Raquel Rivero Rivero
Expediente 1046/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1046/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 26/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Congreso del Estado de Yucatán
- Raquel Rivero Rivero
- Raquel Rivero Rivero y Otros.
- Ana Teresa Vega Cabello
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guarda el presente expediente y toda vez que en auto de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado con el auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito; con fundamento en el numeral 196 de la invocada Ley de la Materia, se ordena archivar este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que por sentencia ejecutoria dictada el diez de agosto de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Se hace del conocimiento de las partes que para el caso que consideren necesario imponerse de los autos, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar el expediente y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
CITATORIO.- Mérida, Yucatán, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Vistos, los autos del presente juicio de amparo 1046/2021-I, para resolver si se ha cumplido o no la ejecutoria de amparo; y, R e s u l t a n d o: Primero. En sentencia ejecutoriada dictada en el presente expediente, se concedió el amparo instado a las quejosas Raquel Rivero Rivero y Ana Teresa Vega Cabello, respecto del acto reclamado al Gobernador, Congreso y Director del Registro Civil, todos del Estado de Yucatán. Segundo. Por oficios LXIII-SG-DJ-021/2021, CJ/DCLP/OD/286/2021, CJ-DRC-JUR-4325-3977-0368-2021 y CJ-DRC-JUR-4572-4217-0071-2021, remitidos por el Director Jurídico del Poder Legislativo, Delegada del Gobernador y Encargado del Registro Civil, todos del Estado de Yucatán, informaron sobre el cumplimiento dado a la citada ejecutoria de amparo. Mediante proveídos de treinta de septiembre y diecinueve octubre de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con los referidos oficios y anexos para que, dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su interés conviniera, siendo que la última notificación realizada, fue el trece de diciembre de dos mil veintiuno; y C o n s i d e r a n d o: Único. Las partes no hicieron manifestaciones respecto de la vista que se les dio en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en estos autos. Por tanto, con los elementos de convicción que obran en autos, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver si la ejecutoria se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, con el rubro y texto siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En la ejecutoria de que se trata, se concedió el amparo a favor de las quejosas Raquel Rivero Rivero y Ana Teresa Vega Cabello, para el efecto de que el Gobernador, Congreso y Director del Registro Civil, todos del Estado de Yucatán, realizaran lo siguiente: ".La concesión del amparo otorgado a Raquel Rivero Rivero y Ana Teresa Vega Cabello, lo es para el efecto de que el numeral 49 del Código de Familia del Estado de Yucatán, no se les aplique, en el presente ni en el futuro. (.) Así como para dejar insubsistente el acto de aplicación de la norma declarada inconstitucional, consistente en la negativa emitida mediante oficio CJ-DRC-JUR-2123-1940-240-2021, de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, por la Directora del Registro Civil del Estado de Yucatán, a formalizar el matrimonio homoparental que solicitaron las quejosas por escrito presentado el día trece del propio mes y año, ante la aludida autoridad y emita un nuevo acto acatando los lineamientos del presente fallo constitucional. En el entendido de que el efecto de la sentencia de amparo no sólo es para que se desaplique a las quejosas en el presente y futuro las porciones normativas declaradas inconstitucionales, sino también para que se les aplique la parte restante del precepto interpretado de conformidad con el principio constitucional de igualdad, de tal forma que se entienda que "el matrimonio es una institución por medio del cual se establece la unión voluntaria y jurídica celebrado entre dos personas con igualdad de derechos, deberes y obligaciones". Así, al haberse removido los obstáculos que impedían a la autoridad responsable que aplicó la norma impugnada, a atender la solicitud para contraer matrimonio formulado por las quejosas, ésta deberá darle el trámite correspondiente. Por lo tanto, entre los efectos de la presente ejecutoria también se desprende la obligación de dichas autoridades responsables de interpretar las restantes disposiciones del Código de Familia del Estado de Yucatán, relacionadas con el matrimonio que hagan referencia directa o indirecta al sexo de los contrayentes y a la finalidad de la institución, conforme con el principio de igualdad y no discriminación en los términos en los que se ha establecido en la presente ejecutoria. Debe puntualizarse que el cumplimiento de la presente resolución, no implica anular la norma tildada de inconstitucional, por lo cual la autoridad responsable Congreso del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, queda exenta de cumplimiento alguno de este fallo, atento al principio de relatividad de las sentencias. (.)" Del examen de las documentales adjuntas a los oficios LXIII-SG-DJ-021/2021, CJ/DCLP/OD/286/2021, CJ-DRC-JUR-4325-3977-0368-2021 y CJ-DRC-JUR-4572-4217-0071-2021, remitidos por el Director Jurídico del Poder Legislativo, Delegada del Gobernador y Encargado del Registro Civil, todos del Estado de Yucatán, que merecen pleno valor de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se desprende que las autoridades citadas en primer y segundo lugar se allanaron al cumplimiento de la sentencia, y en cuanto a la aplicación de la norma impugnada, el Gobernador del Estado instó al Encargado del Registro Civil al cumplimiento, el que informó que en principio, que dejó sin efectos el oficio CJ-DRC-JUR-2123-1940-240-2021, de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, en lo relativo a la desaplicación de los numerales 94, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 49 del Código de Familia de esta Entidad. De igual manera, el Encargado del Registro Civil informó que el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, las quejosas acudieron a dicho organismo, a solicitar fecha para su unión matrimonial, la cual fue agendada para el uno de octubre de dos mil veintiuno, día en el que se celebró dicho acto en términos del acta de matrimonio registrada en el libro 5, con el acta número 841 de la Oficialía 1 del Registro Civil, en esta ciudad. De lo anterior, procede declarar cumplida la ejecutoria de amparo de conformidad con el artículo 196 de la Ley de la Materia en vigor, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento. Hágase saber a la parte quejosa que cuenta con el término de quince días legalmente computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en términos de los artículos 201 y 202 del mencionado cuerpo legal, para que manifieste ante este Juzgado Federal su inconformidad con esta determinación, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado se tendrá por consentida la misma. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Vistos, los autos del presente juicio de amparo 1046/2021-I, para resolver si se ha cumplido o no la ejecutoria de amparo; y, R e s u l t a n d o: Primero. En sentencia ejecutoriada dictada en el presente expediente, se concedió el amparo instado a las quejosas Raquel Rivero Rivero y Ana Teresa Vega Cabello, respecto del acto reclamado al Gobernador, Congreso y Director del Registro Civil, todos del Estado de Yucatán. Segundo. Por oficios LXIII-SG-DJ-021/2021, CJ/DCLP/OD/286/2021, CJ-DRC-JUR-4325-3977-0368-2021 y CJ-DRC-JUR-4572-4217-0071-2021, remitidos por el Director Jurídico del Poder Legislativo, Delegada del Gobernador y Encargado del Registro Civil, todos del Estado de Yucatán, informaron sobre el cumplimiento dado a la citada ejecutoria de amparo. Mediante proveídos de treinta de septiembre y diecinueve octubre de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con los referidos oficios y anexos para que, dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su interés conviniera, siendo que la última notificación realizada, fue el trece de diciembre de dos mil veintiuno; y C o n s i d e r a n d o: Único. Las partes no hicieron manifestaciones respecto de la vista que se les dio en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en estos autos. Por tanto, con los elementos de convicción que obran en autos, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver si la ejecutoria se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, con el rubro y texto siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En la ejecutoria de que se trata, se concedió el amparo a favor de las quejosas Raquel Rivero Rivero y Ana Teresa Vega Cabello, para el efecto de que el Gobernador, Congreso y Director del Registro Civil, todos del Estado de Yucatán, realizaran lo siguiente: ".La concesión del amparo otorgado a Raquel Rivero Rivero y Ana Teresa Vega Cabello, lo es para el efecto de que el numeral 49 del Código de Familia del Estado de Yucatán, no se les aplique, en el presente ni en el futuro. (.) Así como para dejar insubsistente el acto de aplicación de la norma declarada inconstitucional, consistente en la negativa emitida mediante oficio CJ-DRC-JUR-2123-1940-240-2021, de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, por la Directora del Registro Civil del Estado de Yucatán, a formalizar el matrimonio homoparental que solicitaron las quejosas por escrito presentado el día trece del propio mes y año, ante la aludida autoridad y emita un nuevo acto acatando los lineamientos del presente fallo constitucional. En el entendido de que el efecto de la sentencia de amparo no sólo es para que se desaplique a las quejosas en el presente y futuro las porciones normativas declaradas inconstitucionales, sino también para que se les aplique la parte restante del precepto interpretado de conformidad con el principio constitucional de igualdad, de tal forma que se entienda que "el matrimonio es una institución por medio del cual se establece la unión voluntaria y jurídica celebrado entre dos personas con igualdad de derechos, deberes y obligaciones". Así, al haberse removido los obstáculos que impedían a la autoridad responsable que aplicó la norma impugnada, a atender la solicitud para contraer matrimonio formulado por las quejosas, ésta deberá darle el trámite correspondiente. Por lo tanto, entre los efectos de la presente ejecutoria también se desprende la obligación de dichas autoridades responsables de interpretar las restantes disposiciones del Código de Familia del Estado de Yucatán, relacionadas con el matrimonio que hagan referencia directa o indirecta al sexo de los contrayentes y a la finalidad de la institución, conforme con el principio de igualdad y no discriminación en los términos en los que se ha establecido en la presente ejecutoria. Debe puntualizarse que el cumplimiento de la presente resolución, no implica anular la norma tildada de inconstitucional, por lo cual la autoridad responsable Congreso del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, queda exenta de cumplimiento alguno de este fallo, atento al principio de relatividad de las sentencias. (.)" Del examen de las documentales adjuntas a los oficios LXIII-SG-DJ-021/2021, CJ/DCLP/OD/286/2021, CJ-DRC-JUR-4325-3977-0368-2021 y CJ-DRC-JUR-4572-4217-0071-2021, remitidos por el Director Jurídico del Poder Legislativo, Delegada del Gobernador y Encargado del Registro Civil, todos del Estado de Yucatán, que merecen pleno valor de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se desprende que las autoridades citadas en primer y segundo lugar se allanaron al cumplimiento de la sentencia, y en cuanto a la aplicación de la norma impugnada, el Gobernador del Estado instó al Encargado del Registro Civil al cumplimiento, el que informó que en principio, que dejó sin efectos el oficio CJ-DRC-JUR-2123-1940-240-2021, de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, en lo relativo a la desaplicación de los numerales 94, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 49 del Código de Familia de esta Entidad. De igual manera, el Encargado del Registro Civil informó que el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, las quejosas acudieron a dicho organismo, a solicitar fecha para su unión matrimonial, la cual fue agendada para el uno de octubre de dos mil veintiuno, día en el que se celebró dicho acto en términos del acta de matrimonio registrada en el libro 5, con el acta número 841 de la Oficialía 1 del Registro Civil, en esta ciudad. De lo anterior, procede declarar cumplida la ejecutoria de amparo de conformidad con el artículo 196 de la Ley de la Materia en vigor, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento. Hágase saber a la parte quejosa que cuenta con el término de quince días legalmente computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en términos de los artículos 201 y 202 del mencionado cuerpo legal, para que manifieste ante este Juzgado Federal su inconformidad con esta determinación, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado se tendrá por consentida la misma. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio CJ-DRC-JUR-4572-4217-0071-2021 remitido por el Encargado del Registro Civil del Estado de Yucatán, con el que informa el cumplimiento dado a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, el cual se ordena glosar a este expediente para que obre como corresponda y con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, pónganse el oficio de cuenta y su anexo, a la vista de las partes por el plazo de tres días para el uso de sus derechos y transcurrido dicho plazo, desahogada la vista o sin ella, este órgano jurisdiccional resolverá lo que en derecho corresponda en términos del citado numeral 196, párrafo segundo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.
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