Rafael Santos Morales

Expediente 1107/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 18 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1107/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
18/10/2022

Partes del expediente

  • Rafael Santos Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales firmada por xxx por su propio derecho, contra un acto del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Acatzingo, de la Fiscalía General del Estado de Puebla (sic). En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si se encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Sin embargo, en el presente caso se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V (en sentido contrario) del mismo ordenamiento. De lo que se colige que, para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Además, las disposiciones previamente citadas, recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, este sólo procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona. Así, del estudio íntegro de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama una omisión de dar contestación a un escrito, donde solicitó copias de todo lo actuado en la carpeta de investigación de origen. Luego, se estima que dicho acto no encuadra en los de imposible reparación que, como ya se precisó, por regla general marcan la pauta para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues el solo hecho de que a la presente fecha todavía no se emita el acuerdo respectivo no afecta de manera directa los derechos sustantivos del impetrante de amparo, porque lo anterior puede subsanarse durante la substanciación del respectivo procedimiento, sin que esto tenga un impacto negativo o positivo en el fallo que en su momento se pudiera dictar. Es más, a pesar de que el quejoso no señala que dichas constancias son necesarias para poder ejercer su defensa, antes de acudir a alguna audiencia -como pudiera ser la audiencia inicial-, conforme lo establece el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, está en aptitud de hacer del conocimiento del Juez de Control la negativa de expedirle las referidas copias. Entonces, dejando a un lado ese supuesto -la solicitud de copias para ejercer su derecho de defensa en alguna audiencia- la omisión reclamada no conlleva la paralización en sí misma del procedimiento de origen, ni su obstaculización. De tal manera que aun cuando el ahora quejoso se duele de una afectación cometida dentro de la integración de la carpeta de investigación; y, alegue (entre otras) violaciones a los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto omisivo aquí reclamado no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo. Esto es así, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, ya que (acorde con lo expuesto en la demanda), la misma se presenta justamente dentro del mismo, y se traduce sólo en la falta de respuesta a una petición de mero trámite (por la que solicitó copias de la carpeta de investigación de origen). Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8 constitucional; sin embargo, como ya se indicó, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso tiene el carácter de imputado -según lo refiere en el escrito de demanda-, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. De ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente, lo que en la especie no ocurre. Sobre todo, porque no debe perderse de vista que, al encontrarse inmerso dentro de un proceso penal acusatorio, al parecer, en la etapa de investigación prevista en el artículo 211, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la atención se su solicitud no se rige por el derecho de petición que prevé el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues, se insiste, esa "petición" no es autónoma al proceso penal en el cual aduce tener la calidad de imputado. De ahí que, al no advertirse la existencia de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, se estima que no se actualiza la excepción para la procedencia del presente juicio de amparo. Por lo tanto, como se advirtió resulta de manera notoria, manifiesta e indudable, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y por ende, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. En punto y aparte, esta operadora jurídica no pierde de vista las consideraciones expuestas por el quejoso, en relación a que no es necesario agotar el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, la improcedencia que se actualiza en el caso particular no es por definitividad, esto es, por la obligación de agotar algún medio ordinario de defensa, sino porque no ha transcurrido un plazo razonable para que la autoridad ministerial responsable atienda la solicitud del quejoso y, así, establecer la existencia de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total.

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