Raúl Estrada Torres

Expediente 932/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
932/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
24/03/2023

Partes del expediente

  • Raúl Estrada Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. 1. Tribunal Colegiado informa que se declaró firme auto que desechó recurso de revisión. Visto lo de cuenta, agréguese el oficio signado por el actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad; a través del cual informa que la parte recurrente no interpuso recurso de reclamación contra el proveído en el que se desechó por extemporáneo el recurso de revisión 20/2023 de su índice interpuesto en autos; motivo por el cual se declaró firme dicha determinación. Asimismo, devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa. Acúsese recibo. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 3. Valoración del amparo. Consecuentemente, toda vez que se negó la protección constitucional, se determina que el presente sumario es susceptible de DEPURACIÓN. 04/07/23 13:30:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.43.bd CARLOS FERNANDO CABRERA LOPEZ 3.1. Destino del expediente y transferencia. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa; por lo que únicamente se deberá conservar la demanda, resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que le otorga autoridad de cosa juzgada y la presente determinación, donde se declara el archivo definitivo. Después, materializar la transferencia de la serie documental restante, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. 4. Incidente de suspensión. Sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que no se dio apertura al mismo. 5. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 6. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual transcribe el auto de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, del que se advierte que se desechó por extemporáneo el recurso revisión interpuesto en autos, mismo que quedó registrado bajo el consecutivo 20/2023; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Josué Romero Mena.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. 1. Recurso de revisión. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Raúl Estrada Torres, en atención a su contenido; con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la invocada ley, téngaseles interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta de noviembre del presente año, dentro del presente juicio. 1.1. Distribúyase entre las partes el escrito de agravios y, una vez que se recabe la constancia de notificación correspondiente de este auto, dentro del término de tres días, remítanse los autos originales de este asunto, los agravios, así como copia de éstos y póngase a disposición de la superioridad el expediente electrónico, para el ulterior trámite del recurso de que se trata. Notifíquese personalmente al tercero interesado y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretaria Bernardo Loya Valdovinos.

  4. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 932/2022, promovido por ********************, por alegada violación de los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, este órgano jurisdiccional ha decidido:****************************************NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN ********************DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN ****************************************Al tenor de las siguientes:****************************************CONSIDERACIONES:****************************************PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad:****************************************La resolución incidental de liquidación de laudo, dictada el seis de junio de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral ********************.****************************************SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos ejecutados dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. ****************************************TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo expresó al rendir su informe con justificación.****************************************Lo que además se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe, consistentes en las copias certificadas del juicio laboral ********************, que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. ****************************************Sustenta lo anterior la jurisprudencia sostenida por el Pleno del alto Tribunal Constitucional, cuyo rubro establece: ****************************************"DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO".******************** ********************CUARTA. Causas de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, se examina la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público.****************************************En ese sentido, la parte tercera interesada señala que se actualizan las causales de improcedencia previstas en las fracciones IX, XI, XIII y XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: ****************************************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:******************** .IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;********************.XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;********************.XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;********************.XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;."****************************************Sin embargo, no ha lugar a hacer mayor pronunciamiento, porque se invocan sin expresar las razones que justifiquen su actualización; y, en ese sentido, el juzgador deberá analizarlas sólo cuando sean de obvia y objetiva constatación, lo que en el caso no ocurre.****************************************Es aplicable al caso, la jurisprudencia 137/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el página 365, del Tomo XXIV, octubre de 2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente:****************************************"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio."**************************************** También argumenta que la resolución que impugna el quejoso se emitió en cumplimiento de diverso juicio de amparo, sobre el cual no interpuso recurso de inconformidad, por ende, consintió de modo irreparable el mismo.****************************************Al respecto, resulta oportuno mencionar que constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria que la resolución incidental reclamada en el presente asunto, fue en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo ********************y su acumulado********************, en la cual se concedió la protección solicitada porque la resolución de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno -dictada en cumplimiento de la ejecutoria ********************-, carecía de firma de los representantes del gobierno y laboral, así como del secretario de acuerdos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. ****************************************Con base en lo anterior, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que la Junta responsable hiciera lo siguiente: ****************************************Dejar insubsistente la resolución interlocutoria de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en la que declaró procedente y fundado el incidente de ejecución de laudo, emitida en el juicio laboral ********************; y,****************************************En su lugar, emitir una nueva en la que observe las formalidades previstas en el artículo 839 de la Ley Federal del Trabajo aplicable; esto es, que esté debidamente firmada por los integrantes de la junta y el secretario que autoriza y da fe.****************************************De ahí la emisión de la resolución interlocutoria de seis de junio de dos mil veintidós, que constituye el acto aquí reclamado.****************************************Luego, dentro del juicio de amparo ********************y su acumulado********************, el uno de julio de dos mil veintidós se dictó acuerdo en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, con la citada resolución interlocutoria, sin existir defecto.****************************************Contra dicha determinación el ******************** interpuso recurso de inconformidad, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este Circuito, registrándolo bajo el número ********************, quien mediante ejecutoria de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, lo declaró infundado. ****************************************Inconforme con dicha resolución, el mencionado recurrente interpuso recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se tiene informado en auto dictado el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, dentro del juicio de amparo ********************y su acumulado********************.****************************************Sin embargo, aún y cuando, a la fecha no se tiene conocimiento sobre la resolución del Alto Tribunal, se estima que ello no impide analizar la interlocutoria reclamada en el presente asunto, pues si bien pudiera considerarse que se encuentra pendiente una resolución judicial, lo cierto es que no se aprecia la actualización de alguna causal de improcedencia que permita sobreseer en el juicio, dada la etapa procesal y contra la determinación que se interpuso el recurso de revisión.****************************************De ahí que, contrario a lo que sostiene la parte tercera interesada y por las razones antes expuestas, se estima procedente analizar los motivos de disenso referidos contra el nuevo acto reclamado en relación con alguna condena o consideración novedosa; lo anterior, para no dejar inaudito al trabajador quejoso.****************************************Como criterio orientador se cita el siguiente:****************************************"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO CONCEDIDA PARA EFECTOS "MIXTOS". DEBEN DECLARARSE INOPERANTES AQUELLOS EN LOS QUE PRETENDAN CONTROVERTIRSE ASPECTOS EN LOS CUALES NO SE DEJÓ EN LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA RESPONSABLE Y, RESPECTO DE LOS DEMÁS, RESOLVERSE CADA UNO, EN EL SENTIDO DE CONCEDER O NEGAR LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, Y NO SÓLO SOBRESEER. De la interpretación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, en la que sostuvo que cuando en el amparo se reclama un fallo dictado en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, si bien es cierto que esa sola circunstancia puede ubicarse como causal de improcedencia del juicio, también lo es que no siempre es así -criterio aplicable a la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo vigente, al conservar la esencia de la figura jurídica y en atención al principio de derecho que dispone: "donde existe la misma razón, rige la misma disposición"-, se colige que es necesario atender principalmente a los efectos para los cuales se emitió la ejecutoria. Así, tratándose de amparos concedidos para efectos "mixtos", los conceptos de violación en los que pretendan controvertirse aspectos del acto reclamado en los cuales no se dejó libertad jurisdiccional a la autoridad responsable, deberán calificarse de inoperantes, pues, en todo caso, lo resuelto al respecto podría ser materia de diversos medios de defensa, pero no de un análisis de constitucionalidad. No obstante, cuando en el acto reclamado dictado en cumplimiento de la ejecutoria se deja a la autoridad responsable en libertad de jurisdicción, lo correcto es que se analicen los motivos de disenso y se desestimen o acojan -según proceda- los referidos en el nuevo acto reclamado en relación con alguna condena o consideración novedosa; por lo que para no dejar inaudito al quejoso, deberán analizarse esos conceptos de violación y resolver lo atinente a cada uno, en el sentido de conceder o negar la protección de la Justicia Federal, y no sólo sobreseer.".****************************************Por tanto, se procede al estudio de fondo del asunto, en los siguientes considerandos.****************************************QUINTA. Conceptos de violación. Los motivos de inconformidad son los que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue a hacerlo.****************************************SEXTA. Estudio de fondo. Previo al estudio de fondo y para una mejor comprensión del asunto, es importante precisar los antecedentes del acto reclamado.****************************************Mediante escrito presentado el dieciocho de febrero de dos mil catorce, ante la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ******************** promovió demanda laboral en contra del ********************, de quien reclamó la declaración y reconocimiento de que laboró en esa fuente de trabajo con una antigüedad desde el quince de enero de mil novecientos ochenta y seis; el otorgamiento de una pensión de cesantía de edad avanzada; y prestaciones accesorias.****************************************Demanda que en proveído de diecinueve de febrero de dos mil catorce fue admitida y registrada con el número ********************.****************************************Seguido el curso legal del procedimiento, el cuatro de abril de dos mil diecisiete, se emitió el laudo en el que se condenó al ********************, a lo siguiente:****************************************a. Reconocer al actor una antigüedad genérica a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y seis al cuatro de diciembre de dos mil trece, generando una antigüedad de veintisiete años, diez meses, una quincena y cuatro días;****************************************b. Otorgar en su favor la pensión por edad avanzada y vejez contenida en el artículo 4º del Régimen de Jubilaciones y Pensiones inserto en el Contrato Colectivo de Trabajo Celebrado entre el ******************** y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social vigente, correspondiéndole el noventa y tres por ciento del último salario que el trabajador disfrutaba al momento de la pensión, integrado en términos del artículo 5º de ese régimen;****************************************c. El pago de aguinaldo, vacaciones, ayuda para actividades culturales y recreativas, vales de descuento, fondo de ahorro y ayuda de renta por el último año de servicios prestados en términos y montos del Contrato Colectivo de Trabajo;****************************************d. La inscripción retroactiva del actor en el régimen de seguridad social por el período comprendido del quince de enero de mil novecientos ochenta y seis al cuatro de diciembre de dos mil trece; y,****************************************e. Al pago de las aportaciones correspondientes a AFORE y SAR por el mismo período.****************************************Además, se ordenó la apertura de un incidente de liquidación para cuantificar las cantidades relativas a los puntos de condena descritos en los incisos b) y c).****************************************Resolución que fue impugnada vía amparo directo por el ********************; empero, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo ********************determinó negar la protección solicitada mediante ejecutoria de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve.****************************************Así, mediante escrito presentado el seis de febrero de dos mil diecinueve, el actor en el juicio de origen solicitó la apertura del incidente de liquidación ordenado en el laudo; mismo que fue resuelto el nueve de enero de dos mil veinte, condenándose al ahora quejoso ********************, a la entrega de la cantidad de ********************, salvo error aritmético.****************************************Inconforme con esta determinación, el ********************promovió juicio de amparo, el cual fue turnado a este órgano jurisdiccional y se radicó bajo el número ********************; en el que, en sentencia de veintinueve de octubre de dos mil veinte, se concedió la protección constitucional solicitada.****************************************Posteriormente, después de varios requerimientos y en acatamiento a la ejecutoria de amparo, el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se resolvió el aludido incidente de liquidación.****************************************Contra dicha determinación el ******************** y ********************, promovieron juicio de amparo, que por razón de turno correspondió su conocimiento a este órgano jurisdiccional registrándose con los números ********************y********************, respectivamente, mismos que fueron acumulados, dictándose sentencia el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, concediéndose la protección solicitada porque dicha resolución de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, carecía de firma de los representantes del gobierno y laboral, así como del secretario de acuerdos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. ****************************************La actualización de ese vicio formal, implicó un impedimento jurídico que obstaculizó emprender el estudio de los conceptos de violación y de la resolución materia de esos juicios constitucionales acumulados.****************************************No resta mencionar que, en dicha ejecutoria se precisó que no se soslayaba el hecho de que la resolución que constituyó el acto reclamado haya sido emitida en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio de amparo ********************, del índice de este órgano jurisdiccional; y que, al ser un vicio formal por el cual se concedió la protección constitucional en esa sentencia, sería factible que el mismo vicio se hubiera detectado en el proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se declaró cumplido el fallo protector.****************************************Sin embargo -se aclaró-, del expediente electrónico del juicio constitucional ******************** que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE) -herramienta que permite cumplir con el esquema estricto de distanciamiento social y trabajo distancia como elementos centrales-, se apreciaba que en dicho sumario se remitió copia certificada de la aludida resolución de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno.****************************************Y, que al final de la aludida copia cotejada, se asentó la certificación que dice lo siguiente:****************************************"EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TREINTA DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE C E R T I F I C A: QUE EL PRESENTE JUEGO DE COPIAS ES FIELMENTE TOMADO DE SU ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA Y QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE LABORAL NÚMERO ********************, QUE SE LLEVA EN ESTA JUNTA, HACIENDO LA ACLARACIÓN QUE EL ORIGINAL SÍ SE ENCUENTRA FIRMADO, LO QUE SE ASIENTA PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES PROCEDENTES EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN.- A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO.- DOY FE". (Lo resaltado es de este juzgado).****************************************Por lo que, de dicha certificación se apreció, el secretario de la junta asentó que la aludida resolución sí se encontraba debidamente firmada; razón por la cual, al tratarse de una copia certificada en la que el propio fedatario constató que se trataba una copia exacta de la resolución original que obraba en los autos del juicio laboral ********************, se emitió el pronunciamiento relativo al cumplimiento del fallo protector en el sumario ********************.****************************************Por lo que, ese vicio formal únicamente pudo ser detectado hasta la remisión física del original del expediente laboral ********************; ya que para calificar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se remitió una copia certificada en la que se asentó que se trataba de una copia fiel de la original y que ésta estaba firmada por los intervinientes; máxime que en el diverso juicio de amparo ******************** no se hizo mención alguna en cuanto a la falta de firmas o se objetó la autenticidad de la copia certificada.****************************************Aspectos que si bien -se dijo- podían ser materia del recurso de inconformidad que se interpuso en el sumario ******************** en contra del auto que declaró cumplida la ejecutoria correspondiente, lo cierto que se trataba de un vicio formal que debía ser reparado en esta nueva instancia constitucional, ya que, como se había dicho, de analizar la constitucionalidad de la resolución impugnada carente de firmas, sería validar un acto que en sí mismo era inválido.****************************************Con base en lo anterior se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para que la Junta responsable hiciera lo siguiente: ******************** ********************Dejar insubsistente la resolución interlocutoria de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en la que declaró procedente y fundado el incidente de ejecución de laudo, emitida en el juicio laboral ********************; y,****************************************En su lugar, emitir una nueva en la que observe las formalidades previstas en el artículo 839 de la Ley Federal del Trabajo aplicable; esto es, que esté debidamente firmada por los integrantes de la junta y el secretario que autoriza y da fe.****************************************Una vez que causó ejecutoria, se requirió su cumplimiento; y, al respecto la autoridad responsable dictó la resolución incidental de liquidación de laudo, el seis de junio de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral ********************.******************** ********************Resolución que constituye el acto reclamado.****************************************Ahora, en el primer concepto de violación la parte quejosa, medularmente señala lo siguiente:****************************************Que la responsable aplica un salario que no corresponde ni es el adecuado para determinar en cantidad líquida sus prestaciones, porque la demandada no acreditó el monto del salario que se le pagaba, que fue hasta el incidente de liquidación de laudo cuando exhibió en copia simple los recibos de pago de su pensión; documentales que en tiempo y forma fueron objetadas en su contenido y autenticidad por su apoderado, por ser copias simples y posiblemente elaboradas de manera unilateral por la demandada; además de no contener su firma; más aún porque se ofrecieron para acreditar el pago de las mensualidades de su pensión y no el monto del salario. No obstante, la responsable al resolver los valora como prueba documental de manera anacrónica dándole efecto probatorio retroactivo para tener por acreditado el último salario que generó y se le pagó, vulnerando su derecho fundamental de seguridad jurídica. ********************La responsable pasa por alto que en la audiencia incidental se objetaron dichas documentales, pues aunque sacramentalmente no se haya referido así, lo cierto es que se objetó su contenido. ****************************************Los motivos de disenso son inoperantes.****************************************En efecto, de la resolución reclamada se advierte que la Junta responsable, en el CONSIDERANDO V, determinó que la carga de la prueba correspondía a la demanda y que no cumplió con la misma, ya que en su planilla de liquidación exhibida sostiene que el último salario que percibió el actor es por $******************** (********************); sin embargo, también dijo que dicho salario no se acreditaba, pues nada aportó.****************************************Luego, esencialmente señaló que la demandada exhibió los documentos relacionados con el pago de la pensión, mismos que sólo fueron objetados en cuanto alcance y valor probatorio, por tanto -dijo- operaba el reconocimiento tácito del medio de perfeccionamiento, pues si bien esas pruebas fueron ofertadas en copia simple, también era cierto que no fueron objetadas en cuanto a la autenticidad de su contenido, por ello les concedió valor probatorio pleno.****************************************Ahora, en la audiencia, la incidentista hizo diversas menciones en cuanto a la objeción de las documentales exhibidas en copia simple por la parte demandada; sin embargo, aún y cuando -y contrario a lo mencionado por la Junta responsable- sí se aprecia una mención de objeción sobre su autenticidad, también dijo era para el caso de que se admitiera el medio de perfeccionamiento ofertado por la parte demandada, por lo que se reservaba el derecho de objetar la documentación que se exhibiera o la información digital que se pusiera a disposición.****************************************En ese sentido y para explicar lo anterior, de la audiencia incidental se obtiene que la Junta responsable admitió las pruebas de las partes, con excepción del medio de perfeccionamiento consistente en el cotejo y/o compulsa relacionado con la documental consistente en las impresiones de los recibos de pago de pensión, por no ser idónea como medio de perfeccionamiento, pues en todo caso lo sería la inspección en los medios electrónicos que contienen los documentos que refiere y que por no haberlo ofrecido de esa manera, resultaba inoperante su desahogo al ser incompatible con la naturaleza de los hechos que se pretendía probar, siendo todo lo resuelto respecto de la probanza inadmitida.****************************************Por tanto se insiste en la circunstancia de que, aún y cuando la actora hizo referencia a una objeción en cuanto a su autenticidad, lo cierto es que, aquélla la hizo depender de la admisión de la probanza de perfeccionamiento ofrecida por la demandada; de ahí que se entienda que al no haberle sido admitida a aquélla y a pesar de la mención hecha, no ofertó medio de prueba idóneo para acreditarla y así tenerle por debidamente impugnadas las documentales en copia simple. ****************************************Al no haberlo hecho, ahora no puede tenérsele alegando sobre el valor probatorio que la responsable les otorgó, pues se insiste que aunque hubiera señalado objetarlas en cuanto a su contenido, no ofertó medio de convicción para acreditar la objeción en cuanto a su autenticidad en la audiencia incidental, para que de esa manera hubiera sido atendido por la Junta responsable al momento de resolver el incidente de liquidación y que de esa manera pudiera ser analizado en esta instancia constitucional; de ahí lo inoperante de su concepto de violación.****************************************En diversa parte del concepto de violación analizado, aduce lo siguiente:****************************************La responsable tiene elementos para allegarse del monto real de su último salario, porque dentro de la demanda está expuesto el último salario que es de ********************, y es el que debe ser tomado en cuenta para calcular las prestaciones procedentes, porque la demandada no desvirtuó ese monto del salario señalado por él ni tampoco acreditó el que dijo se le pagaba.****************************************Lo actos y omisiones trascienden en el resultado final de la cuantificación, porque el salario que tomó es menor al importe del salario que en realidad debió ser considerado; situación que le es perjudicial, porque entre el salario real señalado en la demanda ******************** (cuatrocientos ocho pesos 33/100 M.N) y el que aplicó la responsable $******************** (********************), hace exponencial la perdida de dinero. ****************************************Lo anterior también resulta inoperante, porque los argumentos que ahora plantea, son los que en todo caso debió exponer ante la Junta responsable para que así fueran valorados y tomados en consideración; sin embargo, no lo hizo; de ahí que plantearlos hasta esta instancia constitucional es lo que motiva a declararlos inoperantes por novedosos. ****************************************En el segundo concepto de violación, sostiene:****************************************La responsable realizó el cálculo o determinó el monto de su pensión sin haber integrado al salario todos los conceptos aplicables que señala el 5 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones inserto en el Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el ******************** y Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social; pero no es su culpa que el puesto o categoría que desempeñó como ejecutor, no esté contemplado dentro del Tabulador de Sueldos del IMSS y que por esa razón a su salario no se le pueden integrar los conceptos referidos; sin embargo, esa explicación es carente de fundamentación y motivación; pero además, contraria a los principios de derecho laboral contenidos en los artículos 17 y 18 de la Ley Federal del Trabajo.****************************************Dicho motivo de disenso es inoperante.****************************************Es así, porque lo hace depender de la circunstancia de no ser culpable de que el puesto o categoría que desempeñó laboralmente no está contemplado en el Tabulador de Sueldos del Contrato Colectivo de Trabajo, de ahí que su alegato resulte inatendible, pues no aporta elementos que permitan a este órgano jurisdiccional realizar un análisis y determinar sobre la ilegalidad que refiere incurre la responsable. ****************************************Máxime, si como lo determinó la responsable, el puesto de ejecutor desempeñado por el quejoso no se contempla en el tabulador de sueldos y el quejoso, entonces debe seguir rigiendo el sentido de la resolución reclamada, ante la insubsistencia de un planteamiento de ilegalidad acreditada, pues aún y cuando en la interpretación de las normas laborales debe prevalecer la más favorable al trabajador, tampoco se puede exceder de lo que se encuentra legalmente regulado.****************************************En el tercer concepto de violación esencialmente alega que en el cálculo de sus prestaciones, la responsable no lo actualizó a la fecha en que emite la resolución.****************************************En efecto, de la resolución reclamada se advierte que ésta se encuentra definida por concepto de pago de diferencia de pensión jubilatoria de edad y vejez y sustitución de la misma, correspondiente al periodo de noviembre de dos mil trece a marzo de dos mil veintiuno; sin embargo, esa circunstancia es insuficiente para revocar la resolución reclamada, pues sobre el aspecto relativo a la actualización, se tiene que ésta deberá seguir computándose hasta que la demandada cumplimente lo relativo a su pago.****************************************Dicho de otra manera, la demandada está obligada a pagar la cantidad correspondiente debidamente actualizada, en el momento que legalmente corresponda efectuarlo.****************************************Máxime, la actualización no se encuentra sujeta a la figura de la preclusión, porque el pago que le da origen deriva del laudo que constituye cosa juzgada.****************************************Finalmente, no se inadvierten las manifestaciones del quejoso en el sentido de que lleva ocho años en litigio y dos de ellos pretendiendo hacer efectivos sus derechos y es fecha que no puede verlos materializados, con lo que es evidente no ha podido acceder a una administración de justicia pronta. ****************************************Al respecto, se explica al quejoso que el tiempo a que hace referencia, es consecuencia del ejercicio efectivo al derecho de defensa jurídica que los contendientes del juicio laboral han ejercido, y sobre lo cual, los órganos jurisdiccionales están obligados a tramitar y resolver, sin que por ello deba considerarse un retardo injustificado.****************************************En las relatadas condiciones, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************, sin que en el caso se advierta queja deficiente que suplir en favor del quejoso, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo.****************************************No pasan inadvertidos los alegatos formulados por la fiscal de la adscripción; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de realizar pronunciamiento al respecto, porque la litis en el juicio de amparo se constriñe, en el caso concreto, a lo expuesto en la demanda de amparo y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen, mayormente que ya fueron atendidos al sustentar el sentido de la determinación adoptada.****************************************Por lo expuesto y fundado se,****************************************RESUELVE****************************************ÚNICO. Se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************, contra el acto reclamado y autoridad responsable, señalados en el considerando primero; por los motivos expuestos en el diverso sexto de esta sentencia.****************************************Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. ****************************************Así lo resolvió y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán; con la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García, quien da fe.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,758 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano