Rafael Valencia Ávila

Expediente 875/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
875/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
30/10/2018

Partes del expediente

  • Rafael Valencia Ávila

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación a que se refiere la razón de cuenta que antecede, de la cual se advierte que la parte quejosa omitió recurrir el auto de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 15 a 19), dictado en este juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, SE DECLARA EL REFERIDO AUTO HA CAUSADO ESTADO; por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y se ordena archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. Se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo 8 de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención a que carece de relevancia documental y al sentido de la resolución pronunciada en el mismo.

  2. Principal

    Al expediente el oficio de cuenta, signado por el Encargado del Despacho del Centro de Información de la Fiscalía General del Estado, con sede en Puebla Puebla, por el cual manifiesta haber dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio. Además remite diversas constancias para acreditar su dicho, mismas que obran en un sobre cerrado, pues conforme lo indica la autoridad de mérito contienen información reservada y confidencial. Por tanto, se ordena glosar al expediente el sobre debidamente cerrado y se hace notar a las partes que de las constancias recibidas habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Lo anterior además, es acorde con el criterio sostenido (en la parte conducente de las jurisprudencias y ejecutorias que le dieron origen a éstas) por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia del rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA" ; así como por el Pleno del alto tribunal del país, en la diversa jurisprudencia de rubro: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA" . En adición, signifíquese a las partes que en la ejecutoria que generó la primera de las referidas jurisprudencias, se definieron las implicaciones del sentido inmerso en el segundo criterio antes citado, de tal manera que en su parte conducente se estableció lo siguiente: "...si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, dado que se tratan de datos pertenecientes a una persona ajena al quejoso." En consecuencia, las constancias con las cuales se da vista en este proveído, no podrá ser transmitidas, copiadas, fotografiadas, escaneadas o reproducidas por cualquier medio, en lo concerniente a la información que sea considerada como "reservada o confidencial", perteneciente a alguna persona diversa de la parte quejosa, si ésta es quien así lo solicita. De lo anterior y con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con el oficio de cuenta y las constancias remitidas en cumplimiento de la ejecutoria, para que en el plazo de tres días se impongan de su contenido y en su caso manifiesten lo que a su interés convenga. Se hace saber a las partes de omitir hacer manifestación dentro del plazo señalado, con desahogo de la vista o sin ella, se procederá a acordar lo conducente sobre el cumplimiento de la sentencia con base en los elementos obrantes en el expediente, para lo cual se les deberá correr traslado con copia de las constancias remitidas por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo

  3. Principal

    SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA SIN QUE COMPARECIERA A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DEL AUTO DE DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, POR LO CUAL SE NOTIFICA POR LISTA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Se recibe la demanda de protección de derechos signada por + por propio derecho, contra actos de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos (UEIARV) de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República y otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, de la lectura integral de la demanda, se advierte como acto reclamado lo siguiente: ".a) la omisión de las autoridades responsables de hacer del conocimiento del suscrito los hechos y/o omisiones que me son atribuidos, así como el tipo penal del delito por el cual se me investiga dentro de la hermética e inquisitoria averiguación previa y/o carpeta de investigación de origen. b) La violación a mi derecho de debido proceso, adecuada defensa, audiencia, legalidad, acceso a una eficaz impartición de justicia y seguridad jurídica, dejándome en total estado de indefensión e incertidumbre jurídica, al impedírseme comparecer a rendir mi declaración y ofrecer pruebas de mi parte tendientes a desvirtuar los hechos que me son falsamente imputados dentro de la averiguación previa y/o carpeta de investigación de origen, dejándome las autoridades responsables en total estado de indefensión e incertidumbre jurídica." Luego, el promovente señala como autoridades demandadas a: "a) Licenciada + Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos (UEIARV), de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República, con domicilio conocido en Ciudad de México, México. b) Licenciado + Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos (UEIARV), de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República, con domicilio conocido en Ciudad de México, México." Ahora, como se advierte de las constancias que obran en este expediente, se desprende la falta de cumplimiento de los requisitos legales establecidos en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, para la admisión de la demanda, al encontrarse actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque la parte quejosa ejerció acción de derechos fundamentales contra el mismo acto (como se verá más adelante) y autoridad precisada en su escrito de demanda en un diverso juicio de amparo -+ el cual ya fue admitido y se encuentra en trámite-. Motivo por el cual se actualiza la mencionada causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo (en lo sucesivo legislación) relacionada con la figura de litispendencia que puede aplicarse como principio general del derecho. Para demostrarlo se hace notar que el artículo 2 de la legislación permite acudir a los principios generales del derecho para resolver los juicios de amparo indirecto. Uno de los principios generales se encuentra en la figura de litispendencia, que se refiere a la imposibilidad de resolver dos controversias por el mismo acto reclamado, por lo que el análisis de constitucionalidad sólo puede realizarse una ocasión. En efecto, la litispendencia busca impedir que los jueces de distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, pues de hacerlo se llegaría al extremo de quebrantar la efectividad del sistema de amparo, en particular frente al escenario de determinaciones contradictorias (en el caso de admitirse dos demandas por el mismo acto reclamado). Así, la figura de litispendencia constituye un principio general del derecho en los términos siguientes: cuando existan dos controversias diferentes por el mismo acto reclamado, sólo podrá resolverse una de estas y la otra resultará improcedente para evitar decisiones opuestas . Fue combatido por el aquí quejoso + los actos citados en párrafos anteriores, a diversas autoridades señaladas como responsables en el juicio de amparo + -del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo Penal en el Estado de Puebla- en particular a la referida por el quejoso como "9.- Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos (UEIARV) de la Procuraduría General de la República con domicilio conocido en Ciudad de México, México"; el cual representa un hecho notorio conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación de supletoria. Ahora, en el presente caso el promovente reclama la omisión de hacerle de su conocimiento hechos u omisiones; así como el impedimento para comparecer a rendir su declaración dentro de una averiguación previa, lo que resulta ser los mismos actos que reclama en el diverso + del índice de éste juzgado. La diferencia es que dichos actos los atribuye al Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos (UEIARV) de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, pero en esta ocasión menciona los nombres propios de dichos funcionarios. Sin embargo, se trata de la misma Agencia del Ministerio Público referida en la demanda + Al haberse admitido la primer demanda de amparo en contra de los mismos actos, resultaría imposible efectuar un segundo análisis constitucional de los mismos, pues al hacerlo se llegaría al extremo de quebrantar la efectividad del sistema de amparo y hasta la seguridad jurídica sobre todo porque también fueron señaladas las mismas autoridades responsables, con independencia de haber señalado los nombres de las personas que ocupan dichos cargos. Mientras la existencia de dos determinaciones diferentes -en el terreno de la cosa juzgada- por el mismo acto combatido implicaría un menoscabo a la seguridad jurídica porque las actuaciones del expediente + podrían contener posturas opuestas sobre el análisis del mismo objeto, lo que justifica el inmediato fin del segundo juicio de amparo instaurado, y determina su conclusión sin una decisión sobre el fondo del asunto (pues como se dijo, éste se estudiará en el juicio de amparo + Lo cual obliga a visualizar la improcedencia del presente juicio a partir de la causal prevista en la fracción XXIII del artículo 61, complementada con el principio de litispendencia en términos del diverso 2, ambos de la legislación. De ahí que se privilegie el trámite del juicio de amparo indirecto + conforme al principio general del derecho que dice: cuando existan dos controversias diferentes por el mismo acto reclamado, sólo podrá resolverse una de estas y la otra resultará improcedente para evitar decisiones opuestas. De modo que de examinarse dos veces los actos reclamados, podría originar dos posturas diferentes sobre el mismo problema jurídico. Además, si la finalidad de la litispendencia es evitar que los órganos jurisdiccionales se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, empero, éstos tienen el deber de asegurarse de que al aplicarla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto que le causa perjuicio, por tanto una de las dos demandas de contenido coincidente debe de subsistir, y así se evitará dejar en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicio. Para ello, es de orden elemental y preferente que al menos una de las demandas se encuentre admitida y en trámite, como en la especie acontece, pues así se garantiza que, al desechar una de ellas, quede la posibilidad de que, en el diverso expediente el quejoso acceda a una sentencia definitiva en la cual, en forma lógica, deje de prosperar la misma causa de improcedencia respecto de la litispendencia. En efecto, es evidente que carece de sentido la promoción sucesiva de dos juicios de amparo contra los mismos actos y las mismas autoridades, pero también es obvia la necesidad de dejar se sobresea en los dos asuntos coexistentes con el mismo contenido, pues la causal de litispendencia no sanciona la falta de pericia del quejoso dejando de analizar las pretensiones propuestas en ambos juicios, sino que el ánimo de la ley fue que en la promoción de uno de ellos se declare la improcedencia y, en el otro, se lleve a cabo, en su caso, el estudio de fondo del problema planteado, por el natural inconveniente de resultar ocioso duplicar el trámite y resolución del mismo tema, con el riesgo adicional de emitir sentencias contradictorias entre sí, en determinado momento procesal. En consecuencia de lo anterior, en el presente asunto 875/2018, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, pues se actualiza la causa de improcedencia manifiesta e indudable, en términos del artículo 113, de la Ley de Amparo, relacionado con el diverso 61, fracción XXIII. Cabe precisar que la presente determinación deja de vulnerar los derechos humanos del promovente, pues el juicio de amparo 766/2018, del índice de este juzgado, continúa su tramitación, por los mismos actos reclamados e idénticas autoridades responsables, y donde aquél, si es su deseo, todavía tiene la oportunidad de ampliar su demanda de amparo o señalar la participación de diversas autoridades responsables. Es más, en el referido juicio de amparo 766/2018, el quejoso ya promovió la ampliación de su demanda de amparo, sin embargo al haber advertido este órgano jurisdiccional la falta de identidad en la firma del escrito inicial con la plasmada en el diverso de ampliación, se requirió al quejoso para que ratificara la misma; y de acuerdo a las circunstancias particulares del propio quejoso se giró despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Xicotepec de Juárez para efectos de lograr la ratificación del escrito de ampliación de demanda mencionado. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el señalado en el escrito inicial de demanda y como autorizados para los mismos efectos a las personas que menciona, dado que así fue solicitado por el quejoso, de omitir conferirles facultades amplias establecidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo; aunado a que para nada se encuentran registradas sus respetivas cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Por último, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.

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