Ramón Alvarado Saenz
Expediente 1516/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1516/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ramón Alvarado Saenz
Actuaciones
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. SE RECIBE EJECUTORIA Agréguese a los presentes autos el oficio por el cual la autoridad que lo signa remite testimonio autorizado de la ejecutoria emitida en el recurso de revisión civil 186/2023 de su índice, interpuesta en el expediente en que se actúa. SENTIDO DE FALLO Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes, que el tribunal de alzada mediante resolución aprobada en sesión de siete de noviembre de dos mil veintitrés, resolvió: "PRIMERO. Se confirma la resolución recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contras los actos reclamados y las autoridades precisados en la sentencia sujeta a revisión." ACUSE DE RECIBO Acúsese recibo del oficio 6325 de veintiuno de noviembre del año en curso, al que también se anexó el original del juicio de amparo en que se actúa, así como un tomo de prueba, para los efectos a que haya lugar. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Glósense al principal las actuaciones que obran en el cuadernillo relativo y háganse las anotaciones en el libro de gobierno para los fines estadísticos correspondientes. SE ORDENA DEVOLVER CONSTANCIAS A AUTORIDAD RESPONSABLE. Devuélvanse a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, las constancias que remitió en apoyo de su informe justificado, consistente en copias certificadas del juicio ordinario civil 463/2016 de su índice. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Ahora, de la revisión de los autos, específicamente la segunda parte de la certificación que obra al rubro de este auto, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede se advierte que en la caja de seguridad de este juzgado obran documentos de valor relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el precepto citado en segundo término, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES. Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de conservable, ya que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva. Por su parte, como el presente asunto cuenta con duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 19 del citado acuerdo, una vez que se cumplan seis meses de archivo, podrá ser destruido. BILLETE DEPÓSITO En otro entorno, como se desprende en la última parte de la certificación de cuenta, en la caja de seguridad de este juzgado se encuentran en resguardo los billetes de depósito número N-888079 y N-888101, expedidos por Banco del Bienestar, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo, que amparan las sumas de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) y $20,000.00, (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), respectivamente, exhibido por la parte quejosa con motivo de la suspensión provisional y definitiva concedidas a la quejosa en consecuencia se provee lo siguiente: Hágase saber a la parte quejosa que una vez transcurridos los seis meses a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, contado a partir del siguiente al de la notificación de este proveído a la parte tercero interesada, podrá solicitar la devolución de dichos certificados de depósito, en el entendido que de no hacerlo en ese lapso, transcurridos dos años, prescribirá a favor del Erario Federal y se efectuará la orden de transferencia correspondiente a la Tesorería de la Federación, de conformidad con el numeral 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad archívese el presente expediente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Erg.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Cumple prevención Agréguense a los presentes autos los escritos de cuenta signados electrónicamente por José Gilberto Pedraza Escobar, en cuanto defensor particular de Ramón Alvarado Saenz, a través de los cuales, da cabal cumplimiento a la prevención formulada en auto de veintidós de noviembre del año en curso; en tal virtud, se provee lo siguiente. Admisión de la demanda Admítase la demanda de amparo promovida contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, en términos de lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo. Fecha de la audiencia constitucional Se fijan las diez horas con veinte minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Solicitud de informe justificado. Pídanse informe justificado a las autoridades responsables, las que deberán: Rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia de ley, lo que deberá hacer por correo electrónico a la cuenta 3jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, confirmando su recepción al teléfono 443 3226960 extensión 1395, así como habrá de precisar que dicho informe y las constancias que anexa a aquel, de ser el caso, bajo protesta de decir verdad coinciden con sus originales; salvo que por el volumen o la propia naturaleza de las constancias que haya de remitir se haga necesario que las presente directamente ante el juzgado, verbigracia cuando envíe tomos de prueba, discos compactos (como en el sistema penal acusatorio) y otros documentos análogos. Apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida Actualización, equivalente a $19,244.00 (diecinueve mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. Intervención a la agente del ministerio público de la federación adscrita Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete, de conformidad con el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Se autoriza la consulta vía electrónica Además, con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza al fiscal adscrito la consulta del expediente en que se actúa vía electrónica, "para que se le dé acceso en el usuario que corresponda"; por tanto, se comisiona al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice las gestiones necesarias. Emplazamiento de tercero interesado Resérvese el emplazamiento del tercero interesado, hasta en tanto obre en autos el informe de las autoridades responsables. Incidente de suspensión. Con copia de la demanda fórmese incidente de suspensión en un solo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de Trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. Requerimiento a las partes Se requiere a las partes que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, lo informen a este juzgado a la brevedad posible. Notificaciones a las responsables Se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente la presente determinación, así como aquellas que resulten trascendentes dentro del procedimiento, conforme el contenido de la jurisprudencia 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Se forma cuaderno de suspensión Tramítese en un solo tanto el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número III-1516/2023, como se ordenó en auto de este misma fecha en el expediente principal. Solicitud de informe previo Pídase a la autoridad señalada como responsable su informe previo, la que deberá: Rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia de ley, lo que deberá hacer por correo electrónico a la cuenta 3jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, confirmando su recepción al teléfono 443 3226960 extensión 1395. Además deberán precisar bajo protesta de decir verdad que dicho informe coincide con su original. Además, solo en el caso de que estime indispensable remitir constancias junto con su informe, deberá formular la protesta antes referida, también respecto de las constancias anexadas. Apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida Actualización, equivalente a ********************), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. Fecha de la audiencia incidental. Se fijan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del cinco de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental. Debe aclararse que si bien en términos del artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, la celebración de la audiencia incidental debe programarse dentro de los siguientes cinco días hábiles posteriores a la emisión del presente proveído, atendiendo a la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, así como a la naturaleza misma del asunto que nos ocupa, es que dicha audiencia se fijó para la fecha y hora apuntada. Máxime que es un hecho notorio para este Juzgado Federal, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, que en los asuntos donde se ha fijado la fecha de la audiencia dentro del plazo legal referido, constantemente se difiere por falta de informes previos, recargando innecesariamente la agenda y las labores diarias de este juzgado de Distrito. Sin que dicha determinación constituya una afectación a las partes, en la medida que lo que se busca es evitar una serie de diferimientos y carga de trabajo innecesarios; y en su lugar programar la audiencia para una fecha más remota, aunque asegurando en mayor medida su celebración. Ello en aras de privilegiar los principios de economía procesal y gestionar de una manera los recursos humanos y materiales con los que cuenta este juzgado; lo cual en conjunto beneficia el derecho de acceso a una justicia pronta en beneficio de las partes. Apoya lo anterior la siguiente tesis aislada emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, de rubro: "AUDIENCIA INCIDENTAL SEÑALADA FUERA DEL TERMINO LEGAL. QUEJA INFUNDADA". Precisión del acto reclamado En principio debe señalarse que el peticionario de amparo solicita la suspensión provisional respecto de la audiencia de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, en la que se le formuló imputación por los delitos de violación equiparada y abuso sexual en persona menor de dieciséis años de edad, en particular lo relativo a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por haberse ordenado la continuación de la audiencia de vinculación a proceso para el veinticinco de noviembre de dos mil veintitrés. Medida cautelar que solicita para el efecto de que a fin de proteger la materia de la controversia y evitar una afectación a su esfera jurídica se reanude la celebración de la audiencia reclamada en la etapa de imposición de medidas cautelares y se discuta con intervención de las partes la idoneidad y proporcionalidad de la medida. Para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, 138 y 139 de la Ley de Amparo, los cuales disponen que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: Que el quejoso la haya solicitado expresamente; Que haya certidumbre, al menos preliminarmente, sobre la existencia del acto cuya suspensión se solicita; Que el acto reclamado sea susceptible de suspensión; Que el quejoso cuente con interés jurídico o legítimo para efectos del incidente de suspensión; y, Que el asunto supere un análisis ponderado preliminar entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. A juicio de este juzgado federal, el análisis de los requisitos para la procedencia de la suspensión debe hacerse en ese orden y con esa precisión, conforme a las siguientes jurisprudencias PC.IV.A. J/35 A (10a.)4, y XXVII.3o. J/2 (10a.)5 de rubros: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. TÉCNICA PARA ANALIZAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA CONCEDERLA" y "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013". (i) Solicitud expresa. Conforme a la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, de la demanda de amparo se desprende que la suspensión fue solicitada expresamente por la parte quejosa. (ii) Certeza del acto reclamado. Los actos reclamados son ciertos atendiendo a las manifestaciones que realiza la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, lo cual se corrobora indiciariamente con la copia del acta de audiencia de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés que exhibió la quejosa, la cual manifestó, bajo protesta de decir vedad que era copia íntegra y fiel de su original. (iii) Posibilidad de suspensión. En la especie es posible decretar la suspensión provisional solicitada, pues aunque se pretenda obtener de manera anticipada la revisión de la medida cautelar combatida, lo cual equivaldría a restituirle en el derecho fundamental que estima violentado, es menester puntualizar que la naturaleza del acto reclamado no constituye una condicionante para que de manera preliminar al estudio de la apariencia del buen derecho se niegue la suspensión solicitada, bajo el argumento de que con ello se darían efectos restitutorios plenos a la suspensión, cuando son propios del fallo que resuelva el fondo del asunto. Lo anterior, en la medida en que la finalidad de la suspensión es conservar la materia del juicio constitucional y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica en el tiempo en que se resuelve el asunto, lo que puede ser a través de medidas en las que se paralicen los efectos de los actos reclamados o bien, con efectos restitutorios. Asimismo, que para determinar lo anterior, el juzgador constitucional debe analizar la apariencia del buen derecho, las posibles afectaciones al interés social, así como la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. De manera que el amparo provisional que se pretende con la suspensión provisional permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia. En ese sentido, la naturaleza de los actos reclamados (positiva, declarativa o negativa), no debe entenderse como una condición que permita o proscriba la suspensión en función de que el acto sea calificado como positivo, omisivo o negativo, sino como un elemento que define el tipo de medida suspensiva que se requiere ante ese carácter y que no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar. Bajo ese esquema, las consecuencias que caso a caso puedan producir este tipo de actos, serán consideradas para decidir si las cosas deben mantenerse en el estado en que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado, de manera que lo importante para que la medida sea material y jurídicamente posible, radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de manera que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, sin que ésta coincida de manera idéntica con los que podrían ordenarse en una sentencia constitucional favorable. Con esas bases, es dable afirmar que conforme se indicará más adelante, la suspensión provisional que solicita el quejoso, es procedente en la medida en que ordenar la revisión y nuevo análisis de la medida cautelar impuesta en la causa penal de origen podrá tener verificativo de momento a momento y en caso de que la sentencia de amparo no sea favorable a la impetrante constitucional, la nueva medida decretada podrá dejarse sin efectos e imponerle nuevamente la de prisión preventiva oficiosa. Apoya lo anterior la jurisprudencia de rubro y contenido siguiente: "Registro digital: 2021263 Instancia: Primera Sala Décima Época Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 70/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 286 Tipo: Jurisprudencia SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." (iv) Interés jurídico o legítimo. En el caso, de forma preliminar, es posible presumir que el peticionario de amparo cuenta con un interés jurídico para combatir la imposición de la medida cautelar imputada, virtud de que con ello se restringió su libertad con motivo de la imputación que se le realizó respecto de los delitos de violación equiparada y abuso sexual en persona menor de dieciséis años. (v) Ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o el orden público. Este juzgador debe hacer dicha ponderación, en términos de la Jurisprudencia 2a./J. 204/200967, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO, sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." En ese sentido, no se advierte que mediante el otorgamiento de la medida cautelar, se afecte el interés social o se contravenga el orden público, en la medida en que no se advierte que con los efectos dados a la presente suspensión se actualicen alguno de los supuestos establecidos en el artículo 129 de la Ley de Amparo y sus similares. Además de que, por sí misma, la concesión de la medida cautelar no implica la libertad inmediata del justiciable, sino solamente que la medida cautelar de prisión preventiva se someta a escrutinio. Por otro lado, las violaciones aducidas en la demanda de amparo, tienen vinculación con algunos derechos humanos y las garantías establecidas en la Constitución para su protección, como se verá a continuación. En efecto es pertinente establecer que en torno al tema de prisión preventiva, el artículo 19 constitucional señala lo siguiente: "Artículo 19. [.] El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud." Del numeral transcrito se advierte el carácter excepcional de la prisión preventiva y establece que el Ministerio Público la podrá solicitar al juez cuando otras medidas no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado a juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, o bien, tratándose de los delitos en que por su gravedad proceda de manera oficiosa la imposición de dicha medida cautelar. Por su parte, los artículos 153, 161, 162 y 163 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan lo siguiente: "Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Corresponderá a las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas, para medidas cautelares, vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido." "Artículo 161. Revisión de la medida Cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al Órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma, para lo cual el Órgano jurisdiccional citará a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia." "Artículo 162. Audiencia de revisión de las medidas cautelares De no ser desechada de plano la solicitud de revisión, la audiencia se llevará a cabo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir de la presentación de la solicitud." "Artículo 163. Medios de prueba para la imposición y revisión de la medida Las partes pueden invocar datos u ofrecer medios de prueba para que se imponga, confirme, modifique o revoque, según el caso, la medida cautelar.". De los anteriores numerales se puede advertir que el objetivo de las medidas cautelares es que sean idóneas para (I) asegurar la presencia del imputado durante el procedimiento, (II) evitar la obstaculización del mismo; y, (III) para garantizar la seguridad de la víctima, ofendido o testigos. Como se dijo con antelación, las medidas cautelares tienen su fundamento constitucional en el segundo párrafo del artículo 19 y ocupan un lugar importante en el sistema penal acusatorio, pues están dirigidas a garantizar la eficacia del proceso y el cumplimiento efectivo de la sentencia. Su existencia se justifica en el hecho de que las actuaciones procesales necesarias para la investigación del hecho delictivo, requieren de un período más o menos dilatado en función de la propia complejidad del caso, durante el cual, existe el riesgo de que el imputado pueda ocultarse de la justicia o frustrar los efectos de la sentencia que pueda llegar a dictarse o afectar o influir en la víctima, ofendido o testigos. Por su parte, el artículo 161 de la legislación adjetiva prevé que las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional la revocación, sustitución o modificación de una medida cautelar, cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron su imposición. Para ello, tendrá verificativo una audiencia de revisión de medida cautelar, donde se lleva a cabo el debate entre las partes, a fin de que el solicitante exponga las consideraciones que a su juicio justifiquen el cambio de las condiciones que se tomaron en cuenta para decretar la medida cautelar, de manera que se logre la revocación, sustitución o modificación; y, por otro lado, la contraparte esgrimirá los argumentos para evidenciar la permanencia de las condiciones iniciales que motivaron su imposición, así como la necesidad de que subsista la medida cautelar que se trate. La medida cautelar se podrá revocar, sustituir o modificar cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron su imposición, para lo cual es necesario que la situación en la cual se encontraban las cosas cuando se impuso la medida cautelar hayan cambiado de manera importante para hacer evidente una diferencia, lo que permita establecer si, en el particular, hubo un cambio trascendental para disminuir o aumentar el riesgo procesal determinado al momento de la imposición de prisión preventiva, pues, la sola aportación de datos de prueba no constituye una variación objetiva para efectos de cambiar una medida cautelar, ya que resulta necesario que éstos sean idóneos y suficientes para cambiar la perspectiva del juzgador en el riesgo procesal que se determinó previamente. La revisión de las medidas cautelares conlleva que el juzgador -de acuerdo a la argumentación y en el caudal probatorio que le presenten las partes- lleve a cabo una nueva ponderación, para determinar si efectivamente han variado de manera objetiva las condiciones que en primera oportunidad justificaron su imposición y, con base en ello, establecer si es que dichas condiciones no han cambiado, mantener la medida cautelar o de lo contrario, determinar si es necesario imponer una diversa medida cautelar. Así, se obtiene que la revisión de la medida cautelar conlleva: 1. La existencia previa de una medida cautelar. 2. Su objeto es determinar la variación objetiva de las condiciones que motivaron su imposición. 3. Su finalidad es la revocación, sustitución o modificación de la medida cautelar previamente decretada. Ahora bien, sobre la imposición de la prisión preventiva, el siete de noviembre de dos mil veintidós, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el caso Tzompaxtle Tecpile y otros contra México, en el que reiteró que la prisión preventiva es excepcional y que se encuentra limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad; destacó que las disposiciones legales aplicadas a las personas sujetas a proceso, no son consecuentes con las finalidades de esa medida cautelar, ni prevén el análisis casuístico de ésta que permitiría optar por restricciones menos lesivas para los imputados. En la referida sentencia en lo conducente, la Corte Interamericana se pronunció sobre la figura de la prisión preventiva, en el sentido de que para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no afectar el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que: a) Se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho; b) Esas medidas cumplan con los cuatro elementos del "test de proporcionalidad", es decir con la finalidad de la medida que debe ser legítima (compatible con la Convención Americana), idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional; y, c) La decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. Con respecto a lo anterior, sostuvo que había que recordar que estas consideraciones, en torno a los elementos que deben tomar en cuenta las autoridades a la hora de restringir la libertad personal de una persona investigada por un delito, deben estar contempladas en los ordenamientos jurídicos de los Estados, y deben también ser aplicadas de manera efectiva y de buena fe por parte de los operadores de la justicia. Adicionalmente la citada Corte ha dicho -en los casos que se impongan medidas privativas de libertad-, que el artículo 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece límites temporales a su duración; por ende, cuando el plazo de la prisión preventiva sobrepasa lo razonable, procede limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren la comparecencia del imputado al juicio. El mismo órgano internacional ha considerado que la medida cautelar de prisión preventiva debe estar sometida a revisión periódica, de tal forma que no se prolongue cuando no subsistan razones que motivaron su adopción. Puntualmente ha afirmado que el juez no tiene que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que una persona detenida recupere su libertad, sino que debe valorar periódicamente si las causas, necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen, y si el plazo de la privación de la libertad ha sobrepasado los límites que impongan la ley y la razón y no obstante, aun cuando medien razones para mantener a una persona en prisión preventiva, el período de privación a la libertad no debe exceder el límite de lo razonable conforme el artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que, en cualquier momento en que parezca que la prisión preventiva no satisface estas condiciones, debe decretarse la libertad, sin perjuicio de que el proceso continúe. Aunado a lo anterior, es oportuno tener en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado el Derecho a ser juzgado en un plazo razonable, del que dijo, el artículo 8.1 de la Convención Americana es equivalente, en lo esencial, al artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales; asimismo, que ese tribunal internacional coincide con lo señalado por la Corte Europea de Derechos Humanos en varios fallos, respecto a que se deben tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) La complejidad del asunto; b) La actividad procesal del interesado; y, c) La conducta de las autoridades judiciales. Con relación a lo anterior, la Corte acotó que la pertinencia de aplicar esos tres criterios para determinar la razonabilidad del plazo de un proceso depende de las circunstancias de cada caso y, por ello, no podría considerarse a la actividad procesal del interesado como un criterio determinante para definir la razonabilidad del plazo. Además, la referida Corte consideró que una demora prolongada para juzgar al gobernado puede llegar a constituir, por sí misma, en ciertos casos, una violación de las garantías judiciales, por lo que corresponde al Estado exponer y probar la razón por lo que se ha requerido más tiempo que el que sería razonable, en principio, para dictar sentencia definitiva en un caso particular. El aludido tribunal también precisó que además de los tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado; y, c) la conducta de las autoridades judiciales, se debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en aquél, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia, ya que si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve. Respecto a lo anterior, la Corte señaló que al hacer el análisis de los cuatro criterios establecidos en su jurisprudencia en la materia: i) la complejidad del asunto; ii) la actividad procesal del interesado; iii) la conducta de las autoridades judiciales; y, iv) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso, no se debe perder de vista que corresponde al Estado justificar, con fundamento en los criterios señalados, la razón por la cual ha requerido del tiempo transcurrido para tratar el caso. Con relación a la determinación de la complejidad de un proceso, estableció, que se deben considerar, entre otros, la complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales o la cantidad de víctimas, el tiempo transcurrido desde la violación, las características del recurso consagradas en la legislación interna, el contexto en el que ocurrió la violación y la cantidad de recursos interpuestos en un proceso, y al efecto precisó que la vigencia de medidas provisionales dictadas por el sistema interamericano de protección de derechos humanos, no pueden ser argumentos que eximan al Estado de su obligación de garantizar el plazo razonable de un proceso, ni que justifiquen su retraso. Respecto al segundo elemento, es decir, el consistente en la actividad procesal del interesado, la Corte señaló que ha evaluado si los sujetos realizaron las intervenciones en los procesos que le eran razonablemente exigibles. En cuanto al tercer elemento, es decir la conducta de las autoridades judiciales, la Corte precisó que los jueces, como rectores del proceso, tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso en pro del formalismo. Por lo que ve al cuarto elemento, es decir la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso, la Corte estableció que las autoridades deben actuar con mayor diligencia en aquellos casos donde de la duración del proceso depende la protección de otros derechos de los sujetos del proceso. También acotó que el plazo razonable al que se refiere el artículo 8.1 de la Convención se debe apreciar con relación a la duración total del procedimiento penal que se desarrolla en contra el imputado, hasta que se dicta sentencia definitiva. Asimismo precisó que los órganos del sistema interamericano de derechos humanos no funcionan como una instancia de apelación o revisión de sentencias dictadas en procesos internos de cada país, sino que, su función es determinar la compatibilidad de las actuaciones realizadas en dichos procesos con la Convención Americana. Agregó que ese tribunal considera que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. Que de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva, tal como se prevé, entre instrumentos del derecho internacional de derechos humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general (art. 9.3), y que en caso contrario se estaría cometiendo una injusticia al privar de libertad, por un plazo desproporcionado respecto de la pena que correspondería al delito imputado, a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida, por lo que sería lo mismo que anticipar una pena a la sentencia, y que ello va en contra de principios generales del derecho universalmente reconocidos. Al respecto, el citado tribunal precisó, que con base en lo anterior, ese organismo ha establecido que al ser la prisión preventiva una medida cautelar y no punitiva, existe una obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia, y que considerar lo contrario, equivale a anticipar la pena, lo que contraviene principios generales del derecho ampliamente reconocidos, entre ellos, el principio de presunción de inocencia y, que acorde a ello, en ocasiones anteriores, el Tribunal ha estimado que al privar de la libertad, en forma innecesaria o desproporcionada, a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida, el Estado incurre en una violación del derecho de toda persona a que se le presuma inocente, reconocido en el artículo 8.2 de la Convención Americana, y que a igual conclusión se debe llegar si el Estado mantiene a una persona privada de su libertad preventivamente más allá de los límites temporales que impone el derecho consagrado en el artículo 7.5 de la Convención Americana. No pasa inadvertido para este Juzgado que en la sentencia Tzompaxtle Tecpile y otros contra México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si bien refirió no ocuparse del tema de prisión preventiva oficiosa; lo cierto es que del contenido del fallo se aprecia que tal aspecto lo abordó al considerar que la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva se realiza en automático. Por lo que el Tribunal Internacional concluyó que la imposición de la misma, en esa forma, mecánica, es violatoria de derechos humanos. También cabe señalar que si bien los artículos 153, 156 y 159 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya prevén en lo sustancial, los criterios de evaluación referidos por aquel tribunal internacional para que el juez se pronuncie sobre una medida cautelar como la prisión preventiva oficiosa. Cierto es también que, en lo esencial, respecto de los parámetros impuestos por dicho tribunal internacional, para valorar y motivar la pertinencia de imponer la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, resultan aplicables al presente asunto. A más de que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos precisó que lo ahí resuelto obliga también a los intérpretes y aplicadores de las normas, esto es, a los jueces como parte de un Estado que aceptó ratificar un tratado internacional, de ahí que debían realizar un adecuado control de convencionalidad cuando apliquen la prisión preventiva. Corolario a ello, resulta menester también precisar que el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó diversa sentencia en el caso García Rodríguez y otro Vs. México, la que fue notificada el doce de abril de este año, al Estado Mexicano, según comunicado conjunto emitido en esa propia data por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia en la que, ya en relación con la prisión preventiva oficiosa, en lo atinente, se consideró y determinó lo siguiente: Que el artículo 19 de la Constitución mexicana establece que la autoridad judicial "ordenará la prisión preventiva, oficiosamente" para ciertos delitos, esto es, que solamente podrá imponerse la prisión preventiva atendiendo a la concurrencia de presupuestos materiales, consistentes en el hecho punible y a la participación del imputado, así como a la gravedad del delito que se le atribuye, pero no hace referencia a las finalidades de la prisión preventiva, ni a los peligros procesales que buscaría evitar, ni a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad. Dicha norma limita el rol del juez afectando su independencia (porque carece de margen de decisión) y supone un acto que deviene exento de todo control real, al tener por motivación la mera aplicación de la norma constitucional, impidiendo al imputado controvertir los hechos o discutir el fundamento. En suma, dijo, de la lectura del artículo 19 de la Constitución, cuando se trata de un proceso penal por un delito que conlleva sanciones privativas de la libertad, pareciera que, una vez comprobados los supuestos materiales, basta con verificar que se le tomó la declaración a la persona procesada (o que conste que se rehusó a declarar) para que se aplique la prisión preventiva, de tal manera, que por disposición normativa procede, en automático, la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales, sin que se lleve a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso. Por lo que se está en presencia de un tipo de prisión preventiva automática o de oficio cuando se imputan ciertos delitos sin que las autoridades tengan la posibilidad de determinar la finalidad, la necesidad o la proporcionalidad de la medida cautelar en cada caso. Además, la prisión preventiva oficiosa vulnera el principio de igualdad y no discriminación establecido en el artículo 24 de la Convención Americana, puesto que introduce un trato diferente entre las personas imputadas por determinados delitos con respecto a las demás, ya que la diferencia de trato es discriminatoria cuando no tiene una justificación objetiva y razonable, es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido. En el caso de la prisión preventiva oficiosa, el trato diferenciado puede verificarse en el hecho de que quienes están imputados de cometer ciertos delitos no tendrán posibilidad de controlar ni de defenderse adecuadamente de la medida, toda vez que hay un mandato constitucional que impone preceptivamente la medida cautelar privativa de la libertad. Aunado a lo anterior, el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos estipula que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a distintas garantías mínimas del debido proceso, por lo que, para ese tribunal internacional, es claro que la aplicación automática de la prisión preventiva oficiosa sin considerar el caso concreto y las finalidades legítimas para restringir la libertad de una persona, así como su situación diferencial respecto de otros que, también al ser imputados por delitos, no están comprendidos en el elenco del artículo 19 de la Constitución mexicana, supone necesariamente una lesión al derecho a la igualdad ante la ley vulnerando el artículo 24 de la Convención Americana, y a gozar, en plena igualdad, ciertas garantías del debido proceso vulnerando el artículo 8.2 de dicho instrumento. Por lo anteriormente narrado, la citada Corte Internacional consideró que la aplicación de la prisión preventiva oficiosa regulada en nuestro país contiene disposiciones que, per se, resultan contrarias a varios derechos establecidos en la Convención Americana, como son, el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente (art. 7.3), al control judicial de la privación de la libertad (art. 7.5), a la presunción de inocencia (art. 8.2), y a la igualdad y no discriminación (artículo 24). De ahí que tanto este órgano de control constitucional como todos los jueces del país, deben atender lo resuelto por dicha Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues su sentencia tiene carácter vinculante para este juzgado en términos de lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política Federal y constituye indudablemente cosa juzgada internacional. De igual manera, conforme lo dispone el artículo 1 Constitucional, debe recordarse que los derechos fundamentales reconocidos en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en que México es parte, deben permear en todo el territorio mexicano, además que obliga a las autoridades a su respeto y aplicación en aquellos casos en que sea procedente. Se cita en apoyo de lo anterior, la jurisprudencia 21/2014, con registro digital 2006225, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos." También tiene aplicación a lo expuesto, la jurisprudencia 2/2022 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Libro 10, Febrero de 2022, Semanario Judicial de la Federación, con registro digital de consulta 2024159, que dice: "CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. CONTENIDO Y ALCANCE DEL DEBER DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DE REALIZARLO AL CONOCER JUICIOS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO [ABANDONO DE LAS TESIS AISLADAS P. IX/2015 (10a.) Y P. X/2015 (10a.)]. Hechos: Diversos Tribunales Colegiados de Circuito discreparon en torno al alcance del control de regularidad constitucional ex officio en el juicio de amparo, respecto a si debe limitarse a las leyes procesales que rigen el juicio de amparo (Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Código Federal de Procedimientos Civiles) o debe incluir, también, las normas procesales y sustantivas aplicadas en el acto reclamado. Criterio jurídico: Los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación cuando actúan en amparo directo e indirecto deben realizar control de regularidad constitucional ex officio, tanto respecto de las disposiciones procesales que regulan el juicio de amparo, como sobre las normas sustantivas y procesales que se aplicaron en el acto reclamado. Justificación: Conforme a lo dispuesto en los artículos 1o., 103 y 133 de la Constitución General, así como a lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el expediente varios 912/2010, el control de regularidad constitucional debe realizarse por los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, en el ámbito de sus competencias y procedimientos. Así, de una nueva reflexión, este Tribunal Pleno considera necesario abandonar el criterio reflejado en las tesis aisladas P. IX/2015 (10a.) y P. X/2015 (10a.), de títulos y subtítulos: "CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN EJERCERLO SÓLO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA." y "CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA EJERCERLO RESPECTO DE NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE ORIGEN.", porque dichos órganos jurisdiccionales, para dar cumplimiento al mandato constitucional de proteger, respetar y prevenir violaciones a los derechos humanos previsto en el artículo 1o. constitucional, deben realizar control ex officio tanto sobre las disposiciones procesales que regulan el juicio de amparo, directo e indirecto (Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo), como sobre cualesquiera disposiciones aplicadas en los actos reclamados cuya constitucionalidad revisan en el juicio constitucional. Lo anterior, porque se estima que el ejercicio de ese control es necesario para proteger los derechos humanos reconocidos constitucionalmente; es compatible con razones de seguridad jurídica porque no interfiere con el funcionamiento de instituciones como la preclusión o la cosa juzgada; y armoniza con el funcionamiento del sistema, ya que respeta el régimen federal y la distribución de competencias entre los órganos jurisdiccionales; en el entendido de que el resultado de ese control se limita a la inaplicación de normas generales en el acto concreto de aplicación sin generar efectos futuros y de que, cuando ese control lo realice el Tribunal Colegiado de Circuito, tanto en amparo directo como indirecto en revisión, con fundamento en los artículos 64, párrafo segundo, y 73, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, aplicables por identidad de razón, y con la finalidad de permitir a las partes conocer la realización del control de regularidad constitucional ex officio, éste deberá publicar previamente el proyecto de sentencia y dar vista a las partes, para que tengan la oportunidad de exponer lo que a su derecho convenga." Así también, debe destacarse que los criterios emitidos por ese Alto Tribunal pueden aplicarse para el análisis de casos actuales, pues la jurisprudencia reciente no afecta el derecho de la persona a la no retroactividad de la ley, con motivo de que con respecto a la jurisprudencia no se pueden suscitar conflictos de leyes en el tiempo, pues con independencia de que los hechos delictivos, la tramitación de la causa penal y su resolución, impugnada como acto reclamado, hayan ocurrido con antelación a la emisión de esos criterios jurisprudenciales, el juzgador, en observancia del principio pro persona y a fin de garantizar la protección más amplia a los derechos del gobernado como base de la tutela de la dignidad humana, debe acatar las pautas de interpretación establecidas en consonancia con esa nueva tendencia proteccionista incorporada al régimen constitucional. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada I.1o.P.22 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, registro digital: 2015805, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo IV, página 2146, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta del contenido siguiente: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y DEBIDO PROCESO ESTABLECIDA A RAÍZ DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011. EN OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO PRO PERSONA Y A FIN DE GARANTIZAR LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA A LOS DERECHOS DEL GOBERNADO COMO BASE DE LA TUTELA A LA DIGNIDAD HUMANA, EL JUZGADOR DEBE ACATARLA, AUN CUANDO LOS HECHOS DELICTIVOS, LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA PENAL Y SU RESOLUCIÓN, HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A SU EMISIÓN. En interpretación propia de ese Máximo Órgano, la trascendencia de la reforma constitucional mencionada radica, entre otros aspectos, en el cambio de la visión de protección de derechos, incorporando como directriz constitucional el principio pro homine, en virtud del cual todas las normas relativas a la protección de derechos humanos deberán interpretarse de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Es decir, el objeto y fin del reconocimiento positivo convencional y constitucional de los derechos humanos están dirigidos a garantizar la protección de la dignidad humana. Por lo que respecta a los procedimientos judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que uno de los fines fundamentales del proceso es la protección de los derechos de los individuos; por tanto, al existir un vínculo íntimo entre los derechos humanos y el procedimiento judicial, el principio de progresividad encuentra contexto propicio para desarrollar su efecto útil. Un ejemplo claro del desenvolvimiento garantista del debido proceso, es el de índole penal, porque con motivo de los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han ido incorporando nuevos derechos sustantivos. Los de defensa adecuada y exclusión de la prueba ilícita son parte importante de ese desarrollo con fines protectores de la dignidad humana, cuya construcción y reconocimiento han sido continuos y tienen como referente las reformas constitucionales que han ampliado su efecto protector. Por ende, los criterios emitidos por ese Alto Tribunal pueden aplicarse para el análisis de casos actuales, pues la jurisprudencia reciente no afecta el derecho de la persona a la no retroactividad de la ley, con motivo de que con respecto a la jurisprudencia no se pueden suscitar conflictos de leyes en el tiempo. Correlativamente con ello, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es de aplicación obligatoria y, por tanto, aun cuando los hechos delictivos, la tramitación de la causa penal y su resolución, impugnada como acto reclamado en el amparo directo, hayan ocurrido con antelación a la emisión de esos criterios jurisprudenciales, el juzgador, en observancia del principio pro persona y a fin de garantizar la protección más amplia a los derechos del gobernado como base de la tutela de la dignidad humana, debe acatar las pautas de interpretación establecidas en consonancia con esa nueva tendencia proteccionista incorporada al régimen constitucional." Sin que sea óbice a lo anterior, lo resuelto por el Pleno del Máximo Tribunal del País en la contradicción de tesis 293/2011, por medio de la cual, entre otras cosas, aceptó que las restricciones expresas contenidas en la Constitución Nacional desplazaban a las normas internacionales, entre las cuales se encuentra las de la Convención Americana y las demás integrantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; sin embargo, como lo destacó la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en el párrafo ciento setenta y seis de la citada sentencia, dicha postura genera que los alcances de la tutela judicial Mexicana en el caso concreto, sean ineficaces al no ser posible aplicar de manera adecuada el principio pro-persona e, incluso, en ese sentido, el Estado mexicano podría estar incumpliendo obligaciones internacionales que se comprometió a acatar al firmar y ratificar los instrumentos internacionales como la Convención Americana y las decisiones de la Corte Interamericana que son de obligatorio cumplimiento para los Estados Parte. En consecuencia, lo determinado en la sentencia precitada es de aplicación obligatoria, esto en observancia del principio pro persona y a fin de garantizar la protección más amplia a los derechos del gobernado como base de la tutela de la dignidad humana, toda vez que la prisión preventiva impuesta de forma oficiosa o en automática, sin analizar los requisitos que justifican convencionalmente y a nivel constitucional la imposición de la medida, es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica, al vulnerar los derechos a la libertad personal contenido en los artículos 7.1, 7.3, y 7.5; el derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 8.2 del mismo instrumento, y el derecho a la igualdad ante la ley establecido en el artículo 24 de dicho tratado, todos esos derechos en relación con la obligación de respetar y de garantizar los diversos establecidos en el artículo 1.1 de la Convención. La cual además debe estar sometida a revisión periódica, debiendo valorarse si las causas, necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen, y si el plazo de la privación a la libertad ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón; en el entendido de que en cualquier momento en que parezca que la prisión preventiva no satisface estas condiciones, deberá decretarse la libertad, sin perjuicio de que el proceso respectivo continúe. Pues debe reiterarse que son las autoridades jurisdiccionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emitieron, las cuales debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. Ahora del análisis preliminar que se realiza al asunto que nos ocupa, se obtiene que en la parte relativa a la imposición de la medida cautelar que se combate se estimó que debería de imponerse al quejoso la prisión preventiva oficiosa atendiendo a la calificación del hecho con apariencia de delito respeto al cual se le formuló imputación, por estar contemplados en el artículo 19 Constitucional, incluso ante la solicitud de la defensa de que se abriera debate respecto a la justificación de la prisión preventiva oficiosa. Con esas bases es dable afirmar que conforme a lo desarrollado en párrafos precedentes, el juez de control responsable debió analizar y valorar si existían causas, finalidad, necesidad y proporcionalidad de adoptar la prisión preventiva oficiosa, esto es, si resultaba necesario para asegurar que el imputado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia; tal como lo solicitó su defensa. Ello, en la audiencia que al respecto establecen los numerales 161 y 162 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con relación al diverso numeral 4 de dicho cuerpo de leyes, a fin de respetar los principios que rigen el sistema acusatorio, adversarial y oral (publicidad, oralidad, inmediación, concentración, contradicción y continuidad y aquellos previstos en la Constitución, Tratados y demás leyes) y debiendo ejercer un adecuado control de convencionalidad entre lo dispuesto en las normas aplicables y la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora, debe precisarse que la suspensión a petición de parte, solicitada respecto de actos que impliquen la privación de la libertad, tiene su fundamento en los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 163. Cuando el amparo se pida contra actos que afecten la libertad personal dentro de un procedimiento del orden penal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de esta Ley, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, sólo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento." "Artículo 166. Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; Del primer numeral transcrito se deriva que, además de los efectos taxativos previstos en el artículo 166 de la Ley de Amparo, la suspensión también debe producir que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, sólo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo para la continuación del procedimiento. Ahora, de los restantes artículos se sigue que los efectos expresamente previstos para la medida suspensional cuando se reclame una orden de aprehensión, reaprehensión o medida cautelar que implique privación de la libertad, cuyo delito amerite prisión preventiva oficiosa; el efecto será para que el quejoso quede a disposición de órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale, únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. Lo anterior, implica que en estos casos, los efectos de la concesión de la suspensión provisional (o definitiva) están tasados, puesto que la Ley de Amparo dispone expresamente tanto la causa como la consecuencia jurídica que deberá decretarse en caso de que ocurra el supuesto. No obstante, este juzgador considera que los efectos previstos en la propia Ley de Amparo, no constituyen un límite para que la suspensión pueda tener mayores y mejores alcances en la protección anticipada de derechos fundamentales. Es decir, en casos como el particular, donde haciendo uso de la apariencia del buen derecho, se advierta que la medida cautelar privativa de la libertad reclamada como es la prisión preventiva oficiosa tenga matices de devenir inconstitucional y que, por ende, existe la posibilidad de que así se declare en la sentencia de fondo que se dicte en el expediente principal del juicio de amparo; para que el órgano de amparo pueda otorgar la suspensión con efectos restitutorios provisionales, a partir de los efectos expresos previstos en los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, es posible otorgar tal alcance a la suspensión del acto reclamado. Lo anterior, pues la institución de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo debe contextualizarse dentro del marco del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, reconocido en nuestro sistema jurídico en los artículos 17 constitucional, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual estatuye la obligación del Estado de garantizar dicha prerrogativa mediante distintos mecanismos legales que satisfagan los estándares mínimos del derecho a un recurso efectivo; mismo que no sólo debe estar previsto formalmente en la ley, sino que materialmente debe ser idóneo para lograr el objetivo para el cual fue diseñado, es decir, para obtener una tutela efectiva en contra de actos o normas lesivas de derechos fundamentales. Conforme a estas premisas, para este juzgador la previsión establecida en la Ley de Amparo en cuanto a que el quejoso permanezca bajo disposición del órgano de control constitucional cuando le sea otorgada la suspensión respecto de actos privativos de su libertad implica que, mientras tenga vigencia tal medida cautelar, el juzgador de amparo está facultado para realizar un juicio preliminar respecto de las alegaciones que el quejoso hace en la demanda en relación con el acto que le afecta en ese derecho fundamental, para determinar si existen o no elementos que permitan prever el dictado de una sentencia de amparo favorable a sus intereses y, en tal supuesto, establecer las condiciones, circunstancias o modalidades en que su libertad quedará afectada en tanto se determina lo conducente sobre la suspensión definitiva; o bien, de ser el caso, mientras que cause estado lo que haya de resolverse en lo principal del controvertido constitucional. Ejercicio que responde a que la suspensión instrumentaliza al juicio de amparo como un recurso efectivo capaz de tutelar derechos fundamentales, incluso de manera anticipada pues, de no ser así, los efectos de la suspensión respecto de actos cuya naturaleza sea privativa de la libertad (como la prisión preventiva oficiosa) serían nugatorios e ilusorios, pues aunque la libertad del quejoso quede bajo la potestad del juzgador de amparo, de nada serviría esta previsión si no es capaz de responder o de actuar ante un acto de autoridad del que hay gran probabilidad que, al dictarse sentencia de fondo, pueda declararse inconstitucional. 3 En otras palabras, ningún fin útil y práctico tendría, para los derechos de los quejosos, el hecho de que se le otorgará la suspensión para que quede, por cuanto a su libertad, a disposición del órgano de amparo, cuya principal misión es proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, si no tiene posibilidad de evitar que el retraso en la impartición de justicia tenga un impacto negativo a quien desde un inicio le asiste razón; según el principio general relativo a que la necesidad del proceso para obtener la razón, no debe convertirse en un daño para quien la tiene. Considerar lo contrario implicaría el establecimiento de una prohibición implícita, restrictiva e injustificada del derecho fundamental a un recurso efectivo, lo que es incompatible con el espíritu protector del juicio de amparo y violatorio del principio pro persona tutelado en el artículo 1 constitucional, que como se dijo, ordena procurar la solución más favorable al derecho humano en cuestión. Por ende, tomando en consideración las anteriores premisas SE CONCEDE a ********************, la suspensión provisional para que la autoridad responsable, en el ámbito de sus atribuciones y obligaciones: Para que el juez responsable de inmediato actúe conforme a los siguientes lineamientos frente a la prisión preventiva oficiosa reclamada por el quejoso: a) Bajo el entendido de que la suspensión provisional que se otorga no tiene el efecto de modificar o revocar, de inmediato, la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso, pues esta deberá subsistir hasta en tanto, previo debate y resolución correspondiente, se imponga una diversa medida cautelar, cite a las partes a una audiencia -que habrá de celebrarse en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas-. b) Indique a las partes que ante la petición del Ministerio Público respecto a la solicitud de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, es necesario reanudar la audiencia inicial en la fase de solicitud de medidas cautelares, a fin de que se discuta sobre la medida cautelar que deberá imponerse, en la inteligencia de que hará del conocimiento de las partes que ese debate se otorga para que cada uno de los actores procesales presente sus argumentos o datos de prueba para justificar la finalidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida cautelar que llegase a solicitarse, sin que pueda ceñirse el litigio a la simple invocación del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa; c) Inmediatamente, dará el uso de la voz al Ministerio Público a fin de que solicite y justifique la solicitud de la medida cautelar que considere conveniente; luego de lo cual, dará el uso de la voz a la defensa para que fije su postura; permitiendo la réplica y dúplica que estime necesarios, conforme a su prudente arbitrio; d) Finalmente, con plenitud de jurisdicción, resolverá la solicitud de imposición de la o las medidas cautelares que estime convenientes para la conducción del imputado al proceso penal -o cualquier otra de las finalidades señaladas en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales-; En la inteligencia de que es factible que se imponga al quejoso la prisión preventiva, más no de forma oficiosa, sino, se insiste, previo debate y análisis fundado y motivado de la finalidad, idoneidad y proporcionalidad la medida, en los términos antes señalados al referirnos a la sentencia Tzompaxtle Tecpile contra México. O incluso, en términos de lo dispuesto por el artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, podrá imponer una medida distinta de la solicitada siempre y cuando no sea más gravosa que la que fue solicitada. En la inteligencia de que, dados los efectos de la suspensión provisional, será la autoridad responsable la que, una vez que resuelva cuál es la medida cautelar aplicable al quejoso, tendrá la obligación de vigilar su cumplimiento y, además, informar la decisión que adopte al juzgado de amparo. Lo anterior, tomando en consideración un estándar preliminar o reducido propio de la instancia cautelar de la que derivó dicha resolución, pues su análisis exhaustivo, tomando en cuestión la plenitud de jurisdicción que fue concedida a la responsable, constituiría, en su caso, materia de una instancia impugnativa ordinaria. En el entendido que la suspensión que aquí se decreta, no surtirá el efecto indicado en caso de que la medida cautelar de prisión preventiva que se decretó en la causa penal de origen en contra de la parte quejosa fuera de forma justificada y no oficiosa, pues se entiende que en este supuesto ya se dio oportunidad a la defensa de debatir las razones por las que el Ministerio Público solicitó esa medida. Además, dado los efectos de la suspensión provisional, será la autoridad responsable la que, una vez que resuelva cuál es la medida cautelar aplicable al quejoso, tendrá la obligación de vigilar su cumplimiento y, también, informar la decisión que adopte al juzgado de amparo; para que éste pueda pronunciarse sobre el cumplimiento de la suspensión concedida, lo que no significa que el juzgado de distrito pueda ordenar la libertad del quejoso, sino que deberá revisar que la resolución de la autoridad responsable satisfaga el análisis de, entre otros aspectos, la finalidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida cautelar. Tales efectos subsistirán en tanto se notifique a las responsables la resolución incidental que decida sobre la suspensión definitiva. Salvedades. La presente medida no surtirá efectos en caso de que los actos reclamados provengan de autoridades distintas a las señaladas por las responsables o bien que se hayan dictado después de la presentación de la demanda de amparo. Además, tampoco surtirá efectos si a la fecha de la publicación del presente acuerdo se haya dictado una nueva medida cautelar, virtud de la celebración de la continuación de la audiencia de vinculación a proceso, programada para el veinticinco de noviembre de este año a las diez horas. Garantía La medida cautelar que se concede, surte sus efectos desde luego, sin necesidad de garantizar por el momento, su efectividad, en tanto los quejosos aún se encuentran privados de su libertad, de ahí que solo en caso de que la responsable determine imponer una medida cautelar diversa a la prisión preventiva y permita a los quejosos enfrentar el proceso en libertad, deberá exhibir garantía; pero dejará de surtir efectos la suspensión, si los citados quejosos, no exhiben ante y a satisfacción de este juzgado y dentro del término de CINCO DÍAS, garantía por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), cada uno, cantidad que deberá ser exhibida en billete de depósito del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, S.N.C., y en el deberá aparecer como depositantes los impetrantes de garantías, o en cualquiera otra de las formas establecidas por la ley, pues de lo contrario, quedará sin efectos la medida suspensional concedida, lo cual se hará del conocimiento de las autoridades responsables que quedarán en aptitud de ejecutar el acto reclamado. Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Autorización de copias y de uso de instrumentos digitales Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento de la ejecutoria En sentencia dictada el diez de noviembre de dos mil veintiuno, éste órgano jurisdiccional determinó sobreseer y negar el juicio de amparo promovido por ELIA DEL SOCORRO RIZO AYALA, contra actos de la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil, de este Distrito Judicial y otras autoridades. Mediante auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia engrosada el diez de noviembre de dos mil veintiuno, ordenándose correr traslado a las demás partes del escrito de agravios, así como la remisión del expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito en Turno para su resolución. Así, en diverso proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se recibió testimonio autorizado de la ejecutoria emitida en la revisión 65/2022 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, por la que, esencialmente se resolvió revocar la sentencia recurrida y otorgar la protección constitucional a la parte quejosa, requiriéndose a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. Por oficios presentados el veintiséis de octubre y ocho de noviembre de dos mil veintidós, así como el diez de febrero, siete de marzo y nueve de octubre de dos mil veintitrés, la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil, de este Distrito Judicial, allegó las constancias para acreditar el cumplimiento dado al fallo protector; situación con la que se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. "1. El Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, deberá requerir a la Secretaria de Educación en el Estado de Michoacán y a su Delegado Administrativo, para que en forma inmediata cumplan cabalmente con la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen. 2. Una vez realizado lo anterior, y conforme a lo antes considerado, proceda a vincular al cumplimiento de la sentencia condenatoria al Gobernador del Estado, Secretaría de Finanzas y Administración y Dirección de Programación y Presupuesto dependiente de la secretaría mencionada, para lo cual deberá determinar cuáles con las obligaciones que corresponden a cada una de las autoridades vinculadas, conforme a lo previamente resuelto y, con plenitud de jurisdicción, dentro de sus facultades competenciales, realice los requerimientos y apercibimientos que considere pertinentes para lograr que, a la brevedad, se realice la modificación presupuestaria para realizar el pago de la condena, con afectación al presupuesto de la Secretaria de Educación en el Estado, esto, es, para que se liberen los recursos económicos que permitan cumplir íntegramente a la autoridad demandada con la sentencia dictada en el juicio subyacente.". La Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil, de este Distrito Judicial, dentro del juicio sumario civil número 1182/2019, realizó lo siguiente: I. El veinticinco de octubre de dos mil veintidós, solicitó copia del testimonio de la resolución pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito dentro del amparo en revisión 65/2022, a fin de conocer su contenido y estar en condiciones de dar cumplimiento al fallo protector. II. El ocho de noviembre de dos mil veintidós, informó que, al haberse realizado el pago de la suerte principal a que resultó condenada a pagar la parte demandada en la sentencia definitiva dictada en el juicio sumario civil número 1182/2019; la parte actora promovió un incidente de liquidación de sentencia que se encontraba en trámite, por lo que, mediante acuerdo de cuatro de noviembre de ese año, estableció que una vez que se dictara la sentencia interlocutoria relativa y quedara firme, en caso de existir condena a la parte demandada de pago líquido a favor de la actora, se requeriría del pago de la misma. III. El diez de febrero de dos mil veintitrés, remitió copia certificada del acuerdo de nueve del mismo mes y año, por el que ordenó girar oficio a las autoridades responsables, a fin de que realizaran los trámites tendentes a dar cumplimiento a la sentencia de mérito. IV. El siete de marzo de dos mil veintitrés, informó que se encontraba transcurriendo el término que les fue otorgado a las autoridades demandadas en el juicio de origen, a efecto de que cumplieran con lo ordenado en ese asunto, remitiendo las constancias respectivas para acreditarlo. V. Finalmente, el nueve de octubre del presente año, remitió diversas constancias del juicio sumario civil 1182/2019 de las que fue posible advertir lo siguiente: - Que mediante acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés tuvo por exhibiendo copia certificada de la transferencia bancaria realizada por los apoderados jurídicos de la Secretaría de Educación en el Estado en favor de la quejosa, por la cantidad de $128,081.04 (ciento veintiocho mil ochenta y un pesos 04/100 M.N.), cantidad a que resultó condenada a pagar la parte demandada en sentencia interlocutoria de siete de diciembre de dos mil veintidós; y, - Dadas las manifestaciones realizadas por la parte actora -aquí quejosa-, en relación a su conformidad con el pago emitido por la demandada, se ordenó el archivo del juicio de origen como asunto totalmente concluido. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de conservación. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es CONSERVABLE, de conformidad con el artículo 17 fracción III, inciso a). Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 17 del citado acuerdo, deberá transferirse al depósito documental del Área Coordinadora de Archivos correspondiente. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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