Rafael Pérez Nieto

Expediente 166/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
166/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
31/10/2019

Partes del expediente

  • Rafael Pérez Nieto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como del análisis efectuado a las constancias impresas del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que: Mediante proveído de veintisiete de marzo del año en curso, la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de Irapuato, se avoco al conocimiento de la demanda de amparo presentada por **********. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente cuaderno, será susceptible de destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse ordenado su archivo.

  2. Principal

    Vista la ratificación de firma que antecede, de la que se advierte que *********, reconoció el contenido y firma del escrito recibido en este Juzgado el once de marzo de dos mil diecinueve, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le tiene desahogando el requerimiento que se le formuló el cinco de marzo pasado; en ese sentido, se acuerda: Dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene para conocer del presente juicio constitucional. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo que textualmente establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Bajo ese contexto legal, si el quejoso *********, reclama la resolución de seis de febrero de dos mil diecinueve, emitida por la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, dentro del juicio de nulidad 2481/16-10-01-1-OT de su índice, mediante la cual se declaró infundada la queja que interpusó por defecto en el cumplimiento de la sentencia, y en su escrito de desahogo manifestó bajo protesta de decir verdad tener su domicilio en ********* número *********, zona ********* de Valle de Santiago, Guanajuato, lo que acreditó con copia de su credencial para votar, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, este Juzgado estima carecer de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda que se estudia. Lo anterior, dado que la resolución que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en un juicio de nulidad, que condenó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cuantificar la pensión con los incrementos respectivos, por su forma de expresión, constituye un acto negativo, a través del cual, la autoridad rechaza la pretensión ejercida en la queja, pero cuyos efectos son positivos, por ende, ejecutables, pues de manera directa deja firme, en la instancia jurisdiccional ordinaria, la determinación dictada por el Instituto citado en cumplimiento a la sentencia de nulidad e indirectamente permite la ejecución de dicha determinación, lo que se traduce en el pago de la pensión de acuerdo con los incrementos fijados por el propio Instituto, lo que se materializa en el ámbito privado de los pensionados, el cual se desenvuelve en su domicilio Entonces, si el domicilio del solicitante del amparo se localiza en Valle de Santiago, Guanajuato, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda, pues los actos de que se duele tienen ejecución en la referida localidad, que se encuentra fuera de la jurisdicción de este tribunal. Luego, conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, los Juzgados de Distrito que se ubican en Irapuato, Guanajuato, ejercen jurisdicción territorial, entre otros, en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato. Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir los autos originales del presente controvertido al Juez de Distrito, en turno, en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de Irapuato, a quien se considera competente para conocer del presente juicio. b. Solicitarle comedidamente informe si acepta o no el conocimiento del mismo. c. Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes respectivo; y, d. Realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la ratificación de firma que antecede, de la que se advierte que *********, reconoció el contenido y firma del escrito recibido en este Juzgado el once de marzo de dos mil diecinueve, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le tiene desahogando el requerimiento que se le formuló el cinco de marzo pasado; en ese sentido, se acuerda: Dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene para conocer del presente juicio constitucional. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo que textualmente establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Bajo ese contexto legal, si el quejoso *********, reclama la resolución de seis de febrero de dos mil diecinueve, emitida por la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, dentro del juicio de nulidad 2481/16-10-01-1-OT de su índice, mediante la cual se declaró infundada la queja que interpusó por defecto en el cumplimiento de la sentencia, y en su escrito de desahogo manifestó bajo protesta de decir verdad tener su domicilio en ********* número *********, zona ********* de Valle de Santiago, Guanajuato, lo que acreditó con copia de su credencial para votar, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, este Juzgado estima carecer de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda que se estudia. Lo anterior, dado que la resolución que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en un juicio de nulidad, que condenó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cuantificar la pensión con los incrementos respectivos, por su forma de expresión, constituye un acto negativo, a través del cual, la autoridad rechaza la pretensión ejercida en la queja, pero cuyos efectos son positivos, por ende, ejecutables, pues de manera directa deja firme, en la instancia jurisdiccional ordinaria, la determinación dictada por el Instituto citado en cumplimiento a la sentencia de nulidad e indirectamente permite la ejecución de dicha determinación, lo que se traduce en el pago de la pensión de acuerdo con los incrementos fijados por el propio Instituto, lo que se materializa en el ámbito privado de los pensionados, el cual se desenvuelve en su domicilio Entonces, si el domicilio del solicitante del amparo se localiza en Valle de Santiago, Guanajuato, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda, pues los actos de que se duele tienen ejecución en la referida localidad, que se encuentra fuera de la jurisdicción de este tribunal. Luego, conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, los Juzgados de Distrito que se ubican en Irapuato, Guanajuato, ejercen jurisdicción territorial, entre otros, en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato. Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir los autos originales del presente controvertido al Juez de Distrito, en turno, en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de Irapuato, a quien se considera competente para conocer del presente juicio. b. Solicitarle comedidamente informe si acepta o no el conocimiento del mismo. c. Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes respectivo; y, d. Realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente.

  4. Principal

    Agréguese en autos el escrito supuestamente firmado por el quejoso *************, mediante el cual aduce cumplir con la prevención efectuada el cinco de marzo pasado; se acuerda: Tomando en consideración que el suscrito, sin ser un perito en la materia, advierte de la simple confrontación del ocurso de cuenta con el escrito inicial de demanda, que las firmas que calza aquél tienen rasgos notoriamente discrepantes con las estampadas en el libelo constitucional; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al quejoso *************, para que dentro del término de tres días legalmente computado, comparezca ante este juzgado debidamente identificado, en día y horas hábiles, a fin de que en diligencia formal RECONOZCAN la firma del ocurso de cuenta; apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentado.

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