Rafael Ramírez Carmona
Expediente 698/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 698/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 25/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rafael Ramírez Carmona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
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Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído de seis de enero de dos mil veintitrés, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por ************, no fue recurrido dentro del término legal, por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Notifíquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, fracción a), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que el juicio se sobreseyó y no se tramitó incidente de suspensión. Toda vez que las partes omitieron manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Finalmente por ser innecesaria su retención, devuélvase a la Comisión del Servicio de Carrera de Investigación Criminal y Pericial de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, el tomo de pruebas que se formó con motivo de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado.
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POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, en particular las constancias remitida por el Secretario Técnico de la Comisión del Servicio de Carrera de Investigación Criminal y Pericial de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, y representante de la citada Comisión, residente en Guanajuato, capital, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera Instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Del artículo anterior se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Tiene aplicación a lo anterior la tesis 51 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, Tomo IV, Apéndice 2000, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En el caso concreto, los supuestos descritos con antelación, y que derivan del mencionado artículo 61, se encuentran satisfechos, como a continuación se verá: I. El acto reclamado en este juicio de amparo consiste en el acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veintidós, dictado dentro del procedimiento administrativo de separación de cargo número ********************, a través del cual la Comisión del Servicio de Carrera de Investigación Criminal y Pericial de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, dio inicio al procedimiento de separación del cargo del quejoso, como Jefe de Célula perteneciente al Grupo Especializado en Justicia para Adolescentes en la Coordinación Regional "C", con sede en Celaya, Guanajuato. II. Que seguidos sus trámites procesales, el treinta de junio de dos mil veintidós, la autoridad responsable emitió la resolución del procedimiento de separación de cargo, decretando dentro de la misma la separación del cargo de ******************** -quejoso-, como Jefe de Célula perteneciente al Grupo Especializado en Justicia para Adolescentes en la Coordinación Regional "C", con sede en Celaya, Guanajuato, con efectos a partir del tres de junio del mismo año. Con base en el anterior cuadro procesal, es factible afirmar que en el presente asunto, no es posible decidir sobre la constitucionalidad del acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veintidós- que dio inicio al procedimiento de separación de cargo-, sin afectar la nueva situación jurídica que guarda la resolución de treinta de junio de dos mil veintidós - que decretó la separación del cargo del quejoso, como Jefe de Célula perteneciente al Grupo Especializado en Justicia para Adolescentes en la Coordinación Regional "C", con sede en Celaya, Guanajuato-; ello en virtud de que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se dictó una nueva determinación que cambió de manera inmediata la situación jurídica en la que se encontraba la parte quejosa al momento de acudir al presente juicio constitucional; por lo que, se deben considerar consumadas de un modo irreparable las violaciones acaecidas en el acto reclamado. Esto es así, dado a que existe autonomía entre el acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veintidós, dictado dentro del procedimiento administrativo de separación de cargo número ********************, y la resolución de treinta de junio de dos mil veintidós que resuelve dicho procedimiento, puesto que el primero se refiere al inicio del procedimiento de separación de cargo y la segunda a la determinación que estudia y resuelve dicha separación; lo que trae como resultado que, la última resolución dictada puede subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Tan es así, que la situación jurídica que impera en la esfera del quejoso es la derivada de las consideraciones expuestas en la resolución de treinta de junio de dos mil veintidós, que decretó la separación del quejoso, como Jefe de Célula perteneciente al Grupo Especializado en Justicia para Adolescentes en la Coordinación Regional "C", con sede en Celaya, Guanajuato, con efectos a partir del tres de junio del mismo año. Circunstancia que denota que es la resolución de treinta de junio de dos mil veintidós emitida por la Comisión del Servicio de Carrera de Investigación Criminal y Pericial de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, la que rige sobre la esfera jurídica del quejoso, sustituyendo los efectos del acto reclamado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. En apoyo a la conclusión anterior se invoca la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 386, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."
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Agréguense en autos los oficios signados por el secretario Técnico de la Comisión del Servicio de Carrera de Investigación Criminal y Pericial de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, y la asesora jurídica adscrita a la Agencia de Investigación Criminal de la misma Fiscalía, mediante los cuales rinden su respectivo informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrarse la audiencia constitucional. Con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, téngaseles ofertando como pruebas de su intención las documentales que acompañan, las que se admiten y se tienen por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. Dado lo voluminoso se ordena formar un tomo de pruebas.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que para esta fecha se encuentra prevista la celebración de la audiencia constitucional, así como que aún no rinden informe justificado las autoridades responsables, ni obran constancias en autos (acuses), de que hayan recibido el oficio mediante el cual se les solicitó; en consecuencia, se difiere y se fijan las diez horas con diez minutos del veintiséis de enero de dos mil veintitrés, para su verificativo.
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