Ramón Ruiz Abarca
Expediente 260/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 260/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ramón Ruiz Abarca
Actuaciones
- Principal
En la misma fecha doy cuenta al Juez con la certificación secretarial que antecede, con el estado procesal que guardan los presentes autos y con un oficio registrado con el número 4241. Conste. Morelia, Michoacán, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. SE AVOCA AL CONOCIMIENTO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con sede en Uruapan, Michoacán, mediante el cual acusa recibo del oficio 4189, al que se anexó el original del escrito de demanda promovida por Ramón Ruiz Abarca, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, relativo a la incompetencia planteada por este juzgado, e informa que en proveído de doce de abril de dos mil veintiuno, se avocó al conocimiento del mismo registrando el amparo indirecto número 173/2021-II; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente auxiliar en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y una vez que concluya el plazo de seis meses de archivo que prevé el artículo 20 del Acuerdo en mención, contado a partir de esta propia fecha, destrúyase este expediente dentro de los treinta días siguientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. SE RECIBE OFICIO Y DEMANDA POR INCOMPETENCIA. Se tiene por recibido el oficio de cuenta número 1175 signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, que contiene inserto el acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno y el escrito original y copias de la demanda de garantías promovida por Ramón Ruiz Abarca, contra la resolución de treinta de noviembre de dos mil veinte, dictada en el toca de apelación I-270/2020, por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual dejó insubsistente todo lo actuado hasta el proveído de dieciocho de agosto de dos mil veinte, emitido en el juicio ordinario civil 246/2019, por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coahuayana, Michoacán, y ordena reponer el procedimiento, para los efectos precisados en las misma sentencia. Ahora, como del oficio de cuenta se desprende que la autoridad remitente declaró carecer de competencia legal, para conocer de la demanda de garantías planteada por Ramón Ruiz Abarca, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán se provee: ESTE JUZGADO SE AVOCA AL CONOCIMIENTO. Con apoyo en los artículos 38 y 107 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, se avoca al conocimiento del asunto; acúsese el recibo del estilo correspondiente. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. ANÁLISIS SOBRE COMPETENCIA LEGAL. Visto el escrito de demanda promovido por Ramón Ruiz Abarca, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; en principio, es necesario destacar que la competencia legal se considera como aquella facultad de que goza el juez en lo particular para ejercer su jurisdicción, es decir, la capacidad para conocer de determinados asuntos atendiendo a la materia, a la cuantía, o bien, al territorio. Luego, la competencia por territorio se establece por el ámbito geográfico donde el juzgador ejerce su jurisdicción. Así, en la especie, se considera que este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente para conocer del libelo de cuenta por razón de territorio, pues los actos de afectación material que reclama la parte promovente tuvo, tiene o tendrá ejecución en el municipio de Coahuayana, Michoacán. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del dispositivo transcrito se desprende, que existen tres hipótesis para determinar qué juzgado de Distrito es el competente para conocer de un asunto en particular, a saber: a) Será competente el juez de Distrito, en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Aquel ante el que se presente la demanda, si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro; c) El juez de Distrito, donde se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material; En ese sentido, cabe hacer notar que de acuerdo a sus efectos existen tres tipos de sentencias, a saber, de condena, declarativas y constitutivas. La primera de dichas resoluciones (de condena), conlleva por sí misma una ejecución, entendiéndose por ésta, aquélla actividad de adecuación del entorno fáctico a la exhortación judicial; la actividad del órgano jurisdiccional tendente a poner en marcha un aparato coactivo, capaz de llevar a efecto los términos de sus resoluciones, incluso prescindiendo de la voluntad del obligado. Así, una decisión jurisdiccional implica un principio de ejecución material, cuando sea necesaria la realización efectiva del mandato jurídico, a través de un conjunto de actos judiciales dirigidos a ese fin, a efecto de que lo ordenado por el juzgador encuentre reflejo material en la realidad. La sentencia de condena es aquélla en que por una parte se declara un derecho a alguna de las partes, el que precisa ser puesto en práctica a través de una ejecución; es decir, reconoce la existencia de un derecho, que puede consistir en una prestación de dar, hacer o no hacer, y por otra parte ordena una ejecución forzosa dentro de un plazo determinado, haciendo efectivo el derecho declarado, en contra de la parte condenada. En cambio, la segunda y tercera resoluciones que se clasifican (declarativas y constitutivas), carecen de ejecución material, ya que no requieren la realización de acto alguno posterior a la declaración o constitución del derecho obtenido por la parte interesada. De esa forma, se entiende por sentencia declarativa, aquella que únicamente tiene por objeto declarar la existencia o inexistencia de un derecho, sin que implique crear, modificar o extinguir una relación o situación jurídica en favor de determinada persona, ni mucho menos imponer condena alguna que traiga aparejada ejecución. En cambio, las sentencias constitutivas, son aquéllas que crean, modifican o extinguen una determinada relación, situación o estado jurídico, cuyos efectos se extienden hacia el futuro. Se caracterizan porque con ellas nace una nueva situación jurídica que determina la aplicación de nuevas normas de derecho, por ende, al igual que la sentencia declarativa, por regla general, no requiere ejecución, pues sus eventuales efectos, si bien derivan de la propia sentencia que crea, modifica o extingue la relación o situación jurídica correspondiente, ya no forman parte de un procedimiento de ejecución por parte del tribunal, sino del actuar o gestión propia del vencedor. Ahora, en el caso concreto, Ramón Ruiz Abarca, señala como autoridad responsable al Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, de quien reclama la resolución de treinta de noviembre de dos mil veinte, dictada en el toca de apelación I-270/2020, mediante el cual dejó insubsistente todo lo actuado hasta el proveído de dieciocho de agosto de dos mil veinte, emitido en el juicio ordinario civil 246/2019, por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coahuayana, Michoacán, y ordena reponer el procedimiento, para los efectos precisados en las misma sentencia. En ese tenor, a manera de antecedentes, del contenido íntegro del escrito de demanda, se obtiene que por sentencia de seis de octubre de dos mil veinte, dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coahuayana, Michoacana, en el expediente 246/2019, relativo al juicio ordinario civil que sobre reivindicación de inmueble y otras prestaciones, promovido por el ahora quejoso Ramón Ruiz Abarca frente a Juan Ruiz Abarca, en la que se declaró procedente la acción de cumplimiento de contrato de compraventa que en vía de reconvención promovió Juan Ruiz Abarca, frente al quejoso Ramón Ruiz Abarca; asimismo, se condenó a la parte demandada en reconvención Ramón Ruiz Abarca a formalizar el contrato de compraventa, respecto del inmueble materia de la Litis, así como al pago de costas; inconforme con dicha determinación ambas partes, interpusieron recurso de apelación, mismo que fue resuelto por la sentencia reclamada de treinta de noviembre de dos mil veinte, a través de la cual, en el tercer considerando, se determinó lo siguiente: "PRIMERO. Resultó fundada una de las alegaciones hecha valer por Ramón Ruíz Abarca; en consecuencia: SEGUNDO. En consecuencia, se deja insubsistente todo lo actuado en el presente juicio, hasta el proveído del 18 dieciocho de agosto de 2020, para los efectos precisados en la parte final del considerando TERCERO de la presente Ejecutoria[.] A mayor abundamiento los efectos del considerando tercero de la ejecutoria fueron los siguientes: Señale de nueva cuenta día y hora para el desahogo de la prueba confesional a cargo de Ramón Ruiz Abarca, quien deberá de comparecer en forma personalísima y no por conducto de apoderado jurídico a absolver el pliego de posiciones calificadas de legales, en el entendido de que deberá notificar personalmente al absolvente en términos de los artículos 83 y 403 del Código de Procedimientos Civiles. Notifique Personalmente al mandante Ramón Ruiz Abarca, el proveído del 18 dieciocho de agosto de 2020 dos mil veinte -foja 109-, en que se tuvo a la licenciada Brenda Guadalupe Ortega Valencia, revocándose en el presente juicio, del cargo de apoderada jurídica concedido por Ramón Ruíz Abarca, parte actora en lo principal y demandado en reconvención, con la finalidad de que ejerza su derecho a una adecuada defensa y provea a una representación. Hecho lo anterior, seguida las etapas procesales previstas para esta contienda dicte la resolución que conforme a derecho proceda. Bajo ese contexto, el suscrito considera que este órgano jurisdiccional es incompetente por razón de territorio, para conocer y resolver de la demanda de amparo que promueve Ramón Ruiz Abarca, toda vez que en las consecuencias de los actos reclamados son para la reposición del procedimiento en el juicio de origen. De donde se colige que, la determinación de alzada, no es meramente declarativa, pues dicha sentencia de apelación tiene una ejecución indirecta, pues servirá de base para la actuación posterior de la ley, ya que entraña una ejecución material, esto es, un principio de ejecución en el entorno fáctico que llevará a cabo el Juez Mixto de Primera Instancia de Coahuayana, Michoacán, ya que, dicha autoridad, en función a la resolución reclamada deberá realizar todos los actos tendentes a cumplimentar lo ordenado en el fallo, esto es, una adecuación en el entorno fáctico para llevar a la reposición del procedimiento del juicio ordinario civil 246/2019 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coahuayana, Michoacán. Anotado lo anterior, si en la especie el juicio de origen se tramita ante el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coahuayana, Michoacán, de conformidad con la regla estatuida en el primer párrafo, del referido precepto 37 de la Ley de Amparo, en cuanto indica que será competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, la competencia se surte a favor de un Juez de Distrito con sede en Uruapan, Michoacán, pues Coahuayana, Michoacán, se encuentra comprendido dentro de aquellos lugares en que ejercen jurisdicción los juzgados de Distrito residentes en Uruapan, Michoacán, de conformidad a lo establecido por el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que establece: "[.] XI. DECIMOPRIMER CIRCUITO: [.] Los juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cojumatlán de Régules, Cotija, Charapan, Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Ecuandureo, Gabriel Zamora, Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Marcos Castellanos, Múgica, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Pajacuarán, Paracho, Parácuaro, Peribán, Purépero, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tepalcatepec, Tingambato, Tinguindín, Tocumbo, Tumbiscatío, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa y Ziracuaretiro." En consecuencia, sin proveer sobre la admisión de la demanda ni la suspensión del acto reclamado, por no actualizarse alguno de los supuestos del artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda de amparo y copias relativas, toca I-270/2020 y juicio ordinario civil 246/2019, al Juez de Distrito en el Estado, con sede en Uruapan, en turno, que se considera competente legal, previo cuaderno de antecedentes que se forme con las copias que integran el cuaderno en que se actúa; con la atenta súplica de acusar el recibo correspondiente e informar acerca de lo que provea, referente a la competencia planteada. Por los motivos que las sustentan, se invocan las tesis del rubro y texto siguientes. "Época: Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen: 199-204, Cuarta Parte Página: 12. Materia: Común. COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un juez de Distrito, pero los actos reclamados deban ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta Ley sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. Competencia 182/82. Suscitada entre los Jueces Primero de Distrito en el Estado de Tabasco y Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 de julio de 1985. Cinco votos. Ponente: Jorge Olivera Toro. Secretaria: Gilda Rincón Orta". "Época: Novena Época Registro: 189167 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Agosto de 2001 Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.1o.A.44 A Página: 1299 COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Competencia 81/2000. Entre los Jueces Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y Sexto de Distrito en el Estado de México. 23 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: José Antonio Montoya García". Los criterios que anteceden se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de los mismos; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa autorizando a Brenda Guadalupe Ortega Valencia, únicamente para oír y recibir notificaciones, imponerse de autos y recoger documentos, sin la plenitud de facultades a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo, la primera toda vez que no se encontró registro de su c en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como en el libro de registro de cédulas de este juzgado, se constató que no existe registro de la cédula profesional que acredite, se encuentre facultada para ejercer la profesión de licenciada en Derecho, mientras que respecto de María de los Ángeles Silva Jiménez, sin las amplias facultades, toda vez que no se las confiere expresamente. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que deberán notificar las determinaciones que lo ameriten, tomando en consideración las recomendaciones de prevención respecto al brote de la enfermedad COVID-19, difundidas por el Gobierno de México, así como por la Organización Mundial de la Salud, consultables en sus respectivos sitios de Internet. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo de la licencia académica concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos de los artículos 112,113, 114 y 173 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que regula los Concursos y Licencias, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
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