Raúl Aguilera Elvira

Expediente 375/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 58 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
375/2021
Año
2021
Actuaciones
58
Última actuación
28/09/2022

Partes del expediente

  • Raúl Aguilera Elvira
  • Fiscal General del Estado de Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 58.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Glósese el sobre devuelto por el servicio de mensajería acelerada Estafeta, que contiene el oficio 28957 dirigido al Agente del Ministerio Público Investigador -tercero interesado-, con sede en Tierra Blanca, Veracruz. De la leyenda contenida en el sobre se aprecia "ítem rechazado por el destinatario". En el caso concreto, dicho destinatario ha sido negligente en recibir diversas comunicaciones que se le han girado para tramitar la secuela procesal durante la etapa de cumplimiento, por lo que aquí también se negó a recibir el oficio que contiene el proveído de veintidós de septiembre pasado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno (fojas 11 a 15), y se ordena notificarle al Agente del Ministerio Público Investigador -tercero interesado-, con sede en Tierra Blanca, Veracruz, el proveído señalado en líneas anteriores, por lista de acuerdos, con apoyo en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Con esta fecha se notifica por lista de acuerdos a la parte tercero interesada por así estar ordenado en autos, el proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, mismo que dice: "...Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las quejosas y terceras interesadas mediante proveído de ocho de veintinueve de julio de dos mil veintidós (foja 303), para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el nueve de junio de dos mil veintidós, por una parte sobreseyó respecto de diversas responsables y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Raúl Aguilera Elvira, para los efectos siguientes: "En consecuencia, lo que procede es conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión, con el objeto de restituir al impetrante del amparo en el pleno goce de sus derechos humanos y subjetivos públicos violados, en términos de lo que dispone el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Esto es, para que el Juez responsable deje insubsistente la resolución reclamada, en la que se dictó orden de aprehensión en contra de RAÚL AGUILERA ELVIRA, y en su lugar, emita otra en la que, con plenitud de jurisdicción, se pronuncie nuevamente respecto de la acreditación de los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del quejoso, fundando y motivando su determinación, sin incurrir en los vicios formales conforme a los aspectos destacados en esta ejecutoria. Concesión de amparo que se hace extensiva a la ejecución del acto reclamado, que se atribuye a las autoridades ejecutoras, por ser consecuencia directa de la orden de aprehensión reclamada; esto, con base en la jurisprudencia del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito." Posteriormente, mediante auto de doce de julio de dos mil veintidós (fojas 267 a 269), causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió su cumplimiento a las responsables: 5. Juez Primero de Primera Instancia con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz -autoridad ordenadora-, así como al 2. Director General de la Policía Ministerial con residencia en Xalapa, Veracruz y 9. Encargado de la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial con sede en Tierra Blanca, Veracruz -ambas en su carácter de ejecutoras-. Es así que, mediante proveído de veintinueve de julio de dos mil veintidós (foja 303) (foja 230), se ordenó dar vista a la parte quejosa y terceros interesados con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Primero, del Juez responsable, mediante oficio 2216 de fecha veintidós de julio del año en curso (fojas 284), la autoridad responsable remitió a este Órgano Jurisdiccional, copia certificada de la resolución de veintiuno de julio de dos mil veintidós (fojas 286 a 302), de la cual se advierte que dejó insubsistente la resolución dictada el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, en contra de Raúl Aguilera Elvira, en el proceso penal 195/2016 (actualmente 2207/2017-V) de su estadística. Seguidamente, procedió a dictar una nueva resolución, la cual fue pronunciada al tenor de las consideraciones que se describen a continuación: En un principio, atendiendo a la obligatoriedad a la que la Jueza responsable está sometida para emitir el acto reclamado, procedió a señalar los fundamentos de su competencia para conocer y resolver del asunto que ahora se aborda, y de manera inmediata invocó el artículo 16 de la Carta Magna y numerales 15 fracción IV, 19 y 22 párrafo primero del Código de Procedimientos Penales y precepto 187 fracciones XVIII, XIX y XX de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Asimismo, la responsable, advirtió los requisitos de fondo que deben reunirse para una orden de aprehensión, a saber: a) Que sea expedida por autoridad competente a petición del Ministerio Público. b) Que proceda denuncia, acusación o querella de un hecho que la ley señale como delito. c) Que esté sancionado cuando menos con pena privativa de libertad. d) Que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y hagan probable la responsabilidad del indiciado. Posteriormente hizo un análisis de los elementos que componen la descripción normativa del delito de lesiones, siendo: a) Que un sujeto activo sin calidad específica, cause a otro una alteración en la salud. b) Que esta sea ocasionada por una causa externa. c) Que tarden en sanar más de quince días y pongan en peligro la vida. Respecto del inciso a), se tiene que el sujeto pasivo Benito Elvira Elvira sufrió diversas lesiones consistentes en demoabrasiones en zona frontal izquierda, dermoabrasiones en zona abdominal y herida quirúrgica suturada, canalizando para la infusión de medicamentos, lo que se corrobora con una diligencia de fe de lesiones de tres de febrero de dos mil quince, realizada por el Ministerio Público adscrito al Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz. Hoja de evolución expedida por la Secretaría de Salud de Veracruz Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz de cuatro de noviembre de dos mil quince, que refiere las condiciones en que el aquí tercero interesado ingresó al nosocomio. Así como un dictamen médico 1125 de seis del mismo mes y año, suscrito por un perito médico forense adscrito a la Dirección General de los Servicios Periciales Delegación Regional con sede en Veracruz, Veracruz, quien adujo dichas lesiones ponía en peligro la vida de Benito Elvira Elvira. Probanzas que con fundamento en los numerales 214 y 277 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz, esclarecieron que la persona indicada en líneas anteriores sufrió alteraciones físicas. Por cuanto hace al inciso b), existen tres elementos que permiten concluir que el tercero interesado sufrió las lesiones motivo de una causa externa, siendo la denuncia que él mismo formuló contra Raúl Aguilera Elvira -aquí quejoso-, así como las testimoniales de José Enrique Díaz Sabario y Antonio Díaz Elvira, probanzas que en su conjunto corroboran las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en la concluyen que el sujeto activo y el sujeto pasivo, en fecha treinta y uno de octubre de dos mil quince, se encontraban alrededor de las veinte-veintiún horas en una cantina de la localidad del Contento de Tierra Blanca, Veracruz, donde el sujeto activo -en compañía de dos personas de nombre Luis Gerardo Elvira y Andrés Elvira- golpearon en el suelo a Benito Elvira Elvira. Elementos que adquirieron el valor indiciario en términos de los artículos 276, 277 fracción VII y 278 del Código Procesal Penal Vigente en el Estado. Finalmente, con relación en la temporalidad de las lesiones, diligencia de fe de lesiones de tres de febrero de dos mil quince, realizada por el Ministerio Público adscrito al Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, la hoja de evolución expedida por la Secretaría de Salud de Veracruz Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz de cuatro de noviembre de dos mil quince, así como el dictamen médico 1125 de seis del mismo mes y año, suscrito por un perito médico forense adscrito a la Dirección General de los Servicios Periciales Delegación Regional con sede en Veracruz, Veracruz, concluyeron de manera indistinta, que Benito Elvira Elvira presentaba unas demoabrasiones en la zona frontal izquierda, dermoabrasiones en zona abdominal y herida quirúrgica suturada, y dichas alteraciones en la salud presentadas en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, eran susceptibles de sanar en un periodo mayor al de quince días. De lo anterior se concluye que, el Juez responsable con las pruebas desglosadas en el presente proveído, Benito Elvira Elvira sufrió agresiones físicas que fueron atribuidas a una causa externa, es decir, por tres sujetos activos Raúl Aguilera Elvira -aquí quejoso-, Luis Gerardo Elvira y Andrés Elvira quienes ejerciendo una conducta imputable, fueron presenciados por un testigo de nombre José Enrique Díaz Sabario con las circunstancias precisadas en párrafos anteriores. De ahí que al realizar un justo y completo examen del material probatorio existente, y toda vez que se reúnen los particulares del artículo 16 Constitucional, así como diverso 204 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, el 5. Juez Primero de Primera Instancia con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz consideró procedente girar ORDEN DE APREHENSIÓN en contra de Raúl Aguilera Elvira, como probable responsable de delito de lesiones dolosas calificadas, cometidas en agravio de Benito Elvira Elvira, previsto en los numerales 136, 137 fracción II, 138 en relación con el artículo 21 párrafo segundo del Código Penal Vigente del Estado de Veracruz. Por otra parte, respecto de las diversas ejecutoras, se tuvo al 2. Director General de la Policía Ministerial con residencia en Xalapa, Veracruz informando las gestiones, en el sentido de abstenerse a realizar cualquier aprehensión -por sí o por conducto del Delegado Regional de la Policía Ministerial Zona Centro Cosamaloapan y el Encargado de la Jefatura de Detectives de Tierra Blanca-, así como a la baja en sus libros de gobierno, del mandamiento judicial de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis (foja 277). Y al 9. Encargado de la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial con sede en Tierra Blanca, Veracruz en atención a una comunicación girada por la autoridad señalada en el párrafo anterior, dejando sin efectos la orden de aprehensión dictada en el proceso penal 2207/2017 en contra de Raúl Aguilera Elvira. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General . En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la suspensión del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data de diecisiete de junio de dos mil veintiuno (fojas 68 a 72 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley..."

  3. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 375/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ""Boca del Río, Veracruz, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las quejosas y terceras interesadas mediante proveído de ocho de veintinueve de julio de dos mil veintidós (foja 303), para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el nueve de junio de dos mil veintidós, por una parte sobreseyó respecto de diversas responsables y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Raúl Aguilera Elvira, para los efectos siguientes: "En consecuencia, lo que procede es conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión, con el objeto de restituir al impetrante del amparo en el pleno goce de sus derechos humanos y subjetivos públicos violados, en términos de lo que dispone el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Esto es, para que el Juez responsable deje insubsistente la resolución reclamada, en la que se dictó orden de aprehensión en contra de RAÚL AGUILERA ELVIRA, y en su lugar, emita otra en la que, con plenitud de jurisdicción, se pronuncie nuevamente respecto de la acreditación de los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del quejoso, fundando y motivando su determinación, sin incurrir en los vicios formales conforme a los aspectos destacados en esta ejecutoria. Concesión de amparo que se hace extensiva a la ejecución del acto reclamado, que se atribuye a las autoridades ejecutoras, por ser consecuencia directa de la orden de aprehensión reclamada; esto, con base en la jurisprudencia del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito." Posteriormente, mediante auto de doce de julio de dos mil veintidós (fojas 267 a 269), causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió su cumplimiento a las responsables: 5. Juez Primero de Primera Instancia con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz -autoridad ordenadora-, así como al 2. Director General de la Policía Ministerial con residencia en Xalapa, Veracruz y 9. Encargado de la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial con sede en Tierra Blanca, Veracruz -ambas en su carácter de ejecutoras-. Es así que, mediante proveído de veintinueve de julio de dos mil veintidós (foja 303) (foja 230), se ordenó dar vista a la parte quejosa y terceros interesados con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Primero, del Juez responsable, mediante oficio 2216 de fecha veintidós de julio del año en curso (fojas 284), la autoridad responsable remitió a este Órgano Jurisdiccional, copia certificada de la resolución de veintiuno de julio de dos mil veintidós (fojas 286 a 302), de la cual se advierte que dejó insubsistente la resolución dictada el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, en contra de Raúl Aguilera Elvira, en el proceso penal 195/2016 (actualmente 2207/2017-V) de su estadística. Seguidamente, procedió a dictar una nueva resolución, la cual fue pronunciada al tenor de las consideraciones que se describen a continuación: En un principio, atendiendo a la obligatoriedad a la que la Jueza responsable está sometida para emitir el acto reclamado, procedió a señalar los fundamentos de su competencia para conocer y resolver del asunto que ahora se aborda, y de manera inmediata invocó el artículo 16 de la Carta Magna y numerales 15 fracción IV, 19 y 22 párrafo primero del Código de Procedimientos Penales y precepto 187 fracciones XVIII, XIX y XX de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Asimismo, la responsable, advirtió los requisitos de fondo que deben reunirse para una orden de aprehensión, a saber: a) Que sea expedida por autoridad competente a petición del Ministerio Público. b) Que proceda denuncia, acusación o querella de un hecho que la ley señale como delito. c) Que esté sancionado cuando menos con pena privativa de libertad. d) Que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y hagan probable la responsabilidad del indiciado. Posteriormente hizo un análisis de los elementos que componen la descripción normativa del delito de lesiones, siendo: a) Que un sujeto activo sin calidad específica, cause a otro una alteración en la salud. b) Que esta sea ocasionada por una causa externa. c) Que tarden en sanar más de quince días y pongan en peligro la vida. Respecto del inciso a), se tiene que el sujeto pasivo Benito Elvira Elvira sufrió diversas lesiones consistentes en demoabrasiones en zona frontal izquierda, dermoabrasiones en zona abdominal y herida quirúrgica suturada, canalizando para la infusión de medicamentos, lo que se corrobora con una diligencia de fe de lesiones de tres de febrero de dos mil quince, realizada por el Ministerio Público adscrito al Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz. Hoja de evolución expedida por la Secretaría de Salud de Veracruz Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz de cuatro de noviembre de dos mil quince, que refiere las condiciones en que el aquí tercero interesado ingresó al nosocomio. Así como un dictamen médico 1125 de seis del mismo mes y año, suscrito por un perito médico forense adscrito a la Dirección General de los Servicios Periciales Delegación Regional con sede en Veracruz, Veracruz, quien adujo dichas lesiones ponía en peligro la vida de Benito Elvira Elvira. Probanzas que con fundamento en los numerales 214 y 277 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz, esclarecieron que la persona indicada en líneas anteriores sufrió alteraciones físicas. Por cuanto hace al inciso b), existen tres elementos que permiten concluir que el tercero interesado sufrió las lesiones motivo de una causa externa, siendo la denuncia que él mismo formuló contra Raúl Aguilera Elvira -aquí quejoso-, así como las testimoniales de José Enrique Díaz Sabario y Antonio Díaz Elvira, probanzas que en su conjunto corroboran las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en la concluyen que el sujeto activo y el sujeto pasivo, en fecha treinta y uno de octubre de dos mil quince, se encontraban alrededor de las veinte-veintiún horas en una cantina de la localidad del Contento de Tierra Blanca, Veracruz, donde el sujeto activo -en compañía de dos personas de nombre Luis Gerardo Elvira y Andrés Elvira- golpearon en el suelo a Benito Elvira Elvira. Elementos que adquirieron el valor indiciario en términos de los artículos 276, 277 fracción VII y 278 del Código Procesal Penal Vigente en el Estado. Finalmente, con relación en la temporalidad de las lesiones, diligencia de fe de lesiones de tres de febrero de dos mil quince, realizada por el Ministerio Público adscrito al Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, la hoja de evolución expedida por la Secretaría de Salud de Veracruz Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz de cuatro de noviembre de dos mil quince, así como el dictamen médico 1125 de seis del mismo mes y año, suscrito por un perito médico forense adscrito a la Dirección General de los Servicios Periciales Delegación Regional con sede en Veracruz, Veracruz, concluyeron de manera indistinta, que Benito Elvira Elvira presentaba unas demoabrasiones en la zona frontal izquierda, dermoabrasiones en zona abdominal y herida quirúrgica suturada, y dichas alteraciones en la salud presentadas en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, eran susceptibles de sanar en un periodo mayor al de quince días. De lo anterior se concluye que, el Juez responsable con las pruebas desglosadas en el presente proveído, Benito Elvira Elvira sufrió agresiones físicas que fueron atribuidas a una causa externa, es decir, por tres sujetos activos Raúl Aguilera Elvira -aquí quejoso-, Luis Gerardo Elvira y Andrés Elvira quienes ejerciendo una conducta imputable, fueron presenciados por un testigo de nombre José Enrique Díaz Sabario con las circunstancias precisadas en párrafos anteriores. De ahí que al realizar un justo y completo examen del material probatorio existente, y toda vez que se reúnen los particulares del artículo 16 Constitucional, así como diverso 204 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, el 5. Juez Primero de Primera Instancia con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz consideró procedente girar ORDEN DE APREHENSIÓN en contra de Raúl Aguilera Elvira, como probable responsable de delito de lesiones dolosas calificadas, cometidas en agravio de Benito Elvira Elvira, previsto en los numerales 136, 137 fracción II, 138 en relación con el artículo 21 párrafo segundo del Código Penal Vigente del Estado de Veracruz. Por otra parte, respecto de las diversas ejecutoras, se tuvo al 2. Director General de la Policía Ministerial con residencia en Xalapa, Veracruz informando las gestiones, en el sentido de abstenerse a realizar cualquier aprehensión -por sí o por conducto del Delegado Regional de la Policía Ministerial Zona Centro Cosamaloapan y el Encargado de la Jefatura de Detectives de Tierra Blanca-, así como a la baja en sus libros de gobierno, del mandamiento judicial de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis (foja 277). Y al 9. Encargado de la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial con sede en Tierra Blanca, Veracruz en atención a una comunicación girada por la autoridad señalada en el párrafo anterior, dejando sin efectos la orden de aprehensión dictada en el proceso penal 2207/2017 en contra de Raúl Aguilera Elvira. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General . En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la suspensión del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data de diecisiete de junio de dos mil veintiuno (fojas 68 a 72 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. (.)" En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Con esta fecha se notifica por lista de acuerdos a la parte quejosa, el proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, mismo que dice: "...Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las quejosas y terceras interesadas mediante proveído de ocho de veintinueve de julio de dos mil veintidós (foja 303), para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el nueve de junio de dos mil veintidós, por una parte sobreseyó respecto de diversas responsables y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Raúl Aguilera Elvira, para los efectos siguientes: "En consecuencia, lo que procede es conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión, con el objeto de restituir al impetrante del amparo en el pleno goce de sus derechos humanos y subjetivos públicos violados, en términos de lo que dispone el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Esto es, para que el Juez responsable deje insubsistente la resolución reclamada, en la que se dictó orden de aprehensión en contra de RAÚL AGUILERA ELVIRA, y en su lugar, emita otra en la que, con plenitud de jurisdicción, se pronuncie nuevamente respecto de la acreditación de los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del quejoso, fundando y motivando su determinación, sin incurrir en los vicios formales conforme a los aspectos destacados en esta ejecutoria. Concesión de amparo que se hace extensiva a la ejecución del acto reclamado, que se atribuye a las autoridades ejecutoras, por ser consecuencia directa de la orden de aprehensión reclamada; esto, con base en la jurisprudencia del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito." Posteriormente, mediante auto de doce de julio de dos mil veintidós (fojas 267 a 269), causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió su cumplimiento a las responsables: 5. Juez Primero de Primera Instancia con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz -autoridad ordenadora-, así como al 2. Director General de la Policía Ministerial con residencia en Xalapa, Veracruz y 9. Encargado de la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial con sede en Tierra Blanca, Veracruz -ambas en su carácter de ejecutoras-. Es así que, mediante proveído de veintinueve de julio de dos mil veintidós (foja 303) (foja 230), se ordenó dar vista a la parte quejosa y terceros interesados con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Primero, del Juez responsable, mediante oficio 2216 de fecha veintidós de julio del año en curso (fojas 284), la autoridad responsable remitió a este Órgano Jurisdiccional, copia certificada de la resolución de veintiuno de julio de dos mil veintidós (fojas 286 a 302), de la cual se advierte que dejó insubsistente la resolución dictada el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, en contra de Raúl Aguilera Elvira, en el proceso penal 195/2016 (actualmente 2207/2017-V) de su estadística. Seguidamente, procedió a dictar una nueva resolución, la cual fue pronunciada al tenor de las consideraciones que se describen a continuación: En un principio, atendiendo a la obligatoriedad a la que la Jueza responsable está sometida para emitir el acto reclamado, procedió a señalar los fundamentos de su competencia para conocer y resolver del asunto que ahora se aborda, y de manera inmediata invocó el artículo 16 de la Carta Magna y numerales 15 fracción IV, 19 y 22 párrafo primero del Código de Procedimientos Penales y precepto 187 fracciones XVIII, XIX y XX de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Asimismo, la responsable, advirtió los requisitos de fondo que deben reunirse para una orden de aprehensión, a saber: a) Que sea expedida por autoridad competente a petición del Ministerio Público. b) Que proceda denuncia, acusación o querella de un hecho que la ley señale como delito. c) Que esté sancionado cuando menos con pena privativa de libertad. d) Que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y hagan probable la responsabilidad del indiciado. Posteriormente hizo un análisis de los elementos que componen la descripción normativa del delito de lesiones, siendo: a) Que un sujeto activo sin calidad específica, cause a otro una alteración en la salud. b) Que esta sea ocasionada por una causa externa. c) Que tarden en sanar más de quince días y pongan en peligro la vida. Respecto del inciso a), se tiene que el sujeto pasivo Benito Elvira Elvira sufrió diversas lesiones consistentes en demoabrasiones en zona frontal izquierda, dermoabrasiones en zona abdominal y herida quirúrgica suturada, canalizando para la infusión de medicamentos, lo que se corrobora con una diligencia de fe de lesiones de tres de febrero de dos mil quince, realizada por el Ministerio Público adscrito al Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz. Hoja de evolución expedida por la Secretaría de Salud de Veracruz Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz de cuatro de noviembre de dos mil quince, que refiere las condiciones en que el aquí tercero interesado ingresó al nosocomio. Así como un dictamen médico 1125 de seis del mismo mes y año, suscrito por un perito médico forense adscrito a la Dirección General de los Servicios Periciales Delegación Regional con sede en Veracruz, Veracruz, quien adujo dichas lesiones ponía en peligro la vida de Benito Elvira Elvira. Probanzas que con fundamento en los numerales 214 y 277 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz, esclarecieron que la persona indicada en líneas anteriores sufrió alteraciones físicas. Por cuanto hace al inciso b), existen tres elementos que permiten concluir que el tercero interesado sufrió las lesiones motivo de una causa externa, siendo la denuncia que él mismo formuló contra Raúl Aguilera Elvira -aquí quejoso-, así como las testimoniales de José Enrique Díaz Sabario y Antonio Díaz Elvira, probanzas que en su conjunto corroboran las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en la concluyen que el sujeto activo y el sujeto pasivo, en fecha treinta y uno de octubre de dos mil quince, se encontraban alrededor de las veinte-veintiún horas en una cantina de la localidad del Contento de Tierra Blanca, Veracruz, donde el sujeto activo -en compañía de dos personas de nombre Luis Gerardo Elvira y Andrés Elvira- golpearon en el suelo a Benito Elvira Elvira. Elementos que adquirieron el valor indiciario en términos de los artículos 276, 277 fracción VII y 278 del Código Procesal Penal Vigente en el Estado. Finalmente, con relación en la temporalidad de las lesiones, diligencia de fe de lesiones de tres de febrero de dos mil quince, realizada por el Ministerio Público adscrito al Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, la hoja de evolución expedida por la Secretaría de Salud de Veracruz Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz de cuatro de noviembre de dos mil quince, así como el dictamen médico 1125 de seis del mismo mes y año, suscrito por un perito médico forense adscrito a la Dirección General de los Servicios Periciales Delegación Regional con sede en Veracruz, Veracruz, concluyeron de manera indistinta, que Benito Elvira Elvira presentaba unas demoabrasiones en la zona frontal izquierda, dermoabrasiones en zona abdominal y herida quirúrgica suturada, y dichas alteraciones en la salud presentadas en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, eran susceptibles de sanar en un periodo mayor al de quince días. De lo anterior se concluye que, el Juez responsable con las pruebas desglosadas en el presente proveído, Benito Elvira Elvira sufrió agresiones físicas que fueron atribuidas a una causa externa, es decir, por tres sujetos activos Raúl Aguilera Elvira -aquí quejoso-, Luis Gerardo Elvira y Andrés Elvira quienes ejerciendo una conducta imputable, fueron presenciados por un testigo de nombre José Enrique Díaz Sabario con las circunstancias precisadas en párrafos anteriores. De ahí que al realizar un justo y completo examen del material probatorio existente, y toda vez que se reúnen los particulares del artículo 16 Constitucional, así como diverso 204 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, el 5. Juez Primero de Primera Instancia con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz consideró procedente girar ORDEN DE APREHENSIÓN en contra de Raúl Aguilera Elvira, como probable responsable de delito de lesiones dolosas calificadas, cometidas en agravio de Benito Elvira Elvira, previsto en los numerales 136, 137 fracción II, 138 en relación con el artículo 21 párrafo segundo del Código Penal Vigente del Estado de Veracruz. Por otra parte, respecto de las diversas ejecutoras, se tuvo al 2. Director General de la Policía Ministerial con residencia en Xalapa, Veracruz informando las gestiones, en el sentido de abstenerse a realizar cualquier aprehensión -por sí o por conducto del Delegado Regional de la Policía Ministerial Zona Centro Cosamaloapan y el Encargado de la Jefatura de Detectives de Tierra Blanca-, así como a la baja en sus libros de gobierno, del mandamiento judicial de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis (foja 277). Y al 9. Encargado de la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial con sede en Tierra Blanca, Veracruz en atención a una comunicación girada por la autoridad señalada en el párrafo anterior, dejando sin efectos la orden de aprehensión dictada en el proceso penal 2207/2017 en contra de Raúl Aguilera Elvira. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General . En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la suspensión del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data de diecisiete de junio de dos mil veintiuno (fojas 68 a 72 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General..."

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