Raúl Alberto Castillo Cervera

Expediente 634/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
634/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
24/02/2021

Partes del expediente

  • Raúl Alberto Castillo Cervera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Incidental

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vista la copia certificada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, se hace la observación de que el cuaderno original y duplicado del presente incidente de suspensión es susceptible de destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el presente juicio de amparo; se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en la sentencia en comento se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de destrucción. Notifíquese.

  3. Incidental

    Agréguese el oficio del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el toca 161/2020, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra de la resolución interlocutoria de veinticuatro de julio de dos mil veinte, dictada en el presente incidente de suspensión, de la que se advierte que la citada superioridad en su punto resolutivo primero confirmó la resolución recurrida y en el resolutivo segundo, negó la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa.

  4. Principal

    En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las diez horas con veinte minutos del veintisiete de enero de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 634/2020-IV, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo aplicable. El secretario encargado del despacho declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, el secretario da cuenta con el escrito inicial de demanda, con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y con las demás constancias que obran en autos. Asimismo, le informo que el Titular, Subsecretario de la Policía Estatal de Caminos Peninsular, Subsecretario de Seguridad Ciudadana y Subsecretario de Servicios Viales, todos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, fueron omisos en rendir su informe justificado, aún y cuando obran en autos las boletas de notificación relativas s los oficios 10062, 10063, 10064 y 10065 con los que se les solicitó. Acto seguido el secretario encargado del despacho acuerda: que se tenga por hecha la anterior relación de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas el secretario da cuenta las constancias que el Director Jurídico de la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán y Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Yucatán, acompañó a su informe justificado y a las solicitadas por este Juzgado; así, como las ofrecidas por la parte quejosa. El secretario encargado del despacho acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las referidas probanzas que se tienen por desahogadas en virtud de su propia naturaleza, para ser consideradas al dictar sentencia, con lo que concluye esta etapa. Posteriormente se abre el período de alegatos en el que la secretaria da cuenta con el alegato ministerial 303/2020 de la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita. En atención a lo cual el Juez acuerda: se tienen por formulados las manifestaciones vertidas en el alegato de cuenta, para ser tomadas en consideración en su oportunidad, con lo cual se concluye la fase de referencia. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver el presente juicio de amparo número 634/2020-IV promovido por Raúl Alberto Castillo Cervera, contra el acto que reclama al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida y otras autoridades, por violación a los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: I. Demanda de Amparo. En demanda de amparo recibida el diecisiete de julio de dos mil veinte, en la oficialía de partes de este Juzgado Federal, Raúl Alberto Castillo Cervera solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán y otras autoridades, los cuales hizo consistir en la restricción que establece que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado implementó un operativo en todo el Estado de Yucatán para evitar la circulación vial a partir de las veintidós horas con treinta minutos hasta las cinco horas, así como el acuerdo SSY 04/2020 por el que se modifica el diverso SSY 01/2020 y su ejecución. II. Admisión de demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, la cual se admitió en acuerdo de diecisiete de julio de dos mil veinte; se tramitó por duplicado el incidente de suspensión; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, mismos que en su oportunidad fueron puestos a la vista de las partes; se dio a la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete, y se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo, 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del cuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior porque en el presente caso se reclama un acto cuya ejecución podría tener lugar dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con el criterio sustentado en la tesis P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente el que en apariencia señaló como tal. Así, de las constancias que obran en autos se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables, lo siguiente: 1. El acuerdo SSY 04/2020 que modificó el similar SSY 01/2020, mediante el cual se establecieron medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus SARS-COV-2, por gotas y contacto directo entre la población del estado de Yucatán, entre ellas, la restricción a la movilidad vehicular en las vías públicas de jurisdicción estatal de las veintidós horas con treinta minutos a las cinco horas del día siguiente. Tercero. Sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. Al rendir su informe justificado el Consejero Jurídico con su carácter de representante del Gobernador Constitucional del Estado, negó el acto que se le reclama. Y al no haber sido desvirtuada dicha negativa por la parte quejosa respecto de los mencionados actos reclamados lo que procede es sobreseer en el juicio, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo aplicable. Tiene aplicación al caso por similitud de razón, la Tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y rubro: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia de los actos reclamados. El Director Jurídico de la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán y Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Yucatán, autoridades señaladas como responsables en el presente juicio de amparo, al rendir su informe justificado admitió el acto que se les reclama. El Titular, Subsecretario de la Policía Estatal de Caminos Peninsular, Subsecretario de Seguridad Ciudadana y Subsecretario de Servicios Viales, todos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, fueron omisos en rendir su informe justificado, aún y cuando obran en autos las boletas de notificación relativas s los oficios 10062, 10063, 10064 y 10065 con los que se les solicitó; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el mismo. El Director de la Policía Municipal de Mérida, Yucatán al rendir su informe previo manifestó que no es cierto el acto que se le reclama, sin embargo, se desvirtúa dicha negativa y se presume cierto el acto impugnado, toda vez que las autoridades con carácter de ordenadoras admitieron el acto reclamado; por lo que se tiene como cierto el acto que se reclamó a ésta. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 839, Tomo CXVII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que es del rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, EXISTENCIA DE SUS ACTOS. Aun cuando una autoridad haya negado el acto que se le atribuye, teniendo la misma el carácter de mera ejecutora, resulta cierto el acto indicado, si las ordenadoras admiten haber dictado las órdenes que se les atribuyen y la autoridad ejecutora, dentro de las atribuciones que le son propias, está obligada a velar por el cumplimiento de esas órdenes; pues es claro que la existencia de los actos ordenadores trae como consecuencia la de los de ejecución, tanto más si en los términos de la demanda, aunque futura, la ejecución reclamada es cierta e inminente". En atención a lo anterior, se tiene por cierto el acto reclamado en este juicio de amparo. Ello, conforme a lo indicado por el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Tomo XIV, página 391, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación de julio de 1994, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Además, al reclamarse normas de carácter general no es necesario acreditar su existencia o inexistencia, pues basta su publicación en el Diario oficial del Gobierno del Estado, para comprobar esta circunstancia, pues esa divulgación constituye un hecho notorio para un órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del código supletorio a la Ley de Amparo. Sustenta la consideración anterior la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de 2000, página 260, registro IUS 191452). Quinto. Estudio oficioso de las causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, el suscrito juzgador estima que con relación al acuerdo impugnado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Del precepto legal transcrito se tiene que esta causa de improcedencia opera, entre otros casos, cuando haya quedado sin efecto el acto reclamado, desapareciendo así la materia de la litis constitucional, lo que trae como resultado que las cosas regresen al estado en que se encontraban antes de la pretendida trasgresión constitucional, como si el acto combatido en amparo no hubiera afectado la esfera jurídica del gobernado (hipótesis que acontece), o habiéndolo hecho, sus efectos quedarán destruidos como si nunca hubiesen existido. De este modo, para que se actualice la causa de improcedencia en estudio en el sentido señalado, es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la propia autoridad responsable, o bien, por otra facultada para ello. Por lo tanto, para considerar, que han cesado los efectos del acto reclamado, es necesario que, el acto deba quedar insubsistente, sin huella alguna. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 917637, página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Dela interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni lo surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, en tratándose de amparo contra leyes, el Pleno del Alto Tribunal ha sostenido que a efecto de verificar si se actualiza la citada causa de improcedencia es necesario constatar si se trata de normas prohibitivas o de normas que generan una obligación y, en este último supuesto, si las normas produjeron consecuencias durante el periodo en que estuvieron vigentes. Lo anterior, porque las normas prohibitivas sólo prevalecen durante la vigencia de la ley, de modo que al transcurrir su período de vigencia, cesan sus efectos prohibitivos, permitiendo que el gobernado actúe. En el caso, el acuerdo impugnado, a la letra dice: "...Acuerdo SSY 04/2020 por el que se modifica el Acuerdo SSY 01/2020 por el que se establecen medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 por gotas y contacto directo entre la población del estado de Yucatán. Artículo único. Se reforma: el párrafo primero de la fracción IV del artículo 2; y se adiciona: el inciso c) a la fracción IV del artículo 2; ambos del Acuerdo SSY 01/2020 por el que se establecen medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 por gotas y contacto directo entre la población del estado de Yucatán, para quedar como sigue: Artículo 2. . . I. a la III. . IV. Se limita la circulación de vehículos en las vías públicas de jurisdicción estatal. La Secretaría de Seguridad Pública, con fundamento en el artículo 275-M de la Ley de Salud del Estado de Yucatán, coadyuvará en la vigilancia del cumplimiento de esta medida de seguridad sanitaria, en coordinación con la autoridad sanitaria estatal. En las vías públicas de jurisdicción estatal y en aquellas de jurisdicción federal o municipal transferidas al Poder Ejecutivo del estado, en términos del artículo 4 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, se disponen las modalidades de limitación a la circulación de vehículos, de conformidad con lo siguiente: a) y b). c) Los vehículos, independientemente de su uso, tendrán restringida la circulación a partir de las veintidós horas con treinta minutos y hasta las cinco horas, excepto en las vías que se encuentren en las localidades de Santa Clara, municipio de Dzidzantún; Sisal, municipio de Hunucmá; San Crisanto, municipio de Sinanché; El Cuyo, municipio de Tizimín; y Chabihau, municipio de Yobaín; así como en el territorio de los municipios de Celestún, Dzemul, Dzilam de Bravo, Ixil, Progreso, Río Lagartos, San Felipe y Telchac Puerto, en las cuales la restricción de la circulación vehicular comprenderá desde las veintiún horas hasta las cinco horas. Quedan exceptuados de la disposición anterior: 1. Los vehículos que trasladen a pacientes que requieran atención médica de urgencia, así como los que se utilicen para la adquisición de medicinas. 2. Los vehículos en que se traslade el personal de salud, debidamente identificado, que pertenezca al área médica, en cualquiera de sus especialidades, paramédica, administrativa o de apoyo. 3. Los vehículos en que se traslade el personal de instituciones de procuración o administración de justicia, debidamente identificado. 4. Los vehículos dedicados a la prestación del servicio de entrega de medicinas a domicilio. 5. Los vehículos dedicados a la prestación de servicios funerarios. 6. Los vehículos dedicados a la prestación del servicio de transporte de carga para el suministro de las actividades esenciales diferentes a tiendas de autoservicio, cuyo suministro deberá efectuarse dentro del horario comprendido entre las cinco horas y las veintidós horas con treinta minutos. 7. Los vehículos utilizados por el personal de los medios de comunicación con el objeto de cumplir con su trabajo de cobertura, operación y producción. 8. Los vehículos dedicados a la prestación de los servicios públicos de limpieza, energía eléctrica, telecomunicaciones y recolección de basura. 9. Los vehículos dedicados a la prestación del servicio de transporte de carga cuyo ingreso y circulación en el territorio del estado sea ininterrumpido hasta su egreso de este. 10. Los vehículos de los prestadores del servicio de seguridad privada con registro vigente, autorizado por la Secretaría de Seguridad Pública. Artículo transitorio Único. Entrada en vigor Este acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Se expide este acuerdo en la sede de los Servicios de Salud de Yucatán, en Mérida, Yucatán, a 15 de julio de 2020. ( RÚBRICA ) Dr. Mauricio Sauri Vivas Secretario de Salud y director general de los Servicios de Salud de Yucatán." Como se puede observar, la norma en comento establece restricciones de circulación a los vehículos en las vías públicas de jurisdicción estatal, exceptuando las vías y supuestos que se precisan, a partir de las veintidós horas con treinta minutos y hasta las cinco horas. Luego, el dieciséis de septiembre de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el Acuerdo SSY 06/2020, por el que se modifica el acuerdo SSY 01/2020 por el que se establecen medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus Sars-Cov-2 por gotas y contacto directo entre la población del Estado de Yucatán. Acuerdo que establece lo siguiente: "Artículo único. Se reforma: el párrafo primero del inciso c) de la fracción IV del artículo 2 del Acuerdo SSY 01/2020 por el que se establecen medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 por gotas y contacto directo entre la población del estado de Yucatán, para quedar como sigue: Artículo 2. . . I. a la III. . IV. . a) y b) . c) Los vehículos, independientemente de su uso, tendrán restringida la circulación a partir de las veintitrés horas con treinta minutos y hasta las cinco horas. . 1. al 10. . Artículo transitorio Único. Entrada en vigor Este acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Se expide este acuerdo en la sede de los Servicios de Salud de Yucatán, en Mérida, Yucatán, a 16 de septiembre de 2020. ( RÚBRICA ) Dr. Mauricio Sauri Vivas Secretario de Salud y director general de los Servicios de Salud de Yucatán." Establecido lo anterior, conviene retomar que el quejoso reclama el Acuerdo SSY/04/2020, con motivo de su entrada en vigor, es decir, como norma autoaplicativa. En relación a ello, debe decirse que los preceptos a los que se hace alusión contienen restricciones de circulación a los vehículos, independientemente de su uso. Por lo cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que las disposiciones aludidas dejaron de surtir sus efectos el dieciséis de septiembre de dos mil veinte, al haber entrado en vigor el día siguiente, el Acuerdo SSY/06/2020. De lo anterior, se colige que si el Acuerdo SSY/04/2020, ya no se encuentra vigente y si en autos no se encuentra acreditado que las disposiciones reclamadas como normas autoaplicativas, que estuvieron vigentes del diecisiete de julio de dos mil veinte al dieciséis de septiembre de dos mil veinte, produjeran sus consecuencias materiales, es decir, que hayan sido aplicadas por la parte quejosa, derivado de su obligación de respetar los horarios de circulación a que aluden, en el caso, una eventual concesión de amparo en contra de los actos reclamados carecería de efectos. A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia P./J. 51/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Junio de 1997, con registro 198400, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS. APLICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL QUE LLEVA POR RUBRO "LEY DEROGADA. ESTUDIO IMPROCEDENTE DE SU CONSTITUCIONALIDAD, SIN ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN." (PUBLICADA CON EL NÚMERO 192 EN EL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995, TOMO I, MATERIA CONSTITUCIONAL, PÁGINA 189). Del análisis de las ejecutorias que integran la jurisprudencia citada, especialmente de la primera de ellas, se deriva que su origen yace en la impugnación de normas cuya aplicación entrañaba una prohibición in genere, que sólo prevalecería durante la vigencia de la ley, pero que derogada cesaría su efecto prohibitivo permitiendo, por tanto, que el gobernado actuara en aquel sentido. En esta hipótesis, la concesión de la protección constitucional no tendría efecto alguno, dado que en ningún caso podría surtir efectos sobre el pasado, pues no podría volver en el tiempo para reparar la violación causada por la aplicación de aquella norma, facultando al quejoso para realizar lo que le fue vedado y que ahora le es permitido. Por ello, debe estimarse que la jurisprudencia en comento sólo es aplicable cuando la ley reclamada entraña una prohibición y no cuando genera una obligación de actuar en determinado sentido, o sea, una obligación de hacer o permitir que se haga. En esta última hipótesis, la derogación de la ley no libera a quienes fueron sus destinatarios de las consecuencias que hayan podido o puedan derivar de su observancia o inobservancia por todo el periodo durante el que estuvo vigente, ya que, a pesar de la derogación, los obligados a acatarla deben responder de los actos realizados al amparo de la misma y, por ende, sufrir las consecuencias desfavorables derivadas de su aplicación; a más de que, por regla general y salvo disposición expresa -como sería aquella norma transitoria que impidiera la aplicación de la ley derogada, incluso a los hechos ocurridos bajo su vigencia, en cuyo caso quedaría destruida la ley desde su promulgación misma-, la derogación de la ley sólo produce efectos hacia el futuro, impidiendo que ella se aplique a hechos realizados con posterioridad a la fecha en que se produjo, pero no abarca los realizados durante la época en que estuvo en vigor, los cuales provocaron una afectación en la esfera jurídica de los gobernados que sólo puede ser subsanada, en su caso, mediante la protección de la Justicia de la Unión." Así como la jurisprudencia 2a./J. 6/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1107, del Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2003285, de texto y rubro siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA COMO AUTOAPLICATIVA UNA LEY, ÉSTA ES REFORMADA O DEROGADA. Conforme al artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, resulta inconcuso que se actualiza dicha causa de improcedencia si en el juicio de amparo indirecto se reclama como autoaplicativa una ley o norma general prohibitiva, o la que establece una obligación, y durante la tramitación del juicio se reforma o deroga, eliminando la prohibición u obligación, destruyéndose así de manera total e incondicionada sus efectos, y no se producido durante su vigencia alguna consecuencia material en perjuicio de la quejosa, derivada del incumplimiento de las obligaciones que estableció durante el periodo que estuvo vigente, pues una eventual concesión del amparo contra la ley carecería de efectos prácticos." Y la tesis de jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 10, del Tomo VI, diciembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197244, que indica: "LEYES, AMPARO CONTRA. CUANDO SE REFORMA UNA LEY DECLARADA INCONSTITUCIONAL O SE SUSTITUYE POR UNA DE CONTENIDO SIMILAR O IGUAL, PROCEDE UN NUEVO JUICIO POR TRATARSE DE UN ACTO LEGISLATIVO DISTINTO. De acuerdo con el principio de relatividad de las sentencias que rige en el juicio de amparo, por cuya virtud el efecto protector de aquéllas únicamente alcanza al texto legal que fue materia de análisis en el juicio, no así a sus reformas ni a una ley posterior que reproduzca su contenido, debe estimarse procedente el juicio de garantías que se intente en contra de la reforma de una ley ya declarada inconstitucional respecto del quejoso, cualesquiera que sean sus similitudes o diferencias esenciales o accidentales con el texto anterior pues, además de que se trata de actos legislativos diversos, en cuanto constituyen distintas manifestaciones de la voluntad del órgano respectivo, el principio de seguridad jurídica exige que sea el Juez Federal quien, en un nuevo proceso, califique la regularidad constitucional del texto reformado o sustituto del ya analizado, para evitar que esta cuestión quede abierta a la interpretación subjetiva de las partes y que el quejoso quede en estado de indefensión, en cuanto carezca de la vía adecuada para hacer valer la identidad esencial existente entre el texto original y el texto posterior, considerando que tal materia no podría ser objeto de análisis a través de los procedimientos previstos en la Ley de Amparo para decidir sobre el cumplimiento de una sentencia protectora, como son los referentes al incidente de inejecución, a la queja por defecto o exceso, o al incidente de repetición del acto reclamado, ninguno de los cuales permite censurar los nuevos actos de la autoridad legislativa, ya que ésta, en términos del citado principio de relatividad, no está limitada en su actuación por la sentencia de amparo." En tales circunstancias, al surtirse la causa de improcedencia examinada, lo que legalmente procede es decretar el sobreseimiento en este juicio con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema Sexto. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 73 al 79 de la Ley de Amparo se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Raúl Alberto Castillo Cervera, contra el acto que reclaman a las autoridades señaladas como responsables en el presente juicio de amparo, por las razones expuestas en el cuerpo de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.

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