Ramón Espinoza Mejía

Expediente 1313/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1313/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Ramón Espinoza Mejía

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés.********************CAUSA EJECUTORIA SOBRESEE********************Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de ocho de febrero de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ el amparo promovido por ********************; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes.********************Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo.********************SE ORDENA ARCHIVO.********************Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido.********************CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO.********************En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio.********************Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos.********************Notifíquese.********************Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con José Sierra Ortiz, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.svm

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de febrero de dos mil veintitrés. REMITE CONSTANCIA Agréguese únicamente a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento al requerimiento hecho en auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós remite acuse del informe justificado rendido mediante oficio TCA/PRES/AMP/363/2023, sin que proceda hacer mayor pronunciamiento al respecto, virtud a que de autos se advierte que fue recibido el informe justificado rendido por la autoridad responsable; máxime que en ocho de febrero del año en curso, tuvo verificativo la audiencia constitucional sobreseyendo el amparo. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.svmCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Marbella Juárez García CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste

  3. Principal

    ACTA RELATIVA A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ORDENADA EN PROVEÍDO DE DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO EN EL EXPEDIENTE VII-1313/2022, Y CELEBRADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, A LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL ocho de febrero de dos mil veintitrés, CON LA PARTICIPACIÓN DE QUIENES EN LA PROPIA ACTA SE DESCRIBEN. CONSTE. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretaria, dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo VII-1313/2022, promovido por Ramón Espinoza Mejía, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Por otro lado, en este acto se da cuenta con la promoción registrada con el número 1744, para su acuerdo. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. Glósese a los presentes autos la promoción de cuenta concerniente al oficio con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza las documentales que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la presente audiencia constitucional. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: a) La Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado1 . EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la parte quejosa únicamente ofreció como pruebas la instrumental pública de actuaciones consistentes en todas y cada una de las constancias que obran en el presente juicio de amparo, así como la presuncional legal y humana y la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado copia certificada del expediente paraprocesal en línea 80/2022, medios de convicción que se tienen por admitidos y desahogados en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. 1 Fojas 18-43. LA SECRETARIA: Se hace constar que el Agente del Ministerio Público realizó manifestaciones mediante escrito de alegatos constitucional 634/20222 . EL JUEZ: Se tienen por formulados los alegatos del representante social adscrito y por perdido el derecho de las partes de formular alegatos; y, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número VII-1313/2022, promovido por Ramón Espinoza Mejía, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido el veintiocho de ese mismo mes y año por razón de turno, a este juzgado federal, Ramón Espinoza Mejía, promovió demanda de amparo indirecto contra el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. El quejoso precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Mediante proveído veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo registrándose con el número de expediente VII-1313/2022; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. 2 Fojas 10-11. En el mismo proveído se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que fue celebrada en términos de la presente actuación, previos diferimientos; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, además de que el acto reclamado es de naturaleza omisiva cuyos efectos son de imposible reparación. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se obtiene que el acto reclamado consiste en: ? La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, de dar respuesta a la promoción presentada el dos de agosto del dos mil veintidós, dentro del expediente paraprocesal 80/2022 sobre declaración de beneficiarios de los derechos que en vida generó Ilda Lucatero. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación, negó la existencia del acto que se le reclama3 ; sin embargo, dicha negativa debe desvirtuarse en razón de que de las constancias remitidas se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, existía el acto reclamado, toda vez que fue hasta el dos de febrero de dos mil veintitrés, cuando se acordó la promoción presentada el dos de agosto del dos mil veintidós ante el tribunal responsable se radicó el expediente paraprocesal 80/2022 sobre declaración de beneficiarios de los derechos que en vida generó Ilda Lucatero; y, se le requirió a la parte promovente el último talón de pago y/o constancia de servicio de la última fuente de trabajo así como la resolución judicial sobre acreditación de hechos de concubinato. En esos términos lo procedente es considerar ciertos los datos asentados por la parte quejosa en su escrito de 3 Foja 12. demanda, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que la dilación existió. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Registro digital: 249047 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, página 15 Tipo: Aislada "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL, AUNQUE LAS RESPONSABLES LO NIEGUEN, SI DE LA LECTURA DEL INFORME CON JUSTIFICACION SE DESPRENDE SU CERTEZA. Si las responsables niegan en sus informes con justificación la existencia de los actos reclamados, pero de la lectura de dichos informes se desprenden datos que desvirtúan tal negativa, aun cuando no existan pruebas a ese respecto, necesariamente deben tenerse como ciertos los actos reclamados, ya que procesalmente el reconocimiento que hacen las partes dentro de un juicio, surte efectos de confesión; en consecuencia, al equiparse las autoridades responsables a la parte demandada en el juicio constitucional, resulta lógico y jurídico concluir que el reconocimiento que hagan sobre algún punto de la litis que en sí los perjudique, surte efectos de una confesión, y por ende, dicho punto no está a debate y sí plenamente reconocido". Además, dicha existencia del acto reclamado se corrobora con la constancia que la autoridad responsable remitió consistente en copia certificada de las constancias del expediente paraprocesal 80/2022 para hacer valer los derechos que en vida generó Ilda Lucatero, documental a la que en este acto, se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse de copias certificadas expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, quien con arreglo a la ley, goza de fe pública. CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando que antecede, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte TCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso concreto y por lo que respecta a la omisión de dar respuesta a la promoción presentada el dos de agosto del dos mil veintidós, dentro del expediente paraprocesal 80/2022 para hacer valer los derechos que en vida generó Ilda Lucatero, se advierte actualizada una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente al fondo del negocio, por ser cuestión de orden público en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. La fracción XXI, del citado numeral 61, de la Ley de Amparo vigente, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al agraviado en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del inconforme, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al impetrante en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho humano exija. Ante las precisiones anotadas, cabe señalar que en el caso concreto, respecto del acto reclamado que se hace consistir, en la omisión de dar respuesta a la promoción presentada el dos de agosto del dos mil veintidós, dentro del expediente paraprocesal 80/2022 sobre declaración de beneficiarios de los derechos que en vida generó Ilda Lucatero, ha cesado sus efectos atendiendo a las siguientes consideraciones. De las constancias que la responsable acompañó a su informe justificado, se advierte que mediante proveído de dos de febrero de la presente anualidad, se acordó la promoción presentada el dos de agosto del dos mil veintidós, toda vez que el tribunal responsable radicó el expediente paraprocesal 80/2022 sobre declaración de beneficiarios de los derechos que en vida generó Ilda Lucatero; y, le requirió a la parte promovente (aquí peticionario de amparo) el último talón de pago y/o constancia de servicio de la última fuente de trabajo así como la resolución judicial sobre acreditación de hechos de concubinato. De ahí que, se corrobora que los efectos de la omisión reclamada, han desaparecido totalmente, ya que se acodó la promoción presentada el dos de agosto del dos mil veintidós, dentro del expediente paraprocesal 80/2022 sobre declaración de beneficiarios de los derechos que en vida generó Ilda Lucatero, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, pues en el caso, se ha generado una situación jurídica que definitivamente destruye a la que dio motivo al amparo y se restituyó a la quejosa en el goce del derecho fundamental que estimó menoscabado. Lo expuesto se retoma de la jurisprudencia 59/99, que establece: Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Asimismo, es ilustrativa al respecto la diversa jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, identificada con el número 9/98, que dispone: Época: Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". En tal virtud, es inconcuso que respecto a la omisión reclamada a la autoridad responsable se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, razón por la cual debe sobreseerse en el mismo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mencionado ordenamiento legal, por lo que corresponde a dicha omisión. En las relatadas circunstancias, debe sobreseerse en el presente juicio, de conformidad con lo que instituye el numeral 63, fracción V, del cuerpo normativo en cita. Finalmente, con relación al pedimento formulado por la Ministerio Público, resulta innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria. Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio4 : "MINISTERIO PÚBLICO SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria." 4 La tesis de la Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Octubre de 1995, Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 576. Por lo expuesto y fundado se R E S U E L V E : ÚNICO.- Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ramón Espinoza Mejía, en contra del acto reclamado de la autoridad responsable referida en el considerando tercero de la presente sentencia, por las razones y consideraciones jurídicas vertidas en el último considerando del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, ha sido omisa en rendir su informe justificado, no obstante haberlo solicitado con la oportunidad debida como se desprende de la cédula de notificación que obra en el sumario y, dado que acorde a lo dispuesto por el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, la omisión de rendir el informe con justificación trae como consecuencia, además de la multa en sentencia que establece el artículo 260, fracción II, de la indicada ley, la presunción de certeza de los actos reclamados. SE FORMULA REQUERIMIENTO. En mérito de lo anterior, requiérase a la referida autoridad para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, remita copia certificada y legible de todas y cada una de las constancias que obren en su poder y que tengan relación con los actos que la parte quejosa le reclama en este juicio del expediente 80/2022 sobre declaración de beneficiarios de los derechos que en vida generó ********************; APERCIBIMIENTO Se apercibe a la autoridad responsable mencionada en este proveído, que de no cumplir con lo aquí requerido en el lapso que para tal efecto se le concede o no indicar el impedimento que tengan para ello, se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA. Finalmente, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy Fesvm

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