Raquel Tirado Barradas
Expediente 354/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 354/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Raquel Tirado Barradas
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, ocho de junio de dos mil veintitrés. De la certificación que antecede, se advierte que el siete de junio del actual, feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I inciso a) de la citada ley de la materia, en contra del acuerdo de veintisiete de abril del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la citada ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardos de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción IV del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Finalmente, de autos, se advierte que mediante proveído de veintisiete de abril del año en cita, entre otras cuestiones, se recibieron las constancias que en momento remitieron los Magistrados que integran la 1. Octava Sala Especializada en Materia de Familia del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, remitieron las constancias que integran el toca de apelación 1681/2022 de su índice estadístico, mismo que se agregó sin mayor trámite, por haberse desechado la demanda de amparo, con lo que se formó un tomo de pruebas. En consecuencia, al resultar innecesaria su subsistencia en este juicio de amparo, devuélvase a la autoridad antes mencionada, para los efectos legales procedentes, sin que sea necesario que acuse de recibo al tratarse de copias certificadas. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de dieciséis de mayo del año en cita, se comisionó a cualesquiera de las personas que fungen como actuarios adscritos a este juzgado, para que se notificara a la quejosa por lista de acuerdos el proveído de veintisiete de abril de la presente anualidad, significándole que las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harían por la misma vía, hasta en tanto designara un domicilio correcto en esta plaza para el efecto. Sin embargo, de autos no se advierte que se haya notificado a la parte quejosa el referido proveído de veintisiete de abril de la presente anualidad; en esas condiciones, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena regularizar el procedimiento en el presente juicio, a fin de que se notifique a la parte quejosa el auto de veintisiete de abril de la presente anualidad, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, de autos se advierte que en proveído de veintisiete de abril del año en cita, se tuvo al Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, notificando que se remitió por incompetencia legal el juicio de amparo 261/2023 del índice administrativo del Tribunal de su adscripción, formado con motivo de la demanda promovida por Raquel Tirado Barradas contra actos de los Magistrados que integran la 1. Octava Sala Especializada en Materia de Familia del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, y otra autoridad, sin que se haya acusado de recibo a la Superioridad. En esas condiciones; acúsese recibo del proveído de veintisiete de abril del año en cita, para los efectos legales a que haya lugar dentro del expediente 261/2023 de su índice. Notifíquese en términos de ley. Como lo ordena el proveído que antecede, con esta fecha y por este conducto se notifica a la parte quejosa, el proveído de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, mismo que a continuación se inserta a la letra: Boca del Río, Veracruz, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de dieciséis de mayo del año en cita, se comisionó a cualesquiera de las personas que fungen como actuarios adscritos a este juzgado, para que se notificara a la quejosa por lista de acuerdos el proveído de veintisiete de abril de la presente anualidad, significándole que las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harían por la misma vía, hasta en tanto designara un domicilio correcto en esta plaza para el efecto. Sin embargo, de autos no se advierte que se haya notificado a la parte quejosa el referido proveído de veintisiete de abril de la presente anualidad; en esas condiciones, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena regularizar el procedimiento en el presente juicio, a fin de que se notifique a la parte quejosa el auto de veintisiete de abril de la presente anualidad, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, de autos se advierte que en proveído de veintisiete de abril del año en cita, se tuvo al Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, notificando que se remitió por incompetencia legal el juicio de amparo 261/2023 del índice administrativo del Tribunal de su adscripción, formado con motivo de la demanda promovida por Raquel Tirado Barradas contra actos de los Magistrados que integran la 1. Octava Sala Especializada en Materia de Familia del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, y otra autoridad, sin que se haya acusado de recibo a la Superioridad. En esas condiciones; acúsese recibo del proveído de veintisiete de abril del año en cita, para los efectos legales a que haya lugar dentro del expediente 261/2023 de su índice. Notifíquese en términos de ley. Como lo ordena el proveído que antecede, con esta fecha y por este conducto se notifica a la parte quejosa, el proveído de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, mismo que a continuación se inserta a la letra: Boca del Río, Veracruz, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de dieciséis de mayo del año en cita, se comisionó a cualesquiera de las personas que fungen como actuarios adscritos a este juzgado, para que se notificara a la quejosa por lista de acuerdos el proveído de veintisiete de abril de la presente anualidad, significándole que las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harían por la misma vía, hasta en tanto designara un domicilio correcto en esta plaza para el efecto. Sin embargo, de autos no se advierte que se haya notificado a la parte quejosa el referido proveído de veintisiete de abril de la presente anualidad; en esas condiciones, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena regularizar el procedimiento en el presente juicio, a fin de que se notifique a la parte quejosa el auto de veintisiete de abril de la presente anualidad, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, de autos se advierte que en proveído de veintisiete de abril del año en cita, se tuvo al Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, notificando que se remitió por incompetencia legal el juicio de amparo 261/2023 del índice administrativo del Tribunal de su adscripción, formado con motivo de la demanda promovida por Raquel Tirado Barradas contra actos de los Magistrados que integran la 1. Octava Sala Especializada en Materia de Familia del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, y otra autoridad, sin que se haya acusado de recibo a la Superioridad. En esas condiciones; acúsese recibo del proveído de veintisiete de abril del año en cita, para los efectos legales a que haya lugar dentro del expediente 261/2023 de su índice. Notifíquese en términos de ley. Como lo ordena el proveído que antecede, con esta fecha y por este conducto se notifica a la parte quejosa, el proveído de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, mismo que a continuación se inserta a la letra: Boca del Río, Veracruz, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, con el cual remite por incompetencia legal el juicio de amparo ******************** de aquél índice, formado con motivo de la demanda promovida por ******************** contra actos de los Magistrados que Integran la 1. Octava Sala Especializada en Materia de Familia del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, y otra autoridad, y de donde se advierte la determinación de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, en la que el citado tribunal se declara legalmente incompetente para conocer de la citada demanda. Fórmese expediente y regístrese bajo el número 354/2023. Ahora, tal como lo considera la Superioridad, la resolución combatida no es susceptible de reclamarse en amparo directo ante un tribunal colegiado, por no encontrarse dentro de los supuestos previstos en el artículo 107 fracción V de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, 34 y 170 de la Ley de Amparo, toda vez que la misma no se trata de una sentencia definitiva ni una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dé por concluido, pues la resolución reclamada fue emitida durante el trámite del juicio sucesorio testamentario de origen, y en tal virtud, como refiere el Tribunal oficiante, no es competente para conocer de la demanda intentada en contra de la resolución de alzada que confirma el auto emitido por el juez de primera instancia, en el que se tuvo por precluído el derecho de los herederos para designar perito partitorio de distribución de los bienes del caudal hereditario, designando uno de oficio. En ese orden de ideas, toda vez que el suscrito comparte los razonamientos que sustentan su declaratoria de incompetencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I de la Constitución Política Federal, 34, 48, 107 y 108 de la Ley de Amparo, SE ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA y se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo. DESECHAMIENTO Ahora, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, al examinar el escrito inicial de demanda, el suscrito advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo cual conduce a desecharla de plano. Para sustentar dicha afirmación, en primer lugar es conveniente citar el contenido de los aludidos preceptos, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ..." Como se ve, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establece una ventana procesal que permite al juzgador de amparo apreciar y, en su caso, tener por actualizada alguna causa de improcedencia del juicio, más allá de las hipótesis concretas que se enlistan en las primeras veintidós fracciones del propio precepto, cuando dicha causa derive directamente de la Constitución Federal o de la ley de la materia. En relación con el segundo de los numerales reproducidos, es oportuno traer a colación que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, respectivamente, determinó que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad se establecieron dos condiciones: 1) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y 2) que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Precisado lo anterior, ahora corresponde señalar que la parte quejosa reclama: la resolución de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés emitida dentro del toca de apelación ********************de la estadística de la Octava Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, por la que confirmó el auto de catorce de octubre de dos mil veinte dictado dentro del juicio sucesorio intestamentario ********************del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, en Tierra Blanca, Veracruz. Como se precisó, el acto reclamado consiste en la resolución de la Sala responsable que confirma el auto por medio del cual, el Juez Cuarto de Primera Instancia en Tierra Blanca, Veracruz, tuvo por precluído el derecho de los herederos para designar perito partitorio de distribución de los bienes del caudal hereditario y designó uno de oficio, el cual no es de aquéllos dictados dentro de juicio, que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, toda vez que si su objetivo es la repartición de los bienes objeto del juicio, ello será realizado por un perito designado por el juzgado responsable que resulta ser ajeno e imparcial, por no ser designado por las partes. En efecto, como ya se mencionó, en términos del artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, para que un acto reclamado pueda ser calificado como de imposible reparación, es necesario que sus consecuencias sean de tal gravedad que impidan en forma actual el libre ejercicio de un derecho, esto es, el acto reclamado deberá producir una afectación material a derechos sustantivos que rebasen lo puramente procesal, pues cuando sus efectos sólo ocasionan una lesión jurídica de naturaleza formal o procesal, tal afectación no será actual porque la misma dependerá de que llegue o no a trascender al resultado del fallo, momento en que la referida lesión podría consumarse de manera efectiva. Así, el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos que no afectan materialmente derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados internacionales suscritos por nuestro país. Esto pone de manifiesto que la resolución que pretende combatir en esta instancia la parte quejosa, no es un acto de imposible reparación, pues solo se trata de una actuación que afecta los derechos procesales de la promovente. Lo anterior es así, ya que si bien, la resolución de alzada reclamada confirma el auto por medio del cual, el Juez de Primera Instancia tuvo por precluído el derecho de los herederos para designar perito partitorio de distribución de los bienes del caudal hereditario y designó uno de oficio, lo cierto es que no necesariamente habrá de materializarse una afectación a la esfera jurídica de las partes, pues si quien se vea afectado con la actuación del juez obtiene sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, dicha afectación quedará sin efectos. En caso contrario, podrán combatir como violación procesal vía juicio de amparo directo que promuevan en contra de la sentencia definitiva, como violación a las leyes del procedimiento siempre que haya trascendido al resultado del fallo, en términos de los artículos 171 y 172, fracciones X y XII de la Ley de Amparo, por lo que las violaciones procesales no son reclamables en amparo antes de que se emita la sentencia definitiva porque, como ya se dijo, no afectan derechos sustantivos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial de rubro y texto siguientes: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." Así, tenemos que la determinación combatida no es de aquellas que tienen consecuencias de imposible reparación, ya que no se trata de un acto que produzca una afectación material a derechos sustantivos, puesto que no conlleva una afectación de tal magnitud que le impidan el ejercicio de un derecho, sino que se trata de una determinación de carácter adjetivo o procesal que podría o no trascender al resultado del fallo. De ahí que, en todo caso, implica una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, cuenta habida que esto podría subsanarse en caso de obtener una sentencia favorable, con lo cual quedaría resarcida la violación que estima le causa el haber confirmado el auto por el que se le tuvo por precluído su derecho de designar perito partitorio de distribución de los bienes del caudal hereditario, y que consecuentemente se designó uno de oficio. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo de cuenta por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. CONSTANCIAS Ahora, de las constancias adjuntas al oficio de cuenta, se advierte que los Magistrados que integran la 1. Octava Sala Especializada en Materia de Familia del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, remitieron las constancias que integran el toca de apelación ********************de su índice estadístico. En esas condiciones, y dado lo voluminoso de las constancias que se anexaron, fórmese un cuaderno de pruebas para el mejor manejo del presente asunto. Asimismo, se ordena devolver los autos originales del ******************** ********************a los Magistrados que integran la 1. Octava Sala Especializada en Materia de Familia del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, una vez que se encuentre firme la presente determinación. AUTORIZADOS Téngase como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************puesto que acredita la calidad de licenciado en Derecho, al tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. De igual manera, y de conformidad con el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, ténganse como autorizado únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a la persona restante, pues no se encuentra en el sistema antes mencionado. NOTIFICACIÓN POR EXHORTO Ahora, por única ocasión, conforme a lo establecido en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo y toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ******************** gírese exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con residencia en Xalapa, a fin de que notifique el presente acuerdo a la parte quejosa, en el domicilio antes citado; asimismo, deberá requerir a la aludida parte para que en el acto de la diligencia señale domicilio en esta plaza donde oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo, en términos del citado artículo, las subsecuentes notificaciones y aún las de carácter personal se le harán por lista, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV, del artículo 26 de la ley de la materia. Asimismo, indíquese al homólogo que con apoyo en lo establecido en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que realice la diligencia encomendada. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración el presente asunto fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio del Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz, recibido en línea; y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, téngase devolviendo sin diligenciar el exhorto 134/2023-E/IV/AC, orden 675/2023, de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, del índice de este juzgado, a través del cual se encomendó notificar a la parte quejosa el proveído de esa fecha y se le requiera para que en el acto de su legal notificación, señale domicilio en esta plaza, para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Al respecto, dese de baja la presente comunicación oficial en el libro de gobierno de comunicaciones de este Juzgado. Sin que haya lugar a acusar de recibo al juzgado exhortado, toda vez que la recepción electrónica del oficio de cuenta hace las veces de acuse físico. Asimismo, de la razón de imposibilidad de diez de mayo del año en cita, hecha por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, de la que se advierte la imposibilidad de notificar en forma personal el proveído de veintisiete de abril pasado, a la directa quejosa Raquel Tirado Barajas, ya que informa que al constituirse en el domicilio señalado, se advierte por ambos lados un anuncio en el que se lee: "VENDE RE/MAX CIN REAL ESTATE" por lo que procedió en un par de días acudir a tocar la puerta y portón referido, nombrando a la persona buscada, sin que persona alguna atendiera a su llamado, motivo por el cual se retiró, alejándose del inmueble y preguntando a los moradores adjuntos, mismos que le afirmaron que la casa buscada estaba abandona, que no ha visto gente en ese inmueble desde hace mucho tiempo, y el anuncio de venta tiene bastante tiempo que está colocado, que ignoran el nombre de las personas que lo habitaban, y que no conocen a la persona buscada. En esas condiciones, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se comisiona a cuales quiera de las actuarias adscritas a este juzgado, para que se notifique a la quejosa por lista de acuerdos el proveído de veintisiete de abril de la presente anualidad, significándole que las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por la misma vía, hasta en tanto designe un domicilio correcto en esta plaza para el efecto. Notifíquese en términos de ley. Como lo ordena el proveído que antecede en esta fecha y por este conducto se notifica a la directa quejosa el proveído de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, mismo que a continuación se inserta a la letra: Boca del Río, Veracruz, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, con el cual remite por incompetencia legal el juicio de amparo ******************** de aquél índice, formado con motivo de la demanda promovida por ******************** contra actos de los Magistrados que Integran la 1. Octava Sala Especializada en Materia de Familia del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, y otra autoridad, y de donde se advierte la determinación de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, en la que el citado tribunal se declara legalmente incompetente para conocer de la citada demanda. Fórmese expediente y regístrese bajo el número 354/2023. Ahora, tal como lo considera la Superioridad, la resolución combatida no es susceptible de reclamarse en amparo directo ante un tribunal colegiado, por no encontrarse dentro de los supuestos previstos en el artículo 107 fracción V de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, 34 y 170 de la Ley de Amparo, toda vez que la misma no se trata de una sentencia definitiva ni una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dé por concluido, pues la resolución reclamada fue emitida durante el trámite del juicio sucesorio testamentario de origen, y en tal virtud, como refiere el Tribunal oficiante, no es competente para conocer de la demanda intentada en contra de la resolución de alzada que confirma el auto emitido por el juez de primera instancia, en el que se tuvo por precluído el derecho de los herederos para designar perito partitorio de distribución de los bienes del caudal hereditario, designando uno de oficio. En ese orden de ideas, toda vez que el suscrito comparte los razonamientos que sustentan su declaratoria de incompetencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I de la Constitución Política Federal, 34, 48, 107 y 108 de la Ley de Amparo, SE ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA y se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo. DESECHAMIENTO Ahora, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, al examinar el escrito inicial de demanda, el suscrito advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo cual conduce a desecharla de plano. Para sustentar dicha afirmación, en primer lugar es conveniente citar el contenido de los aludidos preceptos, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ..." Como se ve, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establece una ventana procesal que permite al juzgador de amparo apreciar y, en su caso, tener por actualizada alguna causa de improcedencia del juicio, más allá de las hipótesis concretas que se enlistan en las primeras veintidós fracciones del propio precepto, cuando dicha causa derive directamente de la Constitución Federal o de la ley de la materia. En relación con el segundo de los numerales reproducidos, es oportuno traer a colación que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, respectivamente, determinó que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad se establecieron dos condiciones: 1) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y 2) que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Precisado lo anterior, ahora corresponde señalar que la parte quejosa reclama: la resolución de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés emitida dentro del toca de apelación ********************de la estadística de la Octava Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, por la que confirmó el auto de catorce de octubre de dos mil veinte dictado dentro del juicio sucesorio intestamentario ********************del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, en Tierra Blanca, Veracruz. Como se precisó, el acto reclamado consiste en la resolución de la Sala responsable que confirma el auto por medio del cual, el Juez Cuarto de Primera Instancia en Tierra Blanca, Veracruz, tuvo por precluído el derecho de los herederos para designar perito partitorio de distribución de los bienes del caudal hereditario y designó uno de oficio, el cual no es de aquéllos dictados dentro de juicio, que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, toda vez que si su objetivo es la repartición de los bienes objeto del juicio, ello será realizado por un perito designado por el juzgado responsable que resulta ser ajeno e imparcial, por no ser designado por las partes. En efecto, como ya se mencionó, en términos del artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, para que un acto reclamado pueda ser calificado como de imposible reparación, es necesario que sus consecuencias sean de tal gravedad que impidan en forma actual el libre ejercicio de un derecho, esto es, el acto reclamado deberá producir una afectación material a derechos sustantivos que rebasen lo puramente procesal, pues cuando sus efectos sólo ocasionan una lesión jurídica de naturaleza formal o procesal, tal afectación no será actual porque la misma dependerá de que llegue o no a trascender al resultado del fallo, momento en que la referida lesión podría consumarse de manera efectiva. Así, el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos que no afectan materialmente derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados internacionales suscritos por nuestro país. Esto pone de manifiesto que la resolución que pretende combatir en esta instancia la parte quejosa, no es un acto de imposible reparación, pues solo se trata de una actuación que afecta los derechos procesales de la promovente. Lo anterior es así, ya que si bien, la resolución de alzada reclamada confirma el auto por medio del cual, el Juez de Primera Instancia tuvo por precluído el derecho de los herederos para designar perito partitorio de distribución de los bienes del caudal hereditario y designó uno de oficio, lo cierto es que no necesariamente habrá de materializarse una afectación a la esfera jurídica de las partes, pues si quien se vea afectado con la actuación del juez obtiene sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, dicha afectación quedará sin efectos. En caso contrario, podrán combatir como violación procesal vía juicio de amparo directo que promuevan en contra de la sentencia definitiva, como violación a las leyes del procedimiento siempre que haya trascendido al resultado del fallo, en términos de los artículos 171 y 172, fracciones X y XII de la Ley de Amparo, por lo que las violaciones procesales no son reclamables en amparo antes de que se emita la sentencia definitiva porque, como ya se dijo, no afectan derechos sustantivos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial de rubro y texto siguientes: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." Así, tenemos que la determinación combatida no es de aquellas que tienen consecuencias de imposible reparación, ya que no se trata de un acto que produzca una afectación material a derechos sustantivos, puesto que no conlleva una afectación de tal magnitud que le impidan el ejercicio de un derecho, sino que se trata de una determinación de carácter adjetivo o procesal que podría o no trascender al resultado del fallo. De ahí que, en todo caso, implica una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, cuenta habida que esto podría subsanarse en caso de obtener una sentencia favorable, con lo cual quedaría resarcida la violación que estima le causa el haber confirmado el auto por el que se le tuvo por precluído su derecho de designar perito partitorio de distribución de los bienes del caudal hereditario, y que consecuentemente se designó uno de oficio. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo de cuenta por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. CONSTANCIAS Ahora, de las constancias adjuntas al oficio de cuenta, se advierte que los Magistrados que integran la 1. Octava Sala Especializada en Materia de Familia del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, remitieron las constancias que integran el toca de apelación ********************de su índice estadístico. En esas condiciones, y dado lo voluminoso de las constancias que se anexaron, fórmese un cuaderno de pruebas para el mejor manejo del presente asunto. Asimismo, se ordena devolver los autos originales del ******************** ********************a los Magistrados que integran la 1. Octava Sala Especializada en Materia de Familia del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, una vez que se encuentre firme la presente determinación. AUTORIZADOS Téngase como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************puesto que acredita la calidad de licenciado en Derecho, al tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. De igual manera, y de conformidad con el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, ténganse como autorizado únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a la persona restante, pues no se encuentra en el sistema antes mencionado. NOTIFICACIÓN POR EXHORTO Ahora, por única ocasión, conforme a lo establecido en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo y toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ******************** gírese exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con residencia en Xalapa, a fin de que notifique el presente acuerdo a la parte quejosa, en el domicilio antes citado; asimismo, deberá requerir a la aludida parte para que en el acto de la diligencia señale domicilio en esta plaza donde oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo, en términos del citado artículo, las subsecuentes notificaciones y aún las de carácter personal se le harán por lista, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV, del artículo 26 de la ley de la materia. Asimismo, indíquese al homólogo que con apoyo en lo establecido en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que realice la diligencia encomendada. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración el presente asunto fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. Notifíquese en términos de ley.
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