Raul Alejandro Figueroa Yam

Expediente 26/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
26/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
23/05/2022

Partes del expediente

  • Raul Alejandro Figueroa Yam

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Vistos los autos del presente juicio de amparo indirecto 26/2021-V, para resolver si se ha cumplido o no la ejecutoria; y, R e s u l t a n d o: Primero. En sentencia ejecutoria dictada en los presentes autos, se concedió el amparo instado a ******************** respecto del acto reclamado al Titular de la Jefatura de Departamento Comercial, Zona Mérida, CFE Suministrador de Servicios Básicos de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad. Segundo. Por oficio SSB/PEN-08/1275/2021 de catorce de octubre de dos mil veintiuno y oficio sin número de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, el Apoderado Legal de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, con sede en esta ciudad, informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Se dio vista a las partes con los referidos oficios y sus anexos para que, dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su interés conviniera; y C o n s i d e r a n d o: Único. La parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto de la vista que se le dio en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en estos autos. Por tanto, con los elementos de convicción que obran en autos, este órgano de control constitucional procede a resolver si la ejecutoria se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". En la sentencia dictada en autos, se precisó que una vez que se notificara que había causado ejecutoria la misma, la autoridad responsable debería actuar en los siguientes términos: ".1) En forma inmediata, emitir contestación, por escrito y de manera congruente, en la que exponga los motivos y fundamentos de la respuesta, a la solicitud que le fue formulada mediante escrito presentado el tres de diciembre de dos mil veinte por el hoy quejoso. 2) Proveer lo conducente para notificar la determinación que emita al quejoso, en términos de la ley que rija su actuar, recabando la constancia de notificación correspondiente." Del examen de las documentales antes descritas, que merecen pleno valor de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se desprende que se realizó lo siguiente: El Apoderado Legal de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, con sede en esta ciudad, mediante oficio SSB/PEN-08/1275/2021 de catorce de octubre de dos mil veintiuno, dio contestación al escrito presentado por la parte quejosa el tres de diciembre de dos mil veinte, el cual fue notificado al aquí quejoso por la vía electrónica en la propia fecha. Por tanto, de lo anterior se advierte el cumplimiento de la ejecutoria, para los efectos del artículo 192 de la Ley de Amparo aplicable; y por consecuencia al no advertirse exceso o defecto en su cumplimiento para los efectos del artículo 196 de la Ley de la Materia aplicable, procede declarar cumplida la ejecutoria de amparo. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de quince días legalmente computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en términos de los artículos 201 y 202 del mencionado cuerpo legal, para que manifiesten ante este Juzgado su inconformidad con esta determinación, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado se tendrá por consentida la misma. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Se agrega a estos autos para que obre como corresponda, el oficio presentado vía electrónica suscrito por el Apoderado Legal de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, con sede en esta ciudad, autoridad responsable en los presentes autos, con el que pretende dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada por este Juzgado Federal; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, póngase el oficio de cuenta a la vista de las partes por el término de tres días para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente; apercibida que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del citado numeral. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia dictada el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Ahora bien, toda vez que en proveído de dieciocho de octubre del año en curso, se reservó proveer respecto al oficio suscrito por el Apoderado Legal de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, con sede en esta ciudad, autoridad responsable en los presentes autos, al que anexó diversas constancias con las que pretende dar cumplimiento a la sentencia dictada por este Juzgado Federal; sin embargo, de dichas constancias no se advierte el cabal cumplimiento de la sentencia de mérito. En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a Titular de la Jefatura de Departamento Comercial, Zona Mérida, CFE Suministrador Servicios Básicos de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes contados desde que reciba el oficio en el que se le transcribe el presente acuerdo, se sirva informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, cuyos efectos son del tenor literal siguientes: ".1) En forma inmediata, emitir contestación, por escrito y de manera congruente, en la que exponga los motivos y fundamentos de la respuesta, a la solicitud que le fue formulada mediante escrito presentado el tres de diciembre de dos mil veinte por el hoy quejoso. 2) Proveer lo conducente para notificar la determinación que emita al quejoso, en términos de la ley que rija su actuar, recabando la constancia de notificación correspondiente." En consecuencia, hecho lo anterior, la nombrada responsable, deberá remitir a este tribunal federal las constancias relativas a todo lo actuado con motivo de dicho ordenamiento; con el apercibimiento que de no hacerlo así, dentro del término legal que para tal efecto se le señala, se procederá conforme al artículo 193 de la citada legislación y acorde a lo estipulado en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Federal, esto es, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al dictado del presente acuerdo, con fundamento en los artículos 238 y 258, ambos de la Ley de Amparo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado a que corresponda o en su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el catorce de noviembre de dos mil catorce, que al rubro dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos para resolver el juicio de amparo 26/2021-V promovido por Raúl Alejandro Figueroa Yam, contra actos del Titular de la Jefatura de Departamento Comercial, Zona Mérida, CFE Suministrador Servicios Básicos de la Comisión Federal de Electricidad, y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el siete de enero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, recibido el mismo día en la Oficialía de Partes de este juzgado, Raúl Alejandro Figueroa Yam solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de actos del Titular de la Jefatura de Departamento Comercial, Zona Mérida, CFE Suministrador Servicios Básicos de la Comisión Federal de Electricidad. Segundo. Admisión de la demanda. Mediante proveído de siete de enero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se solicitó su correspondiente informe justificado a la autoridad responsable, el cual rindió en su oportunidad, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento en este asunto y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se celebró en términos del acta que antecede, por lo que al estar debidamente integrado este expediente se procede a dictar la sentencia respectiva. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 1º y 35 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de un juicio de amparo promovido en contra de actos negativos con ejecución dentro del ámbito territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene los actos reclamados, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar: - La negativa verbal e injustificada de celebrar el contrato para la prestación del servicio de energía eléctrica, en el domicilio ubicado en el predio número trescientos treinta y cuatro de la calle veintitrés entre calles treinta y cuatro y treinta y seis del fraccionamiento La Florida de esta ciudad, del cual es arrendatario, sin emitir una resolución en la que se indiquen los motivos y fundamentos legales que sustenten la negativa. Tercero. Actos existentes. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, toda vez que si bien dicha autoridad al rendir su informe justificado negó la certeza de tal acto, lo cierto es que realizó manifestaciones que evidencia su certeza, en el sentido de que existe un impedimento técnico y económico para proporcionar el servicio de energía eléctrica en el predio del quejoso, debido a que existe un adeudo pendiente que no se ha cubierto. Ello aunado a que el quejoso exhibió la copia de su escrito de veintisiete de octubre de dos mil veinte, presentado el tres de diciembre del mismo año ante la autoridad responsable, a través del cual solicitó a ésta en su carácter de nuevo usuario, la prestación del servicio de energía eléctrica en el predio antes descrito, así como del contrato de arrendamiento que celebró a su favor respecto del citado inmueble. De ahí que debe desvirtuarse tal negativa y tenerse por cierto el acto reclamado. Tiene aplicación en su parte conducente, la tesis visible en la página 391, de la Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." En ese sentido, no ha lugar a hacer pronunciamiento alguno adicional respecto de las testimoniales ofrecidas por la parte quejosa y desahogadas en la audiencia constitucional, en virtud que las mismas se ofrecieron a fin de acreditar la existencia del acto reclamado, lo cual ya se tuvo por satisfecho. De igual manera, no ha lugar a analizar la objeción del documento de personalidad exhibido por la responsable, planteada por la parte quejosa, debido a que ello solo traería como consecuencia que se tuviera por no rendido el informe de la citada autoridad y por consiguiente, presumir cierto el acto reclamado; aspecto que como se dijo, ya se tuvo por demostrado, por lo que se reitera, resulta innecesario practicar tal análisis. Cuarto. Análisis de la causal de improcedencia invocada por la autoridad responsable. Previamente al estudio de fondo del acto reclamado en el presente asunto, procede analizar la causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, por así disponerlo el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. La autoridad responsable, al rendir su informe justificado, hace valer la actualización de la causa de improcedencia que se desprende del artículo 61, fracciones XX y XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II y 17, primer párrafo de la Ley de Amparo (sic), en virtud de que la vía procedente es la mercantil, pues los actos de la Comisión Federal de Electricidad, como prestador del servicio de energía eléctrica, derivan de una relación contractual, por lo que no puede estimarse violatorio de los derechos fundamentales del quejoso al tratarse el acto reclamado de un acto que no puede ser considerado como un acto de autoridad. Es infundada la aludida causal de improcedencia. Las fracciones XX y XXIII del numeral 61 y el artículo 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, por su orden disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)." En relación con dichas disposiciones legales, cabe destacar que todas las autoridades -federales, estatales o municipales; ejecutivas, legislativas o jurisdiccionales-, de derecho o de hecho, pueden tener el carácter de responsables, estableciéndose como único requisito para ello que por circunstancias legales o de hecho, estén en posibilidades de dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para sustentar lo anterior, y para formar el concepto vigente de autoridad para efectos del amparo, resulta útil tener presente la siguiente tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Y para que el acto de un órgano estatal adquiera el carácter de autoridad, se requiere que se desempeñe a propósito o en relaciones de supra a subordinación, es decir, en aquellas que se entablen entre sujetos colocados en planos diferentes, o sea, entre los particulares, por un lado, y el Estado, por el otro, en ejercicio de sus funciones de imperio desplegadas a través de sus diversas dependencias gubernativas. Por otro lado, cabe indicar que los numerales 2, 4, 5 y 30 de la Ley de la Industria Eléctrica, disponen: "Artículo 2. La industria eléctrica comprende las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como la operación del Mercado Eléctrico Mayorista. El sector eléctrico comprende a la industria eléctrica y la proveeduría de insumos primarios para dicha industria. Las actividades de la industria eléctrica son de interés público. La planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, son áreas estratégicas. En estas materias el Estado mantendrá su titularidad, sin perjuicio de que pueda celebrar contratos con particulares en los términos de la presente Ley. El Suministro Básico es una actividad prioritaria para el desarrollo nacional. "Artículo 4. El Suministro Eléctrico es un servicio de interés público. La generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. Las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional son de utilidad pública y se sujetarán a obligaciones de servicio público y universal en términos de esta Ley y de las disposiciones aplicables, a fin de lograr el cabal cumplimiento de los objetivos establecidos en este ordenamiento legal. Son consideradas obligaciones de servicio público y universal las siguientes: I. Otorgar acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución en términos no indebidamente discriminatorios; II. Ofrecer y prestar el Suministro Eléctrico a todo aquél que lo solicite, cuando ello sea técnicamente factible, en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad; III. Cumplir con las disposiciones de impacto social y desarrollo sustentable establecidas en el Capítulo II del Título Cuarto de esta Ley; IV. Contribuir al Fondo de Servicio Universal Eléctrico, conforme a lo señalado en el artículo 114 de esta Ley; V. Cumplir con las obligaciones en materia de Energías Limpias y reducción de emisiones contaminantes que al efecto se establezcan en las disposiciones aplicables, y VI. Ofrecer energía eléctrica, potencia y Servicios Conexos al Mercado Eléctrico Mayorista basado en los costos de producción conforme a las Reglas del Mercado y entregar dichos productos al Sistema Eléctrico Nacional cuando sea técnicamente factible, sujeto a las instrucciones del CENACE". "Artículo 5. El Gobierno Federal, los Generadores, los Transportistas, los Distribuidores, los Comercializadores, los Usuarios Calificados Participantes del Mercado y el CENACE, cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, ejecutarán los actos que resulten necesarios para mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. En lo no previsto por esta Ley, se consideran mercantiles los actos de la industria eléctrica, por lo que se regirán por el Código de Comercio y, de modo supletorio, por las disposiciones del Código Civil Federal". "Artículo 30. El Estado, a través de la Secretaría, los Transportistas o los Distribuidores podrá formar asociaciones o celebrar contratos con particulares para que lleven a cabo por cuenta de la Nación, entre otros, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica". La normativa anterior establece que el servicio de energía eléctrica, cuya titularidad corresponde al estado, sin perjuicio de que pueda prestar el servicio a través de particulares, por lo que de conformidad con el numeral 5, antes transcrito, los actos de la industria eléctrica se consideran mercantiles y se regirán por el Código de Comercio y de manera supletoria el Código Civil Federal. De lo anterior puede inferirse que la relación comercial que pueda darse entre el prestador de servicios y el usuario, se actualiza una vez que se haya celebrado el contrato de energía eléctrica respectivo, en tanto que el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica son áreas estratégicas para el Estado. En ese sentido, debe establecerse que la falta de celebración de contrato respectivo, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, excluye cualquier tipo de relación entre particulares, por lo que se estaría en presencia de un acto del Estado. Ahora bien, en el presente caso, la parte quejosa reclama la negativa verbal de proporcionarle energía a un predio del cual aduce tiene la posesión derivada de un contrato de arrendamiento, lo que a criterio de este juzgador crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular, de ahí que contrario a lo señalado por la autoridad responsable, se considera que en el presente juicio sí es autoridad para efectos del acto reclamado,. Es aplicable al caso, en lo que interesa, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con Residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia(s): Común, consultable en la página 2156, del rubro y contenido siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ES AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE NIEGA A PRESTAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOLICITADO POR EL QUEJOSO. Cuando el acto reclamado consiste en la negativa a prestar el servicio de suministro de energía eléctrica solicitado por el quejoso, la Comisión Federal de Electricidad actúa como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, porque se cumplen los requisitos del artículo 5o., fracción II, de la ley de la materia, en virtud de que aquélla es un organismo del Estado, regulado por la Ley de la Industria Eléctrica y su reglamento que, al negarse a celebrar un contrato de suministro crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. Además, ese acto puede llegar a conculcar el derecho humano contenido en el artículo 4o., párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que todas las personas cuenten con una vivienda que tenga los elementos mínimos necesarios para ser considerada digna y decorosa, es decir, los que garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la habite, entre los que se encuentran la electricidad, iluminación y ventilación adecuadas, máxime que la comisión mencionada es el único organismo estatal que puede prestar ese servicio, de acuerdo con la invocada ley y con los artículos 25, párrafo quinto; 27, párrafo sexto y 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Por esas consideraciones no son aplicables al caso las interpretaciones que la Segunda Sala del alto Tribunal del país ha emitido considerando que la citada Comisión Federal de Electricidad no es autoridad responsable. Lo anterior se considera de esta manera, ya que las tesis de jurisprudencia emitidas por la Segunda Sala, conforme a las cuales el juicio de amparo es improcedente contra los actos de la Comisión Federal de Electricidad, se refieren a los casos en que los actos sean los consistentes en la emisión del aviso recibo por concepto de suministro de energía eléctrica y el corte o suspensión de tal servicio, ya que ha sostenido que dichos actos no son de autoridad, ni se equiparan a los actos de autoridad. Esto es así, toda vez que la citada Sala del Máximo Tribunal del país ha sostenido en tesis de jurisprudencia, que en relación con los actos antes señalados, el juicio de amparo es improcedente. De ahí que las tesis que invoca la responsable no tienen aplicabilidad, puesto que los actos analizados en las mismas no comparten la naturaleza del acto que se reclama en el caso de atención, que lo es, la negativa verbal a proporcionarle energía eléctrica. En efecto, se corrobora lo anterior aun cuando la Segunda Sala del alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 4/2014, consideró que deben permanecer vigentes en el régimen de la actual Ley de Amparo, ya que continuó sosteniendo su criterio en el sentido de que no son actos de autoridad, ni se equiparan a los mismos, la emisión del aviso recibo por concepto de suministro de energía eléctrica y el corte o suspensión de tal servicio por parte de la Comisión Federal de Electricidad, y consiguiente improcedencia del juicio de amparo; situación que es diversa al acto que reclama el impetrante de amparo. Orienta a sostener lo anterior las consideraciones emitidas en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis recién citada, y que a su vez dio lugar a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 43/2014 y 2a./J. 43/2014, de rubros: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." y "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013", de las cuales se advierte que en lo medular la Segunda Sala sostuvo lo siguiente: ".El contenido de las jurisprudencias transcritas continúa vigente, pues la Comisión Federal de Electricidad, a la luz de las disposiciones de la abrogada Ley de Amparo y de las contenidas en la Ley de Amparo en vigor no ha cambiado su naturaleza jurídica y por ello no es autoridad para efectos del juicio constitucional, ni realiza actos equiparables a los de autoridad, tratándose de la determinación y cobro del servicio de suministro de energía eléctrica y de la suspensión o corte de tal servicio, puesto que las características de esos actos siguen siendo las mismas, a saber: 1. Su origen (acuse de recibo) es un acuerdo de voluntades. 2. La relación jurídica que existe entre este organismo y la otra parte no es de supra subordinación, sino de coordinación, entre dos sujetos que se encuentran obligados por el acuerdo que asumieron. 3. El corte de suministro de energía eléctrica, en su caso, implica que ante el incumplimiento del usuario se deja de prestar el servicio contratado en ejercicio del derecho legítimo de retención de la obligación, presente en cualquier relación contractual. Así, la Comisión Federal de Electricidad, en casos como los que dieron origen a esta contradicción de tesis, no actúa en ejercicio de una potestad administrativa, que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación." De las consideraciones citadas queda en evidencia que la materia de la jurisprudencia emitida por el Órgano Superior, y por la que se consideró que la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo, versó en actos consistentes en la determinación y cobro del servicio de suministro de energía eléctrica y de la suspensión o corte de tal servicio, atribuidos a dicho organismo público, ello con base en cuatro características identificadas en esos actos, siendo las dos primeras, su origen (aviso de recibo) es un acuerdo de voluntades y, la relación jurídica existente entre este organismo y la otra parte, las cuales no concurren en el caso del acto reclamado en este juicio. En tanto, que en el presente juicio de amparo, el promovente señala como acto de molestia, que la Comisión Federal de Electricidad, se negó verbalmente a proporcionarle el suministro de energía eléctrica, por tanto no existe recibo alguno, pues a decir de la responsable, no puede celebrarse un nuevo contrato ya que existe un adeudo a cargo de un diverso propietario, de lo que resulta que entre el quejoso y dicho organismo no existe un acuerdo de voluntades. En virtud de lo anterior, si no existe un contrato (acuerdo de voluntades), y en consecuencia tampoco puede haber relación jurídica entre el organismo Comisión Federal de Electricidad, y la parte quejosa, para así poder concluir que entre ellos hay una relación de coordinación. Así las cosas, es claro que en el presente caso, no concurren en la naturaleza del acto reclamado por el peticionario de amparo, las citadas características: el origen en un acuerdo de voluntades y, la relación jurídica existente entre este organismo y la parte quejosa, por las que la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, consideró que cuando se atribuyan a la Comisión Federal de Electricidad actos que revistan entre otras, de tales características, no tendría el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Sin que sea aceptable lo señalado por la responsable, en el sentido de que existe un adeudo derivado de un contrato previo en el domicilio donde el quejoso pretende recibir el suministro eléctrico, ya que el usuario que celebró dicho acuerdo de voluntades, es una persona diversa; razón por la que no resultan aplicables las tesis que con base en la existencia del citado contrato, señalan que la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad responsable en el juicio de amparo. En ese contexto, la negativa verbal por parte de la Comisión Federal de Electricidad de acceder a la solicitud del aquí quejoso, de celebrar un contrato para la prestación del servicio de energía eléctrica, constituye un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo indirecto, al no existir un contrato de adhesión suscrito entre el impetrante, con el carácter de usuario y la empresa paraestatal, como suministradora, del que derive una relación de coordinación que implique derechos y obligaciones como entes de derecho privado y, como consecuencia, el juicio de amparo no es improcedente en términos del artículo 61, fracciones XX y XXIII, en relación con al numeral 5o, fracción II, ambos de la ley de la materia. Apoya a los argumentos citados con antelación, la tesis con número de registro 2002987, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto circuito, visible en la página 1927, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA OMISIÓN DE RESPONDER LA SOLICITUD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FORMULADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN CONCORDANCIA CON LOS NUMERALES 1o., 7o., 8o. Y 25 DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El mencionado organismo descentralizado cuenta con facultades derivadas, sustancialmente, de los artículos 1o., 7o., 8o. y 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, así como 20 de su reglamento, como única empresa en el ramo, para proporcionar obligatoriamente el servicio de suministro de energía eléctrica a quien lo solicite, salvo existencia de un impedimento técnico o económico, el cual, de presentarse, debe notificarse al solicitante; circunstancia que pone de manifiesto la relación de supra a subordinación de la paraestatal respecto del peticionario en el caso específico de la solicitud de prestación del aludido servicio, por ser el único ente que conforme a la ley puede hacerlo. Por tanto, la omisión de responder la indicada solicitud, formulada en términos del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los citados preceptos, constituye un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo indirecto, al no existir todavía un contrato de adhesión suscrito entre el impetrante, con el carácter de usuario y la empresa paraestatal, como suministradora, del que derive una relación de coordinación que implique derechos y obligaciones como entes de derecho privado y, como consecuencia, el amparo no es improcedente en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con los numerales 1o., fracción I y 11, todos de la ley de la materia." En ese sentido, debe desestimarse el motivo de improcedencia propuesto por la autoridad responsable y al no advertirse la actualización de alguna causa de improcedencia diversa, procede el estudio de los conceptos de violación formulados por la quejosa. Sexto. Estudio de los conceptos de violación. Ahora bien, procede realizar el estudio de fondo del asunto planteado en los conceptos de violación formulados por el quejoso, que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, por no existir obligación de hacerlo, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2010, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." La parte quejosa refiere que el proceder de la autoridad responsable, lesiona sus derechos, toda vez, que se niega la celebración de un contrato de suministro de energía eléctrica y en consecuencia la prestación de ese servicio, sin que se emita determinación en la que se exprese el motivo de esa negativa, ni el fundamento legal que la sustente. El motivo de disenso formulado por la parte quejosa, resulta esencialmente fundado y suficiente para concederle la protección constitucional que solicita. Ahora bien, atendiendo a la causa de pedir se examinará el acto reclamado a la luz del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Del aludido artículo constitucional se desprenden los siguientes lineamientos: a) Los funcionarios y empleados públicos deben respetar el derecho de obtener respuesta a toda petición. b) A toda solicitud deberá recaer un acuerdo por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido. c) Se deberá dar a conocer al peticionario en un plazo breve la respuesta, precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa. d) No existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales y motivos que resulten aplicables al caso. En efecto, la observancia del derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constriñe a las autoridades a dar contestación sin mayores presupuestos o exigencias legales, pues la autoridad a la cual fue dirigida, queda obligada a dar contestación, en los términos señalados por el artículo 8o. constitucional, de tal forma que el cumplimiento al derecho de petición se debe dar de manera directa y en breve término. Ahora bien, acorde al principio de progresividad que impera respecto a los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de petición se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular, la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, de tal manera que cuente con los elementos necesarios para su correcta impugnación. En ese sentido, si la autoridad a la que se eleva una petición emite una respuesta en la que no expone los motivos del sentido de su pronunciamiento, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente la razón de la respuesta que le es otorgada. Lo anterior, en virtud de que acorde con el actual sistema jurídico mexicano, existe vulneración al derecho a obtener una respuesta a una petición, no sólo ante la omisión de respuesta, sino cuando la misma es incongruente o carente de fundamentos y motivos, en virtud de que la incongruencia o falta de expresión de motivos y fundamentos implica una vulneración al derecho humano de seguridad jurídica, al impedir al particular poder combatir de manera efectiva la determinación que recae a su solicitud. Precisado lo anterior, debe establecerse que el quejoso en su escrito de demanda, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el tres de diciembre de dos mil veinte, formuló una solicitud por escrito ante la Comisión Federal de Electricidad, para la celebración de un contrato de prestación del servicio de energía eléctrica, respecto del inmueble ubicado en el predio trescientos treinta y cuatro de la calle veintitrés entre calles treinta y cuatro y treinta y seis del fraccionamiento La Florida de esta ciudad, del cual adujo tener la posesión en virtud de un contrato de arrendamiento celebrado el veintitrés de octubre de dos mil veinte, que sostiene exhibió con su solicitud, ante la responsable. La autoridad responsable, al rendir su informe justificado, negó el acto que se le atribuye, consistente en la negativa verbal del servicio solicitado, y señaló que el domicilio respecto del cual se solicita el contrato y suministro de energía eléctrica, ya cuenta con uno celebrado bajo el número 771980809516, a nombre de Bernardo Manzanero Abud (quien aparece como propietario en el contrato de arrendamiento bajo el cual ampara su posesión, el solicitante); y que además se había detectado una anomalía en el predio, lo que dio lugar a un ajuste en la facturación por la cantidad de $348,650.00 (trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta pesos 00/00 m.n). Ahora bien, de lo expuesto por la autoridad responsable en su informe, se advierte que si bien expresó la situación del inmueble respecto del cual se solicitó el contrato del servicio, lo cierto es que no ha dado respuesta a la solicitud planteada por escrito por el aquí quejoso y en dicho informe omitió precisar si en virtud de lo ahí mencionado le era negada la solicitud al impetrante, o si bien, si ello era subsanable de acuerdo a su normatividad para estar en condiciones de suscribir el contrato solicitado, con el consecuente suministro del servicio de energía eléctrica. En consecuencia, tampoco expuso los motivos y fundamentos que sustenten el sentido de su determinación, con lo que se genera al quejoso un estado de incertidumbre jurídica, al desconocer la causa legal por la que su solicitud, en su caso, no fue atendida en sentido favorable, siendo que como ya se adelantó, el derecho a obtener una respuesta a una petición, no sólo se quebranta ante la omisión de respuesta, sino cuando la misma es incongruente o no permite conocer la razón del sentido en que se atiende lo solicitado. De donde se obtiene, que hasta la fecha en que esto se resuelve, no ha dado respuesta congruente al escrito presentado por la parte quejosa ya sea en sentido afirmativo o negativo, por lo que ha incumplido con su obligación constitucional establecida en el artículo octavo. En efecto, la petición realizada recayó sobre un punto específico, consistente en el otorgamiento de un contrato de suministro de energía eléctrica, por lo que, hasta que no exista una respuesta en sentido positivo o negativo, no puede decirse que la autoridad ha atendido su obligación constitucional de dar respuesta en breve termino. Esto es así, pues es una obligación de la autoridad responsable el atender integralmente y de forma completa, cualquier petición elaborada por escrito y dirigida de forma respetuosa, expresando claramente los motivos y fundamentos que, dentro de su actuar, le permitan o le impidan acceder a lo solicitado. En ese contexto, ante la falta de una respuesta explícita y la exposición del motivo y fundamento que la sustenta, se ha quebrantado en su perjuicio la garantía prevista en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, generándole un estado de inseguridad jurídica que amerita ser reparado con la concesión del amparo y protección que solicita. En esa tesitura, la autoridad responsable estaba obligada no sólo a contestar por escrito la petición elevada por la parte quejosa y responder de manera congruente lo que proceda, exponiendo las razones y fundamentos que resulten aplicables, sino también a hacer del conocimiento del quejoso la respuesta que recayera a su solicitud. Por tanto, si la autoridad responsable al atender la solicitud que se le practicó, inherente al suministro de energía eléctrica, se limitó a hacer una serie de manifestaciones en relación al predio, sin dar una respuesta categórica, tal actuación transgrede lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que, el concepto de violación en estudio resulte fundado. Sin que obste a lo anterior, que la autoridad responsable en el informe justificado que rindió, expuso que toda solicitud debe colmar las disposiciones administrativas de carácter general que establecen las condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico, y que el domicilio respecto del cual se solicitó el contrato y suministro de energía eléctrica, ya cuenta con un contrato previo celebrado a nombre de diversa persona, quien aparece como propietario en el contrato de arrendamiento bajo el cual ampara su posesión, el solicitante; y que además se había detectado una anomalía en el predio, lo que dio lugar a un ajuste en la facturación por la cantidad de $348,650.00 (trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta pesos 00/00 m.n). Ello, en virtud de que a través de su comunicado no puede tenerse por subsanada la respuesta carente de fundamentación y motivación que emitió, toda vez que no es en el informe justificado, el medio en que se deben precisar los motivos y fundamentos que recaigan a la petición. Pues si bien es cierto, el artículo 124 de la Ley de Amparo, permite que en los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analice el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado, también es verdad, que en el caso en que se reclame la violación al derecho de petición, al tratarse de un acto omisivo, aquel numeral resulta inaplicable, habida cuenta que la autoridad no puede, al rendir su informe con justificación fundar y motivar un acto que no ha emitido materialmente, ni existe por ficción legal. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis aislada I.13o.A.3 K (10a.), del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 23, octubre de 2015, tomo IV, Décima Época, página 3894, que dispone: "DERECHO DE PETICIÓN. AL NO PREVER PRESUNCIÓN LEGAL ALGUNA ANTE LA FALTA DE RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES, NO ACTUALIZA LA HIPÓTESIS CONTENIDA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO. El derecho fundamental de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiende a asegurar un proveído sobre lo que se pide y no prevé la presunción legal, ante la falta de respuesta de las autoridades, de que se tengan por resueltas las peticiones en determinado sentido, por lo que no le es aplicable la hipótesis del último párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, en cuyos términos, en los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado, y ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración, en razón de que no puede considerarse que la falta de respuesta de las autoridades en un plazo prudente, por una ficción legal no prevista en el texto constitucional ni en la Ley de Amparo, lleve implícita la ausencia o la insuficiente fundamentación y motivación de un acto administrativo en respuesta a la petición formulada por el quejoso, pues esa respuesta no existe de manera tangible ni por ficción legal, y menos aún puede exigirse a la autoridad responsable, en estos casos, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo, que al rendir su informe con justificación funde y motive un acto que no ha emitido materialmente ni existe por ficción legal, ni derivarse legalmente de la falta de rendición del informe con justificación o de la presentación de éste con la respuesta que se dé a la instancia o petición del particular sin sustento jurídico o con fundamentación y motivación insuficientes, la consecuencia a que se refiere el precepto 124 citado, de que se estime que el acto reclamado presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración." En las condiciones apuntadas, ante lo fundado del concepto de violación planteado, lo que procede es conceder al quejoso Raúl Alejandro Figueroa Yam, como desde luego se le concede, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Séptimo. Efectos de la concesión del amparo. El artículo 77 de la ley de la materia establece que cuando el acto reclamado es de carácter positivo, como en el caso, la sentencia tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En el caso la autoridad responsable, deberá: 1) En forma inmediata, emitir contestación, por escrito y de manera congruente, en la que exponga los motivos y fundamentos de la respuesta, a la solicitud que le fue formulada mediante escrito presentado el tres de diciembre de dos mil veinte por el hoy quejoso. 2) Proveer lo conducente para notificar la determinación que emita al quejoso, en términos de la ley que rija su actuar, recabando la constancia de notificación correspondiente. Octavo. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R e s u e l v e: Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege a Raúl Alejandro Figueroa Yam, en contra del acto que reclamó de la autoridad señalada como responsable, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando sexto de este fallo y para los efectos establecidos en el séptimo considerando de la propia sentencia. Segundo. La presente sentencia será publicada en términos de lo establecido en el considerando octavo. Notifíquese Personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el Secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado.

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