Raúl Alejandro Díaz García

Expediente 195/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
195/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
13/06/2023

Partes del expediente

  • Raúl Alejandro Díaz García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, trece de junio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Acto continuo, la secretaria da cuenta con el estado de autos, informa las constancias que integran el expediente y, certifica que transcurrieron ocho días de la recepción del informe rendido por la autoridad responsable, acorde con el artículo 117 de la Ley de Amparo. El juez acuerda: Téngase por formulada la relación de constancias, y en razón que no existe obstáculo alguno, continúese con la presente audiencia. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que en copias certificadas remitió la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en Veracruz, Veracruz, como justificación de sus actos (foja 28-29, 37-42 y 49-50). Se acuerda: Se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza la prueba ofrecida por la citada autoridad responsable, de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, la cual será valorada al resolver el presente asunto; luego, al no existir prueba que relacionar se cierra este periodo de la audiencia. Abierto el período de alegatos: la secretaria certifica que las partes no hicieron uso de ese derecho. Se acuerda: Como las partes no formularon manifestaciones en esta vía, se concluye este periodo de la audiencia. En seguida, se dicta SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 195/2023, promovido por Raúl Alejandro Díaz García, y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 2 - 5). SEGUNDO. Trámite. Por auto de trece de marzo del presente año se acordó: admitir a trámite la demanda de amparo; requerir a la responsable su informe justificado; dar la intervención que compete a la Fiscal de la Federación adscrita; fijar fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 6 - 11) TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, dado que se cuenta con el informe justificado de la autoridad responsable (foja 27) así como el emplazamiento del tercero interesado Tubos de Aceros de México, Sociedad Anónima de Capital Variable (fojas 21 - 22) tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con el punto segundo, fracción VII, y punto cuarto, fracción VII, segundo párrafo del Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, en virtud de que se reclama de un tribunal del trabajo la omisión de dictar el laudo que corresponda en un expediente de su índice, en el que la parte quejosa es la parte actora; de ahí que es susceptible de afectar el derecho fundamental de acceso a la justicia, e impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, atento a que el acto reclamado no precisa de ejecución alguna, pues se trata de un acto omisivo; de ahí la competencia del suscrito, para conocer y resolver el presente asunto, al haber recibido, por cuestión de turno, la demanda de mérito. SEGUNDO. Fijación de actos. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, siendo en este caso el siguiente: La omisión de dictar laudo dentro del juicio laboral 1300/2017 del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en Veracruz, Veracruz. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierta la omisión reclamada a la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en Veracruz, Veracruz, pues así lo reconoció dicha autoridad responsable al rendir su informe justificado (foja 27). Además, dicha certeza se corrobora con la copia certificada del acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós dictado por la Junta responsable (foja 29) mediante el cual determinó que no existían pruebas pendientes por desahogar y declaró el cierre de instrucción. Documental a la que, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su numeral 2°, se le confiere valor probatorio pleno al tratarse de documento público expedido por un servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley, y de la que se advierte que a la fecha en que se presentó la demanda de amparo existía la omisión aquí combatida. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Improcedencia del juicio. Por ser las causas de improcedencia de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de las que de oficio pudieran advertirse en la especie. MARCO NORMATIVO Se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, porque han quedado destruidos todos los efectos de la abstención impugnada por el quejoso, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, de ahí que resulte ocioso examinar su constitucionalidad: Tal dispositivo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". Del artículo trascrito se advierte que la causa de improcedencia precitada se genera por la insubsistencia del acto reclamado; es decir, que materialmente las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si dicho acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido no deje ninguna huella, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. De ahí que la razón de ser de dicha causa de improcedencia se justifica por la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo solicitado. Ilustra lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como también es aplicable a lo anterior la tesis que es del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad" ANTECEDENTES Enseguida, a efecto de exponer las consideraciones que sustentan el presente fallo, se estima necesario hacer referencia a los antecedentes del acto reclamado, mismas que se desprenden del escrito inicial de demanda, así como de las copias certificadas del juicio laboral 1300/2017, del índice de la Junta responsable, cuyo valor probatorio ya ha sido asignado, y que esencialmente son los siguientes a).- El diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, el aquí quejoso Raúl Alejandro Díaz García presentó demanda ante la Junta responsable en contra de Tubos de Acero de México, S.A. de C.V. y otros, reclamando el despido injustificado y radicándose bajo juicio laboral 1300/2017 (foja 3). b).- Siguiendo la secuela procesal, el diecisiete de noviembre del dos mil veintidós, la Junta responsable dictó acuerdo el cual determinó que no existían pruebas pendientes por desahogar y declaró el cierre de instrucción (foja 29). c).- Posteriormente, en oficios presentados el diecisiete y veintiocho de abril del presente año; ante este órgano jurisdiccional, la junta responsable hizo del conocimiento, que mediante resolución de doce de abril del dos mil veintitrés, se dictó laudo dentro del juicio laboral 1300/2017 (fojas 37 - 42), notificando a las partes el veinte y veintiuno de abril siguiente (fojas 49 - 50). Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. SUBSUNCIÓN En términos de lo anterior, se estima que la omisión que existía al momento de la presentación de la demanda de amparo que generó el presente juicio (diez de marzo de dos mil veintitrés) ha quedado superada. Lo anterior es así, pues mediante resolución de doce de abril del dos mil veintitrés, dentro de las actuaciones del expediente laboral 1300/2017, se destaca que el laudo fue dictado (fojas 37 - 42). Incluso, se advierte que la citada resolución, fue notificada a las partes los días veinte y veintiuno de abril del presente año (fojas 49 - 50). Por tanto, la omisión de dictar laudo reclamada quedó destruida en forma total e incondicional, de manera que las cosas se encuentran en el estado que tendrían como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiese afectado la esfera jurídica del impetrante de amparo, pues basta que el Juez pueda apreciar por las constancias de autos, que dichos efectos han dejado de existir, para que de oficio declare que el juicio es improcedente en relación con dicho acto reclamado. CONCLUSIÓN En los términos antes apuntados, al quedar probada la cesación de la omisión aquí combatida, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento. En congruencia con lo anterior no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por el peticionario de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." En términos de lo anteriormente considerado, el suscrito considera procedente emitir el presente fallo, aun cuando no se ha emplazado a juicio a quien también le fue señalado el carácter de tercero interesado, siendo Acqua Ingeniería en Sistemas, S.A. de C.V. Lo anterior, pues el sentido de esta sentencia no le produce perjuicio alguno; de ahí que a nada práctico conllevaría posponer el dictado de la misma, a fin de ordenar que se realice dicho emplazamiento. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 531 de la séptima época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." Así también, es aplicable la tesis aislada del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala la ley. Por lo expuesto y fundado en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XVII, 74 a 76 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Raúl Alejandro Díaz García, contra los actos precisados en el considerando segundo, que atribuye a la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, por las razones que quedaron precisadas en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidente de la Junta Especial número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Veracruz, Veracruz, mediante el cual remite copia certificada de la notificación efectuada al aquí quejoso relativa al laudo emitido en los autos del expediente laboral 1300/2017 de su índice, ello como parte de su informe justificado. En esas condiciones, con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que remite, así como las exhibidas en auto de dieciocho de abril de este año, ello, sin perjuicio de su relación en el momento procesal oportuno, y con las mismas, dese vista a las partes por el plazo de TRES DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. En esas condiciones, a efecto de hacer efectivo el citado plazo y dar oportunidad de que se realice la notificación correspondiente a las partes, se impone DIFERIR LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidente de la Junta Especial número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Veracruz, Veracruz, mediante el cual remite copia certificada de la resolución relativa al laudo emitido en los autos del expediente laboral 1300/2017 de su índice, ello como parte de su informe justificado. En esas condiciones, previo a acordar lo que en derecho corresponde, con fundamento en el artículo 64 y tercer párrafo del diverso 75, ambos de la Ley de Amparo, además con apoyo en la jurisprudencia P./J. 17/97, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se impone, requerir a la Presidenta de la mencionada Junta responsable, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, remita copia certificada de la notificación que haya realizado al aquí quejoso ********************, del mencionado laudo, pues se hace necesaria para resolver con todos los elementos el presente asunto. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal o material que tenga para ello, dentro del plazo previamente establecido, se le impondrá multa de cincuenta a quinientos días de salario de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con el artículo 262 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.

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