Ramon Aguilera Diaz

Expediente 611/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
611/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
08/11/2022

Partes del expediente

  • Ramon Aguilera Diaz

Actuaciones

  1. Principal

    ijuana, Baja California, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta que remite la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali; atento a su contenido, se le tiene acusando de recibo el oficio 94302020, al cual se anexaron los autos originales del presente juicio (formado con motivo del diverso juicio de amparo 621/2020-A, de índice). En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo, el presente cuaderno de antecedentes. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos 12/08/23 17:13:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ad.dd JOSE ALEJANDRO ORTIZ MONROY jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que presente cuaderno de antecedentes, es susceptible de destrucción en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; esto en un plazo de tres años contados a partir de la notificación del presente proveído. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del citado acuerdo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de ocho de octubre de dos mil veinte, este juzgado no aceptó la competencia declinada para conocer del juicio de amparo 621/2020-2A, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali; por lo que, en esa misma data se ordenó devolver el expediente original de mérito a dicho órgano jurisdiccional (sin que a la fecha obre acuse de recibo correspondiente). Por tanto, requiérase a dicho órgano jurisdiccional, para que en el plazo de tres días, legalmente computados, y de no tener impedimento legal alguno, acuse de recibo del oficio 9430/2020 (del índice de este juzgado), por el cual se anexó original del juicio de amparo 621/2020-2A, con anexos, lo anterior, a fin de estar en aptitud de proveer respecto al archivo del presente expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, Encargada del Despacho en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia autorizada del Titular, quien actúa ante José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a quince de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio número 26127 y anexos provenientes del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto con número de orden 117/2020-4, de su índice, relativo al diverso con número de origen 61/2020, de este Juzgado. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, ocho de octubre de dos mil veinte. Téngase por recibido y agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, y anexos que acompaña; mediante el cual, remite el juicio de amparo 621/2020- 2A, de su índice, promovido por Ramón Aguilera Díaz, contra actos del Comisionado Estatal del Sistema Estatal Penitenciario, con sede en Mexicali, Baja California, y de otras autoridades, en virtud de que el treinta de septiembre de dos mil veinte, el citado órgano jurisdiccional, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda relativa por razón de territorio y ordenó remitirlo al Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, son residencia en esta ciudad, en turno, el cual por razón de turno tocó conocer del asunto a este Juzgado. En consecuencia, regístrese la demanda de amparo en el libro de juzgado correspondiente, bajo número 611/2020-E. Ahora, quien suscribe disiente, respetuosamente, de las consideraciones en las que la autoridad oficiante se apoyó para declarar su incompetencia legal en favor de este Juzgado y por tanto, no se acepta la competencia planteada por los motivos que a continuación se precisan. En el caso, la autoridad oficiante señala que se actualiza la hipótesis establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que señala que será competente el Juez de Distrito del lugar en donde se haya ejecutado el acto reclamado, dado que la parte quejosa señaló como tal la orden de traslado del centro penitenciario en el cual se encontraba interno en la ciudad de Mexicali, Baja California, a diverso centro penitenciario, y a la fecha de la presentación de la demanda, ya había sido materializada fuera de la jurisdicción de ese Juzgado de Distrito, por lo que consideró que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo relativa, debiendo conocer de ella el Juez de Distrito en esta ciudad, por ser quien ejerce jurisdicción en el lugar donde se finalizó la materialización de la orden de traslado reclamada. Ahora bien, en el caso concreto, este órgano jurisdiccional estima que, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, consistente en la orden de traslado y su ejecución, no se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, sino la diversa prevista en el segundo párrafo, por las consideraciones siguientes. Al efecto, es pertinente citar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda El precepto legal transcrito prevé tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: 1. Cuando el acto reclamado tenga ejecución material, será competente el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2. Cuando el acto reclamado tenga ejecución material y ésta pueda darse en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el Juez ante quien se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado carezca de ejecución, será competente el Juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior se desprende que, para las dos primeras reglas competenciales, se requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, a diferencia de la tercera que no la requiere. Aunado a lo anterior, es pertinente destacar que lo que distingue a las dos primeras reglas competenciales, que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o de varios Jueces de Distrito, pues la primera regla se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción. En cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos o más distritos diferentes al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 3a. XLIX/93 emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trece, tomo XII, septiembre de mil novecientos noventa y tres, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 206707, que señala: COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución, y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución pero sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes. Por tanto, del juicio de amparo en que los actos reclamados deben ejecutarse en diversos distritos, corresponde conocer al juez ante el que se presenta la demanda, pues la expresión "a prevención" que utiliza la segunda regla competencial se entiende en función del conocimiento anticipado del asunto." Ahora, es oportuno destacar que, si bien es cierto, en el segundo párrafo únicamente se prevé que será competente el Juez ante quien se presente la demanda, lo cierto es que dicha disposición no puede ser interpretada literalmente, sino de manera armónica con el contenido integral del numeral respectivo. Así, del artículo 37 invocado, como se anticipó, se desprende que las dos primeras reglas competenciales se refieren a actos que requieren de ejecución material, en ese sentido, tratándose de actos susceptibles de ser ejecutados, siempre deberá atenderse al lugar de ejecución como referente para determinar la competencia territorial en el amparo indirecto. Entonces, se concluye que cuando el acto reclamado se esté ejecutado, haya sido ejecutado o pueda ser ejecutable en dos o más distritos judiciales, será competente para conocer del amparo biinstancial el Juez de cualquiera de esas demarcaciones, a prevención. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.3o.13 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la página mil novecientos cuarenta y uno, tomo III, libro seis, mayo de dos mil catorce, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2006496, que señala: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UN ACTO EJECUTADO O EJECUTABLE EN DOS O MÁS DISTRITOS JUDICIALES. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE CUALQUIERA DE ESAS DEMARCACIONES, A PREVENCIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece: "Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.". Sin embargo, ese enunciado normativo no debe entenderse literal y aisladamente en el sentido de que podrá conocer del asunto cualquier Juez de Distrito del país. Antes bien, es necesario interpretarlo en armonía con el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que la demanda de amparo indirecto deberá presentarse "ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse". De esta disposición se infiere que, tratándose de actos susceptibles de ser ejecutados, siempre deberá atenderse al lugar de ejecución como referente para determinar la competencia territorial en el amparo indirecto. Así, mediante la interpretación de la norma secundaria conforme al precepto constitucional, se concluye que cuando el acto reclamado haya sido ejecutado o pueda ser ejecutable en dos o más distritos judiciales, será competente para conocer del amparo biinstancial el Juez de cualquiera de esas demarcaciones, a prevención Luego, tomando en consideración que, en el caso concreto, el acto reclamado lo constituye una orden de traslado de un centro penitenciario a otro y su ejecución, es decir, se trata de un acto de autoridad por medio del cual se autoriza el cambio de ubicación física del reo de un establecimiento de reclusión a uno diverso, es claro que se trata de un acto que tiene ejecución material y, que para que se lleve a cabo lo ordenado por la autoridad, se dispone de tres momentos que comprende dicha orden, que son los siguientes: a) El primero que consiste en la emisión de la orden y su ejecución inicial que se traduce en extraer al reo del lugar de donde está recluido; b) El segundo que consiste propiamente en el traslado material del reo, a un lugar distinto; y, c) El tercero es aquel por el cual se ingresa al reo al nuevo centro de reclusión, etapa ésta en la que culmina la ejecución de la orden. De lo anterior se sigue que la orden de traslado y su ejecución debe ser considerado como un acto de tracto sucesivo, ya que desde la emisión de dicha orden, hasta su conclusión, se suscitan una serie de hechos continuos tendentes al traslado de la persona, es decir, atendiendo a la naturaleza jurídica de la orden, tenemos que sus efectos no se agotan con la sola emisión, sino que, con motivo de su ejecución, aquéllos se prolongan en el tiempo, y en este sentido, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en otro centro penitenciario. Con lo hasta aquí expuesto, es dable concluir que cuando el acto reclamado consiste en la orden de traslado se surte la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, pues el acto tiene ejecución material y ésta pueda darse en más de un distrito, por lo que es competente para conocer de la demanda relativa el Juez de Distrito de cualquiera de esas demarcaciones, a prevención. Lo anterior es así toda vez que, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, cuando se reclama una orden de traslado cuya ejecución aún no inicia -para dicha salaesa circunstancia de ningún modo le quita la naturaleza jurídica de acto de tracto sucesivo, pues su ejecución se caracteriza porque se lleva a cabo en momentos subsecuentes, encaminados a un mismo fin. Esta condición, relacionada con la esencia del acto reclamado, es el factor que permite fijar, de manera objetiva, la competencia territorial de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo indirecto promovidos en su contra, sin importar si la ejecución del traslado aún no inicia, o bien ha concluido, pues ello puede variar con el transcurso del tiempo y, por consiguiente, esa circunstancia cambiante, ajena a la naturaleza del acto, no podría operar como dato decisivo para fijar la mencionada competencia, pues de ser así, se provocaría incertidumbre jurídica y retardo en la pronta impartición de la justicia. Tampoco debe confundirse la indicada naturaleza jurídica del traslado con su eventual inexistencia, pues de llegarse a resolver en el momento procesal oportuno que no es cierta, tal situación no daría lugar a la incompetencia territorial del órgano de control constitucional ante el cual se estuviera tramitando el asunto, sino al sobreseimiento en el juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la ley de la materia Sirve de apoyo a lo anterior, por los motivos que la integran la Jurisprudencia 1a./J. 63/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 933, tomo I, libro 71, octubre de dos mil diecinueve, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2020829, de texto y rubro siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA LA ORDEN PARA TRASLADAR A UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SU EJECUCIÓN NO HA INICIADO, O BIEN, HA CONCLUIDO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007 PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, cuando se reclama una orden de traslado cuya ejecución aún no inicia, para esta Primera Sala esa circunstancia de ningún modo le quita la naturaleza jurídica de acto de tracto sucesivo, pues su ejecución se caracteriza porque se lleva a cabo en momentos subsecuentes, encaminados a un mismo fin. Esta condición, relacionada con la esencia del acto reclamado, es el factor que permite fijar, de manera objetiva, la competencia territorial de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo indirecto promovidos en su contra, sin importar si la ejecución del traslado aún no inicia, o bien ha concluido, pues ello puede variar con el transcurso del tiempo y, por consiguiente, esa circunstancia cambiante, ajena a la naturaleza del acto, no podría operar como dato decisivo para fijar la mencionada competencia, pues de ser así, se provocaría incertidumbre jurídica y retardo en la pronta impartición de la justicia. Tampoco debe confundirse la indicada naturaleza jurídica del traslado con su eventual inexistencia, pues de llegarse a resolver en el momento procesal oportuno que no es cierta, tal situación no daría lugar a la incompetencia territorial del órgano de control constitucional ante el cual se estuviera tramitando el asunto, sino al sobreseimiento en el juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la ley de la materia De ahí que, como se anticipó, el hecho de que la orden de traslado se haya materializado por completo, no tiene el alcance de modificar la naturaleza del acto reclamado, por lo que continúa siendo de tracto sucesivo y, por tanto, se sigue surtiendo la hipótesis de competencia prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Similar criterio fue sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, al resolver los conflictos competenciales 8/2018-I y 20/2018-I de su índice. Precisado lo anterior, es dable destacar que, en el caso concreto, de la información que obra en autos se obtiene que el acto reclamado comenzó a ejecutarse en la ciudad de Mexicali, Baja California, por ser el lugar donde se encontraba recluido el de nombre Ramón Aguilera Díaz en el momento que inició la ejecución de la orden de traslado que combate, y se siguió ejecutando en la ciudad de Tecate, Baja California, lugar en que se encuentra el Centro de Reinserción Social El Hongo en el que finalmente fue internado el quejoso. Por tanto, si la demanda se presentó el treinta de septiembre año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Mexicali, Baja California y fue turnada en esa misma fecha al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esa ciudad, es claro que es dicho Juzgado quien resulta competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Ramón Aguilera Díaz contra actos del Comisionado Estatal del Sistema Estatal Penitenciario del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, Baja California, y de otras autoridades, por ser quien previno en el conocimiento. En ese contexto, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada para conocer del juicio de amparo 621/2020-2A, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por las razones expuestas en este proveído. En consecuencia, con copia de la demanda de amparo y demás constancias; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales procedentes. Devuélvase el expediente original del juicio de amparo 621/2020-2A, y anexos que acompaña al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali; solicítese acuse de recibo, y de no tener inconveniente legal alguno haga del conocimiento de este Juzgado la determinación que asuma sobre el particular. En otro tenor, se precisa que no es el caso decretar la suspensión de plano del acto reclamado, en virtud de que el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, el treinta de septiembre de dos mil veinte, dicho órgano jurisdiccional se pronunció en relación con dicha medida cautelar. Ahora, toda vez que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en Mexicali, Baja California, de conformidad en los artículos 27 fracción II, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto electrónico al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali en turno, para que en auxilio de las funciones de este órgano jurisdiccional, gire las instrucciones necesarias a quien corresponda, para que se proceda a notificar al directamente agraviado Ramón Aguilera Díaz, por conducto de sus autorizados el contenido del presente proveído, en el domicilio ubicado en avenida Sinaloa, número 198-3, colonia Esperanza, Mexicali, Baja California. Asimismo, de conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para la práctica de la diligencia encomendada. Hecho lo anterior, o bien, de establecerse la imposibilidad material y jurídica para llevar a cabo la encomienda planteada, solicítese a la autoridad exhortada devuelva por la misma vía la comunicación oficial que se le remite, a fin de proveer lo que en derecho corresponda. Notifíquese; y vía exhorto a la parte quejosa.

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