Rafael Flores Garcia (En Representación)

Expediente 979/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 8 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
979/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
08/10/2019

Partes del expediente

  • Rafael Flores Garcia (En Representación)

Actuaciones

  1. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PROMOVENTE LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, ocho de octubre de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Visto lo de cuenta; fórmese expediente y regístrese con el número 979/2019, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. SUPRESIÓN DE DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE MENOR. En atención a que la quejosa directa, es menor de edad, tal como se advierte de la documental que anexa al escrito de demanda, consistente en copia simple del pasaporte J865079, de la cual se advierte que nació el cinco de marzo del dos mil tres, por lo que, para esta data cuenta con la edad de dieciséis años, de conformidad a las reglas contenidas en el capítulo III, del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 3, 8, 9, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente; sin embargo, a efecto de proteger la intimidad y el bienestar de la menor quejosa, al hacer públicas las resoluciones que se emitan en el presente asunto, suprímanse los datos que permitan la identificación de dicho menor, a quien en lo sucesivo se le identificará con la inicial C.L.B. CUESTIONES PRELIMINARES. Por otro lado, conviene señalar que del estudio integral de la demanda, se advierte que Rafael Flores García, en representación de la menor C.L.B., señala como acto reclamado en la presente instancia: ( La orden de detención dictada en su contra con fines de deportación a su país de origen (Cuba). Asimismo, se aprecia lo siguiente: ( Que la menor se encuentra sin tutela ni la protección de sus padres, dado que aquéllos radican y trabajan en los Estados Unidos de América; ( Que la menor se encuentra en la ciudad de Puebla y que su intención es migrar a los Estados Unidos de América para solicitar el asilo político y reunirse con sus padres; y, ( Que tiene calidad de migrante menor de edad no acompañada. En ese tenor, se provee: El interés superior del menor es un principio constitucional y convencional subjetivo, cuya aplicación en su faceta jurisdiccional, únicamente, precisa de que un menor se encuentre en un proceso directa o indirectamente para que se actualice la obligación del juzgador de tutelar sus derechos con un rigor especial. En todo proceso judicial, un juzgador debe procurar que el menor tenga una asistencia letrada debida y cuando un juzgador se encuentre aplicando normas que incidan en el bienestar del menor o en algunos de sus derechos, debe realizar un análisis estricto de las mismas para armonizarlas e interpretarlas de tal modo que dicha norma resulte útil y eficiente en la tutela del interés superior del menor, cuya protección siempre debe de prevalecer. Ahora bien, los artículos 29, 52, fracción V, inciso b), 74, 112 y 120 de la Ley de Migración, así como los numerales 137, fracción II, 144, fracción IV, inciso a), 170, 171 y 173 de su reglamento, prevén algunas medidas para los casos en los que un menor de edad extranjero se encuentre en territorio nacional sin acompañamiento, las cuales deben tomarse en consideración para resolver sobre la suspensión de plano decretada, atendiendo al superior interés del menor. Entonces, como primera determinación, con fundamento en los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión para el efecto de que la menor C.L.B. no sea expulsada del país ni deportada a su país de origen (Cuba), con independencia de que dichos actos deriven o no de un procedimiento administrativo migratorio, hasta en tanto se dicte resolución firme dentro del presente juicio de amparo. Sin perjuicio de lo anterior, las autoridades migratorias podrán localizar a la ahora menor agraviada, y sin detenerla ni deportarla, garantizarán el respeto a sus derechos humanos con base en la Constitución Federal y a los derechos que le otorgan la Ley de Migración y su reglamento, sujetándose particularmente a lo siguiente -sin ser limitativo-: Autorizar su permanencia en territorio nacional por razones humanitarias y cuando así convenga su interés superior, será documentada provisionalmente como visitante por los citados motivos, mientras que se le ofrezcan alternativas jurídicas o humanitarias temporales o permanentes al retorno asistido. Procederá a canalizarla de manera inmediata al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y de la Ciudad de México, con el objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se le proporcione la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria. Se le informará del motivo de su búsqueda, de sus derechos dentro del procedimiento migratorio, de los servicios a que tiene acceso y se le pondrá en contacto con el consulado de su país, salvo que a juicio del Instituto o a solicitud de la menor pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado, en cuyo caso no se entablará contacto con la representación consular; Obtener información sobre la localización de sus padres, o quienes ejerzan sobre la menor la patria potestad, así como las razones por las cuales se encuentra separada de ellos; Identificar posibles situaciones de riesgo o de violación a sus derechos humanos que pudieran presentarse o que se hayan presentado en el país de origen o residencia habitual, o en el territorio nacional; Determinar cualquier necesidad de protección internacional; Proponer alternativas de alojamiento temporal en instituciones públicas o privadas en donde se les pueda brindar una atención adecuada; y, Tomar en cuenta la opinión y participación informada de la migrante no acompañada durante todo el proceso en las decisiones que le conciernen. Por otro lado, si por alguna circunstancia la menor ya se encuentra alojada en una estación migratoria, en tanto se le traslada a las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y de la Ciudad de México, la suspensión también tendrá el efecto de que no sea expulsada del país ni deportada a su país de origen (Cuba). Asimismo, deberá asignársele en dicha estación un espacio específico para su estadía distinto al del alojamiento de los adultos. La autoridad deberá respetar en todo momento sus derechos, dándose aviso inmediato a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones estatales de derechos humanos, así como al Comité Estatal del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de los Derechos del Niño en la entidad que corresponda, a efecto de que coadyuven en la garantía y protección de sus derechos. Lo anterior, sin perjuicio de que en caso de que a la menor se le impute la comisión de algún delito, sea puesta a disposición de la autoridad que corresponda, lo que deberá ser informado inmediatamente por las autoridades responsables. A su vez, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Migración, dígase a las autoridades migratorias que si la quejosa comparece ante ellas, deberá proporcionarle la siguiente información: ( Sus derechos y garantías de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable y en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano; ( El motivo del inicio del procedimiento administrativo; ( Los requisitos establecidos para su admisión en el país, sus derechos y obligaciones de acuerdo con lo establecido por la legislación aplicable; ( La notificación inmediata al consulado del país del cual manifiesta ser nacional (Cuba), excepto en el caso de que el extranjero pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado; y, ( La posibilidad de regularizar su situación migratoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración. Finalmente, requiérase al promovente Rafael Flores García para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, presente ante esta autoridad a la menor quejosa C.L.B., con el fin de dar fe de sus condiciones físicas y de hacerle saber los derechos que le asisten como extranjera menor de edad sin acompañamiento en el territorio nacional. Se le apercibe que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD SOBRE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Para dar margen a lo anterior, requiérase a las autoridades responsables para dentro del término de veinticuatro horas, computado legalmente, realicen lo siguiente: ( Informen el cumplimiento a la suspensión de plano concedida, para lo cual deberán remitir copia certificada de las constancias que sustenten su dicho; ( Comuniquen si se ha iniciado un procedimiento migratorio con fines de deportación en contra de la quejosa C.L.B., así como el motivo de su inicio y su naturaleza, para lo cual deberán remitir copia certificada de las constancias que sustenten su dicho; y, ( Acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad e informar las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. A efecto de que las autoridades responsables se encuentren en posibilidad de informar el acatamiento a la suspensión de plano decretada en este auto, se les hace saber que el licenciado Víctor Hugo Jiménez Loranca cuenta con teléfono móvil 2221085566 y correo electrónico victor.jimenez.loranca@correo.cjf.gob.mx (file:// victor.jimenez.loranca@correo.cjf.gob.mx/), para recibir dicha información. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe a las autoridades responsables, que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá a cada una y por separado, una multa equivalente a cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las indicadas autoridades que la violación de este mandamiento constituye un delito federal, conforme al artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el inicio del proceso penal correspondiente en su contra. PREVENCIÓN. Ahora bien, a efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede o no, con fundamento en lo establecido en los artículos 109, fracción III, y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, dé cumplimiento a lo siguiente: ÚNICO. Precise de manera detallada, clara y enumerada, distinguiendo una de otra, cuáles son las denominaciones correctas y completas, de las autoridades responsables que identifica como personal a cargo de las autoridades responsables: Comisionado Nacional del Instituto Nacional de Migración; Secretario de Gobernación; Director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración; Director de Coordinación de Delegaciones del Instituto Nacional de Migración; Comisionado General de la Policía Federal; Secretario de la Guardia Nacional; y, Fiscal General de la República. Lo anterior es así, ya que si bien la parte promovente señalar como autoridades responsables a las antes citadas, también lo es que, es omisa en señalar la denominación completa y correcta del personal adscrito a ellas, pues no proporcionó los datos de identificación de dicho personal, a manera de ejemplo: nombre, número con el cual se le puede identificar en el desempeño de sus funciones, o número de placa; lo anterior a fin de que sean perfectamente llamadas al presente juicio de garantías. Por tanto, para estar en condiciones de emplazar legalmente a quien tenga el carácter de parte en el presente asunto, debe precisarse su denominación correcta, pues esta autoridad Federal no puede presumirla, dado que éste es un requisito de forma de la demanda a efecto de estar en aptitud de requerir a la autoridad responsable su informe y, para establecer la relación procesal en el juicio de derechos fundamentales. Sirve de sustento a lo anterior, por analogía de razón, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE AUTORIDADES RESPONSABLES. PREVIO A DECRETARLA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE OTORGAR AL QUEJOSO SU DERECHO DE AUDIENCIA. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo señala que uno de los requisitos de la demanda es precisar el nombre de las autoridades responsables. Esto es, dicha circunstancia constituye una carga para el quejoso, lo que implica que si éste señala una denominación incorrecta de la autoridad o, en su caso, que ésta no existe, el juzgador tiene la facultad de declararla inexistente; sin embargo, una vez que el Juez de Distrito tiene la información relativa a la inexistencia de la autoridad responsable señalada en la demanda, para realizar la declaratoria correspondiente debe escuchar primero al quejoso, es decir, darle vista con esa información y requerirle para que manifieste lo que a su derecho convenga, ya sea que aclare la denominación, desista de dicho señalamiento o acredite la existencia de la autoridad. En consecuencia, previo a decretar la inexistencia de una autoridad responsable, el Juez de Distrito debe otorgar al quejoso su derecho de audiencia, previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Hágase del conocimiento de la parte promovente que la presente prevención es con el fin de que subsanen las irregularidades ya precisadas, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que la amplíe. Signifíquese a la parte promovente que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por ella, y no por conducto de autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte promovente que, de no dar cumplimiento integral a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. SE DESIGNA DEFENSOR PÚBLICO. Ahora bien, tomando en consideración que la quejosa directa C.L.B., es menor de edad, como se observa de la documental que anexa, consistente en copia simple del pasaporte J865079; con fundamento en el artículo 8 de la Ley de Amparo, así como en los artículos 1, 2, 4, fracción I y 6, fracciones I a IV, de la Ley Federal de Defensoría Pública, se nombra como representante de dicha quejosa, para que intervenga en este juicio de amparo a un Defensor Público Estatal adscrito a la Defensoría Pública en el Estado de Puebla, a efecto de que se potencialice su derecho humano a una defensa adecuada. Para dar margen a lo anterior, requiérase al Titular de dicha Institución a fin de que designe un Defensor Público como representante de la quejosa en el presente juicio de amparo, a quien deberá de notificársele por su conducto, para que en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación, comparezca ante la presencia judicial, para los efectos de la aceptación y protesta del cargo conferido en términos de ley, o en su defecto, manifieste si tiene algún impedimento para desempeñar el mismo. Apercibido que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. REQUERIMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. En virtud de que la quejosa directa cuenta con la edad de dieciséis años, con fundamento en el artículo 8 de la Ley de Amparo, requiérasele para que en el término de cinco días contados a partir de la notificación del presente acuerdo, señale si deseas nombrar a alguna persona de su confianza para que la represente en esta vía constitucional, la cual puede ser la persona que promueve a su nombre (Rafael Flores García). Apercibida que de no hacerlo, se tendrá como su representante al defensor designado en párrafos precedentes. DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo, no así el correo electrónico que proporciona, pues dicho medio no está contemplado por la Ley de Amparo como medio de notificación. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Rafael Flores García y Lorena Ortiz Valdez, atento a que de los datos proporcionados acreditan encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, y en términos restringidos de dicho numeral a la diversa persona que señala, por no encontrarse en el anterior supuesto. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada, entre ellos, los datos personales del quejoso como lo solicitó. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información; por tanto, no corresponde al peticionario de amparo oponerse a que algunas constancias se tengan como reservadas, como lo solicitó en su escrito de demanda. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. COPIA CERTIFICADA. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, expídase a la parte quejosa, por conducto de las personas que para tal efecto autoriza, copia certificada por duplicado del presente proveído, previa razón de su recibo que se asiente en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a la parte promovente para la utilización de medios digitales como la toma de fotografías de las constancias que integran el presente expediente. Procede lo anterior, de conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tener inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Entonces, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. Así mismo, debe indicarse a la parte quejosa, que para la hipótesis de que se solicite copiar a través de los medios citados, deberá recaer acuerdo con vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Cobran aplicación las siguientes tesis: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga. ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado para tal efecto, mediante oficio a las autoridades responsables en los términos ordenados en el presente acuerdo, al Titular de la Defensoría Pública en el Estado de Puebla, así como a la agente del ministerio público de la federación adscrita.

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