Raúl Morales Reyes

Expediente 528/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
528/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
11/08/2023

Partes del expediente

  • Raúl Morales Reyes
  • Magistrado Presidente de la Primera Sala Civil del H. Tribunal Superior de Justicia del Estad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio señalado en la cuenta para que surta sus efectos legales correspondientes, por medio del cual la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, solicita se le devuelvan los documentos que remitió como apoyo a su informe justificado; en su atención, dígase a la responsable que por oficio 15991/2023 de ocho de agosto de este año, se le remitieron los seis cuadernos de pruebas que refiere; mismos que fueron recibidos el diez del mes en curso, en el órgano jurisdiccional a su cargo, como se advierte del acuse de recibo que obra en autos. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 20, fracción I, del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Finalmente, por carecer de objeto su permanencia en este Juzgado, devuélvase a la responsable Magistrado Presidente de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, los seis cuadernos de prueba que remitió como apoyo a su informe justificado y que obran por separado. Notifíquese.

  3. Principal

    En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las nueve horas con veinte minutos del diecinueve de julio de dos mil veintitrés, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Rodrigo Courtois Yannini, con el secretario Gamaliel Sánchez Cruz procede a celebrar la presente audiencia constitucional, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. A continuación, el secretario hace una relación de las constancias que obran en el juicio de amparo 528/2023, entre las que se encuentran las siguientes: (i) la demanda de amparo, (ii) el escrito por el que se cumple la prevención de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, (iii) el auto de cinco de junio de dos mil veintitrés, donde se admite a trámite el escrito inicial y (v) los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Enseguida, el Juez tiene por hecha la relación de las constancias que antecede. Etapa probatoria. En esta fase se hace constar las pruebas ofrecidas por la parte quejosa y autoridad responsable, las cuales se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza; no habiendo más que constar, se cierra este período para pasar al de alegatos. Etapa de alegatos. En este estadio de la audiencia se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos, se cierra dicho período; luego, al no existir diligencias pendientes por realizar se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 528/2023, promovido por ********************, que promueve por su propio derecho. El problema jurídico en el presente asunto consiste en el presente asunto es el siguiente: determinar si el Presidente de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Juez Tercero Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, violaron en perjuicio del quejoso los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O S : ANTECEDENTES De las constancias que obran en el cuaderno de pruebas se desprende que por acuerdo de fecha once de mayo de dos mil diecisiete, el quejoso ******************** por su propio derecho, demandó a Felicitas Matías Sánchez y a Raciel Isidro Matías Sánchez por la vía ordinaria civil en ejercicio de la acción reivindicatoria, en el expediente civil número 136/2017 del índice del Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial del Centro. Una vez seguido el proceso correspondiente, el uno de marzo de dos mil dieciocho, la entonces Juez Tercero Civil del Distrito Judicial del Centro, dictó sentencia a favor de ********************, que lo declaró legítimo propietario; y por lo que respecta a Felicitas Matías Sánchez y Raciel Isidro Matías Sánchez, la reivindicación y entrega del inmueble, absolviéndolos de los pagos de gastos y costas en el juicio civil. En consecuencia, por auto de tres de abril de dos mil dieciocho Felicitas Matías Sánchez, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia antes mencionada, mismo que le correspondió conocer a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca bajo el toca 127/2018, y resuelto el once de diciembre de dos mil dieciocho, en el cual, dictaminó que se revocara la sentencia apelada y ordenó reponer el procedimiento desde la diligencia de emplazamiento, por lo que refiere a la demandada Felicitas Matías Sánchez, a fin de que ésta, fuera asistida de un traductor de su lengua y el idioma español. Una vez devueltos los autos originales a primera instancia, y seguido el trámite, el veintiocho de febrero de dos mil veinte se dictó sentencia en la que se determinó que el actor ******************** no probó la acción y se absolvió a la demandada Felicitas Matías Sánchez. Dicho fallo fue apelado por el actor por auto de fecha veintiséis de octubre de dos mil veinte. Dicho recurso fue radicado por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con el número toca civil ********************, el cual fue resuelto el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno; quien, en esta ocasión, revocó la resolución materia de estudió en aras de que fuera correctamente emplazado el demandando Raciel Isidro Matías Sánchez, y en su oportunidad, el juez de origen, emita la sentencia que en derecho corresponda, los puntos resolutivos del fallo en apelación son los siguientes: ".RESUELVE: PRIMERO.- Se Revoca la sentencia apelada, por las razones, fundamentos legales y para el efecto dado en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO.- En mérito de las razones emitidas en el considerando tercero y cuarto de esta resolución, esta Sala se abstiene de realizar el estudio de los agravios esgrimidos por el apelante RAÚL MORALES REYES. TERCERO.- En cumplimiento al auto de quince de julio de dos mil veintiuno dictado por el magistrado presidente de esta Sala JOSÉ LUIS RÍOS CRUZ, y toda vez que ninguna de las partes hizo manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en cumplimiento a ese auto, cuando así lo solicite esta resolución estará a disposición del público para su consulta, previo el procedimiento de acceso a la información, con supresión de los datos personales, de conformidad con el artículo 23 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. CUARTO.- Notifíquese; remítase testimonio de esta resolución al a quo para su conocimiento y oportunamente archívese el presente toca como asunto concluido. Cúmplase...". De modo que, una vez que los autos retornaron al Juzgado Tercero de lo Civil del Centro, el quejoso ********************, presentó escrito de desistimiento de la acción y de la demanda formulada en contra de Raciel Isidro Matías Sánchez, mismo que fue ratificado el veintitrés de marzo de dos mil veintidós. El seis de abril de dos mi veintidós, el quejoso solicitó al juez Tercero de lo Civil, la remisión de los autos a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, a fin de que fuera resuelto el recurso de apelación ********************, respecto de la demanda Felicitas Matías Sánchez; empero, el citado juez, mediante proveído de veintidós de abril siguiente, denegó dicha solicitud en razón que el recurso de citado ya se encontraba resuelto. Ante ello, el actor ********************, interpuso recurso de revocación en contra del proveído de veintidós de abril de dos mil veintidós, medio ordinario de defensa que fue resuelto el tres de marzo de dos mil veintitrés, en que en su parte medular y resolutivos estimó lo siguiente: "(.) Por resolución de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, los magistrados integrantes de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, revocaron la sentencia de fecha veintiocho de febrero de dos mil veinte, dictada por esta autoridad para el efecto de que se repusiera el procedimiento únicamente por lo que tocaba al demandado Raciel Isidro Matías Sánchez, desde que la violación se cometió, es decir, para que se le notificara y emplazara correctamente, con las formalidades de ley, con la finalidad de que, seguido el juicio en todos sus trámites, en su oportunidad se citara nuevamente para la audiencia de alegatos a todas las partes y se pronunciara la sentencia que conforme derecho proceda. Lo anterior, sin estrar (sic) al estudio de los agravios expresados por el apelante. Sin embargo, la parte actora ********************, se desistió de la demanda y acción intentada en contra del demandado Raciel Isidro Matías Sánchez. Desistimiento que fue confirmado en diligencia de ratificación de escrito efectuada el veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Por lo tanto, y al no haber materia para que esta autoridad, pueda dictar nueva sentencia, y que, además, la apelación interpuesta en contra de la sentencia dictada con fecha veintiocho de febrero de dos mil veinte, se encuentra admitido (sic), pero no resuelto, y siendo que el recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior, resulta procedente remitir nuevamente los autos al tribunal de Alzada (sic) para la substanciación del recurso interpuesto. (.) R E S U E L V E: PRIMERO.- Se procede a REVOCAR el auto de fecha veintidós de abril del dos mil veintidós, para el efecto que mediante oficio, se remitan los autos originales al Tribunal de Alzada, para que realice el estudio de los agravios expresados por el inconforme RAUL MORALES REYES, y resuelva el recurso de apelación interpuesto en contra de de (sic) la sentencia de fecha veintiocho de febrero de dos mil veinte. SEGUNDO.- Notifíquese, y a la sentenciada FELICITAS MATÍAS VÁSQUEZ, en términos ordenados en el considerando tercero de esta resolución, y cúmplase.". En cumplimento a lo anterior, se remitieron los autos al toca ******************** del índice de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien mediante proveído de tres de mayo de dos mil veintitrés, estimó que el trámite intentado resultaba improcedente en razón que dicho toca ya se encontraba archivado al haberse revocado la sentencia apelada (28 de febrero de 2020) y ordenó devolver los autos al juez de origen. Inconforme con esa determinación, el quejoso interpuso recurso de reposición en contra del proveído de tres de mayo de dos mil veintitrés, mismo que la Primera Sala, no admitió al estimarlo extemporáneo. Hasta aquí los antecedentes del juicio civil 136/2017 del Juzgado Tercero Civil del Centro, Oaxaca y del toca ******************** de la estadística de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo fue recibida en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, la cual se registró con el progresivo 528/2023. El quejoso señaló como autoridades responsables: al Magistrado Presidente de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y al Juez Tercero Civil del Centro, Oaxaca. Previa prevención a fin de que el quejoso precisara los actos que reclama, por acuerdo de cinco de junio de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S : COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman diversos actos de autoridades que tienen su sede dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Bajo ese tenor, de los escritos de demanda y de cumplimiento de prevención, se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: Del Magistrado Presidente de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. El auto de diez de mayo de dos mil veintitrés dictado en el toca civil 136/2017 mediante el cual desecha el recurso de reposición interpuesto en contra del diverso proveído de tres de mayo último. Del Juez Tercero Civil del Centro, Oaxaca. La falta de estudio de las constancias procesales que integran el expediente 136/2017 de su índice. INEXISTENCIA DE UN ACTO RECLAMADO. El juez Tercero de lo Civil del Centro, rindió su informe justificado negando la existencia del acto reclamado, sin que la quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa. En ese sentido, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la tesis de jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". EXISTENCIA DE UN ACTO RECLAMADO La existencia del acto atribuido al Magistrado Presidente de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, negó la existencia de los actos que les fueron atribuidos; sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada de la lectura integral del informe en cuestión, del que se desprende que realizó manifestaciones que evidenciaron la existencia del mismo. Al respecto, es conveniente citar el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de mil novecientos noventa y cuatro, página trescientos noventa y uno, el cual es del tenor siguiente "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Lo que se corrobora, con las constancias del toca civil ******************** y del expediente 138/2017 del índice del Juzgado Tercero Civil del Centro, Oaxaca que anexó a su informe y que obran en un tomo por separado, las cuales tienen valor probatorio pleno, con fundamento en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto en el numeral 2 de la Ley de Amparo. PROCEDENCIA Previo al estudio de fondo de este asunto, se procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, ya sea, que la invoquen las partes, o bien, se advierta por este juzgador, toda vez, que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En la especie, de oficio se advierte que en el presente juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, ya que la quejosa no formuló conceptos de violación para combatir los actos de referencia. Los preceptos en mención indican: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) VIII. Los conceptos de violación.". De la lectura lisa y llana de la última fracción del numeral 61 transcrito, destaca que su aplicación está condicionada, indefectiblemente, a la acreditación de diverso impedimento legal que se consigne en la Carta Magna o en la propia Ley de Amparo. El artículo 108, fracción VIII, también transcrito, imponen al quejoso la obligación de expresar los conceptos de violación por los que estime que la ley fundamental se transgrede en su perjuicio, puesto que la consecuencia de no hacerlo se traduce en la imposibilidad del juzgador de efectuar un análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, dado que de la conjunción de los principios de instancia de parte y estricto derecho que rigen en la materia (civil) ante la ausencia de argumentos que acusen la violación de garantías, el Juez de amparo se encuentra impedido para pronunciarse al respecto. Entonces, aunque los conceptos de violación no deben considerarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor los preceptos constitucionales que estiman infringidos, la premisa menor los actos reclamados y la conclusión la contrariedad entre ambas premisas, deben formularse como la relación razonada entre los actos desplegados por las autoridades responsables y los derechos públicos subjetivos que se estimen violados por la parte quejosa, demostrando jurídicamente la contravención de éstos con dichos actos expresando la causa de pedir que se configura al manifestar los actos que se impugnan, los preceptos constitucionales que se consideran vulnerados por su expedición o ejecución, así como los motivos o razones que acreditan el resquebrajamiento del orden constitucional. En síntesis, los conceptos de violación en el juicio de amparo se caracterizan por la concurrencia de tres elementos que la parte quejosa debe observar indefectiblemente al momento de formular la demanda de garantías, a saber: a) La ley o acto que impugna en el proceso de control constitucional que excita ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, La lesión o afectación jurídica concreta y particular que estima le producen los actos reclamados en la esfera de derechos públicos subjetivos que la ley fundamental le reconoce; y, Las razones o motivos particulares mediante los cuales considera que efectivamente los actos que impugna devienen en una violación a sus garantías individuales. A partir del cumplimiento de estas premisas surgirá la actualización de la pauta para la conclusión del silogismo y establecer, de esa manera, el problema constitucional, así como la procedencia de la declaración respectiva en torno a los actos reclamados. De acuerdo con lo anterior, es a la parte quejosa a quien incumbe la carga probatoria de demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, excepción hecha de los casos en que se trate de actos apoyados en leyes que hayan sido declaradas inconstitucionales en las que exista jurisprudencia obligatoria sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados que obligue al juzgador a suplir la deficiencia de la queja, o cuando se esté en presencia de actos que sean inconstitucionales por sí mismos. En efecto, el máximo Tribunal del país ha sostenido que no es menester formular los conceptos de violación con el rigorismo del silogismo jurídico exigido; sin embargo, no exime a la parte quejosa de expresar con claridad la causa de pedir, para lo cual deberá señalarse la lesión o agravio que estima le causa el acto, resolución o ley que reclama, así como los motivos que originaron ese agravio. En este sentido, del escrito inicial de demanda se deduce que la quejosa no satisfizo las premisas indicadas, dado que no formuló argumento alguno dirigido a demostrar que la determinación de diez de mayo de dos mil veintitrés emitida por la sala responsable, ocasionaran una afectación en su esfera de derechos. Se afirma lo anterior, en razón que únicamente se limita a citar los criterios "DERECHO FUNDAMENTAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. DEFINICIÓN Y ALCANCE"; GARANTÍA DE TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES"; así como, "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS" y a establecer el derecho de la tutela jurisdiccional efectiva; sin embargo, es omiso es esbozar las consideraciones por las cuales fue incorrecta la determinación de la Sala responsable, es decir, establecer los motivos de inconformidad que encamina a demostrar la inconstitucionalidad del acuerdo de diez de mayo de dos mil veintitrés por el que la sala determinó desechar el recurso de reposición planteado en contra del proveído de tres de mayo último. Con base en lo anterior, se acredita la hipótesis de improcedencia y debe sobreseerse en el juicio, ante la ausencia de conceptos de violación respecto de éstos, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII de la Ley de Amparo. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Sin que la presente determinación deje en estado de indefensión al quejoso, toda vez que del contenido del acuerdo dictado en el toca civil ********************, se aprecia que la Primera Sala Civil, ordenó devolver los autos al juez civil de origen a fin de provea lo conducente, conforme a lo establecido en el citado recurso de apelación. DECISIÓN Por lo aquí expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia en comento, lo procedente es sobreseer en el juicio Por lo expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por los motivos expuestos en los considerando IV y V de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la notificación del proveído de veintidós de junio de este año, mediante el cual se agregó el informe justificado del Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, se hizo por medio de lista el veintitrés siguiente, por lo que surtió sus efectos el veintiséis del mes en curso, de ahí que sólo han transcurrido dos días para que las partes tengan conocimiento del referido informe; por lo que, a fin de respetar el derecho de defensa de la parte quejosa, contenido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para este día, se difiere para las nueve horas con veinte minutos del diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P/J 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página cinco, tomo XI, abril de dos mil, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, bajo el rubro "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA LA CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notifíquese.

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