Raúl Manzo Ríos
Expediente 339/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 339/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 29/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Raúl Manzo Ríos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil dieciocho. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación de cuenta de la cual se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2009. En consideración a lo anterior y toda vez que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, se estima que el presente juicio de amparo encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto, del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído en el juicio de amparo, por lo que se estima que el mismo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que existen medidas cautelares concedidas; en tal virtud, de conformidad con lo que señala el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del aludido acuerdo, el original de los cuadernos incidentales es susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran más de cinco años a partir de esta fecha, por lo que deberán conservarse todas las determinaciones relativas a su otorgamiento o violación. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto vigésimo del acuerdo en consulta, los que comienzan a contar a partir de la fecha antes anotada en que se dictó resolución interlocutoria. SE REQUIERE A LA PARTE QUEJOSA Y SE APERCIBE. Finalmente, como de la certificación de cuenta se desprende que en los presentes autos a fojas once a doce, así como dieciocho a veinte, obran glosados diversos documentos originales exhibidos por la parte quejosa; en tal virtud, con fundamento en el punto vigésimo, último párrafo, del acuerdo antes mencionado, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días naturales, contado a partir del siguiente al de la legal notificación de este proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger tales documentos, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso que para tal efecto se le concede, sin previo acuerdo se procederá a la destrucción de los mismos junto con el expediente en que se actúa. Cúmplase y notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con el Secretario que autoriza y da fe Leonel López Pérez.- Doy fe.Dva
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de junio de dos mil dieciocho. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal de autos, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución de siete de los actuales, haya interpuesto recurso de revisión en contra de dicha sentencia, en la que se sobreseyó en el presente juicio de control constitucional promovido por Raúl Manzo Ríos, por su propio derecho; por lo tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo V-339/2018 promovido por Raúl Manzo Ríos, por su propio derecho, contra actos del Delegado Estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con residencia en esta ciudad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no se le reconoció el carácter de tercero interesado a persona alguna. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; Secretario, dé cuenta con el informe justificado que obra en autos. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Delegado Estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con residencia en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia; enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que obra en autos la prueba documental que acompañó el quejoso a su escrito de demanda; asimismo, la diversa que remitió la autoridad responsable como sustento de su informe justificado, así como en cumplimiento al requerimiento formulado en autos. EL JUEZ: Ténganse por admitidos y desahogados dichos medios de convicción, y al no existir más pruebas por desahogar, se pasa al período de alegatos; Secretario, dé cuenta con los formulados por las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que únicamente la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, formuló los alegatos que a su parte corresponden. EL JUEZ: Ténganse por reproducidos dichos alegatos, con lo cual se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo número V-339/2018; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el dieciocho de abril pasado, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta capital, turnado el mismo día por cuestión de turno a este órgano jurisdiccional, Raúl Manzo Ríos, por derecho propio, promovió juicio de amparo indirecto en contra de la autoridad y actos que a continuación se transcriben: "[.] Autoridades responsables: Tienen tal carácter las siguientes: a) El Delegado Federal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en Michoacán; [.] Actos reclamados: De la autoridad indicada como Autoridad Responsable (Delegado Federal de la SAGARPA en Michoacán) reclamo, haber dictado sin apegarse a derecho el oficio número: 136.01.00513/2018 de fecha 14 de marzo del año 2018. La parte promovente del juicio narró los antecedentes del acto reclamado y estimó vulneradas en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE. Por auto de diecinueve de abril de la presente anualidad, este juzgado de distrito admitió a trámite la demanda registrada con el número V-339/2018; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada en términos del acta correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente al día siguiente de su publicación, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que los actos reclamados tienen ejecución dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado a la autoridad responsable consiste en el oficio 136.01.00513/2018 de catorce de marzo de dos mil dieciocho, emitido por el Delegado Estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con residencia en esta ciudad. TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir su informe justificado, el Delegado Estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con residencia en esta ciudad, aceptó el acto que se le atribuyó, aduciendo que efectivamente el oficio impugnado fue emitido por tal delegado, a cuyo efecto remitió diversas documentales relativas al acto reclamado. Medios de convicción a las cuales se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse de copias certificadas de diversas actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Conforme a la técnica del juicio de amparo, y de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este juzgado federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Cobra aplicación la tesis Jurisprudencial que a la letra dice: "Tesis: II.1o. J/5 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 222780 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo VII, Mayo de 1991 Página 95 Jurisprudencia (Común) IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Bravo Gómez. Secretario: Santiago F. Rodríguez Hernández. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretario: José Luis Flores González. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretario: José Luis Flores González. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretario: José Luis Flores González. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Bravo Gómez. Secretario: Fernando Lundez Vargas". En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis con el siguiente rubro y texto: "Época: Octava Época Registro: 218875 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 55, Julio de 1992 Materia(s): Común Tesis: VI. 2o. J/209 Página: 51 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, analizar las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Amparo en revisión 323/88. Máximo González Escobar. 23 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Guillermo Báez Pérez. Amparo en revisión 325/91. Pérez y Carreón, S. A. 23 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Guillermo Báez Pérez. Amparo en revisión 527/91. Comercializadora de Llantas y Cámaras, S. A. de C. V. 26 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Amparo en revisión 529/91. Alejandro Palacios Flores. 3 de diciembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Amparo en revisión 244/92. María Gema Elba Elizabeth Zamora y González. 29 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez". Respecto al acto reclamado consistente en el auto de quince de julio de dos mil dieciséis, dictado en el oficio 136.01.00513/2018 de catorce de marzo de dos mil dieciocho, emitido por el Delegado Estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con residencia en esta ciudad, en el que se le requiere nuevamente, la devolución total del incentivo recibido por cada uno de los ciclos agrícolas otoño invierno 2015/2016, primavera verano 2016, otoño invierno 2016/2017 y primavera verano 2017 en un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir de la notificación de dicha comunicación, debe decirse que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo; en atención a las siguientes consideraciones. Sobre la causal de improcedencia que se invoca, la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo, al respecto señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. [.]" La causal de improcedencia a que se hace referencia, encuentra sustento en la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, cuyo rubro y texto señalan: "Época: Novena Época Registro: 202345 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Mayo de 1996 Materia(s): Común Tesis: III.1o.A.11 K Página: 582 ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZON DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Amparo en revisión 45/95. Silvia Susana Alcalá Iñiguez. 2 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Rogelio Camarena Cortés. Secretario: Bernardo Olmos Avilés". De lo anterior obtenemos que tratándose de actos que derivan de otros consentidos, deviene improcedente el juicio de garantías, en atención a que si bien es cierto que ninguna de las fracciones del arábigo 61 de la Ley de Amparo contempla dicha causal de improcedencia, la fracción XXIII de dicho precepto en relación con el artículo 217 del citado ordenamiento, sí la regula, tal como lo confirma la tesis cuyo título y texto establecen: "Época: Octava Época Registro: 230859 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 52 ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. FUNDAMENTO DE LA IMPROCEDENCIA. La improcedencia que resulta cuando el acto reclamado es consecuencia de otro consentido, por no haberse impugnado en su oportunidad, se funda en los artículos 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo en relación con el diverso artículo 192 de la misma Ley, que establece la obligación de observar la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: en este caso, la número 19 visible en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA". Amparo en revisión 230/88. Isabel y David Loaiza Muñoz. 15 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretaria: María Guadalupe Herrera Calderón". Como complemento de lo anterior, también es necesario precisar que, la funcionalidad de la causa de improcedencia que se viene comentado lo es en la medida en que la acción de amparo se enderece contra actos que sean consecuencia inmediata y directa de otro que habiendo afectado los intereses del particular no hubiera sido impugnado oportunamente, por lo que entonces se consideran derivados o consecuentes de aquél que se consintió; en este sentido, a efecto de que se actualice tal hipótesis es necesario que se reúnan los siguientes elementos, a saber: a). La existencia de un acto anterior que sea fuente u origen del perjuicio y que hubiese sido consentido (primario); b). La existencia de un acto posterior que cuyo perjuicio irrogue esté fundado o encuentre sustento en el acto primario, esto es, que esté vinculado al precedente de tal forma que la materialidad del agravio que en él se consigne no pueda entenderse de forma autónoma o aislada, sino vinculada con el que el acto anterior o primario; esto es, que el acto derivado sea en estricto sentido una mera consecuencia del primero, es decir, que entre el acto reclamado derivado y el anterior que fue consentido, exista una relación de causa a efecto que íntimamente los vincule; y, c). Que aun concurriendo las exigencias anteriores, el acto reclamado (secundario o derivado) no se impugne por vicios propios, pues en tal caso el amparo sí procederá sólo contra esos vicios. Lo anterior, al tenor de la tesis sustentada por el pleno de rubro y texto siguientes: "Época: Séptima Época Registro: 232011 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 217-228, Primera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 9 ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. Amparo en revisión 3616/86. Aceros y Laminado del Norte, S.A. de C.V. 26 de mayo de 1987. Unanimidad de veinte votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín Argumosa". En armonía con lo anterior debe decirse que la característica esencial para apreciar si un acto es derivado de otro consentido es la precisión o fijación del acto o resolución en que se originó el perjuicio o agravio que afecta al particular, pues la funcionalidad de la causa de improcedencia que se comenta tiene como presupuesto lógico que exista un acto de autoridad anterior consentido, en la inteligencia de que se tiene por entendido el que debió haberse impugnado porque agraviaba o perjudicaba al gobernado, de donde se sigue que si el particular no se defendió del acto anterior o precedente, se considera que las consecuencias que del mismo se generen también deben aceptarse de modo conforme, esto es, que ya no se puede considerar expedito el derecho de defensa contra los actos derivados o consecuentes al encontrar su fundamento en el acto primario o anterior que se consintió. La lógica en que se basa la causa de improcedencia de mérito no es más que un paralelismo del principio jurídico que reza: "lo accesorio sigue la suerte de lo principal", de donde lo accesorio es el acto derivado y lo principal el acto primario consentido; principio que se explica en la medida de la existencia de un vínculo medular entre el acto consecuente y el primario, es decir, que el acto derivado no tiene vida propia, sino que su existencia depende del primero, siendo el "perjuicio" ,en el paralelismo mencionado, para el supuesto de la causa de improcedencia que se comenta, el hilo conductor que debe ponderarse como vínculo entre ambos actos, esto es, que lo importante para considerar a un acto como derivación de otro que fue consentido es la precisión de la génesis del agravio que el gobernado aduzca se ocasiona en su contra; así, el perjuicio, esto es, la causa generadora del agravio que el gobernado aduzca sufrir en su esfera jurídica es la característica que permite identificar qué acto de autoridad es el primario y cuál su consecuente o derivado. El argumento que precede encuentra sustento en la propia mecánica constitucional y legal de procedencia del juicio de garantías que exige forzosamente la existencia de un perjuicio existente cometido contra el gobernado a fin de considerar que su interés jurídico se lastimó, o cuando menos que se consideró lastimado, esto es, la materialidad de una afectación a alguno de sus derechos para que deba ser corregida mediante el medio de control constitucional denominado juicio de amparo, porque la naturaleza misma de la acción de amparo es la de ser un control constitucional de carácter reparador, lo que implica que para el ejercicio de dicha acción es necesaria e ineludiblemente la existencia de un perjuicio que deba ser reparado. Lo anterior tal como lo prevé la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal y 6 de la Ley de Amparo, que en lo conducente disponen lo que sigue: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. [.]" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Presupuesto el que se viene comentando que en la teoría se ha dado en conocer como principio de agravio personal y directo y que se encuentra en armonía con la propia lógica que hace posible la existencia de la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, de donde precisamente se exige como requisito la existencia de un acto de autoridad que haya sido consentido por el particular ,sea de forma tácita o expresa, pero aún más, la condición lógica que se requiere para actualizar la improcedencia de mérito es que el acto que se estime consentido efectivamente haya sido el productor de perjuicio, afectación o agravio contra el particular, pues de otra forma no se podría entender la figura del consentimiento porque no sería posible considerar que se consintió algo que no existía, no siendo la nada materia de consentimiento. Con lo anterior se puede concluir de forma categórica que para la debida actualización de la causa de improcedencia que se viene comentado el factor "perjuicio", al constituir presupuesto y característica necesaria que se exige para el ejercicio de la acción de amparo, se torna imprescindible que su origen deba radicar precisamente en el acto perjudicial que el gobernado hubiera consentido en un momento anterior, esto es, en el acto primario, para de ahí estimar que el agravio mismo reproducido en otro acto que emita la autoridad en razón de la ejecución del anterior (derivado), ya no pueda ser analizado en virtud de que el derecho de defensa contra el contenido medular en que se basa el acto secundario quedó consentido al no haberse controvertido el acto génesis del perjuicio (primario). Ahora bien, en la especie se analiza la casual que se ha desarrollado por lo siguiente. Por oficio 313.0/002655, signado por el Director General de Operaciones y Explotación de Padrones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con residencia en la Ciudad de México, se solicitó a los delegados de la referida Secretaría de Estado en las entidades federativas, a fin de que requiera a los servidores públicos que hayan cobrado diversos incentivos en los ciclos agrícolas respectivos, y procedan a la devolución de los mismos en un plazo no mayor a diez días hábiles. En atención al referido oficio, se emitió la diversa comunicación oficial 136.01.1409/2017 de doce de septiembre de dos mil diecisiete, dirigida al aquí quejoso Raúl Manzo Ríos, del cual se desprende que se le requirió la devolución total del incentivo recibido por cada uno de los ciclos agrícolas otoño invierno 2015/2016, primavera verano 2016, otoño invierno 2016/2017 y primavera verano 2017 en un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir de la notificación de la misma. Posteriormente, en diligencia de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, se le notificó al promovente del amparo el contenido del aludido oficio, quien se identificó a satisfacción del personal adscrito a la delegación en el Estado de Michoacán de la secretaría en comento, y ante la presencia de dos testigos. Finalmente, el catorce de marzo de dos mil dieciocho, se dictó el diverso oficio 136.01.00513/2018, signado por la misma autoridad, por medio del cual se requirió nuevamente al quejoso, con la finalidad de que realice la devolución total del incentivo recibido por cada uno de los ciclos agrícolas referidos supra líneas. (Lo cual constituye el acto reclamado en la presente instancia) Conforme a las actuaciones descritas, se aprecia que el oficio combatido de catorce de marzo de dos mil dieciocho, deriva de otro que fue previamente consentido de manera tácita por el quejoso, al no haber promovido en su contra el juicio de amparo en los plazos de ley, esto es, aquel a través del cual el Delegado Estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con residencia en esta ciudad, requirió al quejoso Raúl Manzo Ríos, en los términos del oficio combatido, del cual el propio quejoso tuvo conocimiento oportuno al haberle sido notificado. En ese contexto, este juzgador advierte que la presunta afectación o perjuicio que aduce el quejoso se le pretende ocasionar, al haberse emitido el oficio 136.01.00513/2018 de catorce de marzo de dos mil dieciocho, emitido por el Delegado Estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con residencia en esta ciudad, es consecuencia directa e ineludible del diverso oficio 136.01.1409/2017 de doce de septiembre de dos mil diecisiete, precisamente porque en dicha comunicación de catorce de marzo pasado, se le requirió nuevamente la devolución del incentivo en comento. Ante ese panorama, y dado que el quejoso consintió el aludido oficio 136.01.1409/2017 de doce de septiembre de dos mil diecisiete, emitido por el Delegado Estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con residencia en esta ciudad, por no haber impugnado el oficio primario en mención, debe considerarse que es un acto consecuencia directa y necesaria de aquel que, precisamente al no haber sido impugnado debidamente debe considerarse como tácitamente consentido. Además, de los conceptos de violación puede apreciarse que este último acto, no se combate por vicios propios, pues en éstos el quejoso plantea aquellos que debió formular frente al auto primario descrito con antelación. Apoya la anterior consideración, la tesis de jurisprudencia del contenido siguiente: "Época: Novena Época Registro: 176608 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Diciembre de 2005 Materia(s): Común Tesis: VI.3o.C. J/60 Página: 2365 ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO. Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz. Amparo en revisión 2/90. Germán Miguel Núñez Rivera. 13 de noviembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Brito Velázquez. Secretaria: Luz del Carmen Herrera Calderón. Amparo en revisión 393/90. Amparo Naylor Hernández y otros. 6 de diciembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Brito Velázquez. Secretaria: María Dolores Olarte Ruvalcaba. Amparo directo 352/2000. Omar González Morales. 1o. de septiembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Teresa Munguía Sánchez. Secretaria: Julieta Esther Fernández Gaona. Amparo directo 366/2005. Virginia Quixihuitl Burgos y otra. 14 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Norma Fiallega Sánchez. Secretario: Horacio Óscar Rosete Mentado. Amparo en revisión 353/2005. Francisco Torres Coronel y otro. 4 de noviembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Filiberto Méndez Gutiérrez. Secretaria: Carla Isselín Talavera". En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con el diverso 217 de la Ley de Amparo, y con tesis de jurisprudencia obligatoria, debe decretarse el sobreseimiento de ese acto reclamado en el presente juicio de garantías, en términos de lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Cabe precisar que no hay motivo para suplir la deficiencia de la queja si el juicio de garantías resulta improcedente, ya que la suplencia de la queja no puede llegar al extremo de generar una procedencia del juicio que conforme a la ley no se actualiza, pues las reglas de procedencia no pueden alterarse con motivo de tal suplencia, ya que ésta no tiene el alcance de hacer viable lo que conforme a la propia ley es improcedente, máxime que la encargada de la Subdelegación de Registro del Registro Agrario Nacional en el Estado, con residencia en esta ciudad, hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que en los archivos de dicha delegación, no se encontró dado de alta, ni como ejidatario o como posesionario, al quejoso Raúl Manzo Ríos. En ese orden de ideas, es innecesario analizar si en la especie se surte o no diversa causal de improcedencia, pues de cualquier forma el sentido de la sentencia sería el mismo, atento a la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "Época: Novena Época Registro: 195744 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Agosto de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 54/98 Página: 414 SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Amparo en revisión 7488/81. Maximino Juárez Miguel (Poblado de San Francisco Jaltepetongo, Municipio del mismo nombre, Estado de Oaxaca. Acumulados). 29 de noviembre de 1982. Cinco votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Secretario: Wilfrido Castañón León. Amparo en revisión 540/97. Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple y Grupo Financiero. 30 de enero de 1998. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Alma Delia Aguilar Chávez Nava. Amparo en revisión 3059/97. Francisco Cañedo Zavaleta. 30 de enero de 1998. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adela Domínguez Salazar. Amparo en revisión 1634/96. Arturo Veana Espinosa. 20 de febrero de 1998. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adela Domínguez Salazar. Amparo en revisión 2204/97. De Raffaelo, S.A. de C.V. 27 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Aristeo Martínez Cruz". Es oportuno indicar que dado el sobreseimiento decretado, no es posible analizar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa contra el acto reclamado aquí estudiado, al no ser factible en ese tenor, el estudio del fondo del asunto. Es aplicable al caso concreto, la tesis del siguiente contenido: "Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, fracción XXIII, 63, fracción V y 217 de la Ley de Amparo; se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Raúl Manzo Ríos, contra el acto que reclamó del Delegado Estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con residencia en esta ciudad, en términos del considerando que antecede. Notifíquese. Así lo sentenció y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se obtiene que se encuentra trascurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias que remitió la autoridad responsable en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, las cuales se tuvieron por recibidas en alcance de su informe justificado en proveído de quince de los corrientes. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Morales Pardo, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo de la licencia académica concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/3765/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza. Doy FeDva
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