Raymundo Carranza Avila
Expediente 970/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 970/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Raymundo Carranza Avila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación con que se da cuenta, de los que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de seis de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual SE DESECHÓ por notoria improcedencia, la demanda de amparo promovida por Raymundo Carranza Ávila, sin que se hubiese recurrido. CAUSADO ESTADO. Consecuentemente, se declara que el aludido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ARCHIVO. Por otro lado, como de autos se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Marbella Juárez García Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Rcl Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Marbella Juárez García CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de octubre de dos mil veintidós.********************VISTA CON RATIFICACIÓN DE DEMANDA********************Agréguese a los autos la diligencia de ratificación levantada el cinco de octubre del año en curso, en la cual se advierte que el quejoso ********************, ratificó en todas y cada una de sus partes la demanda de amparo que ante este Juzgado de Distrito, promovió a su favor********************.********************ANÁLISIS DE CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO********************De las constancias remitidas por la autoridad responsable a su oficio de cuenta, se advierte la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que es estudio oficioso para este órgano jurisdiccional.********************En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la ley en cita, establece: ********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente.****************************************XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado".****************************************Los artículos 62 y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen:********************"Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.".********************"Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:********************[.]********************V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.".********************De los artículos y porciones normativas transcritas de la ley de la materia, se conoce que el juicio de amparo resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.********************La cesación de efectos se ha interpretado como la circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica, de tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías.********************Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció o por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduciría analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del peticionario es constitucional o no.********************Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:********************"SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo."****************************************De la lectura del criterio invocado se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas.********************Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo generaba deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación o actúa ante la omisión que se le reclama, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.********************En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo y restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija.********************Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia.********************En esa tesitura se reitera que, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella.********************Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos ochenta y dos, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Materia Constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece:********************"CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria."****************************************En el caso concreto, el quejoso por conducto del promovente reclamó del Fiscal General del Estado, con residencia en esta ciudad y otras autoridades la privación ilegal de su libertad, incomunicación y actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional.******************** Por lo tanto, si de la razón levantada por la actuaria adscrita a este juzgado el cinco de septiembre de dos mil veintidós, se desprende que el aquí quejoso ingresó al área de resguardo de la Unidad de Control de Internamiento de la Fiscalía General del Estado, pero obtuvo su libertad antes de que dicha funcionaria pudiera constatar su estado físico, de incomunicación y requerirle la ratificación de la demanda; asimismo, del acta de ratificación de cuenta, se constata la libertad de que goza el amparista, al comparecer ante este órgano jurisdiccional a realizar voluntariamente la manifestación de ratificación de demanda.********************Con lo que es válido establecer que HAN CESADO LOS EFECTOS DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTADA E INCOMUNCACIÓN RECLAMADA.********************Por lo que, proceda DESECHAR la demanda de amparo promovida por ********************, al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo.********************Apoya la determinación adoptada la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:********************"SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.".********************Ahora, en lo que respecta a los actos de tortura de que pudo haber sido víctima el amparista, queda expedito su derecho para hacerlo valer en la forma y términos de ley ante la autoridad competente, ya que la actuaria de la adscripción no pudo dar fe del estado físico del quejoso al haber obtenido su libertad con anterioridad a la llegada de la funcionara al lugar de resguardo de personas en el que se encontraba.********************En mérito de lo anterior, se dejan sin efectos las medidas de seguridad decretadas en proveído de cinco de septiembre pasado, lo que se ordena hacer del conocimiento de las autoridades a quienes inicialmente se les notificó sobre la suspensión de plano otorgada al quejoso.********************Sin que proceda dar vista al quejoso con la inexistencia de las autoridades señaladas como responsables Fiscal Especializado para los Delitos de Alto Impacto y Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad para el Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado, dada la improcedencia de la demanda.********************Notifíquese personalmente. ********************Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE PROMOVENTE, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, siete de septiembre de dos mil veintidós. CUMPLEN CON SUSPENSIÓN DE PLANO. Agréguense a los presentes autos los oficios de cuenta, mediante los cuales las autoridades que los suscriben informan el cumplimiento dado con la suspensión de plano decretada en favor del quejoso directo, de lo que se toma nota para los efectos legales procedentes. Sin que proceda proveer en cuanto al fondo el informe previo que rinde el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada en delito de Alto Impacto, con sede en esta ciudad, en razón de que no fue requerido en este asunto. RAZONES ACTUARIALES. También agréguense a los presentes autos las razones actuariales de cuenta, respecto de las cuales se acuerda lo siguiente. En lo referente a la primera de dichas constancias, se ordena que, en lo subsecuente que se tenga que girar un oficio a las autoridades responsables, se deberá hacer conforme a la denominación asentada por la funcionaria judicial, a fin de su debida entrega. REQUERIMIENTO. En lo correspondiente a la diversa razón actuarial, de la que se advierte que no le fue posible dar cumplimiento a lo ordenado en proveído de cinco de septiembre actual, esto es, requerir al quejoso para que manifestara si ratificaba o no el escrito de demanda promovido en su favor por Leonardo Raymundo Quevedo Domínguez, en razón de que al constituirse en las instalaciones de la Unidad de Control de Internamiento de la Fiscalía General del Estado, fue informada que el quejoso directo Raymundo Carranza Ávila, fue ingresado a dicha área pero que con anterioridad ya había obtenido su libertad, lo cual se constata con las constancias allegadas por las autoridades responsables con sus oficios de cuenta. En tal virtud, se ordena requerir al quejoso directo por sí o por conducto de su promovente, para que en su caso, al momento de la diligencia manifieste si ratifica o no la demanda generadora de este expediente o bien, en plazo de tres días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación del presente auto, comparezca el directamente agraviado a realizar la manifestación correspondiente. APERCIBIMIENTO. Con apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al momento de la diligencia o de no comparecer personalmente en el plazo concedido, conforme al artículo 15 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda, con las consecuencias legales que ello implique. Ahora, para dar cumplimiento a lo anteriormente ordenado, se comisiona por única ocasión al actuario judicial correspondiente, se constituya en el domicilio ubicado en la calle Gobernadora número 366, fraccionamiento o colonia Puerta Blanca de esta ciudad, que como consta en las documentales allegadas con los oficios de cuenta, corresponde al directamente quejoso. En el entendido que, sólo para el caso de no lograr la diligencia encomendada en el referido domicilio, el actuario de la adscripción se constituirá en el diverso localizado en la calle Cuautla número 297, colonia centro de esta capital, que corresponde al promovente de la demanda de amparo y, que por ser un licenciado en derecho que ha instado en diversas ocasiones ante este órgano jurisdiccional, se tiene conocimiento cierto de su domicilio laboral y que en este acto, para no dejar en estado indefensión al quejoso dado que no señaló domicilio procesal en la demanda, se invoca como un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Notifíquese y personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Marbella Juárez García Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Rcl
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Morelia, Michoacán, siete de septiembre de dos mil veintidós. CUMPLEN CON SUSPENSIÓN DE PLANO. Agréguense a los presentes autos los oficios de cuenta, mediante los cuales las autoridades que los suscriben informan el cumplimiento dado con la suspensión de plano decretada en favor del quejoso directo, de lo que se toma nota para los efectos legales procedentes. Sin que proceda proveer en cuanto al fondo el informe previo que rinde el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada en delito de Alto Impacto, con sede en esta ciudad, en razón de que no fue requerido en este asunto. RAZONES ACTUARIALES. También agréguense a los presentes autos las razones actuariales de cuenta, respecto de las cuales se acuerda lo siguiente. En lo referente a la primera de dichas constancias, se ordena que, en lo subsecuente que se tenga que girar un oficio a las autoridades responsables, se deberá hacer conforme a la denominación asentada por la funcionaria judicial, a fin de su debida entrega. REQUERIMIENTO. En lo correspondiente a la diversa razón actuarial, de la que se advierte que no le fue posible dar cumplimiento a lo ordenado en proveído de cinco de septiembre actual, esto es, requerir al quejoso para que manifestara si ratificaba o no el escrito de demanda promovido en su favor por Leonardo Raymundo Quevedo Domínguez, en razón de que al constituirse en las instalaciones de la Unidad de Control de Internamiento de la Fiscalía General del Estado, fue informada que el quejoso directo Raymundo Carranza Ávila, fue ingresado a dicha área pero que con anterioridad ya había obtenido su libertad, lo cual se constata con las constancias allegadas por las autoridades responsables con sus oficios de cuenta. En tal virtud, se ordena requerir al quejoso directo por sí o por conducto de su promovente, para que en su caso, al momento de la diligencia manifieste si ratifica o no la demanda generadora de este expediente o bien, en plazo de tres días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación del presente auto, comparezca el directamente agraviado a realizar la manifestación correspondiente. APERCIBIMIENTO. Con apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al momento de la diligencia o de no comparecer personalmente en el plazo concedido, conforme al artículo 15 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda, con las consecuencias legales que ello implique. Ahora, para dar cumplimiento a lo anteriormente ordenado, se comisiona por única ocasión al actuario judicial correspondiente, se constituya en el domicilio ubicado en la calle Gobernadora número 366, fraccionamiento o colonia Puerta Blanca de esta ciudad, que como consta en las documentales allegadas con los oficios de cuenta, corresponde al directamente quejoso. En el entendido que, sólo para el caso de no lograr la diligencia encomendada en el referido domicilio, el actuario de la adscripción se constituirá en el diverso localizado en la calle Cuautla número 297, colonia centro de esta capital, que corresponde al promovente de la demanda de amparo y, que por ser un licenciado en derecho que ha instado en diversas ocasiones ante este órgano jurisdiccional, se tiene conocimiento cierto de su domicilio laboral y que en este acto, para no dejar en estado indefensión al quejoso dado que no señaló domicilio procesal en la demanda, se invoca como un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Notifíquese y personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Marbella Juárez García Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Rcl
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