Rafael Rodríguez Belman
Expediente 509/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 509/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 01/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rafael Rodríguez Belman
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Agréguese en autos el oficio remitido por el Administrador del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que la pieza postal MN583788220MX, que contenía el oficio 11546, dirigido al Director General de la Policía Ministerial del Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, fue entrega el veintiocho de junio pasado. Por otra parte, del estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la determinación de veintitrés de junio pasado, por la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, el presente expediente a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se sobreseyó en el juicio. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión provisional, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en diciembre 2012, específicamente en su capítulo: "JUZGADOS DE DISTRITO. VALORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES AUXILIARES Y JUDICIALES, DE CONFORMIDAD CON EL AGC 1/2009", subtítulo: "EXPEDIENTES QUE CORRESPONDE CLASIFICAR COMO DEPURABLES O DESTRUIBLES POR LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO"; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosarlo para mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del citado Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses. Tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de las copias certificadas de las constancias que integran la causa penal 190/2014, que como justificación a su informe anexó el Juez Primero Penal de Partido de esta ciudad, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Incidental
ÚNICO. Se declara sin materia el presente incidente de suspensión...
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el oficio signado por el Juez Primero Penal de Partido, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dado lo voluminoso de las constancias recibidas, se ordena formar un tomo de pruebas para el mejor manejo del expediente. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.)" "XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." Como se puede advertir del numeral transcrito, el juicio constitucional es improcedente cuando los actos reclamados hayan sido materia de un diverso juicio de amparo promovido por el mismo quejoso y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas. Sobre el particular, Carlos Arellano García en su obra titulada el Juicio de Amparo, editorial Porrúa, primera edición, explica que la causal de improcedencia de que se trata se encuentra totalmente justificada, por las siguientes razones: a) La expresión "ejecutoria" cuyo significado procesal equivale a que ya no cabe medio de impugnación alguno, es decir, es la verdad legal; b) Que impera la institución de la cosa juzgada, que es absolutamente indispensable para evitar que se afecte la seguridad jurídica, o sea, se satisface la necesidad de saber a qué atenerse; y, c) Además de que los juicios de amparo serían interminables, por lo que resulta poner fin a ellos. Por su parte, el ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo" (séptima edición, México 1999, página 219), refiere que para su actualización: ".es necesario que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado aunque las violaciones constitucionales sea diversas. Con esto se consigue la finalidad que tiende a evitar que se pronuncien sentencias contradictorias y la promoción de nuevos amparos enderezados con idéntico objeto." De lo expresado por los juristas y del precepto en análisis se desprenden como elementos para que se actualice la cosa juzgada los siguientes: 1. Que necesariamente ambos juicios de amparo estén promovidos: Por el mismo quejoso. Contra las mismas autoridades. Por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. 2. Que tal acto haya sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Para comprender adecuadamente por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia antes referida, se ordena traer a la vista los autos del juicio de amparo 596/2015-IV del índice de este órgano jurisdiccional; ello, habida cuenta que dichas constancias constituyen un hecho notorio para el suscrito. Del que se obtienen los siguientes datos: a) Mediante escrito presentado el seis de junio de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado con residencia en esta ciudad, Rafael Rodríguez Belman promovió demanda de amparo en contra de las siguientes autoridades: Juez Primero Penal de Partido. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial. Ambos de esta ciudad. Director General de la Policía Ministerial. Con residencia en Guanajuato, capital. De quienes reclamó: ".La ORDEN DE APREHENSIÓN que se pretende ejecutar en mi contra." b) Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de mérito a este órgano jurisdiccional, la que en proveído de seis de julio de dos mil quince, se radicó bajo el número 596/2015-IV y se admitió a trámite. c) Seguidos los trámites y una vez integrado el expediente el trece de noviembre del año próximo pasado, se dictó sentencia en dicho juicio, y se determinó negar el amparo y protección de la justicia federal a **********, en contra de la orden de aprehensión de quince de junio de dos mil quince, emitida por el Juez Primero Penal de Partido de esta ciudad, dentro de la causa penal 190/2014, que se le instruye por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de confianza; resolución que al no haber sido recurrida causó ejecutoria el diez de diciembre de dos mil quince. Ahora, de las constancias que integran el presente juicio de amparo se advierte que: - *********, promovió el presente controvertido señalando como autoridades responsables: Juez Primero Penal de Partido. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial. Ambos de esta ciudad. Director General de la Policía Ministerial. Con residencia en Guanajuato, capital. Como acto reclamado: La orden de aprehensión de quince de junio de dos mil quince, emitida por el Juez Primero Penal de Partido de esta ciudad, dentro de la causa penal *********, que se le instruye por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de confianza. Bajo esas premisas, en la especie el requisito marcado con el número 1 se encuentra cubierto, pues la demanda presentada en primer término y la que es objeto de este juicio fue promovida por el mismo quejoso Rafael Rodríguez Belman. Las autoridades responsables son las mismas en ambos juicios de amparo. Es el mismo acto reclamado, pues en ambos esencialmente reclamó la orden de aprehensión de quince de junio de dos mil quince, emitida por el Juez Primero Penal de Partido de esta ciudad, dentro de la causa penal 190/2014, que se le instruye por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de confianza. Por lo que respecta a la exigencia precisada con el número 2, también se encuentra cubierta, debido a que el acto que se reclama en el presente juicio ya fue materia del diverso juicio de amparo 596/2015-IV del índice de este juzgado, en la que se resolvió negarle el amparo y protección de la justicia de la unión; resolución que causó ejecutoria el diez de diciembre de dos mil quince. Bajo las anteriores consideraciones, si el quejoso ********* acude a esta instancia constitucional reclamando nuevamente la orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución, la cual ya fue objeto del diverso juicio de amparo 596/2015-IV del índice de este juzgado, en el que se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal, es incuestionable que ya no es dable jurídicamente examinar únicamente la orden de aprehensión que reclama, por cuanto hacerlo implicaría volver a analizar su constitucionalidad, lo que precisamente impide la hipótesis prevista en la fracción XI del citado artículo 61 de la Ley de la materia. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el Director General de la Policía Ministerial del Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual rinde su informe justificado. Dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrarse la audiencia constitucional. Se le tiene ofertando como prueba de su intención la documental que anexa, la cual se admite y se tiene por desahogada, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella al celebrarse la audiencia constitucional.
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