Rafael Valencia Martínez
Expediente 765/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 765/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 22/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Rafael Valencia Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Se agrega al expediente el oficio de la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Décima Segunda Investigadora Puebla de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Puebla, mediante el cual solicita copia certificada del juicio de amparo en que se actúa, pues aduce que es indispensable para la integración de la carpeta de investigación ** de su índice. En consecuencia, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2, mediante oficio que al efecto se gire, se ordena remitir copia certificada de las constancias que solicita para los efectos legales conducentes en la referida carpeta de investigación. Lo anterior se justifica en que mediante proveído de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado con las manifestaciones de tortura expresadas por el quejoso. Por último, se hace saber a la autoridad oficiante que se le remiten copias certificadas de todo lo actuado en este juicio de amparo sin supresión de datos personales, por tal motivo la información relativa a datos personales, considerada reservada o confidencial, queda bajo su más estricta tutela, por lo que será la responsable de su protección
- Principal
De la certificación precedente y del estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa omitió recurrir el auto por el cual se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que el referido auto ha causado estado y se tiene por consentido por las partes. Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y en atención a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, dado el sentido de la sentencia y carece de relevancia documental. Se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente.
- Principal
Se agregan al expediente los oficios de cuenta, signados por el Secretario en funciones de Juez del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla y Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, mediante los cuales rinden los informes justificados que les corresponden. En consecuencia, se da a conocer su llegada a las partes, para que en el plazo de ocho días contados a partir de la notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a su derecho e interés convenga, sin perjuicio de ser relacionados con el valor que la ley les concede al momento de celebrar la audiencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo
- Principal
SE DEJÓ CITATORIO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA SIN QUE COMPARECIERA A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DE LA RESOLUCIÓN DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, POR LO CUAL SE NOTIFICA POR LISTA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Del estado procesal del expediente y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido al quejoso en proveídos de once y trece de septiembre de dos mil dieciocho, para que proporcionara la denominación correcta de la autoridad responsable y ratificara su escrito presentado el doce de septiembre del año en curso, sin que lo hubiera hecho. En el referido auto de once de septiembre de dos mil dieciocho, se estableció un apercibimiento para el quejoso, consistente en que, en caso de omitir señalar la denominación correcta de la autoridad responsable, aquélla se tendría como inexistente en este juicio de amparo; en el diverso auto de trece de septiembre del mismo año, el apercibimiento consistió en tener por no presentado el escrito por el cual el quejoso señaló nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. En consecuencia, ante la omisión del quejoso de pronunciar algún pronunciamiento respecto la denominación correcta de la autoridad responsable y la omisión de presentarse a este juzgado a ratificar el escrito presentado el doce de septiembre del mismo año, pese haber sido notificado de forma personal de los autos citados, se hace efectivo el apercibimiento decretado en los referidos acuerdos, se tiene como inexistente a la autoridad denominada: AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE ASALTO Y ROBO DE VEHÍCULOS (UEIARV) DE LA SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO y se suspende toda comunicación con ésta; asimismo, se tiene por no presentado el escrito recibido el doce de septiembre del año en curso, por el cual señaló nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señaló como actos reclamados LA OMISIÓN DE LAS RESPONSABLES DE HACER DE MI CONOCIMIENTO LOS HECHOS Y/O OMISIONES QUE ME SON ATRIBUIDOS, ASÍ COMO EL TIPO PENAL DEL DELITO QUE SE ME IMPUTA, Y EL IMPEDIMENTO PARA COMPARECER A RENDIR MI DECLARACIÓN Y OFRECER PRUEBAS DE MI PARTE TENDIENTES A DESVIRTUAR LOS HECHOS QUE ME SON FALSAMENTE IMPUTADOS DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN DE ORIGEN. Sin embargo, en la primera parte de este proveído se tuvo por inexistente a la única autoridad señalada como responsable por parte del quejoso a quien se atribuía los actos mencionados en el párrafo anterior. En este tenor, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo (en lo sucesivo legislación) relacionada con la figura del agravio personal y directo que rige el juicio de amparo y puede aplicarse como principio general del derecho. Para demostrarlo se hace notar que el artículo 2 de la legislación permite acudir a los principios generales del derecho para resolver los juicios de amparo indirecto. Uno de los principios generales se encuentra en la figura del agravio personal y directo necesario para la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual implica que el quejoso aduzca ser titular de un derecho, y alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la constitución y con ello se afecte su esfera jurídica de manera directa. Una vez establecido en que consiste dicho principio general del derecho, se debe hacer notar que en el presente asunto, al haber tenido como inexistente a la única autoridad responsable a la que el quejoso atribuía los actos reclamados, se deja de acreditar el agravio personal y directo que mencionó el quejoso en la demanda inicial. Por lo tanto, para nada se demuestra la afectación directa a la esfera jurídica del quejoso porque los actos que adujo reclamar no son atribuidos a alguna autoridad. En ese sentido, para nada se puede observar el agravio personal y directo que aduce tener el quejoso, lo cual es un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, pues a ninguna autoridad son atribuibles los actos reclamados en la demanda inicial. Asimismo, es importante resaltar que cuando en el libelo constitucional o en alguna ampliación de éste, se omite establecer el agravio personal y directo alegado en la vía constitucional, la suplencia de la queja prevista por el artículo 79 de la Ley de Amparo, de ninguna forma autoriza al juzgador a suplir tal circunstancia a favor del quejoso, sino que sólo pueden suplirse los razonamientos tendentes a demostrar la violación de derechos humanos, así como los preceptos violados con los actos reclamados. Una vez sentado lo anterior, en el caso que nos ocupa, como ya se estableció, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el principio general del derecho relativo al agravio personal y directo, porque se dejó de establecer quién es la autoridad que afecta los derechos del quejoso. Razones por las cuales deviene improcedente el juicio de garantías en que se actúa, por lo cual se impone sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo 765/2018, promovido por ***. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL sustentadas entre el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta y cuatro minutos del ocho de octubre de dos mil dieciocho.
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