Rafael Moises Mizrachi Mizrachi
Expediente 845/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 845/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/12/2021
Partes del expediente
- Rafael Moises Mizrachi Mizrachi
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la ley de amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de uno de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto en el que se desechó la demanda de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. En ese tenor, al advertirse que el asunto que nos ocupa se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el precepto 214, de la Ley de Amparo archívese el citado expediente. En términos del artículo vigésimo primero, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.Así lo acordó y firma electrónicamente la licenciada Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el oficio CCJ/ST/3965/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno; quien actúa ante María Elizabeth Reyes Moreno, Secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
las nueve horas del veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, se hace constar que en virtud de que la parte quejosa, no comparecio en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el aviso dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones y notifico por lista fijada en los estrados del edificio del poder judicial de la federacion en esta ciudad, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, al quejoso, el auto de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, dictados en los autos del juicio de amparo 845/2021 del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del auto de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice: Tijuana, Baja California, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la ley de amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de uno de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto en el que se desechó la demanda de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. En ese tenor, al advertirse que el asunto que nos ocupa se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el precepto 214, de la Ley de Amparo archívese el citado expediente. En términos del artículo vigésimo primero, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo firmada por Rafael Moisés Mizrachi Mizrachi, contra actos del Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, y otras autoridades, fórmese expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 845/2021-F. Desechamiento. Ahora bien, previamente a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por los artículos 112 y 113, ambos de la Ley de Amparo, debe analizarse si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Asentado lo anterior, los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De los artículos transcritos se tiene que el Juez de Distrito dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del momento en que recibe la demanda, examinará si desecha, previene o admite la demanda; sin embargo, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es; es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del tenor literal siguiente: Con relación a la interpretación que debe darse a los conceptos "manifiesto" e indudable" a que se contrae el citado numeral, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que lo indudable se traduce que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así, con lo expresado, cobra aplicación en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, la tesis de jurisprudencia: De igual forma es aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro siguiente: Así, al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa se aprecia que los actos aquí reclamados son los siguientes: La discusión, aprobación y expedición de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2020, específicamente el artículo 10, sección III, inciso d) punto 6, incisos a) y b) y el último párrafo. La expedición, promulgación y orden de publicación de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2020, específicamente el artículo 10, sección III, inciso d) punto 6, incisos a) y b) y el último párrafo. La autorización de la promulgación de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2020, específicamente el artículo 10, sección III, inciso d) punto 6, incisos a) y b) y el último párrafo. La determinación y cobro por derechos de conexión a las redes del sistema de agua potable y el alcantarillado sanitario, en aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2020, específicamente el artículo 10, sección III, inciso d) punto 6, incisos a) y b) y el último párrafo. Tal precisión se hace de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, conforme lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: En la especie, el suscrito considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo y los diversos 17, fracción I, y 18 del propio ordenamiento establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I.- Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De los preceptos transcritos, se desprende en primer término, que dicho acto reclamado está consentido tácitamente porque contra ellos no se promovió el juicio de amparo dentro de los términos que señala la ley de la materia. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 235, del Tomo XI, junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 216152, que dice. De igual forma, se obtiene que el término general para la interposición del juicio de amparo es de quince días y que en el caso de que se reclamen normas generales con motivo de su entrada en vigor, es decir, como norma general autoaplicativa, el plazo para interponer la demanda de amparo será de treinta días que se computará a partir del día de la entrada en vigor de la norma que se reclame. Ahora, cabe reiterar que el acto reclamado por el quejoso se trata de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2020, específicamente su artículo 10, sección III, inciso d) punto 6, incisos a) y b) y el último párrafo. En ese sentido, resulta un hecho notorio para el suscrito que, la ley que reclama el quejoso fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, decreto que en lo conducente establece: Jaime Bonilla Valdez, Gobernador del Estado de Baja California, anuncio que el Congreso del Estado ha dirigido al suscrito para su publicación la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del 2020, cuyo texto es el siguiente: Transitorios: Vigesimosegundo.- La presente Ley entrara en vigor el día primero de enero del año dos mil veinte. Aento a lo anterior, es pertinente destacar que las normas jurídicas pueden ser impugnadas a través del juicio de amparo, en distintos momentos, según sea su naturaleza, es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concretice la aplicación al particular de la norma en cuestión (heteroaplicativas). En el primer caso, basta con que el particular se encuentre ubicado en los supuestos que se establecen en un determinado ordenamiento legal que afecta su interés jurídico, para que surja su derecho a solicitar el amparo, a partir de su entrada en vigor, en este caso para demostrar su interés jurídico deberá demostrar que es titular de un derecho que es limitado, restringido, o desconocido por la hipótesis normativa en que se ubica. En el segundo caso, se requiere de un acto de aplicación para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, será a partir de ese acto que el gobernado promoverá el juicio de amparo, en el que deberá demostrar la titularidad del derecho, que es afectado por el acto de aplicación impugnado y la norma que lo funda, también reclamada. Es decir, para la impugnación de las normas a través del juicio de amparo debe quedar acreditado que se produjeron efectos en la esfera jurídica de quien solicita la Protección Federal, ya sea porque la entrada en vigor de las mismas los produzca de inmediato, o porque dichos efectos se hayan producido por una actuación, ya sea que se trate de un acto de autoridad o que, tratándose de actos de un particular, éstos vinculen al peticionario a la ley, por actualizarse los supuestos de la norma. Para que una norma autoaplicativa, o bien, heteroaplicativa efectivamente produzca efectos en la esfera jurídica de un gobernado, este debe tener incorporado a la misma el derecho afectado por la misma (interés jurídico), pues si quien promueve el juicio de amparo no demuestra tal titularidad carece de interés jurídico para combatir el acto o norma que reclama. Al respecto, es necesario tener en cuenta lo dispuesto por la Jurisprudencia en materias constitucional y común número P./J. 55/97, emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en julio de mil novecientos noventa y siete, de la novena época, visible a página 5, del tomo VI, registro 198200, de texto y contenido siguientes: Sentado lo anterior, debe indicarse que, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2020, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, misma que entró en vigor el uno de enero de dos mil veinte, conforme a lo establecido en el transitorio Decimonoveno de dicho decreto. Precisado lo anterior, de los antecedentes de la demanda de amparo se advierte que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, que el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, actuando bajo temor fundado de que suspendieran los servicios de agua potable y alcantarillado, realizó el pago de la cantidad de $228,697.88 pesos (doscientos veintiocho mil seiscientos noventa y siete pesos con ochenta y ocho centavos moneda nacional), como se advierte del recibo original de pago que anexo a la demanda. Por lo que al encontrarnos ante el supuesto de una ley heteroaplicativa como se advierte de la demanda, es que a partir del diecinueve de noviembre de dos mil veinte, fecha en que el quejoso realizo el pago antes referido ante la Comisión Estatal de Servicios de Tijuana, con residencia en esta ciudad, cobró vida jurídica el ordinal 10 de la citada Ley de Ingresos que reclama el quejoso. Lo anterior es así, pues el cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo contra leyes heteroaplicativas comienza al día siguiente al en que se dio el primer acto de aplicación de la ley. Por tanto, si la demanda que dio origen al sumario constitucional en que se actúa, se presentó hasta el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, es evidente que transcurrió el término de quince días hábiles con que contaba el promovente de conformidad con el artículo 17, fracción I, de la ley de Amparo, para interponer la demanda de amparo tratándose de asuntos de esta naturaleza, sin que así lo hubiera hecho dentro de dicha temporalidad, de ahí que su promoción sea considerada extemporánea. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 235, del Tomo XI, junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 216152, que dice. En razón de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61, y los diversos 17, fracción I, y 18 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la legislación de la materia, procede desechar la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia, en virtud de que aun substanciándose el juicio de amparo, no podría arribarse a determinación diversa. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente; lo que además tiene el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo, y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por el derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que el promovente acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyos rubros y texto son: Así también es aplicable por identidad de razón, la tesis I.13o.A.4 K del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito, publicada en la página 1318, Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que establece: Domicilio y autorizados. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, de la Ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el escrito de cuenta. Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jaime Paniagua Pimentel, ya que cuenta con la cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Transparencia y digitalización. En atención al cuarto punto petitorio de la demanda de garantías de que se trata, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Asimismo, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Consulta vía internet. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán acceder electrónicamente para consultar este expediente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el nombre del usuario, o bien a través de su firma electrónica, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015. Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional, ello en términos de la fracción II, del artículo 6, del multicitado Acuerdo General 21/2020. En la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Requerimiento a las partes. Con independencia de lo anterior se requiere a las partes para que, a la brevedad, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que este órgano jurisdiccional estime necesarios; esto con apoyo en el artículo 22, fracción II, del multicitado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Directrices para cualquier notificación personal que derive de la tramitación del presente juicio. Se hace del conocimiento a los actuarios de la adscripción, que las notificaciones personales que en su caso, pudieran derivar en este asunto durante su tramitación, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020. Notifíquese personalmente al promovente.
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