Ramón López López
Expediente 269/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 269/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ramón López López
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. SOLICITA SE HAGA DISPONIBLE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a través del cual solicita se haga disponible el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, a fin de pueda ser vinculado con el diverso 336/2023, de su control. SE ORDENA VINCULAR EL EXPEDIENTE Atento a lo anterior, como lo solicita la oficiante, se comisiona al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrito a este juzgado, a fin de que se haga disponible el expediente electrónico VI-269/2021, del índice de este órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, secretaria que autoriza. Doy fe.-
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de mayo de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO AUTO Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual SE TUVO POR NO PRESENTADA la demanda de garantías promovida por Ramón López López; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. AUTO DE RADICACIÓN. ..NO PRESENTADA Vista la demanda de amparo promovida por José Luis Valencia Lazcano, quien se ostenta abogado particular de Ramón López López, contra actos del Juez Mixto Civil del Partido Judicial de Puruándiro Michoacán y otra autoridad, se acuerda lo siguiente. Del análisis a la demanda de amparo, se obtiene que el acto reclamado se precisó de la siguiente manera: "la orden de restricción sobre mi menor hija de nombre Jimena Dayana López Cruz, que emana del procedimiento especial familiar oral sobre guarda y custodia provisional ordenado por la responsable" Al respecto debe manifestarse que dicho acto reclamado no encuadra en alguno de los supuestos que establece el artículo 15 de la Ley de Amparo, o el diverso 22 de la Constitución Federal, dado que no se advierte que el quejoso se encuentre en el supuesto de actos que importen directamente peligro a la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición o desaparición forzada de personas; de ahí que no se dispensa el uso de la firma electrónica en términos del artículo 3°, párrafo octavo de la Ley de Amparo y se requiera de la firma electrónica de la parte quejosa; por lo que la presente demanda resulta inatendible por los siguientes motivos. En principio, es menester decir que los artículos 5°, fracción I, 6º, todos de la Ley de Amparo, prevén que: ...De una interpretación sistemática de los dispositivos legales transcritos se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse por la persona que sea titular de un derecho subjetivo el cual haya sido afectado por una norma, acto u omisión de autoridad; o bien, por quien se encuentre legitimado para representarlo. En esa misma tesitura, el artículo 3º de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales prevé lo siguiente: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. Del numeral reproducido con antelación se obtiene que, por regla general, en el juicio de amparo las promociones deberán formularse por escrito y únicamente aquellas que se realicen en las audiencias podrán realizarse en forma oral; además, podrá promoverse en forma electrónica siempre y cuando se haga en los términos establecidos por el Consejo de la Judicatura y cada promoción sea firmada electrónicamente; ello porque la firma electrónica genera los mismos efectos que la firma autógrafa. Por esa razón, resulta indispensable que cada una de las promociones cuenten con un signo distintivo como puede ser la firma (autógrafa o electrónica) del promovente, el cual demuestre de manera fehaciente que el contenido del documento respectivo refleja la voluntad del signante; pues sólo de esta manera se tendrá certeza en torno a la persona que formula determinada solicitud o gestiona determinado acto. Establecido lo anterior, cabe destacar que el escrito de demanda que nos ocupa, fue presentado en línea, por tanto, debió ser firmado electrónicamente por el directo quejoso; empero, la misma no contiene la firma electrónica del peticionario del amparo, si no únicamente de la persona que se ostenta como su abogado, circunstancia que de ninguna manera puede evidenciar la voluntad de quien aparece como promovente, o en su caso, por su verdadero representante o apoderado, aunado a que no se anexa documento con el cual se pueda presumir dicha circunstancia, es decir no hay instancia de parte, de ahí que la misma carezca de firma, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción I, y 6, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I, del artículo 107, de la Constitución General de la República, el juicio de control constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general, acto u omisión y sólo puede seguirse por el agraviado, por su representante o por su defensor; no así por la autorizada, pues precisamente su autorización solo podría derivar de la voluntad expresa y fehaciente manifestada por el propio quejoso mediante su firma autógrafa en caso de que la demanda se presente directamente en la Oficialía de Partes respectiva o necesariamente la firma electrónica en caso de que la demanda se presente electrónicamente como en el caso acontece. De modo que, si la firma electrónica no se encuentra colmada en la especie, dado que en el libelo que se analiza, no contiene firma electrónica del directo quejoso, esto es, de Ramón López López, ello conduce a considerar que no se encuentra plasmada su voluntad de promover el juicio de amparo. En ese sentido se insiste, del análisis integral de la demanda, en observancia a lo dispuesto por los artículos antes mencionados, se considera que la misma resulta inatendible, toda vez que si bien en la demanda de amparo se manifestó que directo quejoso es Ramón López López, y que ésta fue recibida mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo cierto es que, como se indicó, el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, y la firma en un escrito de demanda es un requisito fundamental para darle validez a la petición que en el mismo se hace, esto es, la manifestación expresa de la voluntad; sin embargo, en el caso, la misma carece de la firma electrónica de la quejosa, por lo cual no se satisface dicho principio. Ahora bien, de acuerdo con los Acuerdos Generales Conjuntos número 1/2013 y 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 8 de julio de 2013 y 9 de diciembre de 2015, respectivamente, los que desarrollan los requisitos para su obtención y uso, y entre los aspectos relevantes que de éstos se destaca que: a) para acceder a los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, es indispensable que las personas interesadas cuenten con firma electrónica; b) su obtención constituye un trámite personal que, en ningún caso, podrá hacerse a nombre de otro; y, c) cada documento electrónico que se envíe haciendo uso de la firma electrónica certificada contendrá, en la parte final, una evidencia criptográfica de la firma que mostrará el nombre de su titular; de ahí que cuando el quejoso promueve el juicio de amparo por su propio derecho, vía electrónica es necesario que de la evidencia criptográfica generada con motivo del envío de la demanda se advierta indubitablemente que la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) con la que se suscribió el pertenece, para estimar satisfecho el principio señalado con antelación. De ahí que no basta ser titular de la firma electrónica certificada con la que se suscriba la demanda para estimar satisfecho el principio de instancia de parte agraviada, sino que es indispensable, además, acreditar fehacientemente el carácter de representante o apoderado con que se actúa, pues, por una parte, en los acuerdos señalados en el párrafo que antecede, se establece que el registro de cada usuario en el sistema constituye un trámite personal que, en ningún caso, podrá hacerse en nombre de otro, lo que implica que la firma electrónica certificada es personal e intransferible y por otra, aun cuando el artículo 11 de la Ley de Amparo faculta a quien afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, para actuar en el juicio en nombre de la quejosa, debe acreditarse plenamente el carácter de representante o apoderado de la persona en nombre de quien se promueve. Por tanto, al inadvertirse la voluntad expresa del promovente, no puede entenderse que existe certeza respecto de su intención de iniciar la acción constitucional, ya que al ser considerada la signatura como una formalidad esencial que denota la pretensión de promover el juicio de amparo, su ausencia implica que éste no se instó, conforme a lo dispuesto por el artículo 6 de la ley de la materia. Además, no debe considerarse que el desatender la presente demanda, por no estar firmada electrónicamente por la parte promovente, implique soslayar el principio de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, ya que no se advierte que esto constituya un obstáculo para ejercer el derecho de acción, pues la ley prevé diversos mecanismos para la presentación de la demanda de amparo, los cuales tienen como finalidad dar plenitud al ejercicio de dicha prerrogativa fundamental. En suma, la implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica dentro de los juicios de amparo, no implican que se deba soslayar el principio de instancia de parte agraviada, contenido en la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica con los mismos efectos jurídicos que las comunicaciones oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, al presentarse una demanda de amparo en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin firma electrónica por parte de la quejosa, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el artículo 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir a la quejosa para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte. No pasa inadvertido que la demanda fue firmada electrónicamente por la autorizada para oír y recibir notificaciones; empero, como ya se dijo, tal designación impide que éste pueda presentar promociones en nombre y representación de la directo quejosa; aunado al hecho de que esta misma calidad se encuentra supeditada a lo que se determine en el auto inicial sobre aspecto; precisamente porque no puede entenderse que los quejosos expresen su voluntad por su conducto, sino hasta una vez que se le reconoce ese carácter y siempre que se le otorguen tales facultades. ...
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