Rafael Gonzalez Dolores
Expediente 289/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 27 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 289/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 02/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Rafael Gonzalez Dolores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra la sentencia dictada el diez de junio de dos mil diecinueve, que por una parte sobreseyó en el presente juicio y por otra negó el Amparo y Protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. No pasa inadvertido para el suscrito Juzgador que no obra en autos la constancia de notificación a la autoridad responsable 7. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, con sede en Metlaltoyuca Francisco Z. Mena, de la referida resolución; sin embargo, no es óbice a lo acordado en el párrafo que antecede, pues la aludida sentencia no perjudica de alguna manera a dicha autoridad, ya que ésta por una parte sobreseyó en el presente juicio y por otra negó el Amparo y Protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, y sólo están legitimadas para interponer el recurso de revisión, las partes a quienes resulte desfavorable la determinación definitiva que se emita dentro del juicio de amparo. Apoya a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 6/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las siguientes tesis aisladas: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." "REVISIÓN IMPROCEDENTE. DEBE DESECHARSE LA INTERPUESTA POR QUIEN OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE. Cuando se recurre la sentencia dictada en un juicio de amparo biinstancial por la parte a quien le es favorable, el recurso debe desecharse por improcedente, salvo que se esté en el supuesto previsto en el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que las resoluciones sólo pueden ser impugnadas por aquella a quien le perjudique." "RECURSOS. QUIENES PUEDEN INTERPONERLOS. Sólo una parte puede interponer recursos contra una resolución que le es desfavorable. El juicio de garantías únicamente puede promoverse por aquél a quien perjudique el acto reclamado (artículo 4o. de la Ley de Amparo), y esta norma debe extenderse, en su aplicación, para expresar que sólo puede interponer recursos contra una sentencia la parte a quien aquélla resulte desfavorable. Tratándose de resoluciones que hayan concedido el amparo, no todas las autoridades responsables están legitimadas para recurrirlas, pues sólo podrán hacer valer la revisión las autoridades contra el fallo que afecte de modo directo el acto que de cada una de ellas se hubiere reclamado (artículo 87 de la misma ley)." Ahora bien, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que por una parte sobreseyó en el presente juicio y por otra negó el Amparo y Protección de la Justicia Federal solicitada, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiendo conservar la demanda y la sentencia correspondiente, sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión en virtud de que por una parte se negó, por otra se concedió la medida cautelar, y por último se declaró sin materia, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los presentes expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En diverso aspecto, ya que resulta innecesario conservar las documentales que las autoridades responsables 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Xicotepec de Juárez, Puebla (anexo I), y 8. Juez de Ejecución de Sentencias Itinerante del Estado de Puebla (anexo II), remitieron en apoyo a sus informes justificados, devuélvanseles las mismas. Para ello, respecto a la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Xicotepec de Juárez, Puebla, requiérasele para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Se apercibe a la citada autoridad que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Ahora bien, por cuanto hace a la diversa autoridad responsable 8. Juez de Ejecución de Sentencias Itinerante del Estado de Puebla, no ha lugar a requerir el acuse de recibo toda vez que la citada autoridad se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de los citados discos.
- Principal
PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Rafael González Dolores, respecto de las autoridades y actos precisados en el considerando tercero, apartado I, de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rafael González Dolores, contra los actos reclamados a las autoridades responsables 8. Juez de Ejecución de Sentencias Itinerante del Estado de Puebla, 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación y 4. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, con sede en Xicotepec de Juárez, por las razones expuestas en el considerando octavo de esta resolución. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de mayo de dos mil diecinueve. Visto, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales, el oficio signado por la Jueza de lo Penal de Xicotepec de Juárez, Puebla, mediante el cual, devuelve debidamente diligenciado el despacho 407/2019 (orden 519/2019) del índice de este juzgado; mediante el cual, se le encomendó que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, emplazara al presente juicio de amparo a la parte tercera interesada Yolanda Medina Hernández; por tanto, se tiene por emplazada a la antes citada, para los efectos legales conducentes. Atento a lo anterior, dese de baja el aludido despacho en el Libro de Gobierno respectivo y háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otro lado, vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la tercera interesada de referencia, por acuerdo de diecisiete de mayo último, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones personales en la ciudad de Puebla o en esta ciudad, sin que haya desahogado el aludido requerimiento. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 27, fracción II y 29 de la Ley de Amparo, se ordena realizarle todas las notificaciones por lista de acuerdos a la parte tercera interesada, aun las de carácter personal.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. Visto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado de Ejecución de Sanciones Itinerante del Estado de Puebla y, en atención a su contenido, téngasele remitiendo las constancias solicitadas por auto de catorce de mayo del año que transcurre, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene como prueba de la citada autoridad responsable la documental que anexa al informe que se provee, sin perjuicio de relacionarla al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Tomando en consideración el cuantioso número de fojas que conforman la documental remitida, que dificulta su manejo y consulta al integrarlo al juicio en que se actúa, con fundamento en lo que disponen los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, fórmese el anexo II, conservando el folio de origen, a fin de que el día que tenga verificativo la audiencia constitucional pueda ser apreciado debidamente. Así mismo, téngase a la autoridad oficiante proporcionando el domicilio de la parte tercera interesada Yolanda Medina Hernández, el ubicado en calle Vergel, número doce (12), localidad La Gloria, municipio de Jalpan, en el Distrito Judicial de Xicotepec de Juárez, Puebla. Atento a lo anterior, en razón de que el domicilio de dicha parte procesal, se localiza fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b), 115 párrafo primero y 116 párrafo segundo, de la Ley de Amparo; así como en los diversos numerales 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, gírese atento despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Xicotepec de Juárez, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: Notifique este auto, el inicial y los acuerdos de siete y catorce de mayo de dos mil diecinueve, a la tercera interesada Yolanda Medina Hernández, en el domicilio señalado anteriormente; Emplace a la tercera interesada de mérito; Le corra traslado con copia simple de la demanda de amparo, y del escrito de ampliación, así como copia autorizada del auto admisorio, de los acuerdos de siete y catorce de mayo del actual, y del presente proveído, por si a su interés conviene apersonarse, ofrecer pruebas y alegar de su derecho. Le requiera en el acto de la diligencia o le haga saber que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, comparezca ante este Juzgado Tercero de Distrito en Amparo en Materia Penal con sede en San Andrés Cholula, Puebla, ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla y señale domicilio donde reciba sus notificaciones en esta ciudad. Apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes, se le hará por medio de lista de acuerdos, inclusive, las de carácter personal; tal como lo dispone el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, a efecto de no dejar en estado de indefensión a dicha parte procesal, dese vista con las constancias de autos, por el plazo de ocho días, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen el emplazamiento aún en horas y días inhábiles, en la inteligencia de que si se enteran de un domicilio diverso donde puedan realizarse, se les faculta para constituirse en el lugar que se les informe y lo efectúen sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar. En la inteligencia, que la notificación que se encomienda deberá practicarse en términos de lo dispuesto en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo. En el entendido, que la parte interesada deberá identificarse con documental idónea, de la cual, se recabará copia simple para agregarse a esta última o, en su caso, justificar la imposibilidad para hacerlo. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó el emplazamiento de mérito; apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emita el presente proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, así como 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo vigente. Finalmente, queda a cargo de la Secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación.
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