Raúl Mendoza Jiménez
Expediente 191/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 191/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Raúl Mendoza Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia donde se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), de la fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General ; en consecuencia, se ordena su depuración, por lo que deberá conservarse la demanda de amparo y la sentencia. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y cúmplase.
- Principal
".S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 191/2021, promovido por ****, por conducto de su representante legal, ****. El problema jurídico que corresponde abordar en el presente asunto, consiste en determinar si la omisión de la responsable, de dar vista al quejoso con la contestación de demanda dentro del juicio laboral ****, del índice de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, trasgrede los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, ****, como representante legal de ****, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que más adelante se precisará. La promovente de la acción constitucional, señaló como derechos fundamentales violados, los contenidos en los numerales 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda se turnó en esa misma data a este Juzgado, donde quedó registrada con el consecutivo 191/2021 y fue admitida el dos de marzo de dos mil veintiuno, previo cumplimiento a la prevención contenida en auto inicial; en ese propio auto, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; además, se otorgó la intervención conducente al Agente del Ministerio Público adscrito y al de la causa; se ordenó mediante oficio el emplazamiento de las autoridades terceras interesadas y que tienen el carácter de demandadas en la instancia de origen; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de la omisión de una autoridad residente dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, por lo que a prevención, compete su conocimiento. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que bajo el orden 169 aparece publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese contexto, del análisis de los elementos de la demanda y su escrito aclaratorio, se precisa que el acto reclamado y autoridad responsable en este controvertido son los siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE ACTO RECLAMADO Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado. Omisión de impartir justicia dentro de los plazos legalmente establecidos, por no dar vista en tiempo y forma al quejoso, con la contestación de demanda dada por los demandados en el expediente laboral ****. TERCERO.EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierta la omisión reclamada, pues así lo manifestó la responsable al rendir su respectivo informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que acompañó a dicho comunicado. La determinación anterior tiene respaldo en la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que expone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Las documentales en cita, tienen valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena" . CUARTO. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. En atención a que no advierte este Juzgado que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede el análisis de los conceptos de violación, que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Materia Común, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. El estudio de los motivos de disenso conduce a determinar lo siguiente. Como se recordará, el acto reclamado consiste en la omisión de dar vista al quejoso con la contestación de la demanda hecha por las autoridades demandadas en la instancia de origen. Es decir, el quejoso presupone que las autoridades que demandó ante la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado , mediante escrito de veintiocho de enero de dos mil veinte y que se radicó bajo la partida ****, ya se encuentran emplazadas a juicio e incluso, dieron contestación a la demanda, la que se tuvo por recibida y proveída por la junta de mérito, sin que se le notifique tal contestación. Tal aseveración es infundada, por las razones que enseguida se expondrán. De las constancias que como justificación de su informe remitió la junta responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, así como la jurisprudencia 226 de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO ", se advierte lo siguiente: 1. Por escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil veinte, ****, presentó demanda laboral contra el Gobierno del Estado de Oaxaca y las aquí terceras interesadas Secretarías de Administración, Culturas y Artes del Gobierno del Estado de Oaxaca y Casa de la Cultura Oaxaqueña, en la que demandó diversas prestaciones de índole laboral en su carácter de profesor de música adscrito a la Casa de la Cultura Oaxaqueña. 2. Mediante acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil veinte, la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, radicó la demanda laboral promovida por ****, contra las aquí terceras interesadas Secretarías de Administración, Culturas y Artes del Gobierno del Estado de Oaxaca y Casa de la Cultura Oaxaqueña , a quienes ordenó emplazar en su domicilio oficial a efecto que dentro del plazo de cinco días hábiles, siguientes a la legal notificación, presentaran por escrito su contestación a la demanda. 3. Las citadas demandadas quedaron emplazadas mediante diligencias de doce, cinco y diecinueve de marzo de dos mil veinte. 4. En la junta responsable, por acuerdos de diecinueve de marzo, catorce de abril y cuatro de mayo; uno, quince y treinta de junio; quince y treinta y uno de julio; diecisiete y treinta y uno de agosto; quince y treinta de septiembre; quince de octubre, tres y diecisiete de noviembre; uno y treinta de diciembre de dos mil veinte; quince y veintinueve de enero; quince y veintiséis de febrero y doce de marzo de dos mil veintiuno, suspendieron actividades laborales, jurisdiccionales y administrativas en sede jurisdiccional y administrativa, con motivo de la declaratoria de pandemia generada por el virus SARS-CoV2, del Consejo de Salubridad general de treinta de marzo de dos mil veinte; por ello, no corren plazos ni términos procesales del veinte de marzo de dos mil veinte al cinco de abril de dos mil veintiuno. 4. Por lo anterior, el plazo para contestar la demanda en esa instancia, transcurre como enseguida se describe: Luego, si el quejoso se duele de la falta de impartición de justicia pronta y expedita dentro del juicio laboral ****, porque no se le ha dado vista con la contestación de demanda generada por su contraparte en esta instancia; es claro que resultan infundados sus motivos de disentimiento, pues conforme a lo establecido en artículo 84 de la Ley de Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado y que rige el acto reclamado, dichas autoridades cuentan con cinco días para contestar la demanda y al día de la presentación de la demanda que dio origen juicio de amparo (veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno), no ha fenecido el plazo para ello, lo cual impide a la responsable continuar con la secuela judicial. Es así, porque se encuentran suspendidos los plazos y términos ante la Junta responsable, con motivo de los acuerdos generales emitidos a causa de la pandemia generada por el virus covid-19, los que se reanudarán presuntivamente el cinco de abril de dos mil veintiuno; por ello, es claro que aún no se agotan los días que tienen las autoridades demandadas para dar contestación a la demanda instaurada en la instancia de origen. Sobre todo, que el asunto no se encuentra catalogado dentro de los casos urgentes para los que se habilitó la sede oficial y que son desistimientos, celebraciones de convenios dentro y fuera de juicio, cumplimientos de laudos y ejecutorias de amparo, así como, tomas de nota. De ahí, que al no haberse satisfecho el requisito exigido por el artículo 84 de la Ley de Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado y que rige el acto reclamado, es evidente que la junta responsable no puede continuar con la prosecución del juicio laboral y su omisión que no resulta violatoria de derechos fundamentales en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, ante lo infundado de los conceptos de violación y no advirtiéndose deficiencia de la queja que suplir, lo procedente es negar el amparo solicitado. Máxime que la existencia del acto reclamado, debe analizarse por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 3/94, localizable en la página quince, julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Además, lo anterior resulta congruente, por su sentido y alcance con lo sostenido por la Segunda Sala del más alto Tribunal del País, al resolver los recursos de inconformidad 71/2013, 97/2013 y 272/2013, en el sentido de que, ante una nueva reflexión, dicho órgano colegiado abandonó el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES"; toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la mencionada Segunda Sala del más alto Tribunal del País, pendiente de publicarse, sustentada al resolver el recurso de inconformidad 282/2013, que literalmente establece: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 77, fracción II y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ****, contra el acto que reclamó de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, consistente en la omisión de impartir justicia dentro de los plazos legalmente establecidos, por no dar vista en tiempo y forma al quejoso, con la contestación de demanda dada por los demandados en el expediente laboral ****.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese la promoción señalada en la cuenta al expediente en que se actúa y téngase al fiscal Federal adscrito a este órgano de control constitucional formulando sus alegatos en términos de lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en lo estatuido por el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme a lo prescrito por el dispositivo 2 de la ley de la materia expídasele en su oportunidad copia certificada de la resolución que se dicte en este juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado de la presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, y dése vista a las partes. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la responsable, las documentales que exhibe junto con su informe. NOTIFÍQUESE.
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