Ramiro Haro Flores

Expediente 926/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
926/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
18/08/2023

Partes del expediente

  • Ramiro Haro Flores

Actuaciones

  1. Principal

    El dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, se da cuenta a la Juez, con el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, registrado con folio 11476. Conste.Tijuana, Baja California, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del proveído de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, el cual se registró bajo el recurso de queja civil ********************, de su índice. Atento a ello, se toma conocimiento de lo informado por el tribunal oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    El ocho de agosto de dos mil veintitrés, se da cuenta a la Juez, con el escrito signado por ********************, en su carácter de apoderada legal del quejoso ********************, registrado con folio 10942. Conste.Tijuana, Baja California, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por ********************, en su carácter de apoderada legal del quejoso ********************, y en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del auto dictado el veintiocho de julio de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en artículo 101 de la Ley de Amparo ríndase el informe sobre la materia de queja al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, en relación con el juicio de amparo 926/2023-B, en el sentido de que es cierto el acto, ya que el veintiocho de julio de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda de derechos fundamentales, al considerarse actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. Por tanto, remítase testimonio que se integre con copia certificada de cada de las actuaciones necesarias, para la resolución del recurso interpuesto, así como el original del escrito de agravios y una copia de este al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, a fin de que se encuentre en posibilidad de sustanciar el aludido medio de impugnación. Sin que resulte necesario previamente efectuar notificación alguna a las demás partes, como lo establece el artículo 101 de la Ley de Amparo, ya que en esta hipótesis se trata del desechamiento de la demanda y por ende, no se proveyó respecto al conocimiento de las partes, acorde al artículo 5 de la Ley de la Materia. Notifíquese personalmente y córrase traslado a las partes con el escrito de agravios.

  3. Principal

    a las nueve horas del quince de agosto de dos mil veintitrés, se hace constar que en virtud de que la parte quejosa no comparecio en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el aviso dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones y notifico por lista fijada en los estrados de este organo jurisdiccional, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el acuerdo de ocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio de amparo 926/2023 del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del acuerdo de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice: El ocho de agosto de dos mil veintitrés, se da cuenta a la Juez, con el escrito signado por ********************, en su carácter de apoderada legal del quejoso ********************, registrado con folio 10942. Conste.Tijuana, Baja California, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por ********************, en su carácter de apoderada legal del quejoso ********************, y en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del auto dictado el veintiocho de julio de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en artículo 101 de la Ley de Amparo ríndase el informe sobre la materia de queja al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, en relación con el juicio de amparo 926/2023-B, en el sentido de que es cierto el acto, ya que el veintiocho de julio de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda de derechos fundamentales, al considerarse actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. Por tanto, remítase testimonio que se integre con copia certificada de cada de las actuaciones necesarias, para la resolución del recurso interpuesto, así como el original del escrito de agravios y una copia de este al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, a fin de que se encuentre en posibilidad de sustanciar el aludido medio de impugnación. Sin que resulte necesario previamente efectuar notificación alguna a las demás partes, como lo establece el artículo 101 de la Ley de Amparo, ya que en esta hipótesis se trata del desechamiento de la demanda y por ende, no se proveyó respecto al conocimiento de las partes, acorde al artículo 5 de la Ley de la Materia. Notifíquese personalmente y córrase traslado a las partes con el escrito de agravios.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo de cuenta, fórmense los expedientes físico y electrónico respectivos, y regístrese como juicio de amparo 926/2023-B. Personalidad. Ahora bien, de la demanda de amparo que se atiende, debe analizarse la personalidad de quien la promueve; por ende, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, se reconoce la personalidad jurídica de ********************, como apoderada legal de ********************, con la copia con firmas autógrafas de la audiencia de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral ********************, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California. Desechamiento. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de amparo en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el Juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora, del análisis integral del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama la resolución interlocutoria dictada el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, dictada por la Junta responsable, que declaró improcedente el incidente de falta de personalidad derivado del juicio laboral ********************, de su índice, que promovió el aquí quejoso a fin de que se determinara la falta de personalidad de la persona quien se ostentó como apoderado legal del codemandado ******************** en el juicio natural. En el caso, este Juzgado de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, del propio ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto excepcionalmente procede contra de actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional, en virtud de que está condicionada a que el acto tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con la precisión anterior, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Asimismo, del contenido del numeral descrito, se deducen dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: a) La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, b) La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que la sustentan, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10ª) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006589, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En el caso, la resolución reclamada no es de aquellas que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, requisito sine qua non para la procedencia del juicio de amparo biinstancial, toda vez que el acto reclamado constituye un acto de índole procesal que -como se dijo en párrafos precedentes- no trastoca de manera cierta e inmediata los derechos fundamentales de la parte quejosa. Lo anterior, ya que la resolución reclamada, conlleva como efecto, el que la parte demandada en el juico de origen, haya comparecido a juicio ante la Junta responsable por conducto de su apoderado legal; circunstancia que no afecta algún derecho sustantivo del impetrante, en virtud de que ello no impide que al momento de dictarse la sentencia definitiva, pueda obtener un fallo favorable, por lo que se estima que esa actuación sólo produce efectos intraprocesales o meramente formales (es decir, únicamente se afectan derechos de naturaleza adjetiva o procesal), que sólo inciden en la posición que van tomando las partes en el procedimiento con miras a obtener un fallo favorable en él, por lo que de ser así, el acto reclamado desaparece sin dejar alguna huella en la esfera jurídica de la parte quejosa, aspecto en que descansa la calificativa de que no se está en presencia de actos que tengan una ejecución irreparable. Asimismo, cabe señalar que en caso de que la sentencia que se dicte sea adversa a los intereses de la parte quejosa, la violación procesal que se aduzca cometida podrá ser combatible al promoverse el medio ordinario de defensa procedente, o en su caso, el juicio de amparo directo en su contra, por afectar sus defensas al trascender al resultado del fallo, acorde a lo dispuesto en los artículos 170 y 172 de la Ley de Amparo. En ese orden, como la determinación reclamada, no constituye un acto que viole algún derecho sustantivo protegido por la Constitución o los Tratados Internacionales de los cuales México es parte por los motivos expuestos, sino sólo afecta derechos adjetivos, se concluye que el juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. Por lo expuesto, atento a lo dispuesto en los artículos 113 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda presentada por ********************, por conducto de su apoderada legal, ********************, por notoriamente improcedente. Autorizados y domicilio. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************y ********************; además, se tiene como domicilio procesal, el señalado en el escrito de demanda. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "servicios jurisdiccionales", en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, en el que encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que de conformidad con el artículo 14 del acuerdo general del 12/2020, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional. Comunicaciones no procesales. Con independencia de lo anterior se hace del conocimiento de las partes que pueden proporcionar un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que este juzgado establezca el contacto respectivo en los casos que estime necesario, esto con apoyo en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se exhorta a promover la tramitación del juicio en línea. Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en el artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Transparencia y digitalización. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto. Asimismo, en atención al Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como del artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena priorizar la tramitación electrónica y de conformidad con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena priorizar la tramitación electrónica del juicio en Línea. De igual manera, en cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem). Expedición de copias. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2º de la Ley de Amparo, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, Secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, encargada del despacho, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas del artículo 161 del citado ordenamiento, por vacaciones de la Titular autorizadas mediante oficio CCJ/ST/3169/2023, quien actúa ante Gerardo Castillo Riedel, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. LLDVG/GCR/ansn

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