Raul Bucio Torres

Expediente 860/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 29 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
860/2020
Año
2020
Actuaciones
29
Última actuación
16/07/2021

Partes del expediente

  • Raul Bucio Torres
  • Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Acuse de recibo. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Juez Cuarto de Primera Instancia Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, a través del cual acusa recibo del tomo de pruebas que adjunto a su informe. Sin que haya lugar a dar mayor trámite, en virtud de que por auto de seis de julio de dos mil veintiuno, se dictó el archivo definitivo. Notifíquese a las partes en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.KOA/MRAC/vmv

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de julio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal la determinación dictada el ocho de junio del dos mil veintiuno, en que se sobreseyó fuera de audiencia; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se sobreseyó fuera de audiencia, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Valoración del incidente de suspensión. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se negó y concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitada, se determina que los autos originales del incidente de suspensión son susceptibles de DEPURACIÓN. Destino del expediente y transferencia. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante; en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Destino del duplicado. Ahora, por lo que ve al duplicado del presente cuadernillo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, ello, siempre y cuando exista el expediente original. Devolución de un tomo de pruebas. En atención a que resulta innecesario conservar el tomo de pruebas que se formó con las constancias que remitió la autoridad responsable Juez Cuatro de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, como complemento a su informe justificado, se ordena su devolución solicitando acusar recibo de su recepción. Documentos originales Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. No tiene carácter dentro del presente juicio. Agréguese a los autos el escrito signado por María del Carmen Tapia Moreno, mediante el cual solicita que se notifique a las autoridades responsable, respecto al auto en el que se sobreseyó el juicio; atención a su contenido, dígasele que carece de personalidad dentro del presente juicio. Notifíquese a las partes en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Parte quejosa no acreditó la publicación de los edictos. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación secretarial que antecede, se advierte que la parte quejosa, no cumplió con el requerimiento formulado en proveído de trece de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se le requirió para recoger y publicar los edictos para emplazar a la tercera interesada María Gabriela Rojas Tapia, dentro del plazo de veinte días, no obstante que fue debidamente notificada el catorce de abril de la presente anualidad. Sin que se soslaye que mediante comparecencia de siete de mayo del año en curso, se hubieran entregado al autorizado del quejoso los edictos correspondientes para su publicación, sin embargo, el impetrante de amparo fue omiso en acreditar ante este órgano jurisdiccional la publicación de los mismos como se le requirió. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis: P./J. 27/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Común, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, localizable en la página 27 de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo". Se sobresee fuera de audiencia. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído; y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo y 63, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en concordancia con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la legislación invocada, se decreta fuera de audiencia, el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Sirve de analogía a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.64/2002, sustentada por la Segunda Sala, Registro 186587, publicada en la página 211, del Semanario Judicial del Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, cuyo texto dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar; asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. No ha lugar. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por María del Carmen Tapia Moreno, a través del cual, realiza diversas manifestaciones entre ellas, su deseo de imponerse de los autos del presente juicio de amparo, y solicita que se le expida copia certificada de las constancias que acrediten la publicación de los edictos a la parte tercera interesada. Al respecto, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad a su petición, ya que no es parte en el presente juicio constitucional. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Quejosa desahoga requerimiento. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Raúl Bucio Flores, mediante el cual, pretende desahogar el requerimiento que se le formuló mediante proveído de veintiséis de marzo del año en curso, para ello manifiesta que no cuenta con los medios ni los recursos económicos necesarios ni suficientes para poder llevar a cabo la publicación de los edictos ordenados, dado que no cuenta con trabajo y que recientemente se le practicó una operación en su cabeza. Al respecto, dígase al promovente que no ha lugar a acordar favorable su petición, ni a tener por desahogada la vista otorgada, ya que por auto de trece de abril del año actual se determinó que el plazo de tres días concedido a la parte quejosa para que manifestara si existe alguna circunstancia que le impida cumplir con la publicación de los edictos a su costa feneció. Y por ende, de conformidad con los artículos 22 y 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se ordenó hacerle del conocimiento a la parte quejosa, que cuenta con un plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del proveído de trece de abril de dos mil veintiuno, para el efecto de que recoja los edictos, los entregue para su publicación y acredite ante este Órgano Jurisdiccional su entrega. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no acreditar haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en el citado numeral 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. LA MODULACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE IMPONE AL QUEJOSO LA CARGA PROCESAL DE CUBRIR EL COSTO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. El citado artículo modula el derecho humano de acceso a la jurisdicción al imponer la carga procesal al quejoso de cubrir el costo de la publicación de los edictos (en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República) para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio no pudo conocerse o, excepcionalmente, de que manifieste a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva y servirse de los indicios que en tal sentido obren en autos para que se le exima del pago de las publicaciones; destacando que la consecuencia procesal de la omisión de cumplir con esa carga conduciría al eventual sobreseimiento en el juicio de amparo. Ahora bien, la modulación del derecho humano de referencia, contenida en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debe considerarse constitucionalmente válida, ya que cubre satisfactoriamente el examen de admisibilidad, necesidad y proporcionalidad, por lo que no es arbitraria, innecesaria, ni carente de razonabilidad, ya que, por un lado, debe estimarse admisible, pues tiende a dar audiencia al tercero perjudicado en el juicio de amparo, formalidad que tiene su origen en el deber constitucional de no privar de derechos a alguna persona sin previo juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, en congruencia con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por otro, dicha medida también cuenta con idoneidad y necesidad, pues constituye un instrumento legislativo que tiende a asegurar que, desde el punto de vista jurídico procesal, se cumpla con la formalidad esencial de citar al juicio de amparo al tercero perjudicado, sobre la base de que se agotaron los medios de los que disponía el tribunal para investigar su domicilio; que el sistema de notificación mediante publicación de edictos en medios de comunicación de amplia difusión, es el único instrumento terminal asequible a los tribunales ante la imposibilidad material de practicar una notificación personal directamente con el buscado; y porque es regla general que para que se lleven a cabo materialmente las publicaciones de los edictos en medios de difusión de amplia circulación, alguien debe cubrir su costo. Por último, la medida también es proporcional al fin perseguido por el legislador, pues no implica una afectación desmedida para el quejoso, pues si bien le exige una conducta activa (cubrir el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, o excepcionalmente, manifestar a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva), el correlativo derecho constitucional que se busca preservar es la audiencia previa del tercero perjudicado, cuya envergadura procesal es de alta importancia, ya que el emplazamiento constituye la actuación procesal de mayor magnitud por su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.KOA/CFCL/vmv

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