Raúl Álvarez Sánchez
Expediente 983/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 983/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 23/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Raúl Álvarez Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito signado por ********************, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, en virtud de que dicho escrito cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, en términos de lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse los documentos que solicita, siempre y cuando dichas documentales obren en original o copia certificada dentro de los presentes autos; previo cotejo y compulsa que se realice de las que obren en original, a efecto de agregar copia certificada, así como razón de entrega que de ello se deje en autos. Por otras parte, hágase del conocimiento que de conformidad con el artículos 3 y 4, capítulo II del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia que se toman en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID- 19, se determinó que a fin de acceder a los órganos jurisdiccionales, los justiciables deberán previamente generar una cita en el Portal de Servicios en Línea en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" dentro de la cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", el cual, una vez elegida la hora y fecha de su preferencia, proporcionara un código QR (que podrá presentarse electrónicamente o impreso) que permitirá que la parte en el juicio que haya generado la cita, ingrese al órgano jurisdiccional correspondiente; debiendo hacerse del conocimiento en el momento de la generación de la cita, si las personas que acudirán a la misma se encuentran dentro del grupo vulnerable de Covid-19 o cuentan con alguna discapacidad, a fin de que este juzgado tome las medidas establecidas en el citado acuerdo general para tal caso. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, el primero de septiembre de dos mil veintiuno. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otro lado, se estima innecesario que continúe en este juzgado el tomo de pruebas que se formó con las constancias remitidas por la autoridad responsable en el presente expediente; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la Secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
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III. Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte quejosa, la sentencia engrosada el doce de agosto de dos mil veintiuno, misma que a la letra dice: C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, acorde a lo establecido por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con el punto segundo, fracción VII y punto cuarto, fracción VII, segundo párrafo, del Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de una omisión que se atribuye a una autoridad administrativa, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) en razón de que actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, atento a que la omisión combatida no requiere de ejecución; de ahí que, si el quejoso decidió presentar su demanda de amaro antes esta autoridad, de ello deviene su competencia. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De la lectura integral de la demanda de amparo, de las constancias de los autos, y conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción l, de la ley de la materia, se precisa que los actos reclamados son los siguientes: a) La falta de respuesta a la petición presentada ante la responsable, el día veintisiete de junio de dos mil diecinueve, según el sello de acuse de recibo. b) El acuerdo de doce de abril de dos mil diecinueve, dictado en el expediente administrativo de responsabilidad R-277/2016, así como su notificación realizada el quince de abril siguiente. c) La respuesta de quince de noviembre de dos mil diecinueve, que recayó a la petición formulada el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, en el expediente administrativo de responsabilidad R-277/2016, así como su notificación realizada el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. d) La obstrucción y/o negativa a mi derecho humano de protección a la salud y bienestar, que le ubiquen en el supuesto de perder el derecho a que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado le continúe proporcionando la atención médica a que tengo derecho como trabajador de Procuraduría Federal del Consumidor. e) La negativa y/o obstrucción al derecho al trabajo del aquí quejoso, el cual es necesario para asegurar mis necesidades básicas. f) La omisión de cumplir con lo previsto en el artículo 28, primer párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y, ordenar a la Procuraduría Federal del Consumidor en la que el quejoso prestaba sus servicios, la restitución en el goce de los derechos que fue privado por la ejecución de responsabilidad R-277/2016 y que fue declarada nula, como son, entre otros, el pago de los salarios caídos, vales de despensa y prima vacacional. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Establecida la fijación clara y precisa de los actos reclamados, por cuestión de método, debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridad señalada como responsable. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ha lugar a tener por ciertos los actos que atribuye el quejoso al Titular del Área de Responsabilidad del Órgano Interno de Control en la Procuraduría Federal de Consumidor, en la Ciudad de México; pues no obstante que al rendir sus informes justificados dicha autoridad responsable negó los actos reclamados, enseguida, en los mismos escritos hizo manifestaciones que evidencian su certeza (foja 44-55 y 199-206). Además, lo anterior se corrobora con las constancias que exhibió como justificación de los mismos, consistentes en copias certificadas vinculadas con el procedimiento administrativo de responsabilidad R-277/2016 de su índice de la citada autoridad responsable (fojas cuaderno de pruebas anexo a constancias); sobre todo, porque de éstas se advierten los actos aquí combatidos (foja 105 del expediente principal, y fojas 1-4, y 5 del anexo 6; y fojas 1-4, y foja 5 del anexo 3; éstas del Cuaderno de pruebas anexas a constancias). A dichas documentales se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su numeral 2°, ya que se trata de documentos públicos, expedidos por funcionario en ejercicio de las funciones que les asigna la ley. Tienen aplicación al caso las siguientes tesis: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Improcedencia del juicio. Por ser las causas de improcedencia de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de las que hicieron valer las partes y, en su caso, las que de oficio pudieran advertirse en la especie. Ahora bien, al considerar que en la especie se actualizan diversas causas de improcedencia en relación con los diversos actos reclamados, se precisa que, para una mejor exposición, su estudio se realizará a través de sus respectivos apartados, según la cronología de cada uno de ellos, y previa relatoría de los antecedentes que se vinculan con los mismos y que se desprenden de las constancias que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda, así como de las remitidas como justificación de sus actos por el Titular del Área de Responsabilidad del Órgano Interno de Control en la Procuraduría Federal de Consumidor, en la Ciudad de México, los cuales son de la descripción siguiente. ANTECEDENTES 1. El procedimiento administrativo de Responsabilidad R-277/2016 se siguió por el Titular del Área de Responsabilidad del Órgano Interno de Control en la Procuraduría Federal de Consumidor, en la Ciudad de México, aquí señalado como autoridad responsable, en contra del aquí quejoso y otros, en el cual, mediante resolución de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, se impuso como como sanción administrativa la destitución del puesto e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisione en el servicio público por un año, así como una sanción económica (anexo 4 del Cuaderno de pruebas). 2. En contra de dicha resolución el aquí quejoso promovió juicio de nulidad, ante la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Xalapa, Veracruz, el cual se radicó bajo el número 3688/18-13-01-2, y que se resolvió el catorce de marzo de dos mil diecinueve declarando la nulidad de la resolución impugnada en términos del artículo 52, fracción II, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo (foja 91-94) y que fue notificado el dos de abril siguiente, en términos del artículo 68 de dicha ley, mediante el envío de avisos al correo electrónico del aquí quejoso (foja 95) y a través de la publicación de la misma en el Boletín Jurisdiccional, el ocho siguiente (foja 96 y 97). 3. La resolución referida en el punto anterior se declaró firme mediante auto de trece de junio de dos mil diecinueve dictado dentro de dicho procedimiento contencioso, por la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Xalapa, Veracruz, y por lo cual se ordenó archivar el citado expediente como asunto total y definitivamente concluido (foja 104). 4. No obstante el acuerdo referido en el punto anterior, mediante acuerdo previo de doce de abril de dos mil diecinueve (foja 1-4 del anexo 6 del Cuaderno de pruebas) dictado por la autoridad aquí responsable, Titular del Área de Responsabilidad del Órgano Interno de Control en la Procuraduría Federal de Consumidor, en la Ciudad de México; ésta dio cumplimiento a la referida sentencia anulatoria, dejando insubsistente la referida resolución administrativa, en términos de lo dispuesto en el artículo 52, fracción II, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. 5. El citado acuerdo del antecedente que precede fue notificada el quince de abril de dos mil diecinueve, a través de "rotulón" (foja 5 del anexo 6 del Cuaderno de pruebas) en términos de lo ordenado en el punto segundo del citado acuerdo (foja 4 del anexo 6 del Cuaderno de pruebas) y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 316 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, acorde a lo dispuesto en el artículo 47 de la citada ley, al no encontrase la citada notificaciones, dentro de los supuestos ordenados en el artículo 309 del citado código procesal civil federal. 6. Al margen del procedimiento contencioso administrativo de origen, se tiene que mediante escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, el impetrante de amparo solicitó a la autoridad aquí responsable, Titular del Área de Responsabilidad del Órgano Interno de Control en la Procuraduría Federal de Consumidor, en la Ciudad de México, que realizara los trámites correspondientes para lograr su restitución al puesto laboral que mantenía hasta que se le impuso la sanción que fue anulada, así como el pago de los salarios caídos, vales de despensa y prima vacacional (foja 105). 7. Nuevamente en el procedimiento contencioso administrativo de origen, mediante diverso escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, ante la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Xalapa, Veracruz, el impetrante de amparo promovió queja por omisión al cumplimiento de la sentencia definitiva, al considerar que la autoridad aquí responsable, Titular del Área de Responsabilidad del Órgano Interno de Control en la Procuraduría Federal de Consumidor, en la Ciudad de México, no dejó sin efecto las sanciones impuestas en la resolución de responsabilidad; por lo que además el quejoso solicitó que se le restituya en el cargo que tenía y le cubran las prestaciones que les correspondan y que dejó de percibir por tal motivo (foja 98-99). 8. Mediante acuerdo de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, la citada Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Xalapa, Veracruz, desechó por improcedente la queja interpuesta, al considerar que en la nulidad de la resolución administrativa impugnada no se surtió la hipótesis prevista en el artículo 58, fracción II, inciso a), punto 3, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo (foja 106). 9. El acuerdo referido en el punto anterior, fue notificado el seis de noviembre de dos mil diecinueve, en términos del artículo 68 de dicha ley, mediante el envío de avisos al correo electrónico del aquí quejoso (foja 107) y a través de la publicación de la misma en el Boletín Jurisdiccional, el doce de noviembre siguiente (foja 108 y 109). 10. No obstante lo anterior, nuevamente fuera del procedimiento contencioso administrativo, el quince de noviembre de dos mil diecinueve Titular del Área de Responsabilidad del Órgano Interno de Control en la Procuraduría Federal de Consumidor, en la Ciudad de México, emitió la respuesta a la petición formulada el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, lo que hizo (fojas 1-4 del anexo 3 del Cuaderno de pruebas) sustancialmente en el sentido de que el impetrante de amparo se esté a lo ordenado por la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Xalapa, Veracruz, a través de la sentencia dictada dentro del juicio de nulidad número 3688/18-13-01-2, pues en ésta se declaró la nulidad de la resolución impugnada en términos del artículo 52, fracción II, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, pero sin que ".resultara procedente la realización de algún otro acto distinto a lo ordenado por la autoridad jurisdiccional, como lo es la restitución al puesto laboral y el pago de los salarios caídos, vales de despensa y prima vacacional." solicitado por el quejoso. 11. La respuesta referida en el punto anterior, fue notificada a través de "rotulón" el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve (foja 5 del anexo 3 del Cuaderno de pruebas) en términos de lo ordenado en el punto tercero del acuerdo antes referido (foja 4 del anexo 3 del Cuaderno de pruebas) y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 316 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, acorde a lo dispuesto en el artículo 47 de la citada ley, al no encontrase la citada notificación, dentro de los supuestos ordenados en el artículo 309 del citado código procesal. Las actuaciones referidas en los numerales 4, 5, 10 y 11, constituyen los actos reclamados en el presente juicio, y hasta aquí la relatoría de los hechos que en torno a los mismos interesan al caso. CAUSA DE SOBRESEIMIENTO Del informe justificado rendido por la autoridad responsable se advierte que ésta hace valer como causa de sobreseimiento la prevista en el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, al considerar que esta se actualiza por causa de la muerte sobrevenida del directo quejoso. Lo anterior es, por una parte, fundado respecto de los actos que afectan de forma personal la esfera jurídica del finado quejoso y, por otro lado, infundada, respecto de los actos cuyos efectos trascienden a la esfera patrimonial del mismo; tal como se verá enseguida. MARCO NORMATIVO El precepto legal citado, en su parte respectiva, es del tenor siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona. (.)." Como se ve, por disposición expresa del artículo 63, fracción III, de la ley de la materia, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo en el caso de que el quejoso muere durante el juicio relativo, siempre que el acto reclamado sólo afecte a su persona, lo que es lógico y jurídicamente razonable porque ahí va inmerso el principio de instancia de parte agraviada que, sin duda, caracteriza al amparo. En esas condiciones, basta demostrar el fallecimiento del quejoso en un juicio de amparo promovido contra actos que únicamente afecten su persona, para que así surja el sobreseimiento en la vía constitucional, desde luego, en cualquier fase en la que esté el juicio relativo. Lo anterior, tal como se orienta por las tesis que son del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. Procede decretarlo, en el juicio de amparo, cuando, durante él, fallece el quejoso y la garantía violada sólo afecta a su persona." (Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: II. Página: 812.) "MUERTE DEL QUEJOSO. Cuando las garantías reclamadas en un juicio de amparo, afectan sólo a la persona del quejoso, si éste fallece, debe sobreseerse en el juicio." (Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XVI. Página: 1325.). En cambio, no opera el sobreseimiento previsto en el precepto citado, si los actos reclamados no afectaren derechos estrictamente personales del quejoso, sino de carácter patrimonial. Lo anterior, tal como se orienta por la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es del contenido siguiente: "FALLECIMIENTO DEL AGRAVIADO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. NO OPERA EN CASO DE LESION A DERECHOS PATRIMONIALES. No se configura la causal de improcedencia por muerte del agraviado durante la tramitación del juicio, establecida en el artículo 74, fracción II, de la Ley de Amparo, en el caso de que los actos reclamados no afectaren derechos estrictamente personales del quejoso, sino de carácter patrimonial, en cuyo caso no opera el sobreseimiento previsto en el precepto citado. SUBSUNCIÓN En la especie quedó acreditado el deceso del directo quejoso, según el acta de defunción que fue exhibida en el presente juicio (foja 114); de esta forma, se considera que resulta fundado el argumento que se hace en el sentido de que dicho deceso conlleva sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados cuya afectación trasciende sólo de manera personal con el finado quejoso, a saber, los actos reclamados consistentes en: d) La obstrucción y/o negativa a mi derecho humano de protección a la salud y bienestar, que le ubiquen en el supuesto de perder el derecho a que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado le continúe proporcionando la atención médica a que tengo derecho como trabajador de Procuraduría Federal del Consumidor. e) La negativa y/o obstrucción al derecho al trabajo del aquí quejoso, el cual es necesario para asegurar mis necesidades básicas. En términos de lo anterior, procede sobreseer en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción III de la Ley de Amparo, en relación con los actos antes mencionados. En cambio, es infundada la causa de improcedencia respecto de los diversos actos reclamados que quedaron identificados en el considerando segundo de esta sentencia, pues se considera que los efectos de dichos actos pueden eventualmente trasgredir derechos de carácter patrimonial que el quejoso defendió en el presente asunto y que corresponde a la restitución de los derechos que emanan de la fuente de su trabajo, como son el pago de percepciones económicas que dejó de percibir como consecuencia de la resolución mediante la cual se impuso como sanción la separación del mismo. De ahí que aun cuando el derecho a ser restituido materialmente en su trabajo, corresponde a un derecho personal que con la muerte del impetrante de amparo ha quedado material y jurídicamente irrestituible, como ya se dijo, no menos cierto es que, en cuanto a los beneficios económicos que pretendió defender a través de este juicio, estos sí pueden ser restituidos a quienes acrediten ser sus legítimos beneficiarios, como puede ser con aquellas personas que ahora acuden a continuar la prosecución del presente juicio de amparo. En términos de lo anterior, de ello deviene lo infundado del argumento de sobreseimiento que plantea la autoridad responsable y por lo cual, no se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 63, fracción III de la Ley de Amparo, por lo que no ha lugar a SOBRESEER en el presente asunto, siendo procedente proseguir con la continuación en el dictado de la presente sentencia. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA A. De oficio se considera que en relación con los actos reclamados consistentes en: b) El acuerdo de doce de abril de dos mil diecinueve, dictado en el expediente administrativo de responsabilidad R-277/2016, así como su notificación realizada el quince de abril siguiente. c) La respuesta de quince de noviembre de dos mil diecinueve, que recayó a la petición formulada el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, en el expediente administrativo de responsabilidad R-277/2016, así como su notificación realizada el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, y f) La omisión de cumplir con lo previsto en el artículo 28, primer párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y, ordenar a la Procuraduría Federal del Consumidor en la que el quejoso prestaba sus servicios, la restitución en el goce de los derechos que fue privado por la ejecución de responsabilidad R-277/2016 y que fue declarada nula, como son, entre otros, el pago de los salarios caídos, vales de despensa y prima vacacional. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pues se considera que la postura asumida por la señalada como autoridad responsable en dichos actos no proviene de una autoridad en ejercicio de sus atribuciones, sino que se emitió en su carácter de parte demandada en el juicio contencioso administrativo que se siguió en su contra. MARCO NORMATIVO El precepto legal citado, en su parte respectiva, es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)". "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; (.)". "Artículo 5. Son partes del juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)." Conforme se dispone en el primero de los numerales citado, el juicio de amparo será improcedente cuando ello resulte de alguna disposición legal; dicho normativo no establece una causa de improcedencia específica, sino más bien una cláusula abierta que permite decretar la improcedencia del juicio de amparo de acuerdo con un supuesto que se desprenda del contenido de la Ley de Amparo o de la Constitución, distinto a los mencionados en las primeras veintidós fracciones de ese precepto. Al respecto, es aplicable la tesis asilada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia dela Nación que es del rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. Correlativo a lo anterior, en el artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, así como el diverso 5°, fracción II, de la ley reglamentaria, se desprende que el juicio de amparo es procedente tratándose de actos u omisiones de autoridad. Cabe precisar que, para los efectos del juicio de amparo, autoridad es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Para entender mejor la actual acepción de autoridad responsable, resulta ilustrativo el criterio sostenido en la tesis aislada del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia dela Nación que del rubro y texto siguiente: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Por lo tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro; para ello, es preciso atender a las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior frente a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En esa tesitura, para determinar si una autoridad puede figurar como "responsable" en un juicio de amparo, se debe atender a los actos que realiza frente a los particulares y como toda entidad moral, en ella se registran relaciones internas entre sus componentes y relaciones externas frente a sujetos que no pertenezcan a ella, los primeros actos no son de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues sus componentes no gozan de garantías individuales frente a la autoridad, ya que no tienen el carácter de gobernados; en las relaciones externas, la autoridad se comporta como un particular, realizando actos que carecen de fuerza compulsora, y dichos actos tampoco son considerados actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. SUBSUNCIÓN Ahora bien, en el caso particular, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos que por esta vía reclama el quejoso al Titular del Área de Responsabilidad del Órgano Interno de Control en la Procuraduría Federal de Consumidor, en la Ciudad de México, que señala como responsable, consisten en los anteriormente referidos. Sin embargo, se estima que dichos actos de los que se duele el impetrante de amparo no puede ser reclamados a través del juicio de amparo indirecto, puesto que la autoridad que señala como responsable no se encuentra en la hipótesis establecida en la fracción I, del artículo 1°, de la Ley de Amparo, y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se sostiene lo anterior, puesto que la postura asumida en dichos actos no corresponde a un plano de supra a subordinación, sino más bien de coordinación, al derivar y ceñirse a la sentencia que se emitió en el proceso contencioso administrativo en el que dicha autoridad fue demandada en el mismo y quien, en tal carácter, con la emisión de los actos de carácter positivo y, con la postura que se le atribuye en vía de omisión o negativa, da cumplimiento, pero sobre todo se ciñe, a la sentencia de nulidad que se dictó en su contra; pero sin que ello se considere que actuó en un plano de supra-subordinación, con el uso de sus facultades de imperio. Lo anterior, pues basta ver que, en los actos de carácter positivo, se advierte que en su emisión se hace referencia al contexto normativo que subyace a las disposiciones de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, esto es, al contenido de los artículos 52, fracciones II y V, inciso b), y 58, fracción II, inciso a), punto 3, de la mencionada legislación, se establece lo siguiente: "ARTÍCULO 52.- La sentencia definitiva podrá: (.) II. Declarar la nulidad de la resolución impugnada. (.) V. Declarar la nulidad de la resolución impugnada y además: (.) b) Otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos afectados. (.) Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, conforme a lo dispuesto en la fracción IV, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses tratándose del Juicio Ordinario o un mes tratándose del Juicio Sumario de conformidad con lo previsto en el artículo 58-14 de la presente Ley, contados a partir de que la sentencia quede firme. Dentro del mismo término deberá emitir la resolución definitiva, aún cuando, tratándose de asuntos fiscales, hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 del Código Fiscal de la Federación. Si el cumplimiento de la sentencia entraña el ejercicio o el goce de un derecho por parte del demandante, transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que la autoridad hubiere cumplido con la sentencia, el beneficiario del fallo tendrá derecho a una indemnización que la Sala que haya conocido del asunto determinará, atendiendo el tiempo transcurrido hasta el total cumplimiento del fallo y los perjuicios que la omisión hubiere ocasionado, sin menoscabo de lo establecido en el artículo 58 de esta Ley. El ejercicio de dicho derecho se tramitará vía incidental. Cuando para el cumplimiento de la sentencia, sea necesario solicitar información o realizar algún acto de la autoridad administrativa en el extranjero, se suspenderá el plazo a que se refiere el párrafo anterior, entre el momento en que se pida la información o en que se solicite realizar el acto correspondiente y la fecha en que se proporcione dicha información o se realice el acto. Transcurridos los plazos establecidos en este precepto, sin que se haya dictado la resolución definitiva, precluirá el derecho de la autoridad para emitirla salvo en los casos en que el particular, con motivo de la sentencia, tenga derecho a una resolución definitiva que le confiera una prestación, le reconozca un derecho o le abra la posibilidad de obtenerlo. En el caso de que se interponga recurso, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia. La sentencia se pronunciará sobre la indemnización o pago de costas, solicitados por las partes, cuando se adecue a los supuestos del artículo 6o. de esta Ley." "ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: (.) II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: (.) 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. (.) La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho. En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto; repetición del acto impugnado o del efecto de éste; que precluyó la oportunidad de la autoridad demandada para emitir la resolución definitiva con la que concluya el procedimiento ordenado; o bien, que procede el cumplimiento sustituto. El Magistrado Instructor o el Presidente de la Sección o el Presidente del Tribunal, en su caso, ordenarán a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días en el que justificará el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la Sala Regional, la Sección o el Pleno que corresponda, la que resolverá dentro de los cinco días siguientes. c) En caso de repetición de la resolución anulada, la Sala Regional, la Sección o el Pleno hará la declaratoria correspondiente, anulando la resolución repetida y la notificará a la autoridad responsable de la repetición, previniéndole se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones. Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la Sección o el Pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo. d) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá a la autoridad demandada veinte días para que dé el cumplimiento debido al fallo, precisando la forma y términos conforme a los cuales deberá cumplir. e) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno comprueba que la resolución a que se refiere el inciso a), subinciso 2 de esta fracción, se emitió después de concluido el plazo legal, anulará ésta, declarando la preclusión de la oportunidad de la autoridad demandada para dictarla y ordenará se comunique esta circunstancia al superior jerárquico de ésta. f) En el supuesto comprobado y justificado de imposibilidad de cumplir con la sentencia, la Sala Regional, la Sección o el Pleno declarará procedente el cumplimiento sustituto y ordenará instruir el incidente respectivo, aplicando para ello, en forma supletoria, el Código Federal de Procedimientos Civiles. g) Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere. (.) IV. A quien promueva una queja notoriamente improcedente, entendiendo por ésta la que se interponga contra actos que no constituyan resolución administrativa definitiva, se le impondrá una multa en monto equivalente a entre doscientas cincuenta y seiscientas veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal y, en caso de haberse suspendido la ejecución, se considerará este hecho como agravante para graduar la sanción que en definitiva se imponga. Existiendo resolución administrativa definitiva, si el Magistrado Instructor, la Sala Regional, la Sección o el Pleno consideran que la queja es improcedente, porque se plantean cuestiones novedosas que no fueron materia de la sentencia, prevendrán al promovente para que presente su demanda dentro de los treinta días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto respectivo, reuniendo los requisitos legales, en la vía correspondiente, ante la misma Sala Regional que conoció del primer juicio, la que será turnada al mismo Magistrado Instructor de la queja. No deberá ordenarse el trámite de un juicio nuevo si la queja es improcedente por la falta de un requisito procesal para su interposición." Y es que las partes normativas de los citados numerales disponen que en las sentencias definitivas dictadas en los procedimientos seguidos ante los órganos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entre otras formas de resolución, se podrá: -Declarar la nulidad de la resolución impugnada, es decir, en forma simple, o -Declarar la nulidad de la resolución impugnada, conllevando además el otorgamiento o restitución al actor en el goce de los derechos afectados. Así también se dispone que, si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto, éste deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses tratándose del Juicio Ordinario, contados a partir de que la sentencia quede firme. Incluso se prevé que, si el cumplimiento de la sentencia entraña el ejercicio o el goce de un derecho por parte del demandante, transcurrido el plazo referido en el párrafo anterior sin que la autoridad hubiere cumplido con la sentencia, el beneficiario del fallo tendrá derecho a una indemnización que la Sala que haya conocido del asunto determinará, atendiendo el tiempo transcurrido hasta el total cumplimiento del fallo y los perjuicios que la omisión hubiere ocasionado, sin menoscabo de lo establecido en el artículo 58 de esta Ley. El ejercicio de dicho derecho se tramitará vía incidental. Por su parte, en el diverso artículo 58, en las partes normativas que se dejaron trascritas, se dispone que, para efecto de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones dictadas por los órganos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sobre todo cuando ha transcurrido el plazo de cuatro meses previsto por el artículo 52 de esta Ley, se faculta al promovente de dicho juicio, a efecto de que ocurra en queja ante el órgano del Tribunal Federal de Justicia Administrativa competente que dictó la sentencia en su beneficio, cuando la autoridad demandada omita dar cumplimiento a la misma; lo que deberá hacer bajo los términos y requisitos que también se establecen en dicho numeral. Una vez colmado lo anterior, también se dispone el trámite que deberá darse al citado recurso de queja y las consecuencias para el caso del eventual acreditamiento de la procedencia o improcedencia del mismo. Por ello es que, si la postura asumida en dichos actos, por la aludida autoridad señalada como responsable, Titular del Área de Responsabilidad del Órgano Interno de Control en la Procuraduría Federal de Consumidor, en la Ciudad de México, se externa para dar cumplimiento a la sentencia dictada el catorce de marzo de dos mil diecinueve, en el juicio de nulidad número 3688/18-13-01-2 que promovió el aquí quejoso ante la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Xalapa, Veracruz, pues en ésta se declaró la nulidad de la resolución impugnada en términos del artículo 52, fracción II, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, pero sin que se observe que la nulidad conlleva, además, el otorgamiento o restitución al actor en el goce de los derechos afectados; por lo que ha lugar a tener dicha conducta de la señalada como responsable, como actos que no corresponden, para los efectos del presente juicio de amparo, como proveniente de una autoridad en uso de su imperio. B. Finalmente, en cuanto al diverso acto reclamado consistente en la falta de respuesta a la petición presentada ante la responsable, el día veintisiete de junio de dos mil diecinueve, según el sello de acuse de recibo, se considera, de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, al haber cesado la omisión combatida. MARCO NORMATIVO El precepto legal citado, en su parte respectiva, es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del artículo trascrito se advierte, que la causa de improcedencia precitada se genera por la insubsistencia del acto reclamado, es decir, que materialmente las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si dicho acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido no deje ninguna huella, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. De ahí que la razón de ser de dicha causa de improcedencia se justifica por la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo solicitado. Lo anterior se orienta por la jurisprudencia y tesis aislada que son del contenido siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. . SUBSUNCIÓN En términos de lo anterior, se estima que la omisión existente al momento de la presentación de la demanda de amparo que generó el presente juicio (cuatro de noviembre de dos mil diecinueve) ha quedado sin efectos, pues el quince de noviembre de dos mil diecinueve se dio respuesta a la petición que fue formulada ante la responsable el día veintisiete de junio de dos mil diecinueve(fojas 1-4 del anexo 3 del Cuaderno de pruebas) sustancialmente en el sentido de que el impetrante de amparo se esté a lo ordenado por la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Xalapa, Veracruz, a través de la sentencia dictada dentro del juicio de nulidad número 3688/18-13-01-2, pues en ésta se declaró la nulidad de la resolución impugnada en términos del artículo 52, fracción II, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, pero sin que ".resultara procedente la realización de algún otro acto distinto a lo ordenado por la autoridad jurisdiccional, como lo es la restitución al puesto laboral y el pago de los salarios caídos, vales de despensa y prima vacacional." solicitado por el quejoso. Además, la aludida respuesta fue notificada a través de "rotulón" el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve (foja 5 del anexo 3 del Cuaderno de pruebas) en términos de lo ordenado en el punto tercero del acuerdo antes referido (foja 4 del anexo 3 del Cuaderno de pruebas) y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 316 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, acorde a lo dispuesto en el artículo 47 de la citada ley, al no encontrase la citada notificaciones, dentro de los supuestos ordenados en el artículo 309 del citado código procesal. Por tanto, la omisión reclamada quedó destruida en forma total e incondicional, de manera que las cosas se encuentran en el estado que tendrían como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiese afectado la esfera jurídica del impetrante de amparo, pues la autoridad responsable, en congruencia dio respuesta a la petición formulada por el aquí quejoso el quince de noviembre de dos mil diecinueve. De ahí que, basta que el Juez pueda apreciar por las constancias de autos, que dichos efectos han dejado de existir, para que de oficio declare que el juicio es improcedente en relación con dicho acto reclamado, de acuerdo con lo prescrito por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. CONCLUSIÓN En los términos antes apuntados, al quedar probadas las causas de improcedencia aludidas, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. En congruencia con lo anterior no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por el peticionario de amparo en relación con dichos actos, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia.Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en el artículo 73, 74, 77 y 79 todos de la aplicable Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por RAÚL ÁLVAREZ SÁNCHEZ, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por las razones y motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta de junio de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta se obtiene que el plazo de ocho días hábiles que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, conferido a las partes con el informe justificado rendido por el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Procuraduría Federal de Consumidor, con sede en la Ciudad de México, fenece el treinta de junio del presente año. En razón de lo anterior, es evidente que a la fecha se encuentra transcurriendo el aludido plazo de ocho días, y por ende, a efecto de hacer efectivo su término, se impone diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese en términos de ley.
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