Rafael do Carmo Pedro

Expediente 1355/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1355/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Promovente Alejandro Guzman Muro
  • Rafael do Carmo Pedro

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto ********************, promovido por ********************por propio derecho, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad; y, ********************Resultando********************Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito recibido por la secretaria de guardia de este Juzgado de Distrito, el diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, ********************por propio derecho, promovió la demanda de amparo contra los actos y autoridad que, es la siguiente:********************Autoridad responsable********************Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad.********************Acto reclamado********************"IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Se reclama a las autoridades responsables como ordenadoras y ejecutoras, la orden, mandato, instrucción consistente en CUALQUIER ACTO QUE TENGA POR OBJETO QUE SE ME PRIVE DE LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO Y/U ORDEN DE DEPORTACIÓN, en perjuicio del que suscribe, así como cualquier procedimiento administrativo que se haya iniciado sin haberme sido notificado y por lo tanto sin haber seguido un debido proceso legal, violando las formalidades esenciales del procedimiento, violación de la garantía de audiencia y a mis derechos humanos consagrados por la Constitución Federal y los tratados Internacionales, lo que por ende se deriva en una indebida fundamentación y motivación esto en base a los hechos que se expondrán a continuación." ********************Segundo. La parte quejosa señaló infringido los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló el concepto de violación que estimó pertinente, el cual no se transcribe, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción.********************Tercero. Admisión y trámite. Este órgano jurisdiccional en proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés radicó la demanda de amparo con el número ********************, decretó la suspensión de plano y admitió la demanda de amparo, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio la intervención que en derecho corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional y llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. ********************Considerando********************Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 49 y 50, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado el trece de enero de dos mil veintitrés, dado que el acto reclamado tiene ejecución en esta ciudad.********************Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, por lo que del análisis integral del escrito de demanda, y el informe justificado, se aprecia que sustancialmente el acto reclamado en esta vía consiste en:********************-La orden que tenga por objeto privar de la libertad fuera de procedimiento a la quejosa y como consecuencia de ello la orden de deportación a su país de origen.********************Tercero. No son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, lo que se determina así, no obstante de que no haya rendido su informe justificado, sin embargo, no se considera viable presumir la certeza del acto reclamado, de conformidad con el 117 de la Ley de Amparo, toda vez que obra en autos el informe sobre la suspensión de plano rendido por la aludida autoridad, en el que asentó lo siguiente: ".no se encuentra alojado en la Estancia Provisional del Instituto Nacional de Migración en Baja California, ni se cuenta con registro o antecedente de alojamiento provisional"; documental que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tanto, ante ello se evidencia la inexistencia de los actos reclamados, sin que la quejosa haya ofrecido probanza alguna para desvirtuar dicha negativa.********************Entonces, al no estar demostrado que con motivo de los hechos que relata la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, la autoridad responsable de que se trata haya emitido los actos reclamados; por tanto, es inconcuso que no son ciertos los aludidos actos reclamados.********************Apoya lo anterior, la tesis número IX.1o.83 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1714, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, al tenor del rubro y contenido que textualmente dice:********************"ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables."********************Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados a la autoridad materia del presente considerando, sin prueba en contrario, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo.********************Cuarto. Transparencia. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos.********************Por lo expuesto y fundado, se ********************Resuelve********************Primero. Se sobresee en el juicio de amparo ********************, promovido por ********************por propio derecho, contra los actos reclamados a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero y por las razones expuestas en el mismo considerando.********************Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando.********************Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y de la certificación secretarial se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional; sin embargo, el diecisiete de octubre del presente año, se notificó a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, Tijuana Baja California, para que rindiera Informe justificado. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las trece horas con cincuenta minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese.

  3. Principal

    S E N T E N C I A: Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 771/2023-C, por ********************, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. El seis de julio de dos mil veintitrés, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, la demanda de amparo promovida por ********************, en la que señaló como autoridad responsable y actos reclamados, los que a continuación se enuncian: AUTORIDAD RESPONSABLE: Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "1.- La omisión de la autoridad responsable de impartir Justicia Pronta y Expedita en el juicio laboral con número de expediente ********************ya que al día de hoy ha sido omisa en dictar en dictar acuerdo de admisión de pruebas, desde fecha 01 de julio de 2021, día en que se celebró la audiencia de Ofrecimiento de Pruebas, por lo que derivado de esto, indebidamente la Autoridad Responsable violenta mi derecho humano a la impartición de justicia de manera pronta expedita, al no dictarse el acuerdo en el que se admiten o desechen pruebas y se señale fecha para su desahogo, violando con esta acción los derechos fundamentales de la suscrita quejosa consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." (sic) Segundo. Derechos humanos y garantías cuya violación se reclama. La quejosa señaló como derechos fundamentales constitucionales violados, los consagrados en el artículo 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, narró en la demanda que dio origen al presente juicio, los antecedentes de los actos que reclama; y, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. auto Tercero. Admisión y trámite. El diez de julio de dos mil veintitrés, se proveyó sobre la admisión a trámite, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio intervención al Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito a este Juzgado; se reconoció el carácter de terceros interesados a ********************, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; preceptos 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 107/2022 emitido por el citado Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés; al reclamarse una omisión atribuida a una autoridad de esta ciudad y al haberse presentado la demanda en la jurisdicción de este juzgado. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, por lo que del análisis integral del escrito de demanda, el informe justificado y en atención a la causa de pedir se aprecia que sustancialmente los actos reclamados en esta vía consisten en: ( La omisión atribuida a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al no haber proveído lo conducente a la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral de origen ********************, ocasionando con ello una paralización del procedimiento. Tercero. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto atribuido a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tijuana, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado por conducto de su Presidente, en el que aceptó la existencia del acto reclamado, lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener por demostrado el acto de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 830, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, página 830, Quinta Época, registro 1002815, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran el juicio laboral de origen ********************, que allegó a este juicio la responsable, la cual hace prueba plena, conforme los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, o bien, que de oficio se advierta, que impida abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida, que se conforma de los actos cuya certeza quedó acreditada según lo determinado en el considerando precedente. Ahora bien, la autoridad responsable hace valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ante el dictado que realizó del auto de fecha catorce de julio de dos mil veintitrés, en el que proveyó lo conducente a las pruebas ofrecidas por las partes y señaló fecha para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas en el juicio laboral de origen; la cual se considera fundada en base a las siguientes consideraciones. De las constancias remitidas por la Presidente de la Junta responsable, anexas al informe justificado con folio 11634 y las allegadas con posterioridad mediante oficio con folio 13719, se desprende que mediante acuerdo de catorce de julio de dos mil veintitrés, dictado por la última en cita en el expediente ********************, de su índice, proveyó lo conducente a las pruebas ofrecidas por las partes y señaló fecha y hora para las que ameritaban desahogo; asimismo, ordenó turnar los autos al actuario adscrito a la Junta, a fin de que notificara el referido auto a la parte actora -aquí quejosa-; mismo que fue notificado el diecisiete de agosto del año en curso. De lo anterior, resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" De una interpretación sistemática de lo dispuesto por la referida fracción, permite establecer que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del motivo de afectación, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional. Tal improcedencia, se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Así, se estima que en el caso se actualiza el motivo de improcedencia invocado, al tener en consideración que la parta quejosa reclamaba la omisión de la autoridad responsable de proveer lo conducente a los medios probatorios que ofreció en el expediente laboral de origen consistentes en: Confesional a cargo de la moral denominada ********************. Confesional a cargo de quien resulte propietario o responsable de la fuente de trabajo ubicada en carretera ********************. Confesional a cargo de ********************. Confesional a cargo de ********************. Testimonial a cargo de ********************y ********************. La inspección Ocular que se llevara a cabo por el personal actuante de esa autoridad respecto a los contratos individuales de trabajo de empleados de la denominada ********************. La Inspección Ocular que se llevara a cabo por el personal actuante de esa autoridad, respecto a las nóminas de pago de empleados de la denominada ********************. La Inspección Ocular que se llevara a cabo por el personal actuante de esa autoridad respecto a las facturas de servicio de los clientes de la denominada ********************. Pericial Contable de facturas de servicio de los clientes de la denominada ********************. Siendo en el caso que según constancias allegadas por la responsable, las cuales fueron previamente valoradas se advierte que el catorce de julio de este año la autoridad responsable proveyó lo conducente a dicho escrito y en lo que aquí interesa acordó lo siguiente: "Pruebas ofrecidas por la parte actora: ********************. En primer término: se desechan las pruebas supervinientes ofrecidas por la parte en cita, toda vez que de su escrito declara que fueron obtenidas posterior al ofrecimiento de las pruebas más no que no tenía conocimiento de ellas, y de una revisión a los autos no se advierte que se le imputen hechos a la moral ********************., que lo vinculen a este Juicio, por lo que resulta inútil e intrascendente su admisión, lo anterior a lo previsto en el artículo 779 de la Ley de la Materia. En segundo término: se desecha la prueba ofrecida en la prueba ofrecida en la prueba I, III, IV, específicamente la prueba ofrecida como careo ya que no encuadra en las pruebas previstas por el artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo, se desecha la prueba confesional a cargo de quien resulte responsable de la fuente de trabajo ofrecida bajo el numeral (II) y que se le tubo por contestando el escrito inicial de demanda en sentido afirmativo por lo que resulta inútil e intrascendente la admisión y desahogo de dicha prueba, se desecha la prueba inspección ocular ofrecida bajo el numeral (VIII) en virtud de que a la moral ********************., no se le imputa hecho alguno que lo vincule al presente juicio, resultando inútil e intrascendente su admisión y desahogo, lo anterior a lo previsto por el artículo 779 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo que hace al resto de las pruebas se admiten y se califican de legales todas y cada una de las pruebas que se desprenden de su escrito de ofrecimiento de pruebas, por estar ofrecidas conforme a derecho, no ser contrarias a la moral ni a las buenas costumbres y encontrarse relacionadas con el presente juicio, en virtud de ser los que no requieren diligencia especial para su recepción se tomaren en cuenta en su momento procesal oportuno." Asimismo, respecto a las pruebas admitidas señaló fecha y hora para su desahogo, dando con ello impulso al procedimiento de origen, lo que conlleva a la actualización de la causal de improcedencia invocada. Por ello, es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado en esta vía constitucional, pues aquella situación jurídica, consistente en la omisión atribuida a la responsable dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al haber sido atendido su escrito de pruebas, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo. En tales circunstancias, al actualizarse la invocada causa de improcedencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio en términos del artículo 61, fracción XXI en relación con el artículo 63, fracción V ambos de la Ley de Amparo, por lo que a dicha autoridad y actos se refiere. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Quinto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se Resuelve Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos que reclama de la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida de María Elizabeth Reyes Moreno, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta mediante el cual la delegada de la Subdirectora de Gobierno y Procesos Laborales del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnologías (CONACYT) con sede en Ciudad de México, en atención al requerimiento formulado en autos, informa la imposibilidad jurídica que tiene para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, por los motivos ahí expuestos. En tal virtud, dese vista a las partes, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente auto, manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese personalmente.

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