Rafael Ramírez López

Expediente 986/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 15 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
986/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
13/09/2023

Partes del expediente

  • Rafael Ramírez López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como de la certificación de cuenta, se desprende que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que no obra constancia de que la Secretaría de Salud Federal, así como el Consejo de Salubridad General; hayan rendido su informe justificado, ni tampoco obran los acuses de recibo donde se les solicitó; en tal virtud, se difiere la celebración de la audiencia constitucional programada para hoy y se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo.

  2. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso **************, mediante el cual cumple el requerimiento efectuado en providencia de diecisiete de agosto pasado; en ese sentido, se acuerda: Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 48 y 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la ampliación de demanda por lo que respecta a la autoridad denominada Secretaría de Salud Federal y al Consejo de Salubridad General; en ese sentido, emplácese a juicio a la citada autoridad. Requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de QUINCE DÍAS, contado a partir del siguiente al en que reciban el oficio en el que se les solicita, rindan sus informes justificados, al que deberán adjuntar copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias en las que se basaron para la emisión del acto reclamado, o en su defecto manifestar el impedimento que tuvieren, apercibiéndoles que de no hacerlo así, se les podrá imponer una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 238 de la misma Ley. De igual forma, con apoyo en el numeral 117, cuarto párrafo, del mismo ordenamiento legal, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que en caso de no rendir sus informes justificados se presumirá cierto el acto que se les atribuye. Asimismo, requiérase a la parte quejosa y a la autoridad responsable para que, de sobrevenir cualquiera de las causas de improcedencia o sobreseimiento previstas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, lo informen de inmediato y remitan las constancias que lo acrediten; lo anterior con fundamento en el numeral 64 del citado ordenamiento. En términos de lo dispuesto en el artículo 251 de la propia legislación, se hace saber a las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comuniquen a este Juzgado de Distrito, se les podrá imponer una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, en relación con el diverso 238 de la misma Ley. Finalmente, se hace del conocimiento que se fijaron las DIEZ HORAS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, concretamente del análisis del informe justificado rendido por el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato "ISAPEG", a nombre y representación del Secretario de Salud e Instituto de Salud, ambos del Estado de Guanajuato; así como de la Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud (UMAPS) Maravatío del Encinal y del Hospital General Salvatierra, quien manifestó textualmente lo siguiente: Bajo ese contexto, por virtud de las reformas al sistema nacional de salud, que modificó el esquema de competencias de los órganos encargados de la prestación del servicio de salud, al Secretario de Salud, al Secretario de Salud Federal y al Consejo de Salubridad General, les compete, respectivamente, asignar y ejercer el presupuesto, así como definir el compendio nacional para la salud y actualizar los tratamientos y medicamentos distribuidos en las diversas instituciones médicas del país, conforme a los criterios de regionalización y de escalonamiento de los servicios que definan y financiar los llamados gastos catastróficos entre lo que se pudiera ubicar el tratamiento médico que requiere la quejosa. La omisión reclamada por la quejosa involucra de manera directa al Secretario de Salud Federal y al Consejo de Salubridad General, al ser las responsables de autorizar el presupuesto y los insumos que permitan a mis representadas suministrar el tratamiento de hemodiálisis y los medicamentos que requiere la quejosa, así como distribuir la cartera de servicios de salud, de ahí la necesidad de que sea llamada a juicio de amparo, la Secretaría de Salud Federal. Por todo lo anteriormente expuesto, resulta necesario llamar a juicio a la Secretaría de Salud Federal, para efecto de que se pueda garantizar la existencia y disponibilidad permanente de recursos y servicios para que se proporcione a la quejosa el tratamiento de hemodiálisis, siendo ello en beneficio de la quejosa, pues su derecho a la salud estaría garantizado en la medida en que se instruyeran los medios aptos para su protección, desde el punto de vista financiero y del tratamiento necesario para conservarla." En tal virtud, es evidente que la Secretaría de Salud Federal y al Consejo de Salubridad General, les resulta el carácter de autoridades responsables, sin que hubiesen sido señaladas como tales. Por tanto, requiérase a la parte quejosa para que, dentro del término de quince días legalmente computado, manifieste si es su deseo designar como autoridades responsables a la Secretaría de Salud Federal y al Consejo de Salubridad General, y si así fuera, deberá adjuntar dos copias de su escrito, así como de la demanda, para correrles traslado; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se continuará la secuela procesal teniendo como acto reclamado y autoridad responsable únicamente la que señaló en su escrito inicial de demanda, y los actos en que se advierta su participación no serán motivo de análisis en esta instancia constitucional. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta data, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, concretamente del análisis del informe justificado rendido por el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato "ISAPEG", a nombre y representación del Secretario de Salud e Instituto de Salud, ambos del Estado de Guanajuato; así como de la Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud (UMAPS) Maravatío del Encinal y del Hospital General Salvatierra, quien manifestó textualmente lo siguiente: Bajo ese contexto, por virtud de las reformas al sistema nacional de salud, que modificó el esquema de competencias de los órganos encargados de la prestación del servicio de salud, al Secretario de Salud, al Secretario de Salud Federal y al Consejo de Salubridad General, les compete, respectivamente, asignar y ejercer el presupuesto, así como definir el compendio nacional para la salud y actualizar los tratamientos y medicamentos distribuidos en las diversas instituciones médicas del país, conforme a los criterios de regionalización y de escalonamiento de los servicios que definan y financiar los llamados gastos catastróficos entre lo que se pudiera ubicar el tratamiento médico que requiere la quejosa. La omisión reclamada por la quejosa involucra de manera directa al Secretario de Salud Federal y al Consejo de Salubridad General, al ser las responsables de autorizar el presupuesto y los insumos que permitan a mis representadas suministrar el tratamiento de hemodiálisis y los medicamentos que requiere la quejosa, así como distribuir la cartera de servicios de salud, de ahí la necesidad de que sea llamada a juicio de amparo, la Secretaría de Salud Federal. Por todo lo anteriormente expuesto, resulta necesario llamar a juicio a la Secretaría de Salud Federal, para efecto de que se pueda garantizar la existencia y disponibilidad permanente de recursos y servicios para que se proporcione a la quejosa el tratamiento de hemodiálisis, siendo ello en beneficio de la quejosa, pues su derecho a la salud estaría garantizado en la medida en que se instruyeran los medios aptos para su protección, desde el punto de vista financiero y del tratamiento necesario para conservarla." En tal virtud, es evidente que la Secretaría de Salud Federal y al Consejo de Salubridad General, les resulta el carácter de autoridades responsables, sin que hubiesen sido señaladas como tales. Por tanto, requiérase a la parte quejosa para que, dentro del término de quince días legalmente computado, manifieste si es su deseo designar como autoridades responsables a la Secretaría de Salud Federal y al Consejo de Salubridad General, y si así fuera, deberá adjuntar dos copias de su escrito, así como de la demanda, para correrles traslado; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se continuará la secuela procesal teniendo como acto reclamado y autoridad responsable únicamente la que señaló en su escrito inicial de demanda, y los actos en que se advierta su participación no serán motivo de análisis en esta instancia constitucional. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta data, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo.

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