Raúl Orozco Chávez
Expediente 622/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 622/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 16/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Raúl Orozco Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. ACUSA DE RECIBO. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán, acusa de recibo del oficio mediante el cual le fue notificada el auto que causo ejecutoria a la sentencia dictada por este juzgado el ocho de agosto del presente año y le fue remitido el duplicado de la causa penal número 59/2000; lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. ACUSA DE RECIBO. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que el Juez Mixto de Primera Instancia de Zacapu, Michoacán, acusa de recibo del oficio mediante el cual le fue notificada la sentencia dictada por este juzgado el ocho de agosto del presente año. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. - Doy fe.
- Principal
. V I S T O S los autos del juicio de amparo número VIII-622/2018, promovido por Raúl Orozco Chávez, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia en Zacapu, Michoacán, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por oficio recibido el veintisiete de julio de dos mil dieciocho, el Juez Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitió los autos relativos al juicio de amparo 246/2018-I, de su índice, toda vez que se declaró legalmente incompetente por razón de turno para conocer de la demanda de amparo en cuestión. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Por auto de treinta de julio de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del juicio de amparo, registrándolo bajo el número VIII-622/2018, se reiteraron las determinaciones tomadas por el similar juez federal en relación con los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables; se ordenó dar al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención legal que le corresponde; se notificó a la parte tercero interesada; y por último, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para conocer y resolver del presente asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad con sede en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, así como de la totalidad de las constancias que obran en el expediente, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir: La orden de aprehensión dictada en el proceso penal 59/2000, instruido en contra del aquí quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio, y su ejecución. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido de los informes justificados rendidos por el Juez Mixto de Primera Instancia, Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia, ambos con residencia en Zacapu, Michoacán; Procurador General de Justicia del Estado y Director de Investigación y Análisis Región Morelia, ambos con sede en esta ciudad; y, Director de Investigación y Análisis de la Fiscalía Región Bajío, con residencia en Zamora, Michoacán, se advierte que aceptan la existencia de los actos que se les atribuyen. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió la autoridad jurisdiccional relativas al original del proceso penal 59/2000, documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, sentado lo anterior y establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, el suscrito juzgador estima que respecto del acto reclamado al Juez Mixto de Primera Instancia en Zacapu, Michoacán, consistente en la orden de aprehensión dictada en contra del aquí quejoso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, al haberse tramitado fuera del término que para tales efectos prevé la ley de la materia, al haber tenido conocimiento de la misma al menos desde el veintidós de abril de dos mil tres, fecha en que se dictó el acuerdo de cumplimiento de ejecutoria en el diverso juicio de amparo II-18/2003, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por el propio quejoso (foja 76 del cuaderno de pruebas). En efecto, para quien esto resuelve, se actualiza la causa de improcedencia antes indicada en términos de lo previsto en los referidos preceptos legales, mismos que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Por su parte, el artículo quinto transitorio de la Ley de Amparo, dispone: "QUINTO. Los actos a los que se refiere la fracción III del artículo 17 de esta Ley que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de la misma podrán impugnarse mediante el juicio de amparo dentro de los siete años siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley. Los actos que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la presente Ley y que a su entrada en vigor no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda de amparo conforme a la ley que se abroga en virtud del presente decreto, les serán aplicables los plazos de la presente Ley contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame o a aquél que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución". De las constancias remitidas por el juez responsable se aprecia que la orden de aprehensión de veintiocho de marzo de dos mil tres, fue dictada en cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo II-18/2003, del índice de este juzgado, virtud a que mediante sentencia con engrose de veinticuatro de febrero de dos mil tres, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al aquí quejoso, para el efecto de que el Juez Mixto de Primera Instancia en Zacapu, Michoacán, dejara insubsistente la orden de aprehensión ahí reclamada y en su lugar, con plenitud de jurisdicción, dictara otra resolución en la que purgara los vicios formales destacados, señalándose que en dicha determinación el único vicio a que se hizo alusión fue al hecho de que el juez responsable no debía pronunciarse en el libramiento de la orden de captura, respecto de las modificativas o calificativas del delito (fojas 59 a 60 del cuaderno de pruebas). Por lo que, mediante auto de dieciocho de marzo de dos mil tres, este juzgado requirió al juez responsable para que diera cumplimiento a dicha ejecutoria (foja 63 del cuaderno de pruebas). En mérito de lo anterior, por auto de veintisiete de marzo de dos mil tres, el juez responsable dejó insubsistente la orden de aprehensión ahí reclamada y por diverso de veintiocho de marzo de dos mil tres, dictó una nueva orden de aprehensión en la que prescindió de las modificativas o calificativas del delito, tal como se precisó en la ejecutoria de amparo (foja 66 a 74 del cuaderno de pruebas). En consecuencia, por auto de siete de abril de dos mil tres, se dio vista al aquí quejoso con la nueva determinación emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, siendo así que mediante proveído de veintidós de abril de dos mil tres, este órgano jurisdiccional, señaló que el término de tres días concedido al quejoso para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, había fenecido sin que hiciera manifestación alguna, por lo que se procedió al análisis del cumplimiento del fallo protector, de tal modo que en dicho acuerdo se determinó que se encontraba cabalmente cumplimentado y se ordenó el archivo del expediente. Ahora, el quejoso viene a promover un nuevo juicio de amparo en contra de la orden de aprehensión dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo descrita con antelación, es decir, la emitida el veintiocho de marzo de dos mil tres. Sin embargo de la narración de los antecedentes se evidencia que el ahora promovente tuvo conocimiento del acto reclamado, al menos desde el veintidós de abril de dos mil tres, fecha en la que este juzgado determinó que la ejecutoria de amparo estaba cumplida, toda vez que para esa fecha ya había fenecido el término de tres días que se le había otorgado para que hiciera manifestaciones en aquél amparo en torno a la resolución dictada en cumplimiento al fallo protector y que ahora constituye materia de reclamo en este juicio de garantías. Por tanto, es evidente que el término de quince días de que disponía el quejoso para instar la protección constitucional inició el cuatro de abril de dos mil trece y feneció el veinticuatro de dicho mes y año, ello tomando en consideración que con la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, resultaría aplicable lo dispuesto por el artículo quinto transitorio de Ley de Amparo, transcrito con anterioridad. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio que a continuación se transcribe: Época: Décima Época Registro: 2004828 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2 Materia(s): Constitucional, Común, Común Tesis: IX.3o.18 K (10a.) Página: 980 ACTOS DICTADOS DENTRO DE PROCEDIMIENTO QUE AFECTAN A LA LIBERTAD PERSONAL. EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA IMPUGNARLOS EN EL JUICIO DE AMPARO INICIA A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE AMPARO ACTUAL Y NO DE SU NOTIFICACIÓN O CONOCIMIENTO (INTERPRETACIÓN DE SU ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo, tratándose de actos que impliquen un ataque a la libertad personal dentro del juicio, el amparo debe promoverse en el lapso de quince días. Ahora bien, de la interpretación de su artículo quinto transitorio se concluye que dicho plazo debe contabilizarse a partir de la iniciación de la vigencia de esa ley (3 de abril de 2013), pues será denegatorio de justicia considerar que el indicado término, debe computarse a partir de la notificación de dichos actos o su conocimiento, con el riesgo evidente de que, incluso, a la iniciación de la vigencia de la citada Ley de Amparo, aquél haya fenecido, ante lo cual, constituiría una obligación del recurrente difícil de cumplir, porque no tenía conocimiento de las nuevas normas procesales, por lo cual, se le estaría privando de una facultad con la que ya contaba, aunado a que también rige la máxima jurídica de que nadie está obligado a lo imposible, que sería, presentar la demanda dentro de un término al cual no estaba sujeto el inconforme. Sostener lo contrario, infringiría el artículo 14, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, y el derecho fundamental de acceso a la justicia contenido en el diverso 17 de la Constitución Federal, conforme al cual toda persona tiene derecho de plantear una pretensión o defenderse de ella ante los tribunales previamente establecidos. De ahí que, tratándose de actos que importen ataques a la libertad personal dentro del procedimiento, el plazo de quince días para promover el juicio de amparo debe contabilizarse a partir de que inicie la vigencia de la ley actual. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO. Queja 35/2013. 20 de junio de 2013. Unanimidad de votos en cuanto al sentido con la salvedad del Magistrado Guillermo Cruz García respecto de algunas consideraciones. Ponente: José Ángel Hernández Huízar. Secretario: Néstor Merced Guerrero Morales. Queja 37/2013. 20 de junio de 2013. Unanimidad de votos en cuanto al sentido con la salvedad del Magistrado Guillermo Cruz García respecto de algunas consideraciones. Ponente: Dalila Quero Juárez. Secretario: Rubén González Zamora. Queja 54/2013. 18 de julio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Cruz García. Secretario: Alejandro Lemus Pérez. Por lo que ha transcurrido en demasía el término establecido en la ley, siendo evidente que el acto reclamado no se ubica en los casos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, al no producir ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con los alcances y contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el diverso Quinto Transitorio, la demanda promovida debió presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes a partir de que entró en vigor la Ley de Amparo. De lo reseñado es posible colegir, que el término previsto por el artículo 17 de la Ley de la Materia, trascurrió en exceso para la parte quejosa, ya que tuvo conocimiento del acto reclamado al menos desde el veintidós de abril de dos mil tres, fecha en que este juzgado determinó que le había vencido el término de tres días concedido en auto de siete de abril de dos mil tres, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto de la orden de aprehensión emitida en cumplimiento a la ejecutoria de aquél amparo; luego, al haberse presentado la demanda de amparo que dio origen al presente juicio en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, hasta el trece de marzo de dos mil dieciocho, como se observa del sello de recibido de aquella oficina, estampado en el escrito inicial de demanda, esto es, casi quince años después, es claro que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo precluyó, resultando extemporánea su presentación. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el acto reclamado se emitió cuando estaba vigente la anterior Ley de Amparo, cabe destacar que la demanda fue presentada cuando había cobrado vigencia la nueva Ley de Amparo que se aplica en el presente juicio de garantías, por lo que en el caso, resulta aplicable para el cómputo del término para la interposición de la demanda de garantías, lo establecido en el numeral 17 de la ley de la materia en vigor, acorde a lo expuesto en el quinto transitorio transcrito con antelación. No pasan inadvertidos para el suscrito juzgador los diversos criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativos a la oportunidad de la presentación de la demanda de garantías, en los que se hace referencia al conocimiento completo del acto reclamado; sin embargo, el suscrito juzgador estima que en el particular es innecesario que exista prueba plena de que la autoridad responsable le notificó al quejoso la orden de aprehensión aquí reclamada, ya que virtud a su naturaleza ésta no le sería notificada por parte del juez responsable al existir una restricción legal expresa, circunstancia por la cual los mandamientos de captura se mantienen en sigilo. Por tanto, al no ser necesaria la notificación del acto reclamado dada su naturaleza, bastaba que el quejoso tuviera conocimiento de la existencia de un mandamiento de captura librado en su contra virtud al cumplimiento de la ejecutoria de aquél amparo para que acudiera a este instancia constitucional, máxime que dada la materia no era necesario que elaborara técnicamente sus conceptos de violación, ya que opera la suplencia de la deficiencia de la queja aun ante la ausencia de los mismos. Por otro lado, cabe destacar que pese a que en la concesión del amparo se otorgó plenitud de jurisdicción a la autoridad para resolver lo que en derecho procediera en torno a la solicitud de la orden de aprehensión, de la lectura de dicho fallo protector se advierte que se abordó el análisis del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del quejoso y únicamente se estableció como defecto el hecho de que el juez responsable se había pronunciado en torno a las modificativas o calificativas del delito, por lo que se concedió el amparo únicamente para que se prescindiera de ese estudio, motivo por el cual se considera que este órgano jurisdiccional estaría jurídicamente imposibilitado para nuevamente abordar los aspectos que ya fueron materia de análisis en aquél juicio de amparo y, en todo caso, el vicio respecto del cual se concedió el amparo ya fue materia de estudio al momento de pronunciarse en torno al cumplimiento del fallo protector. Por tanto, se reitera que si el acto reclamado lo constituye la orden de aprehensión emitida en cumplimiento a una ejecutoria de amparo mientras estaba vigente la anterior ley, el cómputo del plazo para presentar la nueva demanda inicia a partir de la vigencia de la nueva Ley de Amparo, ello tomando en consideración que para tal fecha ya tenía conocimiento de la existencia de la orden de aprehensión dictada en cumplimiento al fallo protector, virtud a la vista que se le dio en su momento, ya que desde el veintidós de abril de dos mil tres, este órgano jurisdiccional se pronunció en torno a dicho cumplimiento, por lo que es claro que para esa fecha, el quejoso ya conocía de la existencia de la nueva orden de aprehensión. Máxime que, como ya se dijo, pese a que en el fallo protector se otorgó plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, el vicio de forma destacado únicamente implicaba que en la nueva determinación que dictara la autoridad se prescindiera del pronunciamiento respecto de las modificativas o calificativas del delito, de tal modo que con motivo de aquél juicio de amparo el quejoso conoció de manera completa las pruebas de cargo que obran en el proceso penal, además de la valoración de las mismas, de tal modo que conocía ampliamente las constancias relativas a la causa y que servirían de base para el dictado de la nueva determinación. Por lo que el quejoso tuvo oportunidad de imponerse de los autos de los que emana el acto reclamado y preparar el material para la elaboración de la demanda de garantías con los datos indispensables para tal efecto, además de que al tratarse de un asunto en materia penal, como ya se dijo, procede la suplencia de la deficiencia de la queja a su favor, de tal forma que bastaba que supiera de la existencia de una orden de aprehensión en su contra para promover la demanda respectiva. De tal modo que, se insiste, al menos desde el veintidós de abril de dos mil tres, fecha en que este juzgado tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, el quejoso tuvo conocimiento del mandamiento de captura dictado en su contra y estaba en aptitud de promover el juicio de amparo contra la nueva orden de aprehensión; sin embargo virtud a la entrada en vigor de la actual Ley de Amparo, el término comenzó a partir de su vigencia, pero aun así es evidente que su presentación resulta extemporánea. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio que a continuación se transcribe: Época: Décima Época Registro: 2017615 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III Materia(s): Común, Penal Tesis: XIII.P.A.38 P (10a.) Página: 2678 DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO. Conforme a la tesis de jurisprudencia P./J. 8/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR SU AMPLIACIÓN, CON MOTIVO DE LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO.", si se trata de la orden de aprehensión emitida en cumplimiento de una ejecutoria de amparo y tomando en consideración que dicha determinación no se la notificará la autoridad responsable al quejoso, por existir una restricción legal expresa, el cómputo del plazo para presentar una nueva demanda inicia al día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que tiene por recibido el informe por el cual la autoridad responsable remite el nuevo acto en cumplimiento de la ejecutoria, y ordena dar vista al quejoso, salvo que se acredite plenamente, que antes de la notificación mencionada, éste se ubicó en alguno de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, que conoció con anterioridad la materia novedosa, en cuyo caso, el cómputo comienza a partir del día siguiente a ese conocimiento. Una interpretación en sentido contrario, implicaría desconocer la notificación de la nueva orden de aprehensión emitida en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, lo que traería como consecuencia alterar el artículo 18 invocado, ampliando sin fundamento los plazos establecidos por el legislador. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO. Amparo en revisión 766/2017. 10 de mayo de 2018. Mayoría de votos. Disidente: David Gustavo León Hernández. Ponente: Marco Antonio Guzmán González. Secretario: Juan Carlos Herrera García. Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 8/2018 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 20 de abril de 2018 a las 10:24 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 53, Tomo I, abril de 2018, página 10. Esta tesis se publicó el viernes 17 de agosto de 2018 a las 10:25 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Por ende, debe sobreseerse en el presente juicio, en términos de la fracción XIV, del artículo 61, en relación con la fracción V, del diverso 63, ambos de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución reclamados a las restantes autoridades por no impugnarse por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Raúl Orozco Chávez, en contra de las autoridades y por el acto reclamado precisado, con base a las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy ocho de agosto de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.
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POR LISTA NOTIFICO AS LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S los autos del juicio de amparo número VIII-622/2018, promovido por Raúl Orozco Chávez, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia en Zacapu, Michoacán, y otras autoridades; ...Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Raúl Orozco Chávez, en contra de las autoridades y por el acto reclamado precisado, con base a las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy ocho de agosto de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.
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