Raquel Vázquez Ledesma

Expediente 1342/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1342/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Raquel Vázquez Ledesma

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Incidental

    Acto continuo, para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 144 de la Ley de Amparo, el Secretario da cuenta con las constancias necesarias para resolver y el Juez acuerda lo conducente: 17897 y 17898 CUENTA ACUERDO INFORME PREVIO Se da cuenta con los informes previos recibidos en esta fecha y registrados con los folios : , rendidos por las autoridades responsables Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán y actuaria adscrita a ese juzgado. Téngase por hecha la relación de las constancias y de los informes previos rendidos por las autoridades responsables señaladas. PRUEBAS Se da cuenta que la parte quejosa ofreció pruebas documentales. En términos del artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las citadas probanzas ALEGATOS Se da cuenta que ninguna de las partes realizó manifestaciones en vía de alegatos. Se toma conocimiento y se cierra esta fase. Finalmente, el juez procede a dictar la siguiente resolución: RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA VISTOS y RESULTANDOS: PRIMERO. Solicitud de suspensión. En su demanda de amparo, Raquel Vázquez Ledesma, solicitó la suspensión de los actos reclamados. SEGUNDO. Trámite. El incidente se tramitó por su cauce legal y la audiencia de ley fue celebrada en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 en relación con el 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa destaca como acto reclamado: La falta de emplazamiento y todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario 395/2011, promovido por Delfina Ledesma Camacho, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán y actuaria adscrita a ese juzgado, al rendir su informe previo, aceptaron la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Pretensión de la suspensión. De la lectura íntegra de la demanda de amparo no se advierte que la parte quejosa solicite la suspensión para algún efecto en específico; por tanto se acordará lo que conforme a derecho proceda. QUINTO. Improcedencia de la suspensión. A efecto de proveer lo conducente en este apartado, es menester precisar que conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: I) Los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; II) Los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; III) Las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, IV) Las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: La petición de parte; La existencia del acto reclamado. La naturaleza del acto reclamado. La afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal. Ahora bien, el primer requisito se encuentra colmado, en virtud de que en el escrito inicial de demanda, la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado, y por ende, existe la petición de parte agraviada. De igual manera, el segundo de los extremos se actualiza en el particular, dado que al tratarse de la suspensión definitiva, se presume la existencia del acto con base en con lo narrado por las autoridades responsables al rendir su respectivo informe previo y con las manifestaciones que la parte quejosa formula, bajo protesta de decir verdad, en su demanda de amparo. Luego, se exige que el acto reclamado acorde a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse, extremo que no se encuentra colmado. Se afirma lo anterior, pues la parte quejosa reclama la falta de emplazamiento y todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario 395/2011, promovido por Delfina Ledesma Camacho, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán, ya que dicha abstención implica un acto de naturaleza omisiva, en contra del cual es improcedente conceder la suspensión definitiva, pues de no considerarlo de esa forma, se podría agotar la materia del reclamo constitucional, contraviniendo lo establecido por el numeral 147 de la Ley de Amparo. Así se concluye, que la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto constituye una institución de gran trascendencia que tiene por objeto conservar la materia del juicio y evitar en lo posible al quejoso perjuicios de imposible reparación por el tiempo requerido para tramitar y resolver el juicio principal; sin embargo, para resolver sobre la procedencia o improcedencia de conceder la suspensión definitiva, entre otros requisitos, debe atenderse en cada caso a la naturaleza de los actos reclamados para dilucidar si son o no susceptibles de ser suspendidos. De modo que aquellos actos que implican una abstención por parte de la autoridad responsable, no admiten la suspensión porque de concederse dicha medida cautelar, se estarían dando efectos constitutivos de derechos, que son propios del análisis del fondo del asunto, esto es, del juicio de amparo en lo principal. En virtud de lo anterior, al no encontrarse reunidos los requisitos establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, procede negar la medida cautelar solicitada. No pasa inadvertido para este juzgador, lo establecido en el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en el cual se dispone que de ser jurídica y materialmente posible, se restablecerá provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado, mientras se dicte sentencia ejecutoria en el juicio principal; sin embargo, en el caso que nos ocupa no es dable aplicar tal principio, pues atendiendo a la naturaleza de la negativa impugnada, considerar lo contrario, como se dejó asentado en el párrafo que antecede, resolvería la materia del juicio principal, contraviniendo lo dispuesto en el diverso numeral 1° de la ley en la materia, que estatuye que el juicio de amparo tiene por objeto solucionar toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección. Además de lo anterior, la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de criterios 338/2022, estableció que es procedente conceder la suspensión con efectos restitutorios cuando en la eventualidad de que resuelva en forma adversa a la parte quejosa, pueda retrotraerse los efectos de la suspensión. Lo anterior encuentra soporte en la siguiente jurisprudencia: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a conclusiones discrepantes en relación con los casos donde se dejaría sin materia el juicio de amparo si se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, y esos efectos coincidan con los de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa. Las posturas contrarias versaron sobre el requisito referente a la posibilidad jurídica de conceder la suspensión, pues uno de los órganos jurisdiccionales consideró que sí era posible restituir provisionalmente a la quejosa del derecho vulnerado, mientras que el otro Tribunal sostuvo que no era posible conceder la suspensión dado que con ello se agotaría la materia del juicio en lo principal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión. Justificación: El enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. La suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo." Por tanto, lo concerniente es negar la suspensión definitiva solicitada; lo anterior, hasta en tanto las autoridades responsables reciban notificación de la sentencia ejecutoria que se dicte en el presente juicio de amparo. SEXTO. Se concede suspensión. Por su parte, respecto de las consecuencias derivadas del acto reclamado, se advierten satisfechos los requisitos previstos en el artículo 128 en relación con el 139, párrafo primero, de la Ley de Amparo. En efecto, la promovente del amparo solicita la suspensión del acto reclamado. Se observa también que de concederse la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, porque el acto reclamado proviene de una contienda entre particulares. No pasa inadvertida la circunstancia de que existe interés público en que se lleven adelante las sentencias que han causado ejecutoria, no obstante ello, dicha figura únicamente puede concebirse cuando el quejoso ha sido escuchado en la contienda respectiva; lo que en el particular no acontece, pues la parte quejosa promueve el presente juicio de amparo como tercera extraña simple. Por otro lado, se estima que el no conceder la suspensión, ocasionaría a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación, pues sus derechos patrimoniales se podrían verse afectados. En esa condición, con fundamento en el artículo 150 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva a la quejosa Raquel Vázquez Ledesma, para el efecto de que sin paralizar el juicio sucesorio intestamentario 395/2011, promovido por Delfina Ledesma Camacho, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán, el juez responsable se abstenga de dictar la resolución que ponga fin a la etapa de adjudicación en dicho controvertido. Lo anterior, hasta en tanto las autoridades responsables reciban notificación de la sentencia ejecutoria que se dicte en el presente juicio de amparo; ello, siempre y cuando, a la fecha, esto no haya acontecido. SÉPTIMO. Requisitos de efectividad de la medida cautelar. Esta medida cautelar, como se dijo, surte sus efectos desde este momento, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva; pero será revocada en su momento, si no se cumple con los requisitos de eficacia siguientes: OCTAVO. Garantía. La cantidad se fija de manera discrecional; importe que servirá para garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran causarse a la parte que resienta afectación con motivo de esta suspensión, en caso de que la parte quejosa no obtenga sentencia favorable en el juicio de amparo; en el entendido de que la providencia adoptada puede variar tomando en consideración los elementos de prueba conducentes que se alleguen al celebrarse la audiencia incidental; por tanto, la incidentista deberá exhibir una garantía dentro del plazo de cinco días siguientes al dictado de la presente interlocutoria, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas legales, las cuales pueden ser: Billete de depósito. Que deberá ser expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Créditos, Institución de Banca de Desarrollo, lo anterior siguiendo los requisitos que establecen los artículos 28 y 32 del Acuerdo 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; o, Póliza de fianza. En este caso, la institución correspondiente deberá expedirla "ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y a favor de la Tesorería de la Federación", de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, primer párrafo, de la Ley Federal de Instituciones y Fianzas y 322 del Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. LA GARANTÍA RESPECTIVA, YA SEA EN BILLETE DE DEPÓSITO O PÓLIZA DE FIANZA, DEBERÁ CONTENER EL TEXTO SIGUIENTE EN EL APARTADO "CONCEPTO": "PARA GARANTIZAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONCEDIDA A RAQUEL VÁZQUEZ LEDESMA, EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 1342/2023". Realizado el análisis respecto del efecto para el cual la parte quejosa solicitó la suspensión del acto reclamado, cabe precisar que este órgano jurisdiccional no advierte un efecto diverso por el que pueda concederse la medida cautelar. Asimismo, esta medida suspensional, como ya se dijo, surte efectos desde luego, acorde a lo establecido en el numeral 139 de la Ley de Amparo, pero no surtirá efecto legal alguno si las autoridades responsables actúan en cumplimiento de alguna ejecutoria de amparo cuya naturaleza intrínseca tiende a restablecer el orden constitucional violado. Lo anterior es así pues la majestad de las sentencias constitucionales hace que su acatamiento resulte de orden público de modo que contra ese tipo de determinaciones, no es factible otorgar la medida suspensional. Por tanto, con apoyo en el artículo 146 fracción IV, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se NIEGA la suspensión definitiva solicitada por Raquel Vázquez Ledesma, en los términos del considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Se CONCEDE la suspensión definitiva solicitada por Raquel Vázquez Ledesma, en los términos del considerando sexto de esta resolución. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Informes justificados. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene a las autoridades responsables Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán y actuaria adscrita a ese juzgado, rindiendo su respectivo informe justificado, con lo que se ordena dar vista a las partes. 1.1. Prueba documental. Por otra parte, de conformidad con el ordinal 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la primera de las autoridades responsables referidas ofertando como prueba de su parte la documental adjunta a su informe, la que será tomada en consideración al momento de la celebración de la audiencia constitucional. 2. Se reconoce carácter de tercero interesado y se gira despacho. Asimismo, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de tercero interesado a J. Juvenal Vázquez Ledesma, albacea definitivo de la sucesión a bienes de Eliseo Vázquez Raya, quien puede ser emplazado en el domicilio ubicado en calle Bravo número cinco, colonia Centro, en Puruándiro, Michoacán. En mérito a lo anterior, toda vez que el tercero interesado tiene su domicilio ubicado fuera de la residencia de este juzgado; con fundamento en los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2° y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán, para que en auxilio de las labores de este Juzgado y en el ámbito de su jurisdicción, ordene a quien corresponda, se constituya en el domicilio mencionado en párrafos precedentes, y una vez cerciorado de que es el domicilio correcto en el cual puede ser emplazado el tercero interesado, con copia de la demanda y del auto admisorio, lo emplace al presente juicio de amparo que deberá realizar conforme a los siguientes lineamientos: a. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso a), y III, inciso b), párrafo primero, de la Ley de Amparo, deberá buscar al tercero interesado, en el domicilio antes indicado, cerciorándose de su identidad, entregándole las copias de traslado relativas. De negarse a recibir la notificación, deberá asentarlo en autos y tener por hecha la notificación. b. Con apoyo en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, si en el referido domicilio procesal no encuentra a la parte tercera interesada, dejará constancia de que es el domicilio buscado y dejará citatorio para que, dentro del término de dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse. Dicho citatorio deberá dejarlo con las personas que lo atiendan. Si no acude a notificarse, deberá hacerse por lista la notificación y por lista en una página electrónica. c. Con sustento en el artículo 27, fracción I, inciso c), si el actuario encuentra cerrado el domicilio y nadie acude a su llamado, debe asentar que es el domicilio buscado y fijar aviso en la puerta, a fin de que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda a notificarse; y, no haciéndolo, la notificación se hará por lista y en una lista en página electrónica. d. Toda manifestación que reciba el notificador, en el sentido de que el tercero interesado no vive en el domicilio, no habita o que no trabaja en él, no será obstáculo para llevar a cabo la notificación. Tampoco lo será el que reciba información en el sentido de que ya no se lleva su representación legal en ese lugar o que no se le conoce. Ello, pues en términos del artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, la notificación encomendada deberá efectuarse en el domicilio procesal que se haya señalado en el juicio de origen; por lo que resulta irrelevante que ahí no viva, trabaje o habite la persona buscada, menos aún que ya no se lleve en ese lugar su representación legal o que haya dejado de ser domicilio de su parte para recibir notificaciones, pues lo que se sigue de una interpretación finalista del precepto en cuestión, es que se emplace en el domicilio que se haya señalado en autos de la controversia natural, debiéndose entender que para los efectos concomitantes fue designado por la interesada, siendo, entonces, en su perjuicio, el que no informe al órgano jurisdiccional oportunamente su revocación y el señalamiento de uno nuevo. En la inteligencia de que además deberá requerirla para que al momento de la diligencia o dentro de los tres días siguientes al en que quede legalmente notificado del presente proveído, proporcione domicilio en Morelia, Michoacán donde recibir notificaciones de carácter personal, con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin previo acuerdo, las subsecuentes que sean de esa naturaleza, se le practicarán por lista de acuerdos que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, como lo establecen los dispositivos 26, fracción III, y 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Además, deberá de informarle la fecha y hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio. De igual manera, dígasele que deberá diligenciar la comunicación oficial, no obstante de que la audiencia constitucional haya llegado a su fecha, ya que en ese supuesto, este juzgado proveerá lo que en derecho corresponda. Hecho lo anterior, deberá devolver la encomienda con las constancias que acrediten su cumplimiento, o bien, manifestar el impedimento que tuvo para ello. 3. Diferimiento anticipado. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional prevista para las nueve horas con veinte minutos del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés; y en su lugar, se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese; y emplácese al tercero interesado por medio de despacho y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Cumple prevención. Visto lo de cuenta, agréguese el escrito signado por la quejosa Raquel Vázquez Ledesma, por medio del cual, cumple con la prevención formulada mediante proveído de treinta de octubre del año en curso. 1.1. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Raquel Vázquez Ledesma, por su propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán y otra autoridad. 2. Suspensión. Por separado tramítese el incidente de suspensión. 3. Audiencia constitucional. Cítese a las partes a la audiencia constitucional, que tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. 4. Informe justificado. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán: 4.1. Rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia constitucional, lo que deberán hacer por correo electrónico a la cuenta 1jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, confirmando su recepción al teléfono 443 3226960 extensión 1181, salvo que por la propia naturaleza de las constancias que hayan de remitir se haga necesario que las presenten directamente ante el juzgado, verbigracia cuando envíen tomos de prueba, discos compactos y otros documentos análogos. 4.2. Remitir copia certificada legible de las constancias que contienen el acto reclamado. Apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, equivalente a ******************** en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. 5. Ministerio público. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5, fracción IV, del ordenamiento legal en cita. 6. Tercero interesado. Se reserva proveer respecto al llamamiento a juicio de los terceros interesados que pudieran surgir en el presente juicio de amparo, hasta en tanto se reciban los informes justificados. 7. Pruebas. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que anexa, mismas que por su propia naturaleza se tienen por rendidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y tenerlas por recibidas en ese acto. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  4. Incidental

    Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Apertura del incidente de suspensión. Como está ordenado con esta fecha, en el expediente principal y con fundamento en el artículo 128, de la Ley de Amparo, con la copia simple del libelo constitucional y del escrito de cumplimiento de prevención, tramítese por separado el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo ********************, promovido por Raquel Vázquez Ledesma, por su propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán y otra autoridad. 2. Informe previo. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138 y 140 de la ley de la materia, pídase informe previo a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, contadas a partir de la notificación del presente proveído, enviándole al efecto copia simple del libelo constitucional y del escrito de cumplimiento de prevención. 3. Audiencia incidental. Hágase saber a las partes, que en este asunto se encuentran señaladas las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia incidental. 4. Precisión del acto reclamado. La parte quejosa reclama, en esencia lo siguiente: La falta de emplazamiento y todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario ********************, promovido por ********************, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán. 5. Pretensión de la suspensión. De la lectura íntegra de la demanda de amparo no se advierte que la parte quejosa solicite la suspensión para algún efecto en específico; por tanto se acordará lo que conforme a derecho proceda. . 6. Improcedencia de la suspensión. A efecto de proveer lo conducente en este apartado, es menester precisar que conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: I) Los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; II) Los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; III) Las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, IV) Las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: La petición de parte; La existencia del acto reclamado. La naturaleza del acto reclamado. La afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal. Ahora bien, el primer requisito se encuentra colmado, en virtud de que en el escrito inicial de demanda, la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado, y por ende, existe la petición de parte agraviada. De igual manera, el segundo de los extremos se actualiza en el particular, dado que al tratarse de la suspensión provisional, se presume la existencia del acto con base en las manifestaciones que la parte quejosa formula, bajo protesta de decir verdad, en su demanda de amparo. Luego, se exige que el acto reclamado acorde a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse, extremo que no se encuentra colmado. Se afirma lo anterior, pues la parte quejosa reclama la falta de emplazamiento y todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario ********************, promovido por ********************, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán, ya que dicha abstención implica un acto de naturaleza omisiva, en contra del cual es improcedente conceder la suspensión provisional, pues de no considerarlo de esa forma, se podría agotar la materia del reclamo constitucional, contraviniendo lo establecido por el numeral 147 de la Ley de Amparo. Así se concluye, que la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto constituye una institución de gran trascendencia que tiene por objeto conservar la materia del juicio y evitar en lo posible al quejoso perjuicios de imposible reparación por el tiempo requerido para tramitar y resolver el juicio principal; sin embargo, para resolver sobre la procedencia o improcedencia de conceder la suspensión provisional, entre otros requisitos, debe atenderse en cada caso a la naturaleza de los actos reclamados para dilucidar si son o no susceptibles de ser suspendidos. De modo que aquellos actos que implican una abstención por parte de la autoridad responsable, no admiten la suspensión porque de concederse dicha medida cautelar, se estarían dando efectos constitutivos de derechos, que son propios del análisis del fondo del asunto, esto es, del juicio de amparo en lo principal. En virtud de lo anterior, al no encontrarse reunidos los requisitos establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, procede negar la medida cautelar solicitada. No pasa inadvertido para este juzgador, lo establecido en el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en el cual se dispone que de ser jurídica y materialmente posible, se restablecerá provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado, mientras se dicte sentencia ejecutoria en el juicio principal; sin embargo, en el caso que nos ocupa no es dable aplicar tal principio, pues atendiendo a la naturaleza de la negativa impugnada, considerar lo contrario, como se dejó asentado en el párrafo que antecede, resolvería la materia del juicio principal, contraviniendo lo dispuesto en el diverso numeral 1° de la ley en la materia, que estatuye que el juicio de amparo tiene por objeto solucionar toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección. Además de lo anterior, la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de criterios 338/2022, estableció que es procedente conceder la suspensión con efectos restitutorios cuando en la eventualidad de que resuelva en forma adversa a la parte quejosa, pueda retrotraerse los efectos de la suspensión. Lo anterior encuentra soporte en la siguiente jurisprudencia: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a conclusiones discrepantes en relación con los casos donde se dejaría sin materia el juicio de amparo si se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, y esos efectos coincidan con los de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa. Las posturas contrarias versaron sobre el requisito referente a la posibilidad jurídica de conceder la suspensión, pues uno de los órganos jurisdiccionales consideró que sí era posible restituir provisionalmente a la quejosa del derecho vulnerado, mientras que el otro Tribunal sostuvo que no era posible conceder la suspensión dado que con ello se agotaría la materia del juicio en lo principal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión. Justificación: El enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. La suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo." Por tanto, lo concerniente es negar la suspensión provisional solicitada; lo anterior, hasta en tanto la autoridad responsable reciba notificación de lo que se resuelva en la suspensión definitiva. 7. Se concede suspensión. Por su parte, respecto de las consecuencias derivadas del acto reclamado, se advierten satisfechos los requisitos previstos en el artículo 128 en relación con el 139, párrafo primero, de la Ley de Amparo. En efecto, la promovente del amparo solicita la suspensión del acto reclamado. Se observa también que de concederse la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, porque el acto reclamado proviene de una contienda entre particulares. No pasa inadvertida la circunstancia de que existe interés público en que se lleven adelante las sentencias que han causado ejecutoria, no obstante ello, dicha figura únicamente puede concebirse cuando el quejoso ha sido escuchado en la contienda respectiva; lo que en el particular no acontece, pues la parte quejosa promueve el presente juicio de amparo como tercera extraña simple. Por otro lado, se estima que el no conceder la suspensión, ocasionaría a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación, pues sus derechos patrimoniales se podrían verse afectados. En esa condición, con fundamento en el artículo 150 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional a la quejosa Raquel Vázquez Ledesma, para el efecto de que sin paralizar el juicio sucesorio intestamentario ********************, promovido por ********************, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán, el juez responsable se abstenga de dictar la resolución que ponga fin a la etapa de adjudicación en dicho controvertido. Lo anterior, hasta en tanto las autoridades responsables reciban notificación de lo que se resuelva en la suspensión definitiva; ello, siempre y cuando, a la fecha, esto no haya acontecido. 8. Requisitos de efectividad de la medida cautelar. Esta medida cautelar, como se dijo, surte sus efectos desde este momento, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva; pero será revocada en su momento, si no se cumple con los requisitos de eficacia siguientes: 9. Garantía. La cantidad se fija de manera discrecional; importe que servirá para garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran causarse a la parte que resienta afectación con motivo de esta suspensión, en caso de que la parte quejosa no obtenga sentencia favorable en el juicio de amparo; en el entendido de que la providencia adoptada puede variar tomando en consideración los elementos de prueba conducentes que se alleguen al celebrarse la audiencia incidental; por tanto, la incidentista deberá exhibir una garantía dentro del plazo de cinco días siguientes al dictado de la presente interlocutoria, por la cantidad de $********************(********************), en cualquiera de las formas legales, las cuales pueden ser: 10. Billete de depósito. Que deberá ser expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Créditos, Institución de Banca de Desarrollo, lo anterior siguiendo los requisitos que establecen los artículos 28 y 32 del Acuerdo 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; o, 11. Póliza de fianza. En este caso, la institución correspondiente deberá expedirla "ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y a favor de la Tesorería de la Federación", de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, primer párrafo, de la Ley Federal de Instituciones y Fianzas y 322 del Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. LA GARANTÍA RESPECTIVA, YA SEA EN BILLETE DE DEPÓSITO O PÓLIZA DE FIANZA, DEBERÁ CONTENER EL TEXTO SIGUIENTE EN EL APARTADO "CONCEPTO": "PARA GARANTIZAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONCEDIDA A ********************, EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN ********************". Realizado el análisis respecto del efecto para el cual la parte quejosa solicitó la suspensión del acto reclamado, cabe precisar que este órgano jurisdiccional no advierte un efecto diverso por el que pueda concederse la medida cautelar. Asimismo, esta medida suspensional, como ya se dijo, surte efectos desde luego, acorde a lo establecido en el numeral 139 de la Ley de Amparo, pero no surtirá efecto legal alguno si las autoridades responsables actúan en cumplimiento de alguna ejecutoria de amparo cuya naturaleza intrínseca tiende a restablecer el orden constitucional violado. Lo anterior es así pues la majestad de las sentencias constitucionales hace que su acatamiento resulte de orden público de modo que contra ese tipo de determinaciones, no es factible otorgar la medida suspensional. 12. Copias certificadas. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de un tanto de las copias certificadas del presente auto. Lo anterior es así, pues la expedición de más de un juego de copias certificadas está condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante, es decir, la petición debe acompañarse de las razones por las cuales quien las requiere ocupa más de un tanto para ser acordada favorable; lo que en el caso no acontece, razón por la cual se provee en los términos precisados. 13. Pruebas. En términos del artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la parte quejosa las documentales que anexó a su escrito de demanda; las que se tienen por admitidas y desahogadas dada su naturaleza, sin perjuicio de recibirlas en la audiencia incidental. 14. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

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