Raquel Roque Flores

Expediente 1023/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1023/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
31/01/2023

Partes del expediente

  • Raquel Roque Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponían las partes, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por tanto, con apoyo en los artículos 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes, deberá depurarse el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en los referidos numerales; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los Libros de Gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 3. Devolución de constancias. Se ordena la devolución de constancias enviadas por la autoridad responsable, mismas que anexó como justificación de su informe; sin que sea necesario acusar de recibo puesto que los sellos de recepción produce los mismos efectos. 4. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1023/2022, promovido por Raquel Roque Flores, por alegada violación de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama: La resolución de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, dictada en el recurso de queja 0032/2021-Vl, que declaró infundado el mencionado medio de impugnación hecho valer dentro del juicio administrativo JA-0693/2021-III. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos ejecutados dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo expresó al rendir su informe con justificación. Lo que además se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe, consistentes en las copias certificadas de la queja 0032/2021-Vl y del juicio contencioso administrativo de nulidad JA-0693/2021-III, que obran en dos tomos de pruebas por separado, con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sustenta lo anterior la jurisprudencia sostenida por el Pleno del alto Tribunal Constitucional, cuyo rubro establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTA. Análisis de las causales de improcedencia. Las partes no alegan causas de improcedencia, ni de oficio este órgano de control constitucional advierte la actualización de alguna, por lo que se procederá al análisis de los conceptos de violación. QUINTA. Estudio de fondo. Son infundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Previo a su estudio, es pertinente establecer los principales antecedentes que permitan conocer la cronología del acto reclamado, que a saber, son los siguientes: 1. El seis de mayo de dos mil veintiuno, Raquel Roque Flores -aquí quejosa- demandó la nulidad del aumento de tarifa por concepto de agua potable y la devolución del pago de lo indebido. Demanda que correspondió conocer al Juzgado Tercero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, que radicó bajo el número JA-0693/2021-III, y por auto de veintiséis de mayo de ese año, admitió a trámite y ordenó emplazar a la autoridad demandada. 2. Seguidos los trámites procesales, dictó sentencia el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, misma que decretó la nulidad lisa y llana del aviso recibo número 17287280, expedido por el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, correspondiente al contrato número 135805-0, por la cantidad de $21,333.00 (veintiún mil trescientos treinta y tres pesos 00/100 m.n), por el periodo de consumo comprendido del quince de julio al catorce de septiembre de dos mil veinte; y, ordenó la devolución en su favor del pago de lo indebido: Lo anterior, porque el acto impugnado consistente en el aviso recibo fue emitido en ausencia total de fundamentación, lo cual implicó, en primer término, en la falta de fundamentación de la competencia de la autoridad emisora, que dejó a la parte accionante en completo estado de indefensión contraviniendo con ello, lo establecido por el artículo 7, fracciones I y VIII del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. Igualmente se dijo, que dicha cuestión también implicó un obstáculo para efectuar el estudio de fondo de la pretensión material intentada en la demanda, pues se desconocen los fundamentos (y motivos precisos) de la decisión de la autoridad sobre los derechos materiales y sustantivos de la parte accionante, tornando inabordable el análisis de fondo del crédito fiscal como acto autónomo e impidiendo que se resolviera el contenido material de la pretensión planteada. Consecuentemente, se declaró la nulidad lisa y llana del aviso recibo, por el periodo de consumo comprendido del quince de julio al catorce de septiembre de dos mil veinte; y, al obrar recibo de pago ordenó su devolución, así como su actualización y los intereses respectivos. Finalmente, también se precisó que, la nulidad decretada no liberaba a la parte actora de los adeudos que pudiera mantener con el organismo operador demandado por la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el inmueble apuntado en el recibo declarado nulo, quedando expedida la facultad discrecional de la autoridad demandada para exigir el cobro correspondiente mediante una nueva resolución debidamente fundada y motivada. 3. En auto de once de octubre del año pasado, se declaró ejecutoriada y se procedió requerir el cumplimiento de la sentencia. 4. El diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, la autoridad demandada adujo haber cumplido el fallo condenatorio; para ello, adjuntó la RESOLUCIÓN DETERMINANTE DE CRÉDITO FISCAL Y SU LIQUIDACIÓN EN EL CONTRATO NÚMERO 135805-0, emitida el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, al tenor de los siguientes puntos resolutivos: PRIMERO.- El Subdirector Comercial del Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, es competente para constituir, resolver y determinar y liquidar la cuenta del presente contrato, para poder cumplir con la sentencia de mérito por lo expuesto en los considerandos de esta resolución determinante y de liquidación. SEGUNDO.- En cumplimiento a la sentencia emitida dentro del juicio administrativo número JA-0693/2021-III, pronunciada por el Tercer Juzgado Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, devuélvase mediante cheque al actor la cantidad de $21,333.00 (veintiún mil trescientos treinta y tres pesos 00/100 m.n.), así como la cantidad de $7,304.84 que le resultó al accionante como intereses, por las consideraciones y fundamentación establecidas en el considerando CUARTO de esta resolución determinante. TERCERO.- Toda vez que se dejó expedita la facultad de comprobación de este Organismo para exigir el cobro de los adeudos que tuviera el usuario y tomando en cuenta lo expuesto en el Considerando QUINTO de este fallo, le resultó al usuario un crédito fiscal a pagar por la cantidad de $22,787.67 (VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N), por lo que una vez que se declaré firme esta resolución, se deberán de realizar ajustes en el sistema comercial de este Organismo para dar cabal cumplimiento a esta resolución.". 5. Razón por la cual, el veinticinco de noviembre siguiente, el juzgado de origen dio vista a la parte actora con dichas constancias, a fin de que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés conviniere y, en caso de no hacerlo, se calificaría el cumplimiento de la sentencia con las constancias que obran en el sumario. 6. En atención a dicha vista, a través del escrito presentado el tres de diciembre de dos mil veintiuno, la actora, hizo manifestaciones respecto a la resolución dictada en cumplimiento, entre otras, estar conforme con la devolución del pago de lo indebido, así como la actualización y los intereses respectivos -tal como se aprecia del acta de entrega/recepción de cheques-; asimismo, indicó que dicha resolución resultaba ilegal, puesto que se trataba de una repetición del acto impugnado, al tenor de los argumentos que expuso. 7. El seis de enero de dos mil veintidós, el Juzgado de Administrativo de origen, por una parte, acordó el oficio firmado por la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, en el que se le informaba que la parte actora interpuso queja por la repetición indebida del acto impugnado, misma que quedó registrada bajo el número 0032/2021-Vl; y, por otro lado, tuvo a la parte actora desahogando la vista concedida, manifestando su inconformidad respecto del cumplimiento de la sentencia, la cual se reservó hasta en tanto fuera resuelta la queja interpuesta, pues, en términos del artículo 289 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán estableció que el trámite de la queja suspende el procedimiento de ejecución. 8. Así, a través de la sentencia de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado resolvió el recurso de queja 0032/2021-V, declarándolo improcedente por no existir un pronunciamiento sobre el cumplimiento de la sentencia. 9. Contra dicha resolución, la parte actora interpuso demanda de amparo indirecto, registrada bajo el número 333/2022 del índice de este órgano jurisdiccional -por razón de turno-, en la cual se dictó sentencia el veintinueve de junio de dos mil veintidós, resolviéndose de manera esencial que para la procedencia del recurso de queja, resultaba innecesario que existiera un pronunciamiento en torno al cumplimiento de la sentencia; por tanto, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, para que el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: a) Dejar insubsistente la resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, dictada en el recurso de queja 0032/2021-Vl, en la que declaró improcedente el mencionado medio de impugnación hecho valer dentro del juicio administrativo JA-0693/2021-III. b) Emitir una nueva en la que, con libertad de jurisdicción pero sin reiterar el requisito de procedencia descrito en esta sentencia, resuelva el recurso de queja antes precisado. 10. Una vez que causó ejecutoria la sentencia de amparo, se requirió su cumplimiento; y, en ese sentido, se tuvo por cumplida con la resolución dictada el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, siguiendo los lineamientos trazados en dicha ejecutoria; es decir, sin imponer como requisito de procedencia del citado recurso el que exista un pronunciamiento por el juez administrativo en torno al cumplimiento de la sentencia; luego, con base en el estudio efectuado, resolvió declarar infundada la queja interpuesta, por las consideraciones esenciales siguientes: La autoridad responsable retomó que la quejosa estima que el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, en cuanto autoridad demandada, repite el acto administrativo declarado nulo al emitir la "Resolución Determinante de Crédito Fiscal y su Liquidación en el Contrato número 135805", así como el nuevo aviso de recibo número 19023843, porque bajo su consideración la declaración de nulidad lisa y llana determinada por el Juez Tercero Administrativo, la materia del juicio administrativo JA-0693/2021-III, alcanzó la categoría de cosa juzgada, y que por lo tanto no puede ser materia de otro acto administrativo. Sin embargo -dijo la responsable-, contrario a lo manifestado, se tiene que si bien es cierto el Juez Tercero Administrativo declaró la nulidad lisa y llana del acto impugnado en el juicio principal, dicha determinación fue resuelta bajo la consideración de que el acto combatido carecía de falta de fundamentación de la competencia de la autoridad emisora del mismo, declaratoria que tuvo como efecto la devolución del pago indebido realizado por la parte actora, misma que se efectuó en fecha siete de diciembre de dos mil veintiuno. Asimismo sostuvo que, en la sentencia, el Juez Tercero Administrativo determinó que la nulidad decretada no liberaba a la parte actora de los adeudos que pudiera mantener con la autoridad Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, dejando expedita la facultad discrecional de dicha autoridad para exigir el cobro correspondiente mediante un nuevo acto administrativo; lo anterior, en razón de que el mismo Órgano Jurisdiccional determinó que a causa de la falta de fundamentación de la competencia de la autoridad demandada en el acto impugnado, imposibilitaba jurídica y materialmente al Juez para calificar los conceptos de violación expuestos por la parte actora, y por tanto no se llevó a cabo el análisis del fondo del asunto, porque no se contaba con los elementos necesarios para ello. Por lo tanto -sostuvo-, la quejosa parte de una premisa equivocada al considerar que la materia del juicio de origen; es decir, el cobro por la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del inmueble afecto, por el periodo comprendido del quince de julio al catorce de septiembre de dos mil veinte, fue declarado ilegal y que al declararse firme la resolución emitida dentro de los autos del juicio administrativo JA-0693/2021-III, constituye cosa juzgada. De ahí que el motivo de inconformidad resultara infundado en razón de que, la nulidad lisa y llana decretada por el Juez Administrativo, fue originada porque el acto administrativo carecía de fundamentación de la competencia de la autoridad demandada que lo emitió y no porque fuera resuelto el problema de fondo; por lo tanto, no puede existir cosa juzgada al respecto. De igual forma -sostuvo-, se equivoca la parte actora al considerar que la autoridad demandada se encontraba imposibilitada para emitir una nueva resolución; lo anterior, en razón de que la nulidad decretada por el Juez Administrativo no impide que la autoridad Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, emita otra resolución, debidamente fundada y motivada; lo anterior, en razón de que el mismo Juez Tercero Administrativo dejó a salvo la facultad de dicha autoridad de exigir el cobro correspondiente a la prestación de los servicios mediante una nueva resolución, al señalar en la sentencia emitida lo siguiente: ".Debe precisarse que, la nulidad decretada no libera a la parte actora de los adeudos que pueda mantener con el organismo operador demandado por la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el inmueble apuntado en el recibo declarado nulo, quedando expedida la facultad discrecional de la autoridad demandada para exigir el cobro correspondiente mediante una nueva resolución debidamente fundada y motivada.". Por lo anterior -señaló-, resulta infundado el motivo de inconformidad expresado por la quejosa consistente en que la autoridad no puede emitir un nuevo acto administrativo respecto del cobro de la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento que la parte actora mantenga como adeudos con el Organismo Operador demandado, incluyendo los servicios prestados por el periodo comprendido del quince de julio al catorce de septiembre de dos mil veinte, del inmueble en cuestión; ello, en razón de que tal y como lo señaló el Juez Tercero Administrativo, al citar la tesis de rubro: "NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. SENTIDO AMPLIO DEL CONCEPTO Y EFECTOS DE LA DECRETADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL", no en todos los casos la nulidad lisa y llana tiene como efecto la pérdida de facultades de la autoridad para dictar un acto nuevo, pues sus efectos atenderán las razones y aspectos, como la ilegalidad incurrida y la posibilidad de subsanar la actuación en razón de que la ilegalidad incida en los distintos presupuestos o elementos del acto administrativo y la trascendencia que a ellos corresponda, así como al tipo de aspectos afectados, ya sean sustantivos o adjetivos. De ahí que -dijo-, en el caso, el vicio de legalidad detectado por el Juez Tercero Administrativo consistió en la falta de fundamentación de la competencia de la autoridad emisora en el acto impugnado, elemento sin el cual, de conformidad con la fracción I, del artículo 7 del Código de Justicia Administrativa en el Estado, trae como consecuencia la nulidad del acto; sin embargo, dicha declaración no se encuentra sustentada en cuestiones de fondo, y contrario a lo que estima la parte actora, la determinación del Juez no puede ser para el efecto de que se impida a la autoridad demandada a que ejerza una facultad que conforme a las leyes le compete, máxime que el Juez no resolvió las cuestiones de fondo planteadas por la parte actora, por lo que no estuvo en posibilidad de dar el efecto absoluto que argumenta la quejosa. Citó el criterio de rubro: "NULIDAD LISA Y LLANA PREVISTA EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. RAZONES QUE PERMITEN O IMPIDEN A LA AUTORIDAD DEMANDADA SUBSANAR EL ACTO NULO. La nulidad lisa y llana prevista en el artículo 239 del Código Fiscal de la Federación se apoya y depende de un antecedente o presupuesto que es la cosa juzgada en cuanto al fondo de la materia litigiosa. Es por ello que sus efectos están vinculados a lo que se ha decidido y juzgado, pues sólo así se entiende que la autoridad no pueda ya repetir un acto y que se le impida, válidamente, actuar en el futuro. Sin embargo, cuando no se ha juzgado el mérito sino apenas el desacato a una formalidad, resulta que no es dable impedirle a la autoridad administrativa que enmiende las violaciones de naturaleza formal y pueda, eventualmente, subsanar el acto combatido, pues de hacerlo así de una manera categórica, merced a una pretendida nulidad lisa y llana, no tendría una justificación de causa-efecto que la haga razonable.". Luego, declaró inatendibles todos los motivos de inconformidad a través de los cuales pretendía combatir el fondo del crédito fiscal determinado por la autoridad demandada en un nuevo acto administrativo, siendo este -dijo- la Resolución Determinante de Crédito Fiscal y su liquidación en el contrato número 13585 de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, así como el nuevo aviso de recibo número 19023843, emitidos por el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, y no respecto de los motivos por los que, a su consideración, se trata de una resolución que repite indebidamente la resolución declarada nula en el juicio administrativo JA-0693/2021-III. Con base en todo lo anterior, declaró infundada la queja por repetición del acto declarado nulo, al tratarse de un nuevo acto administrativo. La resolución anteriormente reseñada constituye el acto reclamado. Ahora, en sus conceptos de violación, la parte quejosa aduce que el acto reclamado vulnera sus derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y tutela judicial efectiva. Cita los artículos 11, 275, fracción II, 278, fracción II, 280 y 281 del Código de Justicia Administrativa para el Estado de Michoacán de Ocampo, para luego concluir, que el acto administrativo declarado nulo de manera lisa y llana, no podrá subsanarse, máxime que una vez que se declaran firmes las sentencias dictadas por los jueces administrativos constituyen cosa juzgada, por lo que el acto que el acto que se haya abordado dentro del juicio no puede ser materia de otro acto administrativo y mucho menos puede ser subsanado, fundamentos jurídicos de los que se aparta totalmente la autoridad responsable, puesto que su dicho resulta ser contradictorio con lo que imperan tales preceptos. Que se ha inconformado con la evidente repetición del acto impugnado; sin embargo, la autoridad responsable declaró improcedente (sic) el recurso de queja por considerar que el juez dejó a salvo los derechos de la autoridad responsable, para que en atención a su facultad discrecional dictara una diversa resolución debidamente fundada y motivada, por medio de la cual determinara los adeudos existentes entre la quejosa y el organismo demandado -aquí tercero interesado-; más aún, refiere que dentro del juicio ordinario administrativo no se abordó el fondo del asunto, se determinó la nulidad lisa y llana del acto impugnado, por carecer de fundamentación y motivación en cuanto a la competencia por parte del ahora tercero interesado. La Jurisprudencia que cita la responsable y en la que sustenta sus afirmaciones, no le obliga ni resulta ser vinculante en esta demarcación territorial. Sostiene que en el supuesto no aceptado de que se pueda considerar cierto lo señalado por la autoridad responsable en cuanto a que el Juez Administrativo señaló imposibilidad para pronunciarse en cuanto al fondo de la controversia, no menos cierto es que decretó la nulidad lisa y llana; por tanto, reitera que el acto impugnado en primera instancia no puede ser subsanado, puesto que esto sería materia de una nulidad para efectos, lo que no aconteció; por lo tanto, ante la negativa expresa del artículo 11 del Código de Justicia Administrativa para el Estado de Michoacán de Ocampo, respecto de subsanar los actos declarados nulos, es que contrario a lo expuesto por la responsable, tal actuación resulta ilegal. Ante la inmutabilidad del acto impugnado y la imposibilidad de subsanarlo al haber sido declarado nulo, resulta obvio que los posibles adeudos a que se refirió el juez de instrucción, corresponden a aquéllos que no hayan sido materia del juicio contencioso administrativo en el que se dictó sentencia. Refiere que efectivamente el juez de instrucción determinó que la nulidad del acto impugnado no liberaba a la parte actora de los adeudos que pudiera mantener con el ahora tercero interesado, para que mediante un nuevo acto administrativo determinara si existían deudas entre la quejosa y dicho organismo demandado; sin embargo, eso se refiere a diversos adeudos que pudieran existir, y que no hayan sido materia del acto impugnado declarado nulo dentro del juicio en cita; empero ante la omisión de la autoridad responsable de ser exhaustiva y congruente en el dictado de la resolución combatida, es que fue omisa en atender tal afirmación y pronunciarse al respecto dentro del fallo recurrido. Las manifestaciones de la autoridad responsable no tienen sustento legal; por tanto, contravienen el artículo 274, primer párrafo del Código de Justicia Administrativa para el Estado de Michoacán de Ocampo, que prevé la obligación de dictar sentencias debidamente fundadas y motivadas. La autoridad responsable no considera que la autoridad demandada es omisa en emitir un nuevo acto, toda vez que repite el acto administrativo declarado nulo; máxime lo hace en cumplimiento a la sentencia dictada en primera instancia, de lo que se advierte el acto administrativo en cuestión, se encuentra vinculado al diverso impugnado en el juicio principal. Por tanto, el acto de autoridad por el que se pretende cobrar a su representada un supuesto adeudo, es una repetición del acto impugnado y declarado nulo en sentencia definitiva. Finalmente, se duele de la calificativa de inatendibles que la responsable otorgó a diversos argumentos, por estimar que pretende combatir el fondo del crédito fiscal determinado por la autoridad demandada en el nuevo acto administrativo, consistente en la resolución determinante de crédito fiscal y su liquidación en el contrato número 135805-0, emitida el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, así como el nuevo aviso de recibo número 19023843, emitidos por el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia y no respecto a los motivos por los que a su consideración, se trata de una resolución que repite indebidamente la resolución declarada nula en el juicio administrativo; sobre ese tema alega que contrario a ello, sus argumentos sí evidencian los motivos por los cuales se considera la repetición del acto impugnado, toda vez que el nuevo acto repetitivo cuenta con las mismas cuestiones de ilegalidad que se hicieron valer en contra del primer acto impugnado; empero, la autoridad responsable fue omisa en pronunciarse sobre tal situación omitiendo ser congruente y exhaustiva dentro de la sentencia combatida. Los conceptos de violación son infundados. Primeramente debe precisarse que el Código de Justicia Administrativa establece una distinción entre los elementos de autenticidad de un acto administrativo, y sus requisitos de validez. Los primeros, están consignados en el artículo 7, y conciernen a aquellos aspectos sin los cuales el acto administrativo no puede producir efecto alguno. Se trata de elementos esenciales del acto que no son susceptibles de ser soslayados y cuya relevancia guarda proporción con los intereses o derechos que protegen, como el de legalidad, autoridad competente, fundamentación y motivación, entre otros. Y, los segundos, conciernen a aspectos formales del acto administrativo, y están relacionados en el artículo 8º de la misma legislación. Atento a esa diferencia, la ausencia o irregularidad de los primeros (de los elementos de validez) son susceptibles de producir la nulidad del acto administrativo, según lo indica el artículo 10 de esa normatividad. En cambio, la omisión o irregularidad de los requisitos de validez producen sólo la anulabilidad del acto. Esa distinción entre nulidad y anulabilidad no es superflua ni intrascendente; todo lo contrario. El acto administrativo que se declare jurídicamente nulo, no produce ni causa efectos jurídicos, no es ejecutable, ni susceptible de ser subsanado. Esto por supuesto sin perjuicio de que la autoridad pueda emitir un nuevo acto. Otro rasgo de la declaración de nulidad es que produce efectos retroactivos. Por ende los particulares no tienen obligación de cumplir el acto administrativo que ha sido declarado nulo. Todo esto por disposición expresa del artículo 11 del código en comento. En cambio, conforme al artículo 12, la declaración de anulabilidad del acto y sus efectos, aplica sólo a partir de su emisión. Además, el acto anulable es válido; goza de presunción de legitimidad y ejecutividad; y es subsanable por la autoridad competente en el momento de que se percate de este hecho o a petición de parte, mediante el pleno cumplimiento de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para la plena validez y eficacia del acto. Luego, conforme al artículo 275, la autoridad de lo contencioso debe declarar que un acto administrativo es ilegal cuando se presenten diversas causales, como la incompetencia de la autoridad, omisión de requisitos formales incluida la ausencia de fundamentación y motivación, vicios procedimentales, e inexistencia o imprecisión de hechos, entre otros. Sentado lo anterior, cabe recordar que la sentencia de primer grado dictada el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, declaró la nulidad lisa y llana del aviso recibo número 17287280, expedido por el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, correspondiente al contrato número 135805-0, por la cantidad de $21,333.00 (veintiún mil trescientos treinta y tres pesos 00/100 m.n), por el periodo de consumo comprendido del quince de julio al catorce de septiembre de dos mil veinte; y, ordenó la devolución del pago de lo indebido. Esto, por carecer de falta de fundamentación de la competencia de la autoridad emisora del mismo. Declaratoria que tuvo como efecto la devolución del pago indebido realizado por la parte actora, así como su actualización y los intereses respectivos. En ese sentido, se tiene que lo detectado por el Juez Administrativo, fue la ausencia de un elemento de validez de ese acto administrativo y, por consiguiente ello produjo su nulidad. No obstante, contrario a lo que señala la parte quejosa, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, al emitir la RESOLUCIÓN DETERMINANTE DE CRÉDITO FISCAL Y SU LIQUIDACIÓN EN EL CONTRATO NÚMERO 135805-0, el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, no subsanó el acto administrativo declarado jurídicamente nulo; pues si bien es cierto en el considerando SEGUNDO, hizo la referencia de ser en cumplimiento a la sentencia emitida dentro del juicio administrativo, también lo es que se aprecia que sólo fue para el efecto de ordenar devolver las cantidades de dinero que le fueron ordenadas; incluso, hizo mención de ser por las consideraciones y fundamentación establecidas en el considerando CUARTO de dicha resolución, tal como se aprecia de la siguiente transcripción: ".SEGUNDO.- En cumplimiento a la sentencia emitida dentro del juicio administrativo número JA-0693/2021-III, pronunciada por el Tercer Juzgado Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, devuélvase mediante cheque al actor la cantidad de $21,333.00 (veintiún mil trescientos treinta y tres pesos 00/100 m.n.), así como la cantidad de $7,304.84 que le resultó al accionante como intereses, por las consideraciones y fundamentación establecidas en el considerando CUARTO de esta resolución determinante.". Ahora, el Organismo demandado sí podía emitir un nuevo acto, tal como lo dispone el artículo 11 del Código de Justicia Administrativa, y en ese sentido, resulta ser precisamente el emitido a través de la RESOLUCIÓN DETERMINANTE DE CRÉDITO FISCAL Y SU LIQUIDACIÓN EN EL CONTRATO NÚMERO 135805-0, de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, la cual sí reúne la calidad de nuevo acto administrativo, tal como se desprende de las consideraciones expuestas en el considerando QUINTO, que le llevaron a emitir el resolutivo TERCERO en los siguientes términos: ".TERCERO.- Toda vez que se dejó expedita la facultad de comprobación de este Organismo para exigir el cobro de los adeudos que tuviera el usuario y tomando en cuenta lo expuesto en el Considerando QUINTO de este fallo, le resultó al usuario un crédito fiscal a pagar por la cantidad de $22,787.67 (VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N), por lo que una vez que se declaré firme esta resolución, se deberán de realizar ajustes en el sistema comercial de este Organismo para dar cabal cumplimiento a esta resolución.". Facultad que refirió el organismo demandado le fue expedida por el Juez Administrativo; sin embargo, al margen de ello, esa potestad es por disposición expresa del artículo 11 del Código de Justicia Administrativa. Sin que en el caso, pueda llegarse al extremo de resolver, que por haberse establecido en la misma resolución, tanto el considerando relativo al cumplimiento de la sentencia, como el diverso relativo al estudio del nuevo acto administrativo, se esté en presencia de una repetición del acto administrativo impugnado, dado que tal como lo resolvió la autoridad responsable, la sentencia que declaró la nulidad del acto impugnado no resolvió el fondo del juicio contencioso administrativo de nulidad; de ahí que, se califique de legal la resolución aquí reclamada dictada el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, que declaró infundada la queja por repetición del acto declarado nulo, al tratarse de un nuevo acto administrativo; aún y cuando dicho estudio abarque periodos de consumo que la parte quejosa estima no debían ser comprendidos, pues se insiste que la declaratoria de nulidad efectuada por el Juez Administrativo no se encuentra sustentada en cuestiones de fondo. A mayor abundamiento, no puede llegarse a una interpretación del artículo 11 del Código de Justicia Administrativa en los términos que pretende la parte quejosa, pues si bien es cierto, dispone que el acto administrativo que se declare jurídicamente nulo, no produce o causa efectos jurídicos, ni será ejecutable, también lo es que, el que fue declarado nulo dejó de existir con la declaratoria emitida por el organismo demandado en los términos que expuso en la RESOLUCIÓN DETERMINANTE DE CRÉDITO FISCAL Y SU LIQUIDACIÓN EN EL CONTRATO NÚMERO 135805-0, de nueve de noviembre de dos mil veintiuno; pues incluso, el pago de lo declarado como indebido le fue devuelto. De ahí que, al emitir la nueva resolución, misma que si bien tal como quedó asentado contiene un apartado relativo al cumplimiento de la sentencia declaratoria de nulidad; también cuenta con un estudio diferenciado de los adeudos que aduce existen entre la aquí quejosa y el organismo demandado; por ello, no puede concluirse que existe una repetición del acto impugnado, ni aún por haberse emitido en una misma resolución, pues se reitera que en el juicio contencioso administrativo no existe un pronunciamiento de fondo sobre la cual se permita llegar a esa consideración; pues lo que sí acontece es que el organismo demandado contaba con facultades para emitir otro acto debidamente fundado y motivado, de insistir, sobre los cargos y periodos, lo que así hizo. De ahí también lo infundado de que en el caso a estudio exista cosa juzgada. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Raquel Roque Flores, contra el acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando primero; y, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente el quince de noviembre de dos mil veintidós, Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que todavía no transcurre el plazo que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de los informes justificados; por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, fijándose las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Mayra Stephany Medel Hernández, quien da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. 1. Informe justificado. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene al Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán con sede en esta ciudad, rindiendo informe justificado, con el que se ordena dar vista a las partes. 1.1 Pruebas. Con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene al presidente responsable ofreciendo como prueba las documentales que anexa, con las que se ordena formar dos tomos de prueba. 2. Se reciben alegatos. Incorpórese al sumario el pedimento suscrito por la Fiscal de la Federación adscrita a este Juzgado; en atención a su contenido, formula alegatos que a esa representación social corresponden, los cuales podrán ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno. 2.1 Solicita copias. Asimismo, solicita se le expidan copias simples de la sentencia que se emita en este expediente; al respecto, dígasele que una vez que ello acontezca, se le hará la entrega de las copias solicitadas. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Mayra Stephany Medel Hernández, quien da fe.

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