Ramiro Garcia Ramos
Expediente 204/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 204/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ramiro Garcia Ramos
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Devolución de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; y cúmplase.
- Principal
Puebla, Puebla, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo signada por el quejoso XXXXXXX, por derecho propio, contra actos del Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y otra autoridad como ejecutora responsable. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber al quejoso que de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta al quejoso para que cuando le sea posible, transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrá consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Establecido lo anterior, se hace notar que la lectura integral de la demanda de amparo y su anexo, permite determinar que los actos reclamados por el quejoso son: a). La omisión del Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, porque no ha acordado el escrito presentado el treinta de enero de este año, por el cual aquél desiste de los careos y pruebas ofrecidos en la causa penal, y expresa su la voluntad de ser juzgado mediante procedimiento sumario, en el proceso 237/2012; y b). La falta de notificación del acuerdo de respuesta que debió haber sido emitido, atribuida al diligenciario señalado como autoridad ejecutora. Pero los actos de marras encuentran la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el diverso 107, fracción V (interpretada en sentido contrario), de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". A la luz de los preceptos transcritos, es válido afirmar que las omisiones reclamadas por el quejoso no tienen los atributos de imposible reparación, pues los antecedentes de la demanda carecen de indicaciones para visualizar una paralización en la causa instruida contra el quejoso. Por el contrario, el relato del quejoso informa que el juez señalado como responsable está tramitando el proceso penal seguido en su contra, el cual se encuentra en periodo de instrucción. De lo expuesto se observa que en ningún momento se ha paralizado el procedimiento penal, ya que derivado de diversas pruebas ofrecidas se encuentra el juez responsable efectuando las diligencias necesarias para su desahogo. Aspecto que se corrobora en los antecedentes narrados por el quejoso bajo protesta de decir verdad, y en el escrito presentado ante la autoridad responsable. Ello implica que al momento no existen circunstancias para visualizar que la omisión de proveer sobre su petición escrita, genere como consecuencia la paralización en el trámite del proceso, tampoco se observa que haya transcurrido un periodo de tiempo excesivo conforme al cual pueda estimarse que las omisiones reclamadas son producto de un descuido u olvido en el trámite de la causa penal, que puedan generar un perjuicio actual, real y directo en la esfera jurídica del quejoso. Bajo este contexto, es válido afirmar que las omisiones reclamadas en la demanda, no pueden estimarse a la fecha como actos de imposible reparación. Ello es así, porque las comentadas omisiones no han paralizado el procedimiento natural, y tampoco se advierte que hayan generado a la fecha alguna clase de perjuicio contra el quejoso, pues únicamente conciernen a la gestión de lo solicitado por este. Dicho de otro modo, los antecedentes de la demanda permiten advertir que la falta de acuerdo a la petición realizada ante el juez de origen y la falta de notificación recaída a tal solicitud -se insiste-, no han generado circunstancias a la presente fecha para estimar alguna afectación en perjuicio del quejoso, susceptible de traducirse en un acto de imposible reparación, dentro de la causa penal 237/2012. Consideraciones que se apoyan en la interpretación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al decidir la contradicción de tesis 325/2015, de la cual emergió la tesis jurisprudencial 2a./J. 48/2016 (10a.), con registro digital 2011580, cuyo rubro es: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS". Entonces, debe concluirse que los actos reclamados en la demanda, encuentran la causal manifiesta e indudable que fue analizada en líneas precedentes. Por tanto, de conformidad con la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V (interpretada en sentido contrario), de la Ley de Amparo, se declara improcedente la demanda de amparo presentada por el quejoso. Entonces, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo recibida, al haberse actualizado la causal de improcedencia estudiada, en forma indudable y manifiesta. Anotaciones internas. Se instruye a la encargada de los libros de gobierno y a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones personales, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, porque solicitó de manera expresa ser notificado por la vía electrónica. Por tanto, se instruye al secretario encargado del presente asunto, que habilite al quejoso el mecanismo de notificación electrónica y el acceso al expediente electrónico, con el nombre de usuario "XXXXXXXX". Asimismo, se tiene autorizado en términos amplios al profesionista de nombre Raúl Gracia Blanco, porque así lo solicitó el quejoso y éste tiene registrada su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. En tanto XXXXXXXXX, solo queda autorizado en términos restringidos, esto es, para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, pues no tiene registrada su cédula profesional en el referido sistema. Autorización para toma de fotografía. Se hace saber al quejoso que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber al quejoso el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. En ese sentido, se tienen recibidas las manifestaciones del quejoso, por lo cual habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de forma personal al quejoso (vía electrónica con el usuario señalado para tal efecto); y cúmplase.
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