Raúl Miranda Gutiérrez

Expediente 350/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 21 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
350/2018
Año
2018
Actuaciones
21
Última actuación
19/09/2018

Partes del expediente

  • Raúl Miranda Gutiérrez
  • agente del Ministerio Público adscrito a la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal de Justicia del Tribunal Superior de Justicia del estado de Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Mesa de Amparo VI-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio señalado en la cuenta al expediente de amparo en que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, como del contenido del oficio de cuenta se advierte que el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en funciones de Juez de Distrito, acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo 350/2018, del original y duplicado del incidente de suspensión, e informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada, avocándose al conocimiento del asunto. En atención a lo anterior, toda vez que no existe actuación pendiente en este asunto, se determina lo siguiente: I. Archívese este expediente como asunto concluido. II. Como se trata de un cuaderno de antecedentes y el juicio de amparo que le dio origen se remitió por incompetencia a otro órgano jurisdiccional, por tanto, en términos del punto segundo, fracción XX, del citado Acuerdo General, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. III. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. IV. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación que antecede, en este expediente no existen documentos considerados originales... V. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del mismo acuerdo, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá a la Dirección de Recepción, Tratamiento y Resguardo Documental del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. VI. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Vista; la certificación que antecede, se advierte que en el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia incidental y se emitió la interlocutoria correspondiente, en la que por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva al quejoso Raúl Miranda Gutiérrez. Es concesión se emitió en los términos siguientes: ". para el único efecto de que el juez de Control del Distrito Judicial de Salina Cruz, Oaxaca, en su caso, suspenda el procedimiento en la causa penal 91/2017 de su índice, una vez concluida la etapa intermedia, sin iniciar la etapa de juicio o debate. Esta medida cautelar, en cuanto a su duración, producirá efectos a partir del dictado de esta interlocutoria y hasta que se notifique a las responsables del acuerdo que declare firme la resolución que se dicte en cuanto al fondo del asunto en el juicio de amparo del que emana este incidente de suspensión." La precisión antes expuesta, se debe a lo dispuesto en el último párrafo del numeral 48 de la Ley de Amparo, que dispone que admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva. En ese orden de ideas, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, estima que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por las razones que enseguida se expondrán. En principio, es necesario establecer que el estudio de las cuestiones relacionadas con la competencia constituye uno de los presupuestos para el dictado de las sentencias y la facultad para examinar esos aspectos no puede disociarse de la de dictar el fallo. En otro punto, debe señalarse que la administración de justicia, como una de las tres funciones del Estado es realizada a través de los Tribunales a quienes se les ha dotado de poder de imperium para que sus resoluciones sean acatadas y de jurisdicción entendida ésta en su sentido técnico como la actividad aplicadora del derecho que tiene como finalidad dirimir conflictos intersubjetivos con trascendencia jurídica, en la cual el que juzga y manda es un tercero imparcial: un Juez público. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, segundo párrafo, consagra a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, en los términos siguientes: "[.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Sin embargo, aun cuando todos los órganos dotados de jurisdicción están expeditos para administrar justicia, cada uno de ellos tiene atribuidas de manera precisa una serie de facultades que le permiten avocarse tan sólo a determinado tipo de negocios, circunstancia que procesalmente lo convierte en el órgano jurisdiccional competente en un caso concreto. De esta forma surge la denominada competencia objetiva entendida como el límite y la medida de la jurisdicción. La competencia en un sentido jurídico general alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, esto es, en el ámbito jurídico el concepto de competencia se utiliza para referirse a la atribución legítima de una autoridad para el conocimiento o la resolución de un asunto. En el proceso, la competencia es la cualidad que legitima a un órgano judicial para conocer de un determinado asunto con exclusión de los demás órganos de la misma rama de la jurisdicción. El vocablo anterior está intrínsecamente ligado a la idea de jurisdicción, pero no son conceptos similares. La jurisdicción significa proclamar el derecho y se concibe como una potestad deber atribuida e impuesta a un órgano gubernamental para dirimir litigios de trascendencia jurídica, en el que aplica normas sustantivas e instrumentales por un oficio objetivamente competente y se constituye en un agente imparcial. Lo anterior pone de relieve que la jurisdicción abarca un concepto más global relativo a la impartición de justicia y la competencia obedece a razones más específicas de la distribución de la tarea de juzgamiento entre los diversos órganos judiciales; de ahí que la competencia es el fragmento de la jurisdicción atribuida a un Juez. En el sistema jurídico mexicano, la competencia de la autoridad constituye un derecho fundamental de legalidad y de seguridad jurídica consagrado en el numeral 16, primer párrafo, de la Carta Magna, al disponer que: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]". Así, acorde con lo estatuido en ese precepto constitucional es factible sostener que la competencia es un presupuesto de validez de los actos derivados del ejercicio de la función pública que deben satisfacer no sólo el Juzgador sino todas las autoridades. Trasladados los elementos anteriores al derecho procesal es factible sostener que la competencia es la suma de facultades que la ley da al Juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios. De tal manera que el Juez por el solo hecho de serlo es titular de la función jurisdiccional; sin embargo, no puede ejercerla para resolver cualquier tipo de conflictos, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en los que es competente legalmente. En esa línea argumentativa, el arábigo 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido en su ordinal 2, señala que: "Ningún tribunal puede negarse a conocer de un asunto, sino por considerarse incompetente [.]". De ese dispositivo se advierte que el propio Juzgador debe verificar en cada litigio que se le plantee si tiene o no competencia para conocer de él y si considera que no debe negarse a conocer de ese asunto, puesto que de conformidad con el normativo 17 del código adjetivo civil federal invocado: "Es nulo de pleno derecho lo actuado por el tribunal que fuere declarado incompetente [.]". De lo anterior se sigue que la competencia es un presupuesto de validez del proceso. En ese contexto, al ser la competencia un presupuesto procesal, este órgano jurisdiccional debe analizarla de oficio previamente a resolver sobre cualquier otra cuestión relacionada con la materia de fondo del juicio constitucional, porque de no hacerlo contravendría las norman que rigen al procedimiento del juicio de amparo y propiciaría una violación adjetiva fundamental en perjuicio de las partes. Para evidenciar lo anterior es necesario establecer que los presupuestos procesales se han conceptualizado como los requisitos previos indispensables para la constitución válida de la relación jurídica procesal. Dicho en otras palabras, son aquellos requisitos previos imprescindibles para la existencia del proceso. Los referidos presupuestos determinan el nacimiento válido del proceso, su desenvolvimiento y su normal culminación con la sentencia; por consiguiente, su naturaleza jurídica se desdobla en dos vertientes: en un primer plano, se trata de supuestos previos al proceso o requisitos sin los cuales éste no puede iniciarse válidamente y deben por ello concurrir al momento de formularse la demanda a fin de que el Juez pueda admitirla o iniciar el proceso, por otro lado, atañen a los requisitos del procedimiento para que el juicio pueda ser adelantado válida y normalmente una vez que se ha iniciado. Asimismo, debe precisarse que los presupuestos procesales se han clasificado en la teoría general del proceso en dos categorías, a saber: a) Los presupuestos procesales previos al proceso, que a su vez se subdividen en dos grupos: Presupuestos procesales de la acción, los cuales se relacionan con el ejercicio válido del derecho subjetivo de acción por parte del demandante, es decir, son las condiciones para que el Juez oiga la petición que se le formula para iniciar un proceso, en estos presupuestos es factible ubicar a la personalidad y a la legitimación en el proceso o ad procesum del actor; y, Los presupuestos procesales de la demanda que deben reunirse para que el Juez la admita. Se definen como los requisitos necesarios para que se inicie el proceso o la relación jurídica procesal, los cuales debe examinar el órgano jurisdiccional antes de admitir la demanda; en estos presupuestos se ubica a la competencia del Juez y la demanda misma la cual debe colmar los requisitos formales y materiales que la ley adjetiva establece. Cabe precisar que en el juicio de amparo existen casos en los que no se puede hacer un análisis prima facie de la competencia al admitir la demanda, sino hasta el momento en el que se cuente con las constancias necesarias para hacerlo y en la ley de la materia no se advierte la existencia de alguna disposición que impida al órgano de control constitucional realizar el estudio de ese presupuesto procesal durante el trámite del asunto y que se dicte el pronunciamiento respectivo, dado que la única restricción detectada es la prevista en el numeral 48, último párrafo, de la Ley de Amparo en el sentido siguiente: "[.] Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva.". b) Los presupuestos procesales del procedimiento que atañen al válido desenvolvimiento del proceso hasta su culminación con la sentencia, cualquiera que sea el sentido de ésta, son definidos como aquellos requisitos que deben cumplirse una vez que el Juez admite la demanda o inicia el proceso con el objeto de constituir correctamente la relación jurídica procesal y de que el proceso continúe su curso, mediante la verificación de las distintas etapas que la ley señala como necesarias para que se llegue al dictado del fallo correspondiente. En otro punto, es necesario destacar que la falta de los mencionados presupuestos impide considerar la existencia válida del proceso, lo que a su vez provoca un impedimento técnico para que el órgano jurisdiccional pueda pronunciar una sentencia sobre el fondo de un asunto sometido a su consideración. En ese contexto, el Juez debe analizar esos presupuestos de oficio aun sin que las partes los objeten por vía de excepción, al considerarse de orden público, dado que el Estado interviene en la relación jurídica procesal. Se afirma lo anterior, porque la relación jurídica procesal es el vínculo de carácter público, autónomo y complejo que se establece entre los sujetos que someten a una autoridad jurisdiccional del Estado el conocimiento de un litigio, la cual tiene como principio una demanda, se perfecciona con la contestación a ésta y subsistirá mientras no se dicte una sentencia, que es el presupuesto necesario para el fin de todo proceso. Por tanto, dado que la competencia es un aspecto de orden público, cuyo estudio debe ser oficioso y preferente al constituir un presupuesto procesal es necesario establecer que en el caso no se examinara el fondo de la litis constitucional planteada dado que del análisis de las constancias que integran el juicio constitucional en el que se actúa, se advierte que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente asunto. Para evidenciar tal aserto en principio es necesario señalar que del contenido integral de la demanda de amparo, en relación con el resto de los datos y la información que obran en el expediente en el que se instrumenta este sumario se desprende que la parte quejosa impugna los actos siguientes: 1. De la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, reclama: La resolución de uno de marzo de dos mil dieciocho dictada en el toca penal JOTP/36/2017, la cual modifica el auto de vinculación a proceso de diez de marzo de dos mil diecisiete, dictado en contra de Zeferino Santiago Ramírez, en la causa penal 404/2017, por la probable participación en el hecho que la ley señala como delito de tentativa de homicidio calificado con ventaja, cometido en agravio de Raúl Miranda Gutiérrez. 2. Del Juez de Control del Distrito Judicial de Salina Cruz, Oaxaca, combate: La ejecución de ese fallo. Ahora, de acuerdo con las documentales aportadas por la sala responsable, se advierte que el fallo reclamado, modificó el auto de vinculación a proceso pronunciado en contra de Rigoberto Pineda Fuentes en la causa penal de origen por su probable participación en el hecho que la ley señala como el delito de tentativa de homicidio calificado con ventaja, cometido en agravio de Raúl Miranda Gutiérrez. Ello al considerar que el juez primario realizó una incorrecta interpretación de los hechos que encuadran en la hipótesis normativa de citado ilícito; razón por la cual, determinó que se actualizaba el diverso delito de lesiones calificadas con ventaja, previsto en el numeral 271, en relación con los numerales 299, 301, fracción II y 302 del Código Penal vigente en el Estado. En ese sentido, es necesario destacar que el lugar en donde tendrá ejecución material la resolución reclamada, con independencia del sitio donde resida el Tribunal de segunda instancia, constituye un elemento objetivo determinante para establecer la competencia por razón de territorio. Para clarificar lo anterior es necesario tener presente el contenido del ordinal 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]" La norma constitucional inserta establece la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, al señalar que el juicio de amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o bien, que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de la autoridad administrativa, le corresponde conocer al Juez de Distrito "[.] bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse [.]"; es decir, el citado precepto de la Carta Magna atribuye competencia territorial para conocer de un juicio de protección de los derechos fundamentales hasta su terminación al Juez de Distrito del lugar en donde se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Lo anterior tiene como finalidad facilitar el acceso a la justicia constitucional, pues se entiende que ordinariamente la ejecución recae en el domicilio de la persona o dentro del ámbito espacial en el que lleva a cabo su actividad laboral o productiva. A su vez, el dispositivo 37 de la Ley de Amparo concretiza esas reglas constitucionales de competencia, al disponer: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El segmento normativo transcrito en relación con la competencia del Juez de Distrito establece tres hipótesis distintas, a saber: a) El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. La característica de esa regla es que con independencia del lugar en el que resida la autoridad emisora del acto reclamado, lo que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito es que ejerza jurisdicción en la circunscripción territorial en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto impugnado, lo cual presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su naturaleza, requieren de ejecución. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro es competente el Juez de Distrito ante el que se presenta la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Es importante destacar que lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera es que en ésta el acto o la resolución reclamada no requiere ejecución material y lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en los que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. El precepto legal transcrito alude a la "ejecución material" como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de los juicios de amparo; por tanto, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, por sí o porque sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Por el contrario, el acto reclamado de orden declarativo en su contenido no goza de esas características ni tiene consecuencias materiales, ya que se trata de una mera cuestión jurídica en la que se evidencia, se explica o se resuelve un punto dudoso o ambiguo. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el fallo impugnado en este asunto es de carácter jurisdiccional, porque se trata de una resolución dictada por un Tribunal de segunda instancia que modificó el auto de vinculación a proceso atacado mediante el recurso de apelación. Precisado ello, debe decirse que en términos del numeral 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el auto de vinculación a proceso tiene como efecto establecer el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o de determinarán las formas anticipadas de terminación del mismo, la apertura a juicio o el sobreseimiento. Es decir, el auto de vinculación a proceso genera la determinación o fijación obligada del plazo para el cierre de la investigación formal, lo que significa el establecimiento o precisión de un lapso durante el cual el inculpado queda constreñido a los efectos y fines de dicha investigación, con todas las consecuencias que pueda acarrear. En ese orden de ideas, a criterio del suscrito debe decirse que la resolución materia de la litis, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentra el que el imputado Zeferino Santiago Ramírez, permanezca privado de su libertad en el CERESO 07 de Tehuantepec, Oaxaca, bajo los efectos de la medida cautelar preventiva impuesta en la causa penal de origen y a disposición del juez de primera instancia, las cuales se traducen a una afectación a su libertad. Además, el juzgador primario debe acatar la resolución de alzada en base a la modificación que sufrió el auto de vinculación a proceso, ello atendiendo a que la sala responsable consideró que realizó una equivoca interpretación de los elementos subjetivos del tipo penal, como lo es el ánimo necandi, consistente en la intención o estado psíquico del activo en el momento de cometer el evento criminoso, lo cual implica que en caso de ser correcta esa apreciación se continúe con el procedimiento penal, por el ahora delito de lesiones calificadas con ventaja. Bajo esa óptica, las resoluciones jurisdiccionales de los Tribunales de alzada que disponen la modificación del auto de vinculación a proceso, conminan u ordenan al órgano de primera instancia a acatar lo resuelto por la superioridad y, por ende, presentan un principio de ejecución en el plano jurisdiccional, ya que su efectividad precisa de un conjunto de actos tendentes a que lo ordenado por el órgano judicial revisor encuentre concreción en la realidad, en beneficio de la parte afectada. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal Constitucional del País, visible a página 174, Tomo XXIII, Enero de 2006, Materia Penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal. Con base en el marco referencial anterior este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, considera que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio de amparo, porque como se estableció en los antecedentes relatados en los párrafos precedentes la sala penal responsable en el fallo impugnado determinó modificar el auto de vinculación a proceso pronunciado en contra del quejoso. Lo anterior, al considerar que el juez primario realizó una incorrecta interpretación de los hechos que encuadran en la hipótesis normativa de ilícito de tentativa de homicidio calificado con ventaja; razón por la cual, determinó que se actualizaba el diverso delito de lesiones calificadas con ventaja, previsto en el numeral 271, en relación con los numerales 299, 301, fracción II y 302 del Código Penal vigente en el Estado. Los aludidos aspectos revelan que el fallo reclamado es una resolución jurisdiccional declarativa de la existencia de una equivoca interpretación de los elementos subjetivos del tipo penal por parte del juez primario, como lo es el ánimo necandi, consistente en la intención o estado psíquico del activo en el momento de cometer el evento criminoso, lo cual implica que esa decisión judicial conlleva un principio de ejecución material que deberá patentizarse mediante el acatamiento de la decisión de la sala responsable y continuar con el procedimiento penal, por el ahora delito de lesiones calificadas con ventaja, a fin de que lo decidido por el órgano de alzada tenga eficacia y se concrete en la realidad. Debe precisarse que esta determinación no se está prejuzgando si es correcta o no la decisión adoptada por la sala penal responsable, porque el análisis de la regularidad constitucional de tal resolución corresponde al estudio del fondo de este asunto; en ese sentido, se puntualiza que lo que aquí se trata de hacer es evidenciar que la determinación atacada aun cuando es de naturaleza declarativa tiene un principio de ejecución -lo cual quedó demostrado anteriormente- a fin de patentizar que esta última situación es la que da pauta a este Juzgador a sostener que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio de amparo. Luego, una vez que se ha arribado a la conclusión de que el fallo combatido trae aparejado un principio de ejecución en el plano jurisdiccional -que se materializará al acatar la resolución de alzada y continuar con el procedimiento atendiendo al ilícito que la sala determinó se actualizaba, a saber el de lesiones calificadas con ventaja, previsto por el numeral 271, en relación con los numerales 299, 301, fracción II y 302 todos del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, por considerar que se justificaron los elementos que integran el cuerpo del ilícito en mención, entonces no cabe duda alguna que en la especie se actualiza el contenido del dispositivo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que señala: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado [.]". Por tanto, si en el caso se patentiza la primera regla de competencia contenida en ese tramo normativo es inconcuso que con independencia del sitio en el que resida la autoridad emisora de la resolución impugnada, lo que define a favor de qué órgano de control constitucional se surte ese presupuesto procesal es el lugar en donde deben realizarse los actos procesales encaminados a cumplir la resolución combatida. En consecuencia, por las consideraciones ya relatadas, que se traducen a que la competencia legal para conocer de un amparo indirecto promovido en contra de la resolución de segunda instancia que modifica el auto de vinculación a proceso corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el Juzgado de primer grado que deba acatar dicho fallo, entonces sólo resta identificar quién es el órgano de control constitucional que debe continuar con el conocimiento y la resolución de este sumario y el descubrimiento de ese aspecto paralelamente revelará que tal presupuesto procesal no se surte a favor de este Juzgador. Ahora, para dilucidar tal situación debe tenerse presente que la causa penal 91/2017 en la cual tendrá ejecución material la resolución reclamada corresponde a la estadística del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Salina Cruz, Oaxaca. En ese contexto, es necesario señalar que de lo dispuesto por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito se desprende que los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercen jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por diversos municipios de esta entidad federativa, entre los cuales se encuentra Salina Cruz. La porción normativa citada señala lo siguiente: "[.] CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: [.] XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo. [.]" Luego, si los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, ubicados en Salina Cruz, ejercen jurisdicción en el lugar -Salina Cruz- donde tiene su residencia el Juez de Control que conoce la causa penal de origen, entonces es factible concluir que este Juzgado Federal carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por el ordinal 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Es así, porque con independencia del sitio donde tiene su domicilio el órgano de alzada que dictó el fallo impugnado -el cual no es un parámetro para determinar la competencia territorial-, ese presupuesto procesal se surte a favor del Juez de Distrito en esta entidad federativa, con asiento en Salina Cruz, en turno, porque este último ejerce jurisdicción en el distrito judicial federal que comprende el municipio donde se localiza el Juez primario que debe acatar la resolución del órgano jurisdiccional de segunda instancia a través de la realización de los actos encaminados a acatar ese mandamiento y, por ende, en ese lugar tendrá ejecución la decisión combatida, ya que ahí se materializarán los efectos de esta última. En ese contexto, con fundamento en lo establecido en los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 y 48 de la Ley de Amparo; y, en el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito este órgano de control constitucional declara que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente asunto. En consecuencia, se declina la competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno, por lo que remítanse los autos originales del juicio de amparo 350/2018, así como el incidente de suspensión que derivó de ese asunto y de su duplicado, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta entidad federativa, localizada en aquella ciudad, para que ésta a su vez los turne al órgano jurisdiccional que corresponda conocer del asunto, solicitándole al Juez Federal requerido que conforme a lo dispuesto por el numeral 48 de la Ley de Amparo decida de plano dentro del plazo indicado en ese precepto si acepta o no el conocimiento del medio extraordinario de defensa en el que se actúa e informe a este órgano de control constitucional su determinación, al cual se solicita también el acuse de recibo correspondiente. Lo anterior, previa formación de los cuadernos de antecedentes respectivos con copia certificada de las actuaciones necesarias que deberán quedar como constancia en este órgano jurisdiccional. No es obstáculo para adoptar tal decisión el hecho de que se haya admitido la demanda de amparo, porque como se estableció en los párrafos precedentes el estudio de las cuestiones relacionadas con la competencia constituye uno de los presupuestos para el dictado de las sentencias y la facultad para analizar esos aspectos no puede disociarse de la de dictar el fallo; ese sentido, dado que la competencia es un presupuesto procesal que debe ser examinado de oficio y de manera preferente al tema de fondo planteado, entonces no existe impedimento alguno para que con base en los elementos aportados por las partes una vez que fue substanciado el proceso ese presupuesto sea estudiado de manera definitiva en la presente sentencia en los términos que la ley de la materia establece. Finalmente, se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional a celebrarse a las once horas con diez minutos del seis de septiembre de dos mil dieciocho. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Vista; la certificación que antecede, se advierte que en el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia incidental y se emitió la interlocutoria correspondiente, en la que por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva al quejoso Raúl Miranda Gutiérrez. Es concesión se emitió en los términos siguientes: ". para el único efecto de que el juez de Control del Distrito Judicial de Salina Cruz, Oaxaca, en su caso, suspenda el procedimiento en la causa penal 91/2017 de su índice, una vez concluida la etapa intermedia, sin iniciar la etapa de juicio o debate. Esta medida cautelar, en cuanto a su duración, producirá efectos a partir del dictado de esta interlocutoria y hasta que se notifique a las responsables del acuerdo que declare firme la resolución que se dicte en cuanto al fondo del asunto en el juicio de amparo del que emana este incidente de suspensión." La precisión antes expuesta, se debe a lo dispuesto en el último párrafo del numeral 48 de la Ley de Amparo, que dispone que admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva. En ese orden de ideas, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, estima que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por las razones que enseguida se expondrán. En principio, es necesario establecer que el estudio de las cuestiones relacionadas con la competencia constituye uno de los presupuestos para el dictado de las sentencias y la facultad para examinar esos aspectos no puede disociarse de la de dictar el fallo. En otro punto, debe señalarse que la administración de justicia, como una de las tres funciones del Estado es realizada a través de los Tribunales a quienes se les ha dotado de poder de imperium para que sus resoluciones sean acatadas y de jurisdicción entendida ésta en su sentido técnico como la actividad aplicadora del derecho que tiene como finalidad dirimir conflictos intersubjetivos con trascendencia jurídica, en la cual el que juzga y manda es un tercero imparcial: un Juez público. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, segundo párrafo, consagra a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, en los términos siguientes: "[.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Sin embargo, aun cuando todos los órganos dotados de jurisdicción están expeditos para administrar justicia, cada uno de ellos tiene atribuidas de manera precisa una serie de facultades que le permiten avocarse tan sólo a determinado tipo de negocios, circunstancia que procesalmente lo convierte en el órgano jurisdiccional competente en un caso concreto. De esta forma surge la denominada competencia objetiva entendida como el límite y la medida de la jurisdicción. La competencia en un sentido jurídico general alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, esto es, en el ámbito jurídico el concepto de competencia se utiliza para referirse a la atribución legítima de una autoridad para el conocimiento o la resolución de un asunto. En el proceso, la competencia es la cualidad que legitima a un órgano judicial para conocer de un determinado asunto con exclusión de los demás órganos de la misma rama de la jurisdicción. El vocablo anterior está intrínsecamente ligado a la idea de jurisdicción, pero no son conceptos similares. La jurisdicción significa proclamar el derecho y se concibe como una potestad deber atribuida e impuesta a un órgano gubernamental para dirimir litigios de trascendencia jurídica, en el que aplica normas sustantivas e instrumentales por un oficio objetivamente competente y se constituye en un agente imparcial. Lo anterior pone de relieve que la jurisdicción abarca un concepto más global relativo a la impartición de justicia y la competencia obedece a razones más específicas de la distribución de la tarea de juzgamiento entre los diversos órganos judiciales; de ahí que la competencia es el fragmento de la jurisdicción atribuida a un Juez. En el sistema jurídico mexicano, la competencia de la autoridad constituye un derecho fundamental de legalidad y de seguridad jurídica consagrado en el numeral 16, primer párrafo, de la Carta Magna, al disponer que: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]". Así, acorde con lo estatuido en ese precepto constitucional es factible sostener que la competencia es un presupuesto de validez de los actos derivados del ejercicio de la función pública que deben satisfacer no sólo el Juzgador sino todas las autoridades. Trasladados los elementos anteriores al derecho procesal es factible sostener que la competencia es la suma de facultades que la ley da al Juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios. De tal manera que el Juez por el solo hecho de serlo es titular de la función jurisdiccional; sin embargo, no puede ejercerla para resolver cualquier tipo de conflictos, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en los que es competente legalmente. En esa línea argumentativa, el arábigo 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido en su ordinal 2, señala que: "Ningún tribunal puede negarse a conocer de un asunto, sino por considerarse incompetente [.]". De ese dispositivo se advierte que el propio Juzgador debe verificar en cada litigio que se le plantee si tiene o no competencia para conocer de él y si considera que no debe negarse a conocer de ese asunto, puesto que de conformidad con el normativo 17 del código adjetivo civil federal invocado: "Es nulo de pleno derecho lo actuado por el tribunal que fuere declarado incompetente [.]". De lo anterior se sigue que la competencia es un presupuesto de validez del proceso. En ese contexto, al ser la competencia un presupuesto procesal, este órgano jurisdiccional debe analizarla de oficio previamente a resolver sobre cualquier otra cuestión relacionada con la materia de fondo del juicio constitucional, porque de no hacerlo contravendría las norman que rigen al procedimiento del juicio de amparo y propiciaría una violación adjetiva fundamental en perjuicio de las partes. Para evidenciar lo anterior es necesario establecer que los presupuestos procesales se han conceptualizado como los requisitos previos indispensables para la constitución válida de la relación jurídica procesal. Dicho en otras palabras, son aquellos requisitos previos imprescindibles para la existencia del proceso. Los referidos presupuestos determinan el nacimiento válido del proceso, su desenvolvimiento y su normal culminación con la sentencia; por consiguiente, su naturaleza jurídica se desdobla en dos vertientes: en un primer plano, se trata de supuestos previos al proceso o requisitos sin los cuales éste no puede iniciarse válidamente y deben por ello concurrir al momento de formularse la demanda a fin de que el Juez pueda admitirla o iniciar el proceso, por otro lado, atañen a los requisitos del procedimiento para que el juicio pueda ser adelantado válida y normalmente una vez que se ha iniciado. Asimismo, debe precisarse que los presupuestos procesales se han clasificado en la teoría general del proceso en dos categorías, a saber: a) Los presupuestos procesales previos al proceso, que a su vez se subdividen en dos grupos: Presupuestos procesales de la acción, los cuales se relacionan con el ejercicio válido del derecho subjetivo de acción por parte del demandante, es decir, son las condiciones para que el Juez oiga la petición que se le formula para iniciar un proceso, en estos presupuestos es factible ubicar a la personalidad y a la legitimación en el proceso o ad procesum del actor; y, Los presupuestos procesales de la demanda que deben reunirse para que el Juez la admita. Se definen como los requisitos necesarios para que se inicie el proceso o la relación jurídica procesal, los cuales debe examinar el órgano jurisdiccional antes de admitir la demanda; en estos presupuestos se ubica a la competencia del Juez y la demanda misma la cual debe colmar los requisitos formales y materiales que la ley adjetiva establece. Cabe precisar que en el juicio de amparo existen casos en los que no se puede hacer un análisis prima facie de la competencia al admitir la demanda, sino hasta el momento en el que se cuente con las constancias necesarias para hacerlo y en la ley de la materia no se advierte la existencia de alguna disposición que impida al órgano de control constitucional realizar el estudio de ese presupuesto procesal durante el trámite del asunto y que se dicte el pronunciamiento respectivo, dado que la única restricción detectada es la prevista en el numeral 48, último párrafo, de la Ley de Amparo en el sentido siguiente: "[.] Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva.". b) Los presupuestos procesales del procedimiento que atañen al válido desenvolvimiento del proceso hasta su culminación con la sentencia, cualquiera que sea el sentido de ésta, son definidos como aquellos requisitos que deben cumplirse una vez que el Juez admite la demanda o inicia el proceso con el objeto de constituir correctamente la relación jurídica procesal y de que el proceso continúe su curso, mediante la verificación de las distintas etapas que la ley señala como necesarias para que se llegue al dictado del fallo correspondiente. En otro punto, es necesario destacar que la falta de los mencionados presupuestos impide considerar la existencia válida del proceso, lo que a su vez provoca un impedimento técnico para que el órgano jurisdiccional pueda pronunciar una sentencia sobre el fondo de un asunto sometido a su consideración. En ese contexto, el Juez debe analizar esos presupuestos de oficio aun sin que las partes los objeten por vía de excepción, al considerarse de orden público, dado que el Estado interviene en la relación jurídica procesal. Se afirma lo anterior, porque la relación jurídica procesal es el vínculo de carácter público, autónomo y complejo que se establece entre los sujetos que someten a una autoridad jurisdiccional del Estado el conocimiento de un litigio, la cual tiene como principio una demanda, se perfecciona con la contestación a ésta y subsistirá mientras no se dicte una sentencia, que es el presupuesto necesario para el fin de todo proceso. Por tanto, dado que la competencia es un aspecto de orden público, cuyo estudio debe ser oficioso y preferente al constituir un presupuesto procesal es necesario establecer que en el caso no se examinara el fondo de la litis constitucional planteada dado que del análisis de las constancias que integran el juicio constitucional en el que se actúa, se advierte que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente asunto. Para evidenciar tal aserto en principio es necesario señalar que del contenido integral de la demanda de amparo, en relación con el resto de los datos y la información que obran en el expediente en el que se instrumenta este sumario se desprende que la parte quejosa impugna los actos siguientes: 1. De la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, reclama: La resolución de uno de marzo de dos mil dieciocho dictada en el toca penal JOTP/36/2017, la cual modifica el auto de vinculación a proceso de diez de marzo de dos mil diecisiete, dictado en contra de Zeferino Santiago Ramírez, en la causa penal 404/2017, por la probable participación en el hecho que la ley señala como delito de tentativa de homicidio calificado con ventaja, cometido en agravio de Raúl Miranda Gutiérrez. 2. Del Juez de Control del Distrito Judicial de Salina Cruz, Oaxaca, combate: La ejecución de ese fallo. Ahora, de acuerdo con las documentales aportadas por la sala responsable, se advierte que el fallo reclamado, modificó el auto de vinculación a proceso pronunciado en contra de Rigoberto Pineda Fuentes en la causa penal de origen por su probable participación en el hecho que la ley señala como el delito de tentativa de homicidio calificado con ventaja, cometido en agravio de Raúl Miranda Gutiérrez. Ello al considerar que el juez primario realizó una incorrecta interpretación de los hechos que encuadran en la hipótesis normativa de citado ilícito; razón por la cual, determinó que se actualizaba el diverso delito de lesiones calificadas con ventaja, previsto en el numeral 271, en relación con los numerales 299, 301, fracción II y 302 del Código Penal vigente en el Estado. En ese sentido, es necesario destacar que el lugar en donde tendrá ejecución material la resolución reclamada, con independencia del sitio donde resida el Tribunal de segunda instancia, constituye un elemento objetivo determinante para establecer la competencia por razón de territorio. Para clarificar lo anterior es necesario tener presente el contenido del ordinal 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]" La norma constitucional inserta establece la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, al señalar que el juicio de amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o bien, que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de la autoridad administrativa, le corresponde conocer al Juez de Distrito "[.] bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse [.]"; es decir, el citado precepto de la Carta Magna atribuye competencia territorial para conocer de un juicio de protección de los derechos fundamentales hasta su terminación al Juez de Distrito del lugar en donde se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Lo anterior tiene como finalidad facilitar el acceso a la justicia constitucional, pues se entiende que ordinariamente la ejecución recae en el domicilio de la persona o dentro del ámbito espacial en el que lleva a cabo su actividad laboral o productiva. A su vez, el dispositivo 37 de la Ley de Amparo concretiza esas reglas constitucionales de competencia, al disponer: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El segmento normativo transcrito en relación con la competencia del Juez de Distrito establece tres hipótesis distintas, a saber: a) El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. La característica de esa regla es que con independencia del lugar en el que resida la autoridad emisora del acto reclamado, lo que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito es que ejerza jurisdicción en la circunscripción territorial en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto impugnado, lo cual presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su naturaleza, requieren de ejecución. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro es competente el Juez de Distrito ante el que se presenta la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Es importante destacar que lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera es que en ésta el acto o la resolución reclamada no requiere ejecución material y lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en los que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. El precepto legal transcrito alude a la "ejecución material" como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de los juicios de amparo; por tanto, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, por sí o porque sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Por el contrario, el acto reclamado de orden declarativo en su contenido no goza de esas características ni tiene consecuencias materiales, ya que se trata de una mera cuestión jurídica en la que se evidencia, se explica o se resuelve un punto dudoso o ambiguo. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el fallo impugnado en este asunto es de carácter jurisdiccional, porque se trata de una resolución dictada por un Tribunal de segunda instancia que modificó el auto de vinculación a proceso atacado mediante el recurso de apelación. Precisado ello, debe decirse que en términos del numeral 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el auto de vinculación a proceso tiene como efecto establecer el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o de determinarán las formas anticipadas de terminación del mismo, la apertura a juicio o el sobreseimiento. Es decir, el auto de vinculación a proceso genera la determinación o fijación obligada del plazo para el cierre de la investigación formal, lo que significa el establecimiento o precisión de un lapso durante el cual el inculpado queda constreñido a los efectos y fines de dicha investigación, con todas las consecuencias que pueda acarrear. En ese orden de ideas, a criterio del suscrito debe decirse que la resolución materia de la litis, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentra el que el imputado Zeferino Santiago Ramírez, permanezca privado de su libertad en el CERESO 07 de Tehuantepec, Oaxaca, bajo los efectos de la medida cautelar preventiva impuesta en la causa penal de origen y a disposición del juez de primera instancia, las cuales se traducen a una afectación a su libertad. Además, el juzgador primario debe acatar la resolución de alzada en base a la modificación que sufrió el auto de vinculación a proceso, ello atendiendo a que la sala responsable consideró que realizó una equivoca interpretación de los elementos subjetivos del tipo penal, como lo es el ánimo necandi, consistente en la intención o estado psíquico del activo en el momento de cometer el evento criminoso, lo cual implica que en caso de ser correcta esa apreciación se continúe con el procedimiento penal, por el ahora delito de lesiones calificadas con ventaja. Bajo esa óptica, las resoluciones jurisdiccionales de los Tribunales de alzada que disponen la modificación del auto de vinculación a proceso, conminan u ordenan al órgano de primera instancia a acatar lo resuelto por la superioridad y, por ende, presentan un principio de ejecución en el plano jurisdiccional, ya que su efectividad precisa de un conjunto de actos tendentes a que lo ordenado por el órgano judicial revisor encuentre concreción en la realidad, en beneficio de la parte afectada. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal Constitucional del País, visible a página 174, Tomo XXIII, Enero de 2006, Materia Penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal. Con base en el marco referencial anterior este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, considera que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio de amparo, porque como se estableció en los antecedentes relatados en los párrafos precedentes la sala penal responsable en el fallo impugnado determinó modificar el auto de vinculación a proceso pronunciado en contra del quejoso. Lo anterior, al considerar que el juez primario realizó una incorrecta interpretación de los hechos que encuadran en la hipótesis normativa de ilícito de tentativa de homicidio calificado con ventaja; razón por la cual, determinó que se actualizaba el diverso delito de lesiones calificadas con ventaja, previsto en el numeral 271, en relación con los numerales 299, 301, fracción II y 302 del Código Penal vigente en el Estado. Los aludidos aspectos revelan que el fallo reclamado es una resolución jurisdiccional declarativa de la existencia de una equivoca interpretación de los elementos subjetivos del tipo penal por parte del juez primario, como lo es el ánimo necandi, consistente en la intención o estado psíquico del activo en el momento de cometer el evento criminoso, lo cual implica que esa decisión judicial conlleva un principio de ejecución material que deberá patentizarse mediante el acatamiento de la decisión de la sala responsable y continuar con el procedimiento penal, por el ahora delito de lesiones calificadas con ventaja, a fin de que lo decidido por el órgano de alzada tenga eficacia y se concrete en la realidad. Debe precisarse que esta determinación no se está prejuzgando si es correcta o no la decisión adoptada por la sala penal responsable, porque el análisis de la regularidad constitucional de tal resolución corresponde al estudio del fondo de este asunto; en ese sentido, se puntualiza que lo que aquí se trata de hacer es evidenciar que la determinación atacada aun cuando es de naturaleza declarativa tiene un principio de ejecución -lo cual quedó demostrado anteriormente- a fin de patentizar que esta última situación es la que da pauta a este Juzgador a sostener que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio de amparo. Luego, una vez que se ha arribado a la conclusión de que el fallo combatido trae aparejado un principio de ejecución en el plano jurisdiccional -que se materializará al acatar la resolución de alzada y continuar con el procedimiento atendiendo al ilícito que la sala determinó se actualizaba, a saber el de lesiones calificadas con ventaja, previsto por el numeral 271, en relación con los numerales 299, 301, fracción II y 302 todos del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, por considerar que se justificaron los elementos que integran el cuerpo del ilícito en mención, entonces no cabe duda alguna que en la especie se actualiza el contenido del dispositivo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que señala: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado [.]". Por tanto, si en el caso se patentiza la primera regla de competencia contenida en ese tramo normativo es inconcuso que con independencia del sitio en el que resida la autoridad emisora de la resolución impugnada, lo que define a favor de qué órgano de control constitucional se surte ese presupuesto procesal es el lugar en donde deben realizarse los actos procesales encaminados a cumplir la resolución combatida. En consecuencia, por las consideraciones ya relatadas, que se traducen a que la competencia legal para conocer de un amparo indirecto promovido en contra de la resolución de segunda instancia que modifica el auto de vinculación a proceso corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el Juzgado de primer grado que deba acatar dicho fallo, entonces sólo resta identificar quién es el órgano de control constitucional que debe continuar con el conocimiento y la resolución de este sumario y el descubrimiento de ese aspecto paralelamente revelará que tal presupuesto procesal no se surte a favor de este Juzgador. Ahora, para dilucidar tal situación debe tenerse presente que la causa penal 91/2017 en la cual tendrá ejecución material la resolución reclamada corresponde a la estadística del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Salina Cruz, Oaxaca. En ese contexto, es necesario señalar que de lo dispuesto por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito se desprende que los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercen jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por diversos municipios de esta entidad federativa, entre los cuales se encuentra Salina Cruz. La porción normativa citada señala lo siguiente: "[.] CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: [.] XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo. [.]" Luego, si los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, ubicados en Salina Cruz, ejercen jurisdicción en el lugar -Salina Cruz- donde tiene su residencia el Juez de Control que conoce la causa penal de origen, entonces es factible concluir que este Juzgado Federal carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por el ordinal 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Es así, porque con independencia del sitio donde tiene su domicilio el órgano de alzada que dictó el fallo impugnado -el cual no es un parámetro para determinar la competencia territorial-, ese presupuesto procesal se surte a favor del Juez de Distrito en esta entidad federativa, con asiento en Salina Cruz, en turno, porque este último ejerce jurisdicción en el distrito judicial federal que comprende el municipio donde se localiza el Juez primario que debe acatar la resolución del órgano jurisdiccional de segunda instancia a través de la realización de los actos encaminados a acatar ese mandamiento y, por ende, en ese lugar tendrá ejecución la decisión combatida, ya que ahí se materializarán los efectos de esta última. En ese contexto, con fundamento en lo establecido en los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 y 48 de la Ley de Amparo; y, en el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito este órgano de control constitucional declara que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente asunto. En consecuencia, se declina la competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno, por lo que remítanse los autos originales del juicio de amparo 350/2018, así como el incidente de suspensión que derivó de ese asunto y de su duplicado, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta entidad federativa, localizada en aquella ciudad, para que ésta a su vez los turne al órgano jurisdiccional que corresponda conocer del asunto, solicitándole al Juez Federal requerido que conforme a lo dispuesto por el numeral 48 de la Ley de Amparo decida de plano dentro del plazo indicado en ese precepto si acepta o no el conocimiento del medio extraordinario de defensa en el que se actúa e informe a este órgano de control constitucional su determinación, al cual se solicita también el acuse de recibo correspondiente. Lo anterior, previa formación de los cuadernos de antecedentes respectivos con copia certificada de las actuaciones necesarias que deberán quedar como constancia en este órgano jurisdiccional. No es obstáculo para adoptar tal decisión el hecho de que se haya admitido la demanda de amparo, porque como se estableció en los párrafos precedentes el estudio de las cuestiones relacionadas con la competencia constituye uno de los presupuestos para el dictado de las sentencias y la facultad para analizar esos aspectos no puede disociarse de la de dictar el fallo; ese sentido, dado que la competencia es un presupuesto procesal que debe ser examinado de oficio y de manera preferente al tema de fondo planteado, entonces no existe impedimento alguno para que con base en los elementos aportados por las partes una vez que fue substanciado el proceso ese presupuesto sea estudiado de manera definitiva en la presente sentencia en los términos que la ley de la materia establece. Finalmente, se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional a celebrarse a las once horas con diez minutos del seis de septiembre de dos mil dieciocho. Notifíquese personalmente. (SE NOTIFICO POR LISTA)

  4. Principal

    Mesa de Amparo VOI-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de agosto de dos mil dieciocho. En atención a la cuenta que antecede, está pendiente que las partes tengan oportunidad de imponerse, por ocho días, del disco audiovisual (DVD) proveniente de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que se ordenó agregar a los autos el pasado ocho de agosto; motivo por el cual, no es posible celebrar la audiencia constitucional. La audiencia constitucional señalada para este día se reprograma para las once horas con diez minutos del seis de septiembre de dos mil dieciocho. Notifíquese.

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