Raúl Alberto Sosa Santos
Expediente 728/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 20 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 728/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 24/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Agencia Vigésimo Tercera del Ministerio Público del Fuero Común
- Raúl Alberto Sosa Santos
- Raúl Alberto Sosa Santos y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Vista la copia certificada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con el segundo párrafo, de la fracción III del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que por acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil diecinueve, se concedió la suspensión provisional del acto reclamado, por lo que deberá conservarse únicamente el acuerdo relativo a su otorgamiento, así como el duplicado deberá ser DESTRUIDO una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de que fue dictado el auto de la suspensión provisional antes citada. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el siete de octubre de dos mil diecinueve, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, aún y cuando se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin embargo por lo que respecta a los actos que consistieron en la incomunicación que se adujo sufría el aquí directo quejoso, se concedió de oficio la suspensión de plano, para que cesara de inmediato dicho acto, en consecuencia, este asunto encuadra en lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero, fracción III del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, por lo que de acuerdo a las instrucciones de las nuevas disposiciones relacionadas con la destrucción, depuración y transferencia de expedientes, aplicables a partir del martes veintinueve de enero de dos mil trece, en relación al punto número uno, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, pero debiendo conservarse únicamente el acuerdo relativo al otorgamiento de la suspensión de plano; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentado la fecha en que se ordenó el archivo, debiendo conservarse únicamente el acuerdo relativo a su otorgamiento y que carece de relevancia documental. Agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que deriva de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las nueve horas con veinte minutos del siete de octubre de dos mil diecinueve, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 728/2019-VI, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Nóvelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. A continuación, la secretaria hizo relación de las constancias que obran en el expediente entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda; auto de veintiséis de mayo de dos mil diecinueve, en el que se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados y se previno al directo quejoso para que ratificara la demanda instaurada en su favor; constancia de notificación en la cual el directo quejoso ratificó el ocurso inicial; auto de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, en el que se admitió a trámite la demanda; constancias de notificación a las autoridades responsables, a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Asimismo, el secretario certifica que el término concedido al directo quejoso Raúl Alberto Sosa Santos en proveído de dieciocho de julio del año en curso (foja 72), para que manifestara si señalaba como acto reclamado la sanción administrativa consistente en un arresto de treinta y seis horas, que le fue impuesto el veintiséis de mayo de dos mil diecinueve, por el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, Yucatán, y como autoridad responsable al nombrado Director, transcurrió del veintinueve de julio al dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, sin que hubiera hecho manifestación alguna al respecto. El Juez, acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar; y toda vez que de la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término concedido al directo quejoso Raúl Alberto Sosa Santos en proveído de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, sin que hubiere hecho manifestación alguna sobre si era su deseo ampliar la demanda de amparo respecto de la sanción administrativa consistente en un arresto de treinta y seis horas, que le fue impuesto el veintiséis de mayo de dos mil diecinueve, por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, Yucatán y como autoridad responsable al nombrado Director; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el referido proveído y, por tanto, se resolverá el presente juicio de amparo, conforme a lo planteado en la demanda de amparo y respecto a las autoridades señaladas inicialmente como responsables, por el directo quejoso Raúl Alberto Sosa Santos. Abierto el período de pruebas, la secretaría da cuenta con las copias certificadas remitidas por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Director de Seguridad Pública y de Tránsito Municipal de Kanasín, Yucatán. El Juez, acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales de referencia, las cuales se desahogan por su propia naturaleza. Con lo anterior se cierra este período. Seguidamente, se abre el período de alegatos en el que la secretaría da cuenta con las manifestaciones vertidas por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, en el alegato ministerial 405/2019. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la agente del Ministerio Público de la Federación, para ser tomados en consideración al momento de resolver el presente juicio; con lo cual se concluye con dicho período. Finalmente, no habiendo diligencia pendiente por desahogar y al encontrarse integrado este expediente se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. VISTOS, para resolver el juicio de amparo 728/2019-VI promovido por Víctor Ramírez Aguilar a favor de Raúl Alberto Sosa Santos, contra actos del Agente de la Agencia Vigésimo Tercera del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en Kanasín, Yucatán, y otras autoridades, por violación a los artículos 14, 16 y 22 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Por escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil diecinueve, ante el Secretario de Guardia de este Juzgado, Víctor Ramírez Aguilar solicitó a favor de Raúl Alberto Sosa Santos, el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclamó del Agente de la Agencia Vigésimo Tercera del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en Kanasín, Yucatán, Director de la Policía Municipal de Kanasín, Yucatán y Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta Ciudad de Mérida, Yucatán, que hizo consistir en la privación ilegal de la libertad personal fuera de procedimiento judicial (detención) y la incomunicación. Segundo. Por auto de veintiséis de mayo de dos mil diecinueve, se concedió la suspensión de plano respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables. Tercero. Mediante proveído de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo, se solicitó sus correspondientes informes justificados a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Cuarto. En proveído de dieciocho de julio del año en curso, se requirió al directo quejoso Raúl Alberto Sosa Santos, para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo respecto de la sanción administrativa consistente en un arresto de treinta y seis horas, que le fue impuesto el veintiséis de mayo de dos mil diecinueve, por el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, Yucatán y como autoridad responsable al nombrado Director, sin que hiciera manifestación alguna al respecto, por lo que en esta misma fecha se hizo efectivo el apercibimiento respectivo. Una vez integrado el presente asunto, se llevó a cabo el desahogo de la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior, porque los actos reclamados tuvieran ejecución dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio de amparo. Del análisis integral de la demanda de amparo, se puede advertir que la parte quejosa lo que reclama es la privación ilegal de la libertad personal fuera de procedimiento judicial (detención) e incomunicación. Tercero. Sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. Al rendir su informe justificado todas las autoridades señaladas como responsables negaron el acto reclamado respecto a la incomunicación del directo quejoso Raúl Alberto Sosa Santos, así como respecto a los actos de detención atribuidos al Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y de Litigación con sede en Kanasín, Yucatán, en su correcta denominación, quien también negó el referido acto reclamado. Por tanto, al no haber sido desvirtuada dicha negativa por la parte quejosa respecto de los mencionados actos reclamados lo que procede es sobreseer en el juicio, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo aplicable. Tiene aplicación al caso por similitud de razón, la Tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y rubro: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia de los actos reclamados. El Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, Yucatán (fojas 37 a la 41, 67 a la 71), en su respectivo informe justificado fue impreciso en señalar la certeza del acto reclamado de detención reclamado, sin embargo de la lectura de las constancias remitidas se advierte la existencia del acto reclamado, por tanto se tiene por cierto el acto reclamado. Por su parte, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en representación de los Elementos de dicha Secretaría, al rendir su informe justificado (foja 45 y 57), manifestó que únicamente es cierto el acto reclamado en cuanto a la detención del directo quejoso, quien fue puesto a disposición de los elementos policiacos del Municipio de Kanasín, Yucatán; por lo que debe tenerse por cierto el acto que se les atribuye. Quinto. Estudio de las causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este Órgano Jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Respecto al acto reclamado consistente en la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial del directo quejoso Raúl Alberto Sosa Santos, el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, Yucatán, mediante oficio DSPTMK/JUR/235/2019, remitió diversas constancias, las cuales ameritan valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2º. Ahora bien, respecto a dicho acto reclamado consistente en la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial, con motivo del arresto administrativo por treinta y seis horas que le fue impuesto al directo quejoso Raúl Alberto Sosa Santos por parte del Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, Yucatán, en términos de los artículos 263, fracción XIV, 264 y 265 del Reglamento del Código de la Administración Pública; de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 5º, fracción II, y 108, fracción III, del mismo ordenamiento, en razón de que la parte quejosa fue omisa en señalar con el carácter de responsable a la autoridad que emitió la orden de arresto, a saber, el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, Yucatán. Dicho lo anterior, es necesario tener en consideración lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, 5º, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. [.]". Los dispositivos legales transcritos, instituyen que el juicio de control constitucional es improcedente cuando en la demanda de amparo no se señale la autoridad o autoridades responsables a quienes se les atribuya el o los actos reclamados. Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que debe sobreseerse el presente juicio de amparo en relación con el acto reclamado consistente en la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial con motivo del arresto administrativo por treinta y seis horas, que le fue impuesto al directo quejoso Raúl Alberto Sosa Santos, de la cual derivó la ejecución de tal sanción administrativa en la cárcel pública de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, Yucatán. En efecto, de las constancias que en copia certificada acompañó la autoridad responsable con su oficio DSPTMK/JUR/235/2019 (fojas 68 a la 71) y que obran agregadas en autos, relativas al procedimiento administrativo que se instauró en contra del peticionario de amparo Raúl Alberto Sosa Santos, mismas que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo señalado en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que fue el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, Yucatán, en términos de los artículos 263, fracción XIV, 264 y 265 del Reglamento del Código de la Administración Pública, la autoridad que instauró el procedimiento que culminó en la imposición de un arresto de treinta y seis horas al quejoso; sin embargo, como se dio noticia en líneas que anteceden, no obstante que este órgano jurisdiccional mediante proveído de dieciocho de julio de dos mil diecinueve (foja 72), dio vista a la parte quejosa para que si era su deseo ampliara la demanda de amparo respecto a dicho acto y autoridad, ésta se abstuvo de realizar manifestación alguna al respecto, por lo que, en audiencia de esta misma fecha se tuvo por precluido su derecho para hacerlo y se continuó la secuela procesal únicamente por las autoridades y por los actos reclamados en el escrito inicial de demanda. Consecuentemente, tales actuaciones no pueden ser materia de estudio al no haber sido expresamente imputadas a la autoridad que realmente las emitió, por lo que no es posible analizar la constitucionalidad del acto de una autoridad, si ésta no fue llamada a juicio a defender la legalidad de su actuación. En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte que si bien es cierto, existe el arresto impuesto como medida de apremio a la parte quejosa, también lo es, que no es procedente analizar la legalidad del mismo al no haber sido señalado como autoridad responsable el funcionario que llevó a cabo tal actuación. ...... Por todo lo que antecede, es que, con fundamento en lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5º, fracción II, y 108, fracción III, con fundamento en el artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, ha lugar a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa respecto al directo quejoso Raúl Alberto Sosa Santos. ..... Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 76 al 78 y 192 de la Ley de Amparo. Se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Víctor Ramírez Aguilar a favor de Raúl Alberto Sosa Santos, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo y por cuanto se advierte de las constancias remitidas mediante oficio DSPTMK/JUR/235/2019 suscrito por el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, Yucatán, que no remitió las constancias relativas al acuerdo que en su caso hubiere emitido en el que ordenó que el directo quejoso Raúl Alberto Sosa Santos fuera puesto en libertad y las constancias relativas a su egreso de la cárcel pública de su corporación; por tanto, con fundamento en el artículo 75, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, Yucatán, autoridad responsable, para que en el término de tres días computados legalmente, remita las constancias relativas al acuerdo que en su caso hubiere emitido en el que ordenó que el directo quejoso Raúl Alberto Sosa Santos fuera puesto en libertad y las constancias relativas a su egreso de la cárcel pública. Se apercibe a la autoridad en cita que en caso de no atender al requerimiento contenido en este acuerdo dentro del término concedido, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Sin que el presente acuerdo deba notificarse por oficio a las restantes autoridades responsables, dado que no se considera de trascendencia, acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva hora y fecha para su celebración las nueve horas con veinte minutos del siete de octubre de dos mil diecinueve. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.
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