Raúl Mendoza Jiménez

Expediente 597/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
597/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
25/10/2021

Partes del expediente

  • Raúl Mendoza Jiménez
  • Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado
  • agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el Juez Quinto de Distrito en el estado de Oaxaca, determina lo siguiente: Se declara consentido el acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, donde se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este asunto, al no haberse interpuesto el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se estima que es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda y sentencia emitida en este juicio de amparo. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Agréguense el comunicado señalado en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. En atención a su contenido, téngase a la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, transcribiendo lo acordado el veinticinco de agosto de la presente anualidad, por el que se informan las acciones que está realizando en los autos del juicio laboral ******* de su índice, de donde emanan los actos reclamados, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto, se toma conocimiento de lo anterior y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo se tiene a la responsable por rendido su informe de cumplimiento del fallo protector. Con independencia de lo anterior, como lo dispone el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la citada autoridad responsable, para que una vez que señale fecha para la audiencia trifásica en autos del juicio laboral **** lo haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional, debiendo remitir copia certificada ordenada, legible y completa de las constancias que acrediten tal situación. Apercibiéndola que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización, cantidad que se le fija tomando en consideración que no es la primera ocasión que se le requiere para el mismo efecto, en términos de los artículos 192, 193, 258 y 267, fracción I, de la ley reglamentaria, al momento de incurrir en la conducta sancionada; asimismo, se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo, en turno, del Décimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Dígase a la autoridad responsable que en términos de lo que establece el ordinal 195 de la ley de la materia, si el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, es injustificado, no la exime de responsabilidad, pero podrá tomarse en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y las certificaciones de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución para todos los efectos legales. Ahora bien, la concesión de la sentencia de amparo se otorgó para el efecto siguiente: "[.] De conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, se precisa que el amparo y protección de la Justicia Federal otorgado al quejoso, es para el efecto de que la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, levante la suspensión del procedimiento en el juicio laboral 15/2020 y señale fecha para la audiencia trifásica dentro del término que estatuye para ello la Ley Federal del Trabajo, a fin de tutelar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 Constitucional. [.]" Por tanto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de la materia, mediante atento oficio que al efecto se gire, requiérase a la autoridad responsable descrita, para que dentro del plazo de tres días, siguientes a su notificación, cumpla con la sentencia dictada en este juicio, para lo cual deberá remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá en su carácter de persona física una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos de lo establecido por los numerales 237, fracción I, y 258 de la Ley de Amparo, al momento en que incurra en la conducta sancionada; asimismo, se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Dígase a la autoridad responsable que en términos del artículo 195 de la ley de la materia si el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo es injustificado no la exime de responsabilidad, pero podrá tomarse en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 597/2021, promovido por ******, contra la omisión atribuida a la autoridad que más adelante se precisará. El problema jurídico que corresponde abordar en el presente asunto, consiste en determinar si la abierta dilación procesal por no levantar la suspensión del procedimiento y señalar fecha y hora para la audiencia trifásica dentro del juicio laboral *****, en el cual el quejoso es parte actora, deviene violatoria de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, Raúl Mendoza Jiménez, por conducto de su apoderada legal Griselda Rodríguez muñoz, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por la omisión que más adelante se precisará. El peticionario del amparo señaló como derechos fundamentales violados, los contenidos en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados, señaló como terceros interesados a los demandados en el expediente laboral de origen y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda se turnó a este juzgado en la misma fecha en que fue recibida, donde quedó registrada con el número 597/2021 y fue admitida el veintisiete de mayo siguiente; en ese propio auto, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados; se otorgó la intervención conducente al Agente del Ministerio Público adscrito; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se reclama la abierta dilación procesal en un expediente laboral que se tramita dentro del ámbito territorial en que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese sentido, con independencia de la forma en que la parte quejosa fijó los actos, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que reclama, lo siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado La abierta dilación procesal en el juicio laboral 15/2020, pues no existe actuación desde el veintiocho de enero de dos mil veinte, en que se radicó la demanda y se ordenó el emplazamiento de los demandados en dicha instancia procesal. Sobre los aspectos aquí dilucidados, es aplicable la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. PROCEDENCIA Y LEGITIMACIÓN. El juicio de amparo es procedente, pues ha pasado más de un año desde la última actuación (admisión de demanda y emplazamiento), en el juicio laboral 15/2020, sin que se haya continuado con la secuela procesal del asunto. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1643, materias(s): común, laboral, con registro digital: 2019400, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador". De igual forma se encuentra legalmente acreditada la personería de Griselda Rodríguez Muñoz, con la carta poder que obra en el juicio laboral 15/2020, del índice de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, donde Raúl Mendoza Jiménez, otorgó poder amplio, cumplido y bastante, para que a su nombre y representación tramite el juicio laboral de donde surge el acto reclamado; por ende, se encuentra legitimada para promover esta instancia constitucional a favor de Raúl Mendoza Jiménez, a quien afecta directamente la abierta dilación procesal en el juicio laboral 15/2020 por ser parte actora en el mismo. CUARTO.- EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir su informe justificado, la presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, convino en la existencia del acto reclamado, argumentando que la abierta dilación procesal en el juicio laboral 15/2020, se debe a que se encuentran suspendidos los plazos y términos procesales en los juicios laborales conforme a lo establecido en el acuerdo de dicha junta de uno de junio de dos mil veintiuno, ante la contingencia por la emergencia sanitaria que generó el virus COVID-19. Acuerdo en el que se determinó la reactivación de los plazos procesales estimados como urgentes, tales como cumplimiento de laudos y ejecutorias, emisión de laudos en cumplimiento de ejecutorias y turnados para proyecto de resolución en forma de laudo, trámite de amparo directo y procedimientos sobre la declaración de beneficiarios y se especificó que permanecería la suspensión de plazos y términos procesales en los demás asuntos. Documento que tiene valor probatorio pleno, al tenor de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2º de la misma. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyo epígrafe y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Al no advertirse la actualización de una causal de improcedencia, sea porque la hayan hecho valer las partes o porque este juzgador la advierta de oficio, procede analizar el fondo de la controversia planteada, para lo cual, se tienen por transcritos los conceptos de violación, pues no existe precepto en la Ley de Amparo, que obligue a su transcripción en la sentencia, sin que con dicha omisión se trasgredan los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo, su estudio y su respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Resulta aplicable en la especie, la Jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 50/2010, visible en la página 830, tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. ESTUDIO. Son fundados los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa. Alega el peticionario del amparo, que con la suspensión del procedimiento laboral en el juicio *****, la autoridad responsable trasgrede sus derechos tutelados en el artículo 17 Constitucional, pues como parte trabajadora tiene el derecho a acudir a la jurisdicción del Estado, constituyendo un derecho a la justicia que debe ser respetado observando los plazos y términos establecidos en la ley ordinaria, cuyo acceso debe estar libre de obstáculos; que al estar suspendido el asunto en el cual tiene el carácter de parte actora, desde hace más de un año, pese a que las actividades jurisdiccionales se encuentran comprendidas como esenciales, se vulnera dicho derecho, pues la autoridad laboral puede tomar las medidas de higiene necesarias e implementar los mecanismos alternos, que permitan impartir justicia de forma prioritaria. Es fundado tal concepto de violación. Lo anterior es así, pues no debe perderse de vista que la inconformidad del peticionario la hace depender en cuanto al retardo en la impartición de justicia al violentarse los plazos establecidos en la legislación ordinaria, lo que esencialmente implica que se tenga en cuenta que se duele de una afectación al derecho fundamental de debido acceso a la justicia, específicamente en cuanto a la prontitud y expedites con que debe impartirse, según lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional. Ahora bien, el artículo 17 constitucional, que ordena que la administración de justicia se imparta dentro de los plazos que fijen las leyes, establece: ".Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". El análisis del precepto constitucional transcrito permite arribar al conocimiento de que es una obligación fundamental del Estado que los tribunales estén expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, gratuita e imparcial. Estos cuatro atributos del derecho concerniente a la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 192/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI de octubre de dos mil siete, visible en la página doscientos nueve, registro Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". De esos atributos, resulta útil para resolver el asunto el referido a la justicia pronta, que consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Así, el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuyo origen se encuentra en el derecho de fuente internacional y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta nueve, que subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: I. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; II. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; III. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; IV. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, V. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Además, en materia de términos y plazos existe una remisión de la norma fundamental a las leyes, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, como lo establece la jurisprudencia en materia constitucional P./J. 113/2001, emitida por el aludido Tribunal Pleno, de rubro y texto: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da". En esa tesitura, el artículo 17 constitucional decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone la prohibición de tramitar y resolver tales controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes. La naturaleza expeditiva de este derecho se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidas al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes, a saber: 1. La primera, consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; 2. La segunda, implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. En ambos casos, dicha violación se patentiza a partir de una omisión de la autoridad responsable de ajustarse a los términos y plazos legales, es decir, a través de una conducta negativa, en oposición conceptual a lo que es un acto en sentido estricto o una manifestación positiva de un hecho. De esta manera, la omisión de la autoridad de impartir justicia en forma pronta tiene naturaleza esencial de tracto sucesivo, ya que produce una solución de continuidad en el incumplimiento de la garantía en cuestión, que se sucede momento a momento y genera esa situación o estado permanente de las cosas, que no se subsana mientras persista la actitud omisiva, la cual se reproduce día con día, lo mismo que sus consecuencias ya apuntadas, que se materializan de la misma manera. Expuesto lo anterior y teniendo un conocimiento exacto del derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia, toca ahora analizar la situación del caso concreto. Para ello, es menester acudir a la legislación secundaria, a efecto de dilucidar si la misma fija un plazo dentro del cual se deba celebrar la audiencia, de cuya fijación tardía se duele el peticionario. Bajo esa línea argumentativa, tenemos que los artículos 685, párrafo primero, 771 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente a la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado, establecen: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. (.)" "Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario." "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor." Los preceptos transcritos ponen de manifiesto la obligación de la autoridad responsable, de dictar las medidas pertinentes a efecto de que el trámite de los procedimientos que ante ellas se instauran sea inmediato, procurando que los juicios no queden inactivos. También, disponen que la audiencia de conciliación, demanda y excepciones tendrá verificativo dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda ante la Junta correspondiente. Precisado ello, tenemos en el caso, que el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se radicó la demanda promovida por Raúl Mendoza Jiménez y se ordenó el emplazamiento de la parte demandada, sin que se haya citado a las partes para la celebración de la audiencia trifásica, pese a que transcurrió más de un año desde tal actuación. En ese orden de ideas, el actuar de la Junta responsable resulta contrario a las obligaciones que prevé la ley, con el consiguiente menoscabo de la impartición rápida y efectiva de justicia, toda vez que la abierta dilación en el procedimiento laboral de que se trata, contraviene lo dispuesto por el artículo 873 invocado, por ello, el acto reclamado vulnera, en perjuicio de la parte quejosa, el derecho fundamental de acceso a la justicia pronta y expedita, reconocido por el artículo 17 Constitucional, al constituir un obstáculo para que se imparta justicia, dentro de los plazos previstos en la ley. Lo anterior, desde luego, sin desconocer que tales términos o plazos estimados para que el órgano del Estado ejerza su actividad jurisdiccional, están referidos situaciones ordinarias del trabajo y la forma en que se desarrolla. Es decir, el legislador estimó determinados términos y plazos conforme con la realidad patente en el contexto real al momento de emitir la norma; empero, con el paso del tiempo y las circunstancias generadas por la emergencia sanitaria, con motivo de la pandemia generada por el virus covid-19, esa situación que el legislador tomó en cuenta para establecer los términos o plazos ha sido rebasada; así, el órgano del Estado que ejerza actividad jurisdiccional, ante circunstancias extraordinarias a la norma, deberá justificar tal situación, porque lo ordinario se presume y lo extraordinario se prueba. En ese sentido, no existe justificación legal para que la junta continúe con la paralización total de los procedimientos a su cargo, pues se encuentra facultada para tomar las medidas necesarias a fin de que se desahogue cada etapa del procedimiento, haciendo uso de las tecnologías para desahogo de las diligencias y actuaciones (videoconferencias o videollamadas), uso obligatorio de cubrebocas, instar el trabajo a distancia, así como limitar el acceso y presencia de personal y de los intervinientes, entre otros; a efecto de que los asuntos sometidos ante su potestad no se mantengan suspendidos indefinidamente en perjuicio de los gobernados. Sobre todo que, si bien con motivo de la pandemia se han introducido medidas generalizadas de distanciamiento físico y restricciones de movimiento a nivel de la población, existe la necesidad urgente de planificar una transición gradual para salir de dichas prohibiciones de una forma que permita la contención sostenible de la transmisión a bajo nivel y, al mismo tiempo, la reanudación de algunas partes de la vida económica y social, a la que se debe dar prioridad con un cuidadoso equilibrio entre el beneficio socioeconómico y el riesgo epidemiológico. Y si bien las decisiones adoptadas por las instituciones en materia de salud pública, en un inicio fue suspender en su totalidad labores jurisdiccionales, lo cierto es que ahora se ha procurado la adaptación de la sociedad a una nueva normalidad con cambios significativos y que trascienden en gran magnitud a la sociedad, pero particularmente a la esfera jurídica de quienes atraviesan por un proceso jurisdiccional, como en el caso ocurre con el aquí quejoso. Además, establecer medidas restrictivas por grandes periodos de forma generalizada sin revisarse continuamente para ajustarse a la evolución de la pandemia afecta, en el caso, el derecho a la impartición de justicia pronta y expedita. Sin embargo, aún en las condiciones mencionadas, en términos de los artículos 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe privilegiarse el derecho de que gozan las personas de las que emanan los asuntos de la materia de trato, pero no solo por la situación de salud pública por la que se atraviesa, sino porque las consecuencias ocasionadas por la desaceleración económica y el cierre de empresas, puesto que ello ocasiona desempleo y por ende la necesidad de acudir ante las instancias judiciales correspondientes; de ahí que este juzgador federal atiende a las manifestaciones que realiza la Junta del trabajo, pero no comparte que el ejercicio de impartición de justicia deba paralizarse en perjuicio de los justiciables. Por el contrario, se debe asumir el compromiso de salvaguardar los derechos de los gobernados, mientras que los órganos de impartición de justicia, aún ante la contingencia que prevalece y en las condiciones limitadas para desempeñar las funciones de impartición de justicia, de conformidad con las leyes de la materia, deben establecer los mecanismos tecnológicos para el desahogo de las diligencias y actuaciones. Como en el caso, la junta responsable no ha actuado en los términos descritos, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, a Raúl Mendoza Jiménez. SÉPTIMO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. De conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, se precisa que el amparo y protección de la Justicia Federal otorgado al quejoso, es para el efecto de que la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, levante la suspensión del procedimiento en el juicio laboral 15/2020 y señale fecha para la audiencia trifásica dentro del término que estatuye para ello la Ley Federal del Trabajo, a fin de tutelar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 Constitucional. Cabe destacar, que el alcance de la concesión del amparo se delimita en función de la etapa procedimental en la que se sitúa la actuación reclamada dentro del juicio laboral, sin comprender los actos subsecuentes; lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias de amparo, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley de la materia, así como en la tesis 2a. CV/2013 (10a.), registro 2005150, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a *******, contra la omisión atribuida a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado. La protección constitucional se otorga para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

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