo, como podría ser el caso de que se conduzca con falsedad en el presente juicio de amparo, y ratifique como suya una firma que no fue emitida de su puño y letra. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis derivada de la contradicción 204/2016, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Tesis: P./J. 13/2017 (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época Número de identificación 2014917 Pleno Publicación: viernes 18 de agosto de 2017 10:26 h Ubicada en publicación semanal Contradicción de tesis (Jurisprudencia (Común)) VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Contradicción de tesis 204/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto del Décimo Quinto Circuito y Tercero en Materia Civil del Primer Circuito. 9 de febrero de 2017. Unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Luis Mauricio Rangel Argüelles". Los criterios jurisprudenciales que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Rcl
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Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 808/2018 promovido por Raúl Poblano Romero contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia y otra autoridad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. En este acto la secretaria CERTIFICO: Que por auto de siete de diciembre pasado, se tuvo por ampliada la demanda de amparo por lo que respecta a la autoridad responsable Juez de Ejecución de Sanciones Penales Región Morelia, solicitándose su informe justificado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia. Juez de Ejecución de Sanciones Penales Región Morelia. Director de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que únicamente las autoridades responsables aportaron medios de prueba diversas documentales, las cuales obran tanto en el sumario como en cuaderno de pruebas por separado en la Secretaría de este Juzgado. Este órgano jurisdiccional por acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho (auto de admisión), ordenó desahogar de oficio prueba pericial, la cual únicamente se efectuó por el perito oficial designado por este juzgado, en razón de que la parte quejosa no hizo uso del derecho que tenía para designar perito de su parte y, en acuerdo de cuatro de enero en curso y diligencia de ocho de ese mes y año, se tuvo por rendido y ratificado el dictamen del experto oficial, respectivamente, ordenando dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, sin que hubiese hecho manifestación alguna. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que únicamente los formuló la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado, mediante pedimento presentado el once de diciembre pasado. EL JUEZ: al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 808/2018-IV, promovido por Raúl Poblano Romero, por su propio derecho, contra actos que reclama del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, turnado a éste órgano jurisdiccional, en la misma data Raúl Poblano Romero, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, y otras autoridades: "IV. ACTO RECLAMADO.- De las autoridades señaladas como responsables se reclaman la suspensión del derecho humano contemplado en el artículo 5 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que he recibido actos intimidatorios de una suspensión en el ejercicio de mis funciones como trabajador; del estado sin saber la causa o motivo de la misma". En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, y por auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, previa aclaración y requerimiento de ratificación de firmas, se proveyó sobre la admisión de la demanda, ordenando el desahogo de la prueba pericial ante la discrepancia de firmas advertida, dando vista al quejoso, a efecto de que designara perito de su parte, sin que lo haya hecho. Por oficio número 13687, el perito Josué Perales Palma, adscrito a la Agencia de Investigación Criminal de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, presentó peritaje, el cual ratificó ante la secretaria del juzgado, con el cual se dio vista a la parte quejosa, a fin de que manifestara lo que a su interés conviniera. Por otra parte, en el acta de admisión de la demanda, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado, consiste en: La suspensión de derechos para ejercer actividades en corporaciones de seguridad pública y privada, a partir del cinco de abril de dos mil diecisiete, dentro de la carpeta de ejecución PO-SA-174/2017, integrada a nombre del quejoso, ante el juez de ejecución de sanciones penales región Morelia, derivada del proceso penal 268/2016, del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Morelia. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El juez de ejecución de sanciones penales región Morelia, en esta ciudad, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". A su vez el Director de Seguridad Pública del Estado, negó la existencia del acto reclamado, mientras que el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, no especificó si es cierto o no el acto reclamado. Atento a lo anterior, en razón de que dichas autoridades en sus respectivos informes realizaron manifestaciones que denotan la existencia del acto reclamado, se tiene por cierto el mismo. Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que la autoridad responsable exhibió en apoyo a su informe justificado, consistente en copias certificadas de la carpeta de ejecución PO-SA-174/2017, del índice del juez de ejecución de sanciones penales región Morelia. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". CUARTO. No existe la voluntad manifiesta del quejoso para instar la acción constitucional. Es innecesario examinar, en cuanto al fondo de los conceptos de violación formulados por el quejoso, en función a que en la especie se actualiza una causa de improcedencia que impide realizar ese análisis en el presente juicio de amparo, cuyo estudio es preferente y de orden público conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6, ambos de la Ley de Amparo. Dichos artículos a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". De la anterior transcripción se advierte que el juicio de amparo, con las salvedades a que alude el artículo 15 de la ley en consulta, sólo puede iniciarse a instancia de parte agraviada, es decir, mediante la promoción de la demanda correspondiente, con base en las formalidades previstas en el artículo 108 de la Ley de Amparo, esto es por escrito. Ahora bien, es importante destacar, que por auto de veintidós de octubre de dos mil dieciocho este órgano de control constitucional ante la discrepancia de firmas advertida en los ocursos presentados por el quejoso el quince y diecinueve del mes y año en cita, con la firma plasmada en el escrito de demanda, ordenó ratificar el contenido y firmas que calzan dichos ocursos, requiriendo al quejoso para tal efecto. En diligencia levantada el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, el quejoso se presentó ante la secretaria de este juzgado, y ratificó el contenido y firma los ocursos aclaratorios, refiriendo que habían estampados de su puño y letra. El veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda y en virtud de que ese órgano de control constitucional advirtió que existían discrepancias entre las firmas plasmadas en los ocursos aclaratorios presentados por el quejoso el quince y diecinueve del mes y año en cita, con la firma plasmada en el escrito de demanda, ordenó el desahogo de la prueba pericial. La determinación de desahogar la prueba pericial, obedece a que en el caso concreto se requiere la opinión de un experto a fin de orientar la determinación que este órgano de control constitucional debe adoptar ante la discrepancia de las firmas advertidas. En efecto, la prueba pericial tiene por objeto que personas calificadas, con conocimientos especiales en una ciencia o arte, ilustren al juzgador en cuestiones técnicas que escapan a su pericia y conocimiento, con la finalidad de aportarle mayores elementos de convicción sobre cuestiones que forman parte de la controversia. Lo anterior, implica exponer al juez en forma detallada y a su alcance, el contenido así como el significado de enunciados y principios relativos a una materia específica, para que con base en ello, pueda por sí mismo, efectuar los análisis técnicos, a fin de estar en posibilidad de llegar a un punto de convencimiento. En esos términos, la prueba pericial se hace necesaria a efecto de dilucidar si la firma que calza el escrito inicial de demanda así como los escritos aclaratorios de dicha demanda presentados el quince y diecinueve de octubre de dos mil diecinueve, fueron puestas del puño y letra de Raúl Poblano Romero, quien compareció al presente juicio por propio derecho. Lo anterior, porque la firma es un signo manuscrito a través del cual las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma impresa, acreditándose con ella su autoría, y como presupuesto de existencia de la expresión del consentimiento de los signantes, en el entendido que su declaración de falsedad acarrea la imposibilidad jurídica para crear certeza de su contenido al constituir un signo expreso e inequívoco. Luego, para determinar si las firmas dubitadas son originales -autógrafa-, no basta la simple comparación que realice el Juzgador con otra signatura atribuida a la misma mano, sino que es necesario llevar a cabo la verificación de su falsedad, o autenticidad mediante la prueba pericial que se aporte al juicio, ya que aunque la diferencia en la forma que pudiera resaltarse con una mera observación superficial, mediante la prueba aludida se puede determinar si fue estampada por la persona a quien se considera autora, o bien, por otra distinta. A lo anterior es aplicable la jurisprudencia del contenido y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 186011 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Septiembre de 2002 Materia(s): Común Tesis: III.2o.C. J/17 Página: 1269 "FIRMA, PARA DETERMINAR SU AUTENTICIDAD SE REQUIERE PRUEBA PERICIAL GRAFOSCÓPICA. Para determinar en un procedimiento judicial si la firma impugnada de falsa es o no original de una persona (autógrafa), no basta la simple comparación con otra atribuida a la misma mano que realice el juzgador, sino que es necesario llevar a cabo la verificación de su falsedad o autenticidad mediante prueba pericial grafoscópica que se aporte al sumario, ya que aunque la diferencia en la forma pudiera resaltarse con una mera observación superficial, mediante la prueba señalada se puede determinar si fue estampada por la persona a quien se considera autora, o bien, por otra distinta. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. Amparo directo 945/91. Juan Lions Posada. 23 de enero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Moreno Ballinas. Secretario: Francisco Javier Hernández Partida. Amparo directo 422/94. Lorenzo Bernal Vallesteros. 13 de julio de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Eduardo Lara Díaz. Secretario: Arturo Ramírez Pérez. Amparo directo 1368/97. Banco Internacional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Prime Internacional. 19 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Eduardo Lara Díaz. Secretaria: Martha Berenice Camarena Alejandre. Amparo directo 2062/97. Fianzas México, S.A., Grupo Financiero Prime Internacional, ahora Fianzas México Bital, S.A., Grupo Financiero Bital. 20 de marzo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Domínguez. Secretario: Francisco Miguel Padilla Gómez. Amparo directo 4259/2000. Yemina Félix de Posset y otro. 30 de marzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Alcaraz Núñez. Secretaria: Lucía Díaz Moreno. Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, junio de 1994, página 577, tesis XX.1o.357 C, de rubro: ´FIRMA. LA PRUEBA IDÓNEA PARA DETERMINAR SI ES O NO ORIGINAL LA. ES LA PERICIAL GRAFOSCÓPICA.´". Así, seguidos los trámites necesarios, por oficio 13687, de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho y presentado el tres de enero del año en curso, el experto Josué Perales Palma, emitió dictamen, en el cual concluyó: "PRIMERA. La firma plasmada como del C. Raúl Poblano Romero, en el escrito inicial de demanda del presente juicio, de fecha de presentación del 28 de septiembre de 2018; Sí proviene del mismo origen gráfico de las firmas auténticas de dicha persona, plasmada en el acta de ratificación de escrito y reconocimiento de firma de fecha 24 de octubre de 2018." SEGUNDA: Las firmas plasmadas como del c. Raúl Poblano Romero, en los documentos cuestionados consistentes en el escrito aclaratorio presentado en fecha 15 de octubre de 2018, y en el escrito aclaratorio presentado en fecha 19 de octubre de 2018; NO provienen del mismo origen gráfico de las firmas auténticas de dicha persona, plasmadas en el acta de ratificación de escrito y reconocimiento de firma de fecha 24 de octubre de 2018." En esos términos, previo a efectuar la valoración del único dictamen recabado, se estima necesario precisar que la apreciación de la prueba pericial queda al arbitrio del juzgador, de conformidad con el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, párrafo segundo; sin embargo, dicha facultad no es absoluta, ya que se deben seguir diversos lineamientos a fin de valorar el dictamen pericial, tales como verificar que el perito haya señalado los razonamientos en los que se basó su opinión, las operaciones, estudios o experimentos propios de su arte que lo llevaron a emitir su dictamen, apreciándolo conjuntamente con los medios de convicción aportados, admitidos y desahogados en autos, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, exponiendo los fundamentos de su valoración y de su decisión. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1a./J. 90/2005, que dice: Época: Novena Época Registro: 177307 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Septiembre de 2005 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 90/2005 Página: 45 "DICTÁMENES PERICIALES NO OBJETADOS. SU VALORACIÓN. En relación con la facultad de los Jueces para apreciar las pruebas, la legislación mexicana adopta un sistema mixto de valoración, pues si bien concede arbitrio judicial al juzgador para apreciar ciertos medios probatorios (testimoniales, periciales o presuntivos), dicho arbitrio no es absoluto, sino restringido por determinadas reglas. En tal virtud, el hecho de que no se objete algún dictamen pericial exhibido en autos, no implica que éste necesariamente tenga valor probatorio pleno, pues conforme al principio de valoración de las pruebas, el juzgador debe analizar dicha probanza para establecer si contiene los razonamientos en los cuales el perito basó su opinión, así como las operaciones, estudios o experimentos propios de su arte que lo llevaron a emitir su dictamen, apreciándolo conjuntamente con los medios de convicción aportados, admitidos y desahogados en autos, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, exponiendo los fundamentos de su valoración y de su decisión. Por tanto, la falta de impugnación de un dictamen pericial no impide al Juez de la causa estudiar los razonamientos técnicos propuestos en él, para estar en posibilidad de establecer cuál peritaje merece mayor credibilidad y pronunciarse respecto de la cuestión debatida, determinando según su particular apreciación, la eficacia probatoria del aludido dictamen. Contradicción de tesis 31/2005-PS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente en Materia Civil. 15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz J. Jaimes Ramos. Tesis de jurisprudencia 90/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintinueve de junio de dos mil cinco". En ese sentido, con fundamento en el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le otorga valor probatorio pleno al dictamen del perito oficial, Josué Perales Palma, en virtud que sus conclusiones están sustentadas en el estudio analítico, comparativo, descriptivo, deductivo y demostrativo de la confrontación de las firmas cuestionadas con las proporcionadas como base de cotejo. Valor probatorio que se otorga, porque del contenido de ese dictamen se aprecia que realizó explicaciones para arribar a la conclusión anotada, y esto es así, si se toma en consideración que primero realizó una precisión de las firmas señaladas como indubitables o auténticas de comparación, apoyando su explicación con impresiones fotográficas y la característica advertida en las firmas; además de que procedió a realizar un estudio anotando las características de orden general advertidas en las firmas base de cotejo y cuestionadas, después anotó los gestos gráficos observados, tales como trazos iniciales y rasgos iniciales, y por último realizó una confronta entre ambas firmas. De ahí el valor probatorio asignado al dictamen de que se trata, el cual orienta a este juzgador a determinar que las firmas plasmadas por Raúl Poblano Romero, en los escritos aclaratorios de la demanda presentados el quince y diecinueve del mes y año en cita, no fueron puestas del puño y letra de éste, lo que implica que las firmas que se atribuyeron al quejoso, son falsas. Por lo tanto, tomando en cuenta lo expresado, en el caso a estudio el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que ante la diferencia sustancial de la firma que calza el escrito inicial de demanda y las que obran en los escritos aclaratorios, y ponderando que pericialmente se determinó que las firmas que calzan dichos ocursos aclaratorios no provienen del puño y letra del quejoso, es dable afirmar que al momento de su presentación, no existía manifestación de voluntad por parte del peticionario de amparo de dar cumplimiento a las prevenciones realizadas y por ende promover el juicio en que se actúa, lo que resulta requisito indispensable para su procedencia, de acuerdo a lo previsto por el citado artículo 6º, de la Ley de Amparo. Máxime que por disposición de artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6° de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, por lo que, en el caso, al no ser así, el juicio de que se trata debe declararse improcedente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6, ambos de la Ley de Amparo. Orienta lo anterior, en lo conducente, el criterio del texto y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 180060 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Noviembre de 2004 Materia(s): Común Tesis: VI.2o.C.215 K Página: 2025 "SOBRESEIMIENTO. AL SER LA FALSEDAD DE LA FIRMA DEL ESCRITO DE DEMANDA UN CASO ANÁLOGO AL DE LA AUSENCIA DE ÉSTA, LA ACCIÓN DE AMPARO DEVIENE IMPROCEDENTE. Si bien la falta de firma en el escrito de demanda de amparo torna improcedente la acción de tutela constitucional, ante la ausencia de voluntad para instar al órgano jurisdiccional, resulta un caso análogo al anterior, el hecho de que durante la tramitación del juicio de garantías se sustancie la objeción de falsedad de la firma que calza el ocurso inicial de amparo, y éste resulte fundado, porque en ese supuesto no se puede tener como válida la expresión de voluntad de quien acude ante el aparato jurisdiccional; por tanto, sobreviene la improcedencia del juicio en términos de lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVIII y 4o., ambos de la Ley de Amparo, considerados de manera relacionada. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 285/2004. Ana Milena Escobar Valderrama de Correa. 30 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Eduardo Iván Ortiz Gorbea. Nota: Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página 2410, tesis VI.2o.C.15 K, se publica nuevamente con la denominación del tribunal y número de tesis correctos. Este criterio ha integrado la jurisprudencia VI.2o.C. J/5 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Tomo 3, julio de 2012, página 1594, de rubro: ´DEMANDA DE AMPARO. AL SER LA FALSEDAD DE LA FIRMA DEL ESCRITO RELATIVO UN CASO ANÁLOGO AL DE LA AUSENCIA DE ÉSTA, LA ACCIÓN DE AMPARO ES IMPROCEDENTE´." Asimismo, en lo conducente, ilustra lo anterior la jurisprudencia que dice: Época: Octava Época Registro: 220380 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Febrero de 1992 Materia(s): Común Tesis: XIII. 1o. J/10 Página: 83 "FIRMA EN LA DEMANDA DE GARANTIAS NOTORIAMENTE DISTINTA A LAS QUE OBRAN EN EL JUICIO NATURAL.Toda vez que en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes de ejercitar un derecho se manifiesta mediante la firma o, si no sabe firmar, mediante la impresión de la huella digital o la firma de otra persona a su ruego, es por lo que, ante la falta de firma o cuando la firma que calza la demanda de amparo es notoriamente distinta, no hay forma de saber si es voluntad de la persona, cuyo nombre encabeza el escrito, promover el juicio constitucional, máxime que el promovente omite formular oportunamente (esto es, antes de fenecer el término para la promoción) ante la responsable un escrito en el que exprese el porqué firmó de manera distinta a la que utilizó en el juicio natural, en ambas instancias o, en su caso, hiciera suyo su contenido, ya que de otra forma, se propiciaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos oportunos, para después en cualquier tiempo, subsanar la omisión de voluntad de promover cuando éste debió ser oportuno; sin que, en la hipótesis, el Presidente del Tribunal Colegiado estuviera obligado a requerirlo para la ratificación del escrito de que se trata, en términos de lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley de Amparo, dado que cuando llegaron los autos al tribunal, ya había transcurrido con exceso el término de quince días para la promoción del juicio constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO TERCER CIRCUITO. Amparo directo 441/89. Francisco Reyes García. 23 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Agustín Romero Montalvo. Secretaria: Araceli Cuéllar Mancera. Amparo directo 31/90. Soledad Ruiz González. 27 de abril de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Robustiano Ruiz Martínez. Secretario: Tomás Quiroz Robles. Amparo directo 183/90. Elena Sánchez Luna. 24 de agosto de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Agustín Romero Montalvo. Secretaria: Araceli Cuéllar Mancera. Amparo directo 291/90. Angela Bustamante López. 6 de diciembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Raquel Flores Munguía. Secretaria: María de la Luz A. Arias Cruz. Amparo directo 374/90. Armando Salinas Nicolás. 11 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Raquel Flores Munguía. Secretaria: María de la Luz A. Arias Cruz. Nota: Esta tesis también aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 50, Febrero de 1992, página 78. Véanse: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, número 56, agosto de 1992, página 15, tesis por contradicción J/2a. 2/92 de rubro "FIRMA FACSIMILAR. DOCUMENTOS PARA LA RATIFICACION DE CREDITOS FISCALES.". Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, Primera Parte, tesis 468, página 340. Nota: Por ejecutoria de fecha 24 de octubre de 2000, el Tribunal Pleno declaró inexistente la contradicción de tesis 15/97-PL en que participó el presente criterio". No constituye obstáculo a lo anterior que en diligencia levantada el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, el quejoso se haya presentado a ratificar los escritos aclaratorios de que se trata, porque lo cierto es que si la firma de los escritos aclaratorios no corresponde al quejoso, no podría ratificarse algo que no se suscribió. Además, en su caso aun de que se llegara a considerar que al momento de la ratificación se asumió el contenido de los escritos aclaratorios, entonces eso implicaría que hasta esa fecha se habría dado cumplimiento a la prevención, lo que sería extemporáneo y por tanto tendría que hacerse efectivo el apercibimiento. Con lo anterior, se pone de manifiesto que se actualiza la causa de sobreseimiento en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6, ambos de la Ley de Amparo, por las consideraciones que se han precisado. En las relacionadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia que se analiza, procede el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, promovido por Raúl Poblano Romero, por su propio derecho. Atento a los razonamientos vertidos en la presente resolución, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el inconforme dentro del referido juicio, en cuanto a la inconstitucionalidad del acto reclamado en esta vía. Robustece lo anterior, el criterio que se inserta enseguida: "Época: Séptima Época Registro: 818546 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 14, Tercera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 63 SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL NEGOCIO. En la resolución en que se decreta el sobreseimiento del juicio de amparo, resultan improcedentes las consideraciones que hagan un examen previo de los calificativos y valoraciones de los actos reclamados propuestos por los quejosos, adelantando el examen de la constitucionalidad de los actos reclamados, que deben reservarse para el fondo del negocio. Amparo en revisión 4444/69. Enrique Villegas Montes y coagraviados. 4 de febrero de 1970. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1965, Sexta Parte, Común, tesis 181, página 325, bajo el rubro "SOBRESEIMIENTO.". Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia publicada en Séptima Época, Volumen 24, Tercera Parte, página 49." Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución reclamados, ya que no se reclaman por vicios propios, sino que derivan de los actos atribuidos a la autoridad ordenadora, respecto de la cual resultó improcedente el presente juicio. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Raúl Poblano Romero, por propio derecho, en contra del acto reclamado a la autoridad precisada en el punto considerativo tercero, por las razones contenidas en el último considerando de la presente determinación. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
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