Ramón Fernandez Sánchez

Expediente 190/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
190/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
29/07/2022

Partes del expediente

  • Ramón Fernandez Sánchez
  • Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de julio de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA SOBRESEE Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia con engrose de diez de mayo de dos mil veintidós, en la que se SOBRESEYÓ el amparo promovido por Ramón Fernández Sánchez; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE ORDENA ARCHIVO. Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número 190/2021-VII, promovido por Ramón Fernández Sánchez, contra actos que reclama de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, en esta ciudad, Ramón Fernández Sánchez promovió demanda de amparo indirecto en contra de las autoridades y por el acto que a continuación se precisa: "IV. ACTOS RECLAMADO. El incumplimiento a la sentencia de condena, dictada el 13 de septiembre de 2019, en el expediente del juicio número 3534/18-10-01-8-OT del índice de la Sala Regional del Centro III, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la que se condenó a la responsable, al pago de mi pensión jubilatoria, considerando como base de su cálculo, la suma resultante de las cantidades de $13,471.38 y $9,025.00, a partir del 01 de enero de 2017 ($22,496.38 veintidós mil cuatrocientos noventa y seis pesos con treinta y ocho centavos)". SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado de Distrito en el Estado, el que por auto de diez de marzo de dos mil veintiuno, desechó la demanda interpuesta; contra esa determinación el quejoso interpuso recurso de queja, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este Circuito, quien en ejecutoria de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, declaró fundada la queja, para ahora revocar el auto recurrido y, de no existir diverso motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se admitiera la demanda de amparo. En cumplimiento a esa determinación, en uno de julio de dos mil veintiuno, se previno al quejoso para que aclarara su demanda entre otras cosas, en lo tocante a que indicara si quería señalar como responsable a la Sala Regional III, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (sin haberlo solicitado), y el catorce de ese mes y año, cumplida la prevención, se admitió a trámite; se solicitaron los informes justificados; se dio intervención al Ministerio Público, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y el diverso numeral 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado, consiste en: La omisión de la demandada Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, Michoacán, de dar cumplimiento a la sentencia dictada el trece de septiembre de dos mil diecinueve, dentro del juicio 3534/2018-10-01 del índice de la Sala Regional del Centro III, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, negó la existencia del acto que se le reclama. Sin embargo, es el caso que su negativa queda desvirtuada puesto que del contenido de su informe se advierten manifestaciones que evidencian la existencia del acto que se le reclama; por lo que se impone tener por desvirtuada la negativa del acto producida por dicha autoridad y como ciertos los actos que se le atribuyen. Es aplicable al respecto la tesis aislada del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 211004 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, Julio de 1994 Materia(s): Común Tesis: Página: 391 "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que la referida autoridad responsable exhibió en apoyo a su informe justificado. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, se estima necesario realizar una síntesis de lo acontecido en el juicio de origen. 1. Ramón Fernández Sánchez demandó ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la Sala Regional del Pacífico-Centro, de esta ciudad, la nulidad lisa y llana de la negativa ficta configurada, de la Delegación en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por la que se le negó el otorgamiento de la pensión jubilatoria (foja 1 a 11 del cuaderno de pruebas). 2. El doce de mayo de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda, se registró bajo el número 1156/17-21-01-3-OT, y se emplazó a la demandada (foja 12 del cuaderno de pruebas). 3. El Instituto demandado interpuso incidente de recusación respecto de un Magistrado, por lo que se enviaron los autos al Presidente de la Sala Regional del Pacífico-Centro y Sexta Sala Auxiliar, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la ciudad de México, a efecto de que calificara la recusación, quien en resolución de once de abril de dos mil dieciocho declaró procedente y fundada la incidencia planteada, designando a la Sala Regional del Centro III, con sede en la Ciudad de Celaya, Guanajuato, para que conociera del juicio (fojas 71 a 85 del cuaderno de pruebas). 4. En cinco de julio de dos mil dieciocho, el Magistrado Instructor del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la Sala Regional del Centro III, con sede en Celaya, tuvo por recibidos los autos del juicio de origen, y lo registró bajo el número 3534/18-10-01-8-OT (foja 118 del cuaderno de pruebas). 5. Seguido el juicio por su cauce legal, el quince de febrero de dos mil diecinueve se dictó sentencia en la que se determinó la configuración de la negativa ficta, y se reconoció la legalidad y validez de la resolución impugnada. Inconforme con esa resolución, el actor promovió demanda de amparo directo radicado con el número 148/2019, de la cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimosexto Circuito, el que en ejecutoria de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que dejara insubsistente la sentencia reclamada y dictara otra en su lugar, siguiendo los lineamientos ahí establecidos, otorgara valor probatorio suficiente a la impresión de primero de enero de dos mil diecisiete, relativa al expediente electrónico único del Sistema Nacional de Afiliación y Vigencia de Derechos (SINAVID), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para evidenciar los treinta y tres años de cotización para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y resolviera en consecuencia (foja 223 (sic) del cuaderno de pruebas). 6. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la responsable dictó nueva sentencia el trece de septiembre de dos mil diecinueve, en la que declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, para ahora conceder al actor la pensión por jubilación dentro del Régimen del artículo Décimo Transitorio de la Nueva Ley del ISSSTE, que entró en vigor el uno de abril de dos mil siete. Lo anterior porque determinó que el actor cotizó para el Instituto del uno de marzo de mil novecientos ochenta y ocho al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, debiendo considerar que el actor obtuvo un sueldo básico del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, de $13,471.38 en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), y de $9,025.00 en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que se deberían considerar ambas cantidades para el cálculo de la pensión (foja 241 del cuaderno de pruebas). 7. Inconforme con esa resolución, el actor promovió demanda de amparo directo que se radicó con el número 424/2019, de la cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimosexto Circuito, que en ejecutoria de catorce de mayo de dos mil veinte, negó al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal (foja 270 del cuaderno de pruebas). 8. El cinco de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia; la que se declaró improcedente en veinte de mayo de dos mil veintiuno, por considerar que fue presentada antes de que precluyera el plazo de cuatro meses con que contaba la demandada para dar cumplimiento a la sentencia (fojas 310 y 325 a 328). 9. El catorce de septiembre de dos mil veintiuno, la Sala Regional del Centro III, en Celaya, Guanajuato, tuvo por recibido el oficio 2.11.15.7/3342, de tres de septiembre de dos mil veintiuno, signado por el Jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal Morelia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por el cual exhibió copia del oficio SP/MIC/2452/2021, en cumplimiento a la sentencia dictada por esa Sala, por lo que tuvo por cumplido el requerimiento realizado por acuerdo de veinte de agosto de dos mil veintiuno (en el que le requirió el cumplimiento de la sentencia), y ordenó el archivo del juicio como asunto totalmente concluido (foja 411 del cuaderno de pruebas). 10. El seis de octubre de dos mil veintiuno la Sala dictó dos autos: a) En uno se tuvo al actor interponiendo recurso de queja, por lo que se le requirió a efecto de que exhibiera una copia más de su escrito de cuenta para correr traslado a la demandada (foja 449 del cuaderno de pruebas); b) En el otro, ordenó dar vista al quejoso con el oficio de cumplimiento del fallo (foja 445 ídem) 11. El dos de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por no presentada la queja, en razón de que la actora no dio cumplimiento con el requerimiento realizado (foja 207 del juicio de amparo). QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, este juzgador estima que en la especie se actualiza una causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XVII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] ...XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." Por regla general, la causa de improcedencia relativa al cambio de situación jurídica, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. De manera que por el cambio de situación jurídica resultan consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Sustenta lo anterior la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: Época: Novena Época Registro: 918214 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, P.R. SCJN Materia(s): Común Tesis: 51 Página: 39 "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Así las cosas, si en el presente juicio de amparo se reclama la omisión de dar cumplimiento a la sentencia dictada el trece de septiembre de dos mil diecinueve dentro del juicio 3534/2018-10-01 del índice de la Sala Regional del Centro III, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Mientras que del cuaderno de amparo se aprecia que a foja 411, obra el auto emitido el catorce de septiembre de dos mil veintiuno, en el cual la Sala Regional del Centro III, en Celaya, Guanajuato, tuvo por recibido el oficio 2.11.15.7/3342, de tres de septiembre de dos mil veintiuno, signado por el Jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal Morelia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por el cual exhibió copia del oficio SP/MIC/2452/2021, en cumplimiento a la sentencia dictada por esa Sala, por lo que tuvo por cumplido el requerimiento realizado por acuerdo de veinte de agosto de dos mil veintiuno (en el que le requirió el cumplimiento de la sentencia), y ordenó el archivo del juicio, como asunto totalmente concluido. Más aún que en acuerdo de seis de octubre de dos mil veintiuno se tuvo al quejoso por interpuesto recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia, virtud de las manifestaciones expuestas por aquél; medio de impugnación que, a la postre, se tuvo por no interpuesto el dos de diciembre de dos mil veintiuno. Lo anterior arroja que la Sala Regional del Centro III, con sede en Celaya. Guanajuato, tuvo por cumplida la sentencia, y ordenó el archivo del juicio como asunto totalmente concluido, por lo que existe un cambio de situación jurídica, virtud a la cual las violaciones reclamadas a las autoridades responsables, se han consumado irreparablemente, por ello no son susceptibles de estudiarse sin afectarse la nueva situación jurídica que prevalece. Máxime que contra dicho auto el quejoso interpuso recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia de trece de septiembre de dos mil diecinueve, el cual se tuvo por interpuesto en auto de seis de octubre de dos mil veintiuno; sin embargo, el dos de diciembre se tuvo por no presentada la queja, en razón de que no dio cumplimiento al requerimiento realizado. Sin que pase inadvertido a este juzgado federal que, en su momento se dio vista al quejoso a efecto de que manifestara si era su deseo señalar como responsable a la Sala Fiscal ante la que se sustanció y resolvió el juicio natural, donde se dictó el fallo cuyo incumplimiento se reclama a la demandada. Sin embargo, por escrito presentado el trece de julio de dos mil veintiuno, el quejoso expresamente refirió que no era su deseo señalarla con tal carácter. En el entendido de que precisamente, contra lo indicado por el quejoso en dicho ocurso, a través del recurso de queja sí era factible combatir la contumacia de la responsable para dar cumplimiento al fallo de nulidad. Apoya lo anterior la tesis que dice: Registro digital: 2024468 Instancia: Segunda Sala Undécima Época Materias(s): Administrativa, Común Tesis: 2a./J. 14/2022 (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, dado que frente al reclamo de la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad, uno de ellos sostuvo que constituye un presupuesto de procedencia para el juicio de amparo que previamente se interponga el recurso de queja regulado en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mientras que el otro estableció que se trata de una instancia optativa, por lo que el afectado puede acudir de manera inmediata al juicio constitucional. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el particular debe necesariamente interponer el recurso de queja que establece el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Justificación: El indicado recurso de queja constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad y, más aún, constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y adecuados para lograrla a cargo del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como son la revisión de la actitud desplegada por la autoridad en relación con ese cumplimiento, la posibilidad de fijar los alcances precisos de la declaración de nulidad e, incluso, la de resolver que existe imposibilidad para ejecutar el fallo y que, por ende, procede el cumplimiento sustituto, además de la aplicación de multas sucesivas en caso de contumacia y la comunicación de ésta al superior jerárquico del servidor público involucrado y a la contraloría interna que le corresponda. De ahí que, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ese medio ordinario de defensa debe ser agotado, sobre todo porque no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, puesto que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo". Por tanto, es inconcuso que en el caso debe sobreseerse en el juicio constitucional al actualizarse la causal de improcedencia que establece la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo reformada, por virtud de un cambio de situación jurídica. Época: Octava Época Registro: 222078 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VIII, Agosto de 1991 Materia(s): Penal Tesis: VI.1o. J/57 Página: 139 "SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR. La libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: la aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia, y en su caso, la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo, lo que motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74 fracción III de la misma ley". Así como por analogía, la tesis de jurisprudencia del literal siguiente: Época: Novena Época Registro: 188565 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Penal Tesis: VIII.1o. J/17 Página: 970 "ORDEN DE APREHENSIÓN. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL NUEVE DE FEBRERO DE 1999. La adición del segundo párrafo de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que entró en vigor el nueve de febrero de 1999, pone de manifiesto que la excepción orientada a que en los juicios de garantías se analicen las violaciones a la libertad personal, son las relacionadas únicamente con los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al auto de término constitucional y a la sentencia en el juicio penal, limitándose la aplicación de la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, sólo en esos casos, al dictado de la sentencia de primera instancia, para que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas; de donde se advierte entonces que al excluirse de ese precepto legal, las violaciones a la libertad personal relacionadas con el artículo 16 constitucional, relativas a la orden de aprehensión; por tanto, resulta que la improcedencia del juicio de garantías por cambio de situación jurídica, no requiere del dictado de la sentencia definitiva, sino que basta con que se dicte el auto de formal prisión". Los criterios que anteceden se invocan aun y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido del mismo, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en Vigor. En las relatadas circunstancias, debe sobreseerse en el presente juicio, de conformidad con lo que instituye el numeral 63, fracción V, del cuerpo normativo en cita. En la inteligencia de que dada la naturaleza de las prestaciones pagadas al actor por concepto de concepto de pensión jubilatoria (de tracto sucesivo), aquél podría acudir ante la autoridad competente a reclamar el pago de diferencias en su monto. Registro digital: 2011289 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Administrativa, Común Tesis: 2a./J. 27/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1194 Tipo: Jurisprudencia "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria". Así como la diversa tesis que dice: Registro digital: 2013730 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Laboral, Administrativa Tesis: 2a./J. 8/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, página 490 Tipo: Jurisprudencia "PENSIONES Y JUBILACIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE PAGO DE LAS DIFERENCIAS DERIVADAS DE LOS INCREMENTOS NO EFECTUADOS A LAS CUOTAS RELATIVAS, OPERA RESPECTO DE LAS QUE CORRESPONDEN A PERIODOS ANTERIORES A 5 AÑOS A LA FECHA EN QUE SE SOLICITÓ LA RECTIFICACIÓN. La imprescriptibilidad del derecho para demandar las diferencias de jubilaciones y pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es inaplicable para reclamar los montos caídos o vencidos de dichas diferencias, pues su incorrecta integración es un acto de tracto sucesivo que se actualiza día con día mientras no se rectifique, en términos del artículo 186 de la ley de aquel organismo, vigente hasta el 31 de marzo de 2007 -cuyo contenido sustancial reproducen los numerales 248 de la ley relativa vigente y 61 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado- en virtud de que esas cantidades se generaron en un momento determinado y no se cobraron a partir de la fecha cierta en que fueron exigibles. Por tanto, la prescripción de la acción de pago de las diferencias derivadas de los incrementos no efectuados a las cuotas de jubilaciones y pensiones, opera respecto de las que corresponden a periodos anteriores a 5 años a la fecha en que se solicitó la rectificación". Finalmente, en virtud del sentido del presente fallo, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues frente al análisis del fondo del asunto se presentó una razón de mayor peso, como lo es la improcedencia del juicio de amparo, que resulta de estudio preferente al ser fundada y, por ese motivo, al encontrarse un impedimento procesal para conocer de este asunto, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido legalmente para analizar el tema debatido, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia que dice: Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que el sobreseimiento decretado, cause alguna afectación al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que éste principio no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal. Apoya lo anterior, el criterio que enseguida se transcribe: Época: Décima Época Registro: 2002139 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2 Materia(s): Constitucional Tesis: 2a. LXXXI/2012 (10a.) Página: 1587 "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Ramón Fernández Sánchez, contra el acto reclamado a la autoridad que precisada quedó en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos expuestos en el último considerando de esta determinación. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy diez de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

  3. Principal

    POR MEDIO DE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE ACUERDO: Número de expediente: 190/2021 Acuerdo: V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número 190/2021-VII, promovido por Ramón Fernández Sánchez, contra actos que reclama de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán. RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Ramón Fernández Sánchez, contra el acto reclamado a la autoridad que precisada quedó en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos expuestos en el último considerando de esta determinación. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy diez de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

  4. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 190/2021 promovido por Ramón Fernández Sánchez contra actos de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que obran en autos las documentales que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda y a los diversos escritos presentados en la Oficialía de partes de este juzgado, el veintitrés y veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno; asimismo, obran en autos las documentales que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe justificado, así como la documental remitida por el Presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Celaya, Guanajuato, solicitadas por este juzgado, consistente en copia certificada del expediente 3354/18-10-01-8; pruebas que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por ofrecidas y admitidas dada su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que la parte quejosa y el Agente del Ministerio Público de la Federación, formularon alegatos a través de los escritos y el pedimento 363/2021, presentados ante la Oficialía de Partes de este Juzgado el veintitrés y veintinueve de septiembre y siete de diciembre, todos de dos mil veintiuno, respectivamente. EL JUEZ: Con apoyo en el numeral 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos, con lo cual se da por concluida la presente audiencia y se procede al dictado de la sentencia. Se levanta la sesiónJUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. LICENCIADO OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. MARBELLA JUÁREZ GARCÍA

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